Los espías de la Presidencia

por Javier Darío Restrepo

BOGOTÁ, 10 jun (IPS) – El periodista colombiano Hollman Morris se valió de un teléfono fijo para informar, alterado, a una agencia internacional de noticias: “Soy objeto de seguimiento policial”.

Al salir de su apartamento, en el norte de Bogotá, había encontrado al otro lado de la calle el acostumbrado automóvil policial; cuando minutos después llegó al apartamento de sus padres para encomendarles a sus hijos, otro vehículo estaba estacionado a unos metros del edificio. Y al llegar frente al lugar donde íbamos a conversar, un tercer vehículo con detectives dentro lo convenció del seguimiento que alguien había ordenado.

Diez días antes, Morris había sido señalado públicamente por el presidente Álvaro Uribe de ser cómplice de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su cobertura periodística del acto de liberación de un grupo de secuestrados en manos de esa guerrilla.

Semanas después, Morris comentaría en una reunión de periodistas el hallazgo “escalofriante” del dossier que figuraba a su nombre desde hacía tiempo en las oficinas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, organismo de inteligencia que depende de la Presidencia), allanadas por orden de la Fiscalía General de la Nación.

Allí se habían encontrado fotografías y datos de sus padres y hermanos, de su esposa y sus hijos y de todos sus movimientos, con un detalle que a los presentes hizo pensar en la minuciosa investigación de un sicario que prepara su crimen.

Morris es uno de los periodistas a los que la policía política del presidente ha hecho un seguimiento en una operación llamada por la prensa colombiana “las chuzadas del DAS”, en alusión a la intervención ilegal de las líneas telefónicas y a las tareas de espionaje contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas de la oposición, reporteros y hasta un precandidato presidencial.

En efecto, según el acta de inspección de la fiscalía, en la oficina de informática del DAS, los investigadores encontraron información sobre los magistrados de la sala penal de la Corte, sobre senadores opositores y sobre el actual postulante presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal.

Las evidencias encontradas hasta ahora son de tal gravedad que ya produjeron la salida de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, la indagatoria a los cuatro últimos directores y la vinculación de 30 funcionarios a la investigación.

Las semejanzas que ofrece esta operación de espionaje con el escándalo de Watergate –que obligó a dimitir al presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974)– han sido utilizadas por portavoces de la oposición como argumento para pedir la renuncia de Uribe, con escasas posibilidades de éxito, tanto por el apoyo popular de que goza el mandatario, como por el acostumbramiento de los colombianos a esta clase de prácticas.

ANTES DEL DAS

El general presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) reemplazó la policía de seguridad cuando creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) el 31 de octubre de 1953, dependiente de la Presidencia de la República y con métodos como los del estadounidense FBI (Buró Federal de Investigaciones).

El SIC actuaba en conexión estrecha con la Oficina de Información y Propaganda del Estado, en actividades como el control de la prensa, con asesoría de Karl von Merk, ex secretario del jefe de propaganda de la Alemania nazi, Josef Goebbels, como afirma una investigación del periodista Alberto Donadío.

El SIC, predecesor del DAS, tuvo una importante participación en las actividades de investigación a los políticos opositores del presidente Rojas Pinilla.

El 5 de abril de 1955, el SIC allanó la sede de la dirección del Partido Liberal, e involucró al líder Alberto Lleras en actividades subversivas, con base en cartas de jefes guerrilleros de las regiones del Tolima y del Llano.

También allegó pruebas para acusar de infiltración comunista al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Abel Naranjo Villegas, tras los sucesos sangrientos del 9 de junio de 1954, cuando el ejército disparó contra una manifestación de estudiantes.

El SIC cumplió la misión de determinar quién era comunista en Colombia y tuvo entre sus tareas las de seguir y detener periodistas. A Hernando Santos Castillo, quien sería director del diario El Tiempo, lo detuvieron cuando pintaba grafitis de oposición en el centro de Bogotá. Por el mismo tiempo fue encarcelado el entonces candidato del Partido Conservador a la Presidencia, Guillermo León Valencia.

Otra actividad del SIC fue denunciada por un comandante militar del Valle del Cauca, oeste del país: agentes del SIC operaban en complicidad con “los pájaros” de ese departamento. Así se llamaba a bandas de asesinos al servicio de jefes conservadores.

Parecida actuación fue la que desarrollaron en la corrida de toros del 5 de febrero de 1957, cuando infiltrados del SIC entre el público contribuyeron a los actos de violencia con que el gobierno castigó el rechazo de los aficionados a la hija del general presidente, María Eugenia Rojas. En esa ocasión hubo 20 muertos, según reporte de la embajada de Estados Unidos.

