Jeff Halper. co-founder of the Israeli Committee Against House Demolitions. (Alexei Kidel for The National)

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Primer objetivo: Detener las revelaciones de los crímenes de guerra cometidos en Gaza

por Jonathan Cook
3 de agosto, 2009

El gobierno israelí, en un intento por detener el flujo de pruebas que le perjudican sobre los crímenes de guerra perpetrados durante su invernal ataque a Gaza, ha lanzado una campaña adoptando una serie de medidas drásticas contra los grupos que luchan por los derechos humanos tanto en Israel como en el extranjero.

Para empezar, han ido a por una de las principales organizaciones mundiales, Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Estados Unidos, así como contra grupos locales de veteranos disidentes del ejército, como la organización Rompiendo el Silencio , que el pasado mes publicó los testimonios de veintiséis soldados de combate que sirvieron en Gaza en la época mencionada.

Además, según los medios israelíes, el gobierno está planificando una “postura mucho más agresiva” en relación con los grupos por los derechos humanos que ayudan a los palestinos.

Los funcionarios israelíes están cuestionando las fuentes de financiación de esas organizaciones y amenazan con preparar una legislación que prohíba el apoyo de gobiernos extranjeros, especialmente de los europeos.

Rompiendo el Silencio y otros activistas israelíes han respondido acusando al gobierno de “caza de brujas” diseñada para intimidarles y acabar con los fondos necesarios para seguir con sus investigaciones.

“Este es un paso muy peligroso”, dijo Mijail Mannekin, uno de los directores de Rompiendo el Silencio. “Israel está caminando en una dirección muy antidemocrática”.

Según diversas informaciones, el cerebro de la campaña es el fanático derechista y ministro de asuntos exteriores, Avigdor Lieberman, que actualmente enfrenta acusaciones de corrupción pero que cuenta con el apoyo del Primer Ministro Netanyahu.

A primeros del mes pasado, el Sr. Lieberman utilizó una conferencia de prensa para acusar a las organizaciones no gubernamentales de reemplazar a los diplomáticos a la hora de fijar la agenda de la comunidad internacional en relación a Israel. También amenazó con introducir reformas para frenar la influencia de tales grupos.

Una semana después, la oficina del Sr. Netanyahu cumplió la amenaza con HRW, criticando duramente a la organización por sus recientes actividades para conseguir fondos en Arabia Saudí.

HRW ha señalado que sólo acepta donaciones privadas y que no ha recibido fondos del gobierno saudí, pero los funcionarios israelíes dicen que todo el dinero saudí está manchado y que comprometerá la imparcialidad de HRW como observador de los derechos humanos en su actitud hacia Israel.

“Una organización de derechos humanos que consigue dinero en Arabia Saudí es como un grupo por los derechos de la mujer que le pide una donación a los talibanes”, dijo uno de los portavoces del gobierno, Marc. Regev, al Jerusalem Post, un periódico diario israelí de tendencia derechista.

Recientemente, HRW publicó varias informaciones sosteniendo que el ejército israelí había cometido crímenes de guerra en Gaza, incluyendo el uso de fósforo blanco y el ataque contra objetivos civiles.

HRW se enfrenta ahora a las concertadas presiones de los grupos del lobby judío y de los principales periodistas judíos en EEUU para que rompa sus lazos con los donantes saudíes. Según los medios israelíes, algunos donantes judíos en EEUU han especificado también que su dinero se utilizará en investigaciones sobre derechos humanos que no incluyan a Israel.

Mientras tanto, el ministro de asuntos exteriores israelí está presionando a los gobiernos europeos para que dejen de financiar a muchos de los grupos por los derechos humanos. Como anticipo de una serie de medidas drásticas, ha enviado instrucciones a todas sus embajadas en el exterior para que interroguen a sus gobiernos anfitriones acerca de si financian tales actividades.

La pasada semana, el ministro de asuntos exteriores se quejó ante los diplomáticos británicos, holandeses y españoles por su apoyo a Rompiendo el Silencio.

Los testimonios recogidos de los soldados sugerían que el ejército israelí había cometido muchos crímenes de guerra en Gaza, incluyendo la utilización de palestinos como escudos humanos y el lanzamiento de proyectiles de fósforo blanco sobre áreas civiles. Un soldado tildó de “demencial” el uso que el ejército hizo del potencial armamentístico.

El gobierno holandés pagó al grupo casi 20.000 euros para que pudiera recopilar y elaborar su informe sobre Gaza, mientras Gran Bretaña financió el pasado año su trabajo hasta la friolera de 40.000 libras esterlinas.

