Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)
22 de mayo, 2009

Queda tan solo un año del gobierno de Oscar Arias. Atrás se acumulan manchas que se volvieron indelebles. En el horizonte del próximo año se apelotan inmensos nubarrones de tormenta.

1. El signo de la duda

Este gobierno ha quedado manchado, de forma irreversible, por la marca de la duda. La razón es evidente: su origen está en una modificación arbitraria a la Constitución de la República decidida no por la Asamblea Legislativa, sino por un tribunal. Ello ha dejado definitivamente mutilada su legitimidad. Pero, igual de importante, ello es indicio del peso enorme de los intereses económicos que respaldaron la candidatura de Arias. Porque la única forma razonable de explicar que un tribunal –en este caso la Sala IV- estuviese dispuesto a excederse de forma tan manifiesta en sus potestades, es porque de por medio habían presiones –y en consecuencia intereses- de una magnitud extraordinaria. Por lo demás, la duda tan solo se acrecentó con los resultados del proceso electoral de febrero de 2006 –en que Arias salió electo- y luego con motivo del referendo sobre el TLC, realizado el 7 de octubre de 2007. En ambos casos el racimo de irregularidades no solo agudizó la mancha sobre la maltrecha legitimidad del régimen, sino que vino a aportar nueva evidencia acerca del poder de los intereses oligárquicos que hicieron posible su ascenso.

2. El signo del autoritarismo

El atropello a la Constitución marcó la ruta posterior. Y ésta ha estado marcada por el autoritarismo y la arbitrariedad. La coyuntura alrededor del TLC lo evidenció de forma contundente. Pero, a decir verdad, es un fenómeno que sobrepasó ampliamente al gobierno arista. En realidad vimos fraguarse una alianza autoritaria en la cual confluyeron todos los poderes de la oligarquía: el económico, el mediático y el político y la cual absorbió a todos los partidos de derechas. El cemento lo aportaron los grandes intereses económicos apostados tras el TLC. Luego esa amalgama oligárquica se ha roto parcialmente. El avance de la crisis económica agudiza la fractura, pero, en cualquier caso, la mesa está servida: el negocio para algunos será grande; los costos para el pueblo mucho mayores. Por su parte, el gobierno continúa afirmado en un estilo arbitrario e impositivo.

3. El signo de la imprevisión

El trienio 2005 a 2007 fue de alto crecimiento económico. El fenómeno no es atribuible a la administración Arias por dos razones. Primero, porque es obvio que el movimiento ascendente inicio en el gobierno anterior. Segundo, porque ello tuvo lugar en el contexto de un ciclo expansivo planetario que empujó el crecimiento económico mundial a su nivel más alto de los últimos 30 años. De ahí los enormes flujos de capital extranjero que el país recibió así como el rápido incremento de las exportaciones y el turismo. El monto excepcional de los capitales recibidos impulsó la especulación inmobiliaria y el auge de la construcción y recalentó el crédito y el consumo. Así, en los años 2004-2007 el endeudamiento del sector privado –familias y empresas- literalmente se disparó hasta las nubes. Hoy la economía mundial está sumida en la recesión más aguda y prolongada de los últimos 8 decenios. Y, entonces, la falta de previsión de la política económica arista pasa la factura: el peso del endeudamiento privado se está convirtiendo en un lastre muy peligroso, justo cuando de la economía mundial nos llegan múltiples impactos negativos. El efecto combinado de ambos factores –el interno y el externo- resulta altamente preocupante.

4. El signo del desconcierto

El declive de la economía de Costa Rica empezó hace un año, pero se agudizó desde finales de 2008. Las consecuencias negativas de ese proceso apenas se están empezando a sentir y, lamentablemente, podrían agravarse en meses venideros. Frente a esto, el gobierno de Arias ha mostrado una casi nula capacidad de respuesta. Su propuesta frente a la crisis –el Plan Escudo- se desglosa en tres grandes apartados: asistencialismo social de limitado alcance; endeudamiento externo para realizar obra pública que no se pondrá en marcha sino hasta dentro de unos dos años o más (cosa que le quita toda eficacia como medida anti-crisis); y reformas legislativas que dañan severamente el régimen de derechos laborales que históricamente ha constituido una de las conquistas sociales fundamentales de nuestro pueblo. Ese ataque contra la legislación laboral es, a fin de cuentas, el único elemento importante dentro del Plan Escudo y, asimismo, identifica una muy clara voluntad política: la de lanzar el costo de la crisis sobre las clases trabajadoras. Por otra parte, la política monetaria (tasas de interés, crédito, tipo de cambio) es terreno donde prevalece una confusión total. Lo cierto es que, en general, la política económica -definida de común acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- esta siendo manejada de forma que simplemente tiende a profundizar la crisis y sus repercusiones negativas.

5. Y, de nuevo, el signo de la duda

Supongamos que se mantenga el rumbo actual. En lo político ello implicaría perpetuar la arbitrariedad y el autoritarismo y reiteraría un fenómeno que se ha vuelto muy frecuente: el manejo corrupto de las políticas públicas como instrumento de favorecimiento de negocios privados, incluso en beneficio directo de funcionarios de alto rango. En lo económico vendrían meses de agudizado deterioro económico y aumento del desempleo y la pobreza.

¿Podría darse alguna reorientación significativa? Sí, pero solo como respuesta obligada ante la evolución de los hechos. En particular dos factores: la profundización de la crisis y el descontento social. Mas, en todo caso, este último debería expresarse de forma tangible: en la organización y movilización ciudadana que presione de forma efectiva por salidas justas y democráticas frente a la crisis. Una última posibilidad podría ser la revuelta a nivel oligárquico, es decir, el enfado incrementado en las altas esferas del poder económico y mediático. Solo que, en tal caso, tan solo se agravaría el signo regresivo de la política gubernamental.

Fuente: Argenpress