LOS TIEMPOS DEL DAS

El DAS, creado por decreto en 1960, continuó las tareas del SIC al amparo de los decretos de Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad, sancionado a finales de 1982, instrumentos que estuvieron a punto de infiltrarse en el régimen legal que siguió a la Constitución de 1991.

Según el posterior proyecto de ley de estados de excepción, los allanamientos y la interceptación de líneas telefónicas, podrían hacerse sin decisión judicial previa. El proyecto fue denunciado en el VIII Foro de Derechos Humanos, de 1996. En el gobierno del presidente Julio César Turbay (1982-1986) “se había sembrado en los jóvenes oficiales una adicción a tales prácticas, justificadas en nombre de la defensa de la Patria”.

Sin la crudeza de las prácticas de tortura y de los calabozos, la tradición de hostigar a los oponentes políticos se ha mantenido y refinado con instrumentos tecnológicos avanzados.

Camionetas con equipos de interceptación que pueden interferir al mismo tiempo 16 llamadas en un área de 70 metros, en los últimos meses emprendieron su tarea de seguimiento a los magistrados, líderes políticos y periodistas.

En los tiempos del general Rojas Pinilla se trataba de cazar comunistas y opositores. Hoy llevar a cabo acciones de oposición es más grave que ser comunista.

Por ejemplo, las acciones judiciales contra congresistas que han operado conjuntamente con paramilitares para manipular elecciones y resultados electorales. Cuando estos casos movilizaron a la Corte y se produjeron las primeras detenciones, comenzaron los seguimientos a los magistrados.

A las interceptaciones siguieron las investigaciones del DAS en busca de hechos que pudieran generar descrédito a los magistrados. El ojo de los agentes del DAS llegó a las cuentas bancarias, a los pagos de impuestos, a las fiestas en que los magistrados habían participado, a los viajes y a los obsequios recibidos.

Mientras la oposición y el periodismo crítico veían en esas actividades un intento de deslegitimar a los jueces de más de 60 congresistas pertenecientes al bloque oficial, los documentos y explicaciones del gobierno adujeron posible lavado de dinero, o relaciones de los magistrados con narcotraficantes, o complicidad con la guerrilla.

Los documentos, órdenes de trabajo, archivos y fotografías que han reunido los investigadores de la fiscalía demuestran que medio centenar de personas fueron objeto de un monitoreo sin orden judicial y sin rastro, hecho “de acuerdo con las políticas de seguridad democrática”, como se lee en el memorando de un detective al director de Contrainteligencia del DAS.

“Se está trabajando políticamente a los afectados para movilizar un bloque que puede contrarrestar la elección del señor Presidente”, notifica otro de los agentes al describir su trabajo en Pasto, en el sur del país.

Las indagaciones han conducido a la conexión entre el DAS y la Presidencia. El DAS de hoy, lo mismo que el SIC de ayer, aparece como dependencia de la Presidencia, de modo que hay pocas dudas sobre el origen de las órdenes de espionaje electrónico.

Pero las pistas seguidas por el ministerio público y la fiscalía llegan hasta las oficinas cercanas a la del presidente Uribe, y de allí no pasan. Y aunque las interceptaciones del DAS ofrecen reveladoras semejanzas con el episodio de espionaje de Watergate, se diferencian en que todavía el escándalo no ha llegado al escritorio presidencial.

Departamento Administrativo de Seguridad: DAS

Las actas de la seguridad democrática

por Constanza Vieira

Parte I: Las actas de la seguridad democrática

BOGOTÁ, jun (IPS) – Mientras el mundo estaba pendiente de la investidura de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, una operación subrepticia se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de enero en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), adscrito a la Presidencia de Colombia.

Decenas de cajas de archivos, discos duros y externos de computadoras, grabaciones y transcripciones, que contenían el resultado del espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas, fueron destruidas por orden superior.

Un mes después, el 21 de febrero, la bogotana revista Semana y el noticiero de televisión Noticias Uno publicaron la información.

El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se había anunciado el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz, quien asumió el cargo el 22 de enero, un día después de que terminara la destrucción de los archivos.

“De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia (del DAS, a cargo de verificar la lealtad de los miembros del organismo), con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido”, dijo a Semana un funcionario de ese cuerpo de inteligencia que la revista no identificó.