Se informa que las autoridades israelíes están discutiendo diversas vías para hacer que sea ilegal que los gobiernos extranjeros financien a organizaciones “políticas” en Israel, o bien obligar a esos grupos a declararse ellos mismos “agentes de un gobierno extranjero”.

“Igual que sería inaceptable que gobiernos europeos apoyaran a ONG antibelicistas en EEUU, es inaceptable que los europeos apoyen a ONG locales que se oponen a las políticas del gobierno democráticamente elegido de Israel”, dijo Ron Dermer, un alto funcionario de la oficina del Sr. Netanyahu.

Añadió que muchos de los grupos estaban “trabajando para deslegitimar al gobierno judío”.

Jeff Harper, director del Comité Israelí Contra las Demoliciones de Casas, declaró que la posición del gobierno iba en contra de décadas de desarrollo en el control y defensa de los derechos humanos.

“Todos los dictadores, desde Hitler a Milosevic, han declarado que no debe haber interferencias en la soberanía de sus asuntos, y que todo el mundo debería dejar de meterse en cuestiones ajenas. Pero el derecho internacional proclama que los derechos humanos son universales y que su interpretación no puede dejarse al albur de gobiernos individuales. La idea subyacente en las Convenciones de Ginebra es que la comunidad internacional tiene el deber de ser guardián contra los abusos de los derechos humanos ocurran donde ocurran”.

El Sr. Harper, cuya organización recibió 80.000 euros de España el pasado año para reconstruir casas palestinas que habían sido demolidas, fue arrestado el pasado año por navegar hacia Gaza con los activistas por la paz para romper el bloqueo de Gaza.

Otros grupos de los que se informa están también bajo el punto de mira del ministerio de exteriores israelí son: B’Tselem, cuyas actividades incluyen proporcionar cámaras a los palestinos para que puedan filmar los abusos cometidos por colonos y ejército; Peace Now, que controla la construcción de asentamientos; Machsom Watch, cuyos activistas observan a los soldados en los controles; y Médicos por los Derechos Humanos, que recientemente ha tratado de examinar la complicidad de algunos médicos en las torturas.

El nuevo enfoque del gobierno refleja una campaña de largo recorrido contra los grupos por los derechos humanos árabes y de izquierdas dentro de Israel que está siendo dirigida por la ONG Monitor , un grupo de lobbys de derechas a cuyo frente está Gerald Steinberg, un profesor de la universidad Bar Ilan , cerca de Tel Aviv.

La ONG Monitor también está actuando contra organizaciones internacionales como Oxfam y Amnistía, pero ha mostrado una especial obsesión con HRW. El Sr. Steinberg alardeó recientemente de que el viaje de HRW a Arabia Saudí ha supuesto la pérdida de los patrocinadores judíos más importantes en EEUU tras la publicación de sus informes sobre Gaza.

En un artículo del Jerusalem Post del pasado domingo, el Sr. Steinberg afirmaba que los gobiernos europeos consideraban su financiación a las organizaciones de derechos humanos israelíes “como ‘alto secreto’, reflejando con ello que asumen que tales actividades carecen de legitimidad”.

El Sr. Mannekin dijo que el informe de Rompiendo el Silencio ofrecía en primera página un listado de sus donantes. “Somos mucho más transparentes que la ONG Monitor. Nosotros no sabemos quién les financia a ellos”.

La ONG Monitor , que según su portal en Internet está fundamentalmente financiada por la oscura Fundación de la Familia Wechsler en EEUU, guarda estrechos lazos con Dore Gord, un halcón y antiguo asesor de Ariel Sharon.

El Sr. Mannekin añadió: “El gobierno no puede suprimir la información de lo que ocurrió en Gaza acabando con nosotros. No puedes enviar a 10.000 soldados a la batalla y esperar que ningún detalle salga a la luz. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará”.

La actual campaña del gobierno israelí es continuación de un asalto policial del pasado mes de abril contra los hogares de seis mujeres israelíes activistas por la paz.

Las mujeres, todas ellas miembros de New Profile, una organización feminista que se opone a la militarización de la sociedad israelí, fueron arrestadas y acusadas de ayudar a los jóvenes israelíes a evadir el llamamiento a filas. Todavía están esperando a saber si van a ser o no enjuiciadas.

Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: “ Israel and the Clash of Civilisations: Iraq , Iran and the Plan to Remake the Middle East ” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine : Israel ’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página web es: www.jkcook.net

Traducción: Sinfo Fernández, Rebelión

Israel targets human rights groups

by Jonathan Cook
August 3, 2009

NAZARETH // In a bid to staunch the flow of damaging evidence of war crimes committed during Israel’s winter assault on Gaza, the Israeli government has launched a campaign to clamp down on human rights groups, both in Israel and abroad.

