por CERIGUA
15 de junio de 2009
Guatemala, 15 Jun (Cerigua).- Varias organizaciones indígenas manifestaron su postura ante el “fracaso” del modelo de Estado guatemalteco, que mantiene a una gran parte de la población sumida en la violencia, pobreza e ingobernabilidad y a un paso de caer en una convulsión social, lo que consideran requiere de una profunda reforma estructural
En un comunicado, las entidades expresaron que el rol político jugado por el Estado frente a las múltiples urgencias de los Pueblos Indígenas y pese a su activa participación en la economía nacional, ha sido ineficaz.
Varias leyes de beneficio para los grupos Mayas, que en el país son mayoría, han sufrido un retraso intencionado en el Congreso de la República, tales como la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, la Ley de Educación Bilingüe y la Ley de Jurisdicción Indígena.
Tratados y acuerdos de suma importancia como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas tampoco han sido asumidos como compromiso de Estado.
El racismo que existe y que se practica desde quienes ostentan el poder, ha mantenido a estos pueblos en la opresión y exclusión de derechos, como la participación política, que hasta ahora sigue beneficiando al sector privado y los partidos políticos indica el documento.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la coyuntura actual, en la que el presidente Álvaro Colom y sus allegados han sido denunciados como presuntos autores intelectuales del crimen del abogado Rodrigo Rosenberg, lo que ha creado una crisis política en el país y ha dado lugar a confrontaciones.
Exigimos que este crimen no se utilice como pretexto del Estado y del sector privado, para frenar la necesaria y urgente reforma fiscal y que tanto el gobierno como los partidos políticos no exploten la pobreza de la población indígena para transportarla a la capital y coaccionarla para que participen en manifestaciones, señalaron.
Finalmente hicieron un llamado para que se inicie una reforma estructural del Estado, de oligárquico y corporativo, a uno verdaderamente democrático y de bien común, de practicante del racismo legal, institucional y estructural, a uno que promueva el derecho a ser diferente, y de centralizado y unitario, a un Estado de autonomías.
Las entidades señalaron que como parte de los Pueblos Indígenas no están en contra del Estado pero sí se oponen a seguir relegadas de los procesos políticos y administrativos que buscan la redefinición de los tres poderes de gobierno.
Firman el comunicado la Asociación de Pueblos Indígenas de Huehuetenango contra la Minería, el Consejo Nacional de Artistas Indígenas, el Consejo Trece B’aqtun, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Alcaldía Indígena de los Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán, entre otras.
Fuente: CERIGUA