Como reacción a las publicaciones periodísticas, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, allanó el domingo 22 de febrero las instalaciones del DAS, previo aviso al director de esa entidad sobre el operativo.

El lunes 23, ingresó al DAS una comisión ad hoc de fiscales para sumarse a la unidad del CTI que continuaba el allanamiento.

El CTI adelantó el 1 y el 19 de marzo otras inspecciones “significativas” por la información recolectada, según un reporte de 228 páginas de esa policía judicial, al que tuvo acceso IPS.

El CTI dirigió ese informe a los fiscales que abordan el caso, en primer término, para determinar de dónde provino la filtración a la prensa sobre operaciones del DAS aparentemente por fuera del marco legal.

Los forenses informáticos del CTI descubrieron huellas electrónicas en aparatos que habían sido “limpiados” por Contrainteligencia del DAS en el piso 11 de la sede, así como en equipos de monitoreo de comunicaciones situados en otros dos pisos. Su informe no se conoce aún.

Entre el material que no fue destruido, y que desde 2007 reposaba en el archivo de la institución bajo el rótulo de “ultrasecreto”, la nueva dirección del DAS entregó al CTI extensos expedientes organizados en 104 archivadores o carpetas tipo A-Z, fechados entre 2004 y 2005 y que contienen una serie de actas de la máxima instancia del organismo de inteligencia y otros documentos o fotos.

En el informe de 228 páginas del CTI, las 46 iniciales se destinan a resumir el contenido de las carpetas A-Z que consideró de mayor interés judicial.

Ochenta por ciento de las carpetas se referían a la operación “Transmilenio”, una serie de seguimientos y acciones contra el no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante Colectivo de Abogados) y especialmente contra su director, el defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz.

El DAS seguía también cada paso al defensor de derechos humanos Gustavo Gallón, director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas. “Cascabel” llamó el DAS a esta operación, que incluía a toda la familia del abogado.

Había asimismo expedientes contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, director del Banco de Datos del también jesuita Centro de Investigación y Educación Popular, dedicado a llevar el registro de víctimas de la prolongada guerra interna colombiana.

Igualmente se encontraron expedientes contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, situado en la región bananera de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia.

Esa comunidad, de la cual Giraldo es defensor de primera línea, es una asociación de campesinos que rechaza el uso de las armas y reivindica su derecho a no involucrarse con ningún actor armado.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no acepta la neutralidad en la guerra y acusa a la comunidad de ser aliada de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas hace 45 años.

Otra iniciativa pacifista, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, cayó bajo sospecha del gobierno de Uribe, cuyo lema central es la seguridad democrática, que busca el monopolio estatal de las armas y la participación de la población en el combate a las FARC.

Dos carpetas tituladas como “Puerto Asís” estaban dedicadas, según reportó el CTI, al periodista Hollman Morris, director del programa de televisión “Contravía”.

Se sabe de otros periodistas críticos bajo seguimiento del DAS: el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, Daniel Coronell, director del noticiero de televisión Noticias Uno, Félix de Bedout, de la emisora W Radio, y el reportero sueco Dick Emanuelsson, corresponsal de varios medios de su país, entre otros.

Otras carpetas mostraban espionaje a políticos de oposición y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en lo que constituye el más grave escándalo en curso en este país andino.

La carpeta titulada “Blancos políticos”, de 541 folios, registra seguimientos a los candidatos presidenciales, en las elecciones de 2006, Carlos Gaviria, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Horacio Serpa, del opositor Partido Liberal, y Álvaro Leyva Durán, ex ministro conservador que lanzó su postulación independiente y luego la retiró.

“Blancos políticos” fueron también Luis Eduardo Garzón, por entonces alcalde de Bogotá, Antonio Navarro, actual gobernador del sudoccidental departamento de Nariño, el senador Gustavo Petro y el representante a la Cámara Wilson Borja, todos del PDA, y Piedad Córdoba, senadora del Partido Liberal.

Asimismo han sido “blancos políticos” la ex alcaldesa de San José de Apartadó, Gloria Cuartas y el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, actual precandidato presidencial del Partido Liberal.

El 28 de mayo fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía General de la Nación 34 funcionarios y ex funcionarios del DAS, incluyendo a sus cuatro últimos directores.

La fiscalía está determinando si los acusa de concierto para delinquir, violación ilegal de comunicaciones, uso ilícito de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal.

“Se cayó la verdad en documentos públicos”, dijo el fiscal general Mario Iguarán cuando anunció el llamado a indagatoria.

A su vez, a mediados del mismo mes, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) abrió investigación disciplinaria contra 16 funcionarios del DAS.

Además, vinculó al caso a tres altos funcionarios de la Presidencia: el secretario general Bernardo Moreno, el secretario de prensa César Mauricio Velásquez y el asesor presidencial de comunicaciones, Jorge Mario Eastman. La procuraduría pondrá la lupa sobre reuniones de los tres con los hoy ex directores de Inteligencia y de Contrainteligencia del DAS.

En esas reuniones, los tres funcionarios habrían recibido supuestamente información clasificada sobre el espionaje a magistrados de la Corte Suprema, contra los cuales Uribe se enfrentó por los procesos penales a decenas de legisladores oficialistas –incluyendo al primo del presidente, Mario Uribe–, acusados de nexos con el paramilitarismo de ultraderecha.

Iguarán terminará su mandato el 31 de julio. Su sucesor será elegido por la Corte Suprema de una terna escogida por el presidente.

Parte II: Prohibido hurgar en crimen de Jaime Garzón

Siempre pasa lo mismo: los televidentes se conmueven e indignan porque ya no está, aunque terminan riendo con él. El periodista satírico Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999, pero el burlón implacable sigue vigente.

En cada aniversario de su muerte los noticieros de televisión repiten sus ácidas parodias políticas que lo convirtieron en un ídolo de la gente.

El día de su asesinato, los transeúntes bogotanos lloraban por la calle, incluso curtidos hombres del pueblo de mediana edad, educados en que las lágrimas son sólo cosa de mujeres.

La sentencia callejera de entonces también sigue vigente: “lo mataron porque decía la verdad”.

Garzón fue baleado cerca de la emisora donde trabajaba, en el occidente de Bogotá, por sicarios que se desplazaban en moto.

Según el Proyecto contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, “Garzón habría descubierto que algunos miembros de la Brigada XIII (del ejército) en Bogotá vendían armas e incluso personas secuestradas a la guerrilla de las FARC”, las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas desde 1964.

El crimen adquirió un nuevo giro a raíz del escándalo del espionaje ilegal del principal organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Fue el senador Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, quien trazó relaciones entre ese asesinato y los espionajes y sabotajes ejecutados durante años por el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) del DAS.

El escándalo estalló en febrero, cuando la prensa reveló esas acciones contra magistrados, opositores, defensores de derechos humanos, pacifistas, líderes sociales y periodistas.

La consecuente pesquisa del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, para establecer quiénes en el DAS filtraron la información a la prensa, resultó una caja de Pandora.

En un informe a los fiscales al que tuvo acceso IPS, el CTI resumió miles de folios de archivos del G-3 designados como “ultrasecretos” y organizados en 104 carpetas tipo A-Z.

El 9 de este mes, con apenas unos 18 de los 102 senadores en el recinto, Petro condujo un debate en el que expuso el documento del CTI, agregando elementos recabados por su oficina. Recibió poca atención de la prensa, aunque fue transmitido en directo por televisión.

UN HOMBRE DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El senador se concentró en las actividades del G-3, creado por José Miguel Narváez, si bien dicho grupo nunca figuró en el organigrama del DAS.

Economista y consultor de empresas, Narváez asesoró desde fines de los años 90 al Ministerio de Defensa sobre el secuestro, un delito muy frecuente en este país que lleva casi medio siglo de guerra interna.

Narváez asesoraba a la Brigada XIII cuando, al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, su nombre sonó para dirigir una central de inteligencia que proyectaba el presidente.

Pasó luego a asesorar a Jorge Noguera, director del DAS entre agosto de 2002 y noviembre de 2005.

Desde allí, y con pleno conocimiento de Noguera –según las actas estudiadas por el CTI–, Narváez creó el G-3, cuya existencia fue negada por el DAS hasta marzo de este año.

En junio de 2005, Noguera nombró a Narváez subdirector nacional del DAS. Al poco tiempo, ambos salieron de la entidad enfrentados, ante escándalos por sus aparentes vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), milicias paramilitares de ultraderecha creadas supuestamente para combatir a la guerrilla.

Noguera, preso y en espera de juicio, negó el 23 de este mes ante el fiscal general Mario Iguarán haber tenido relación con el G-3.

Cuatro ex jefes paramilitares han señalado a Narváez como una de las figuras principales en el organigrama de estos grupos de ultraderecha, “y como eslabón central que unía el paramilitarismo a las elites políticas del país”, recordó a IPS Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Narváez ha sido mencionado como miembro del “Grupo de los Seis” que, según el extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, estaba conformado por “verdaderos patriotas”, “nacionalistas” y “personajes de todo respeto y credibilidad” que usaban cierto símbolo, que no describió, cuyo significado era “sociedad que se defiende”.

Ese grupo, al que Narváez niega haber pertenecido, decidía a quién ejecutar y a quién no de las listas que les pasaba Castaño, según relató el propio comandante de las AUC en el libro “Mi confesión”, de 2001.

Dos ex jefes paramilitares hoy extraditados a Estados Unidos recuerdan a Narváez como uno de los máximos ideólogos e instructor de las AUC, que les dictaba una cátedra titulada “Por qué es lícito matar comunistas en Colombia”, y como instigador de los asesinatos de los periodistas Garzón y Manuel Cepeda, éste último también senador comunista y padre del portavoz del Movice.

Narváez fue catedrático de las escuelas de guerra y de inteligencia del ejército y, según Cepeda, “asesor del gobierno del presidente Uribe en asuntos de seguridad nacional”. Hoy es funcionario de la Federación Colombiana de Ganaderos.

“A pesar de estas graves acusaciones, y de estar involucrado en el espionaje contra destacadas figuras del país desde los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía General de la Nación aún no investiga estas denuncias”, agregó Cepeda.

Narváez está llamado a indagatoria por el espionaje ilegal del G-3.

OTRA PIEZA DEL ROMPECABEZAS

Las relaciones entre el crimen del periodista Garzón y el escándalo del DAS no se restringen a Narváez.

Emiro Rojas ha sido funcionario del DAS por más de 30 años. Fue director regional de esa entidad en el noroccidental departamento de Antioquia entre 1997 y 2002, y subdirector nacional hasta junio de 2005. Hoy dirige la Escuela Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS, en Bogotá.

En el proceso penal por el asesinato de Garzón, el DAS de Antioquia, bajo jefatura de Rojas, acusó a dos jóvenes de las barriadas pobres de Medellín, capital departamental, de ser los sicarios que dispararon contra el periodista. La fiscalía aceptó esa versión y acusó de autoría intelectual a Castaño.

Pero, en el marco del proceso, se probó que Rojas disponía de un testigo profesional, contra quien hoy pesa una orden de investigación por falso testimonio. Además, un joven que no quiso declarar contra uno de los pretendidos sicarios, fue asesinado.

El juicio culminó en 2004 con la absolución de los dos jóvenes, que pasaron más de cuatro años presos, pero no se adelantó investigación contra Rojas y otros funcionarios del DAS que hicieron el montaje, a pesar de que así lo ordenaron las sentencias de primera y segunda instancia.

Al contrario, Rojas fue nombrado para integrar la “comisión de la verdad”, conformada por el gobierno una semana antes de la renuncia de Noguera para determinar qué ocurría y qué debía hacerse con ese organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia.

¿PROHIBIDO HURGAR EN CRIMEN DE GARZÓN?

Periodistas y abogados que se interesaron en aclarar el crimen contra Garzón resultaron espiados por el DAS.

Fue el caso del jurista Alirio Uribe Muñoz, director del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien se constituyó en parte civil en representación de la familia de Garzón en el proceso por su asesinato.

El informe del CTI señala que en la carpeta A-Z número 54 aparece un documento dirigido al DAS el 2 de octubre de 2003 y firmado por Uribe Muñoz.

En el mensaje, el abogado cuestionaba el papel del DAS en la desviación de la investigación penal y denunciaba ante ese mismo organismo amenazas y hostigamientos contra una periodista que seguía el caso desde 2001, Claudia Julieta Duque.

El CTI también reseña varios informes de inteligencia sobre Duque, entre febrero y noviembre de 2004.

El 17 de agosto de 2003, el programa de televisión “Contravía”, dirigido por el periodista Hollman Morris, presentó las principales conclusiones de la investigación de Duque sobre el asesinato de Garzón.

Los periodistas hicieron lo que le faltó a la fiscalía: reconstruir los hechos. Derrumbaron así la versión armada por el organismo de inteligencia.

Noguera, entonces director del DAS, aseguró a “Contravía” que “algunos funcionarios del DAS” habían sido investigados por el caso y “no encontramos nada irregular”.

Pero en el debate que no fue noticia, el senador Petro señaló un “puente de unión” entre el acoso del DAS contra Uribe Muñoz y los periodistas Duque y Morris: cuando los tres demostraron la desviación de la investigación y el juez descartó el montaje, en 2004, fueron designados como “blancos” de espionaje.

Petro indicó que