It has begun by targeting one of the world’s leading rights organisations, the US-based Human Rights Watch (HRW), as well as a local group of dissident army veterans, Breaking the Silence, which last month published the testimonies of 26 combat soldiers who served in Gaza.

Additionally, according to the Israeli media, the government is planning a “much more aggressive stance” towards human rights groups working to help the Palestinians.

Officials have questioned the sources of funding received by the organisations and threatened legislation to ban support from foreign governments, particularly in Europe.

Breaking the Silence and other Israeli activists have responded by accusing the government of a “witch hunt” designed to intimidate them and starve them of the funds needed to pursue their investigations.

“This is a very dangerous step,” said Mikhael Mannekin, one of the directors of Breaking the Silence. “Israel is moving in a very anti-democratic direction.”

The campaign is reported to be the brainchild of the far-right foreign minister, Avigdor Lieberman, currently facing corruption charges, but has the backing of Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Early last month, Mr Lieberman used a press conference to accuse non-profit organisations, or non-governmental organisations, of replacing diplomats in setting the international community’s agenda in relation to Israel. He also threatened reforms to curb the groups’ influence.

A week later, Mr Netanyahu’s office weighed in against Human Rights Watch, heavily criticising the organisation for its recent fund-raising activities in Saudi Arabia.

HRW has pointed out that it only accepts private donations, and has not accepted Saudi government funds, but Israeli officials say all Saudi money is tainted and will compromise HRW’s impartiality as a human rights watchdog in its treatment of Israel.

“A human rights organisation raising money in Saudi Arabia is like a women’s rights group asking the Taliban for a donation,” Mark Regev, a government spokesman, told the right-wing Israeli daily newspaper the Jerusalem Post.

HRW recently published reports arguing that the Israeli army had committed war crimes in Gaza, including the use of white phosphorus and attacking civilian targets.

HRW is now facing concerted pressure from Jewish lobby groups and from leading Jewish journalists in the US to sever its ties with Saudi donors. According to the Israeli media, some Jewish donors in the US have also specified that their money be used for human rights investigations that do not include Israel.

Meanwhile, Israel’s foreign ministry is putting pressure on European governments to stop funding many of Israel’s human rights groups.

As a prelude to a clampdown, it has issued instructions to all its embassies abroad to question their host governments about whether they fund such activities.

Last week the foreign ministry complained to British, Dutch and Spanish diplomats about their support for Breaking the Silence.

The testimonies collected from soldiers suggested the Israeli army had committed many war crimes in Gaza, including the use of Palestinians as human shields and firing white phosphorus shells over civilian areas. One soldier called the army’s use of firepower “insane”.

The Dutch government paid nearly 20,000 euros (Dh105,000) to the group to compile its Gaza report, while Britain funded its work last year to the tune of £40,000 (Dh245,663).

Israeli officials are reported to be discussing ways either to make it illegal for foreign governments to fund “political” organisations in Israel or to force such groups to declare themselves as “agents of a foreign government”.

“Just as it would be unacceptable for European governments to support anti-war NGOs in the US, it is unacceptable for the Europeans to support local NGOs opposed to the policies of Israel’s democratically elected government,” said Ron Dermer, a senior official in Mr Netanyahu’s office.

He added that many of the groups were “working to delegitimise the Jewish state”.

Jeff Halper, the head of the Israeli Committee Against House Demolitions, said the government’s position was opposed to decades-old developments in human rights monitoring.

“Every dictator, from Hitler to Milosevic, has said that there must be no interference in their sovereign affairs, and that everyone else should butt out. But international law says human rights are universal and cannot be left to individual governments to interpret. The idea behind the Geneva Conventions is that the international community has a duty to be the watchdog on human rights abuses wherever they occur.”

Mr Halper, whose organisation last year received 80,000 euros from Spain to rebuild demolished Palestinian homes, was arrested last year for sailing to Gaza with peace activists to break the siege of Gaza.

Other groups reported to be in the foreign ministry’s sights are: B’Tselem, whose activities include providing Palestinians with cameras to record abuses by settlers and the army; Peace Now, which monitors settlement building; Machsom Watch, whose activists observe soldiers at the checkpoints; and Physicians for Human Rights, which has recently examined doctors’ complicity in torture.

Mr Mannekin added: “The government cannot suppress information about what happened in Gaza by shutting us down.

“You can’t send 10,000 soldiers into battle and not expect that some of the details will come out. If it’s not us doing it, it’ll be someone else.”

The government’s current campaign follows a police raid on the homes of six Israeli women peace activists in April.

The women, all members of New Profile, a feminist organisation that opposes the militarisation of Israeli society, were arrested and accused of helping Israeli youngsters to evade the draft. The women are still waiting to learn whether they will be prosecuted.

Fuente: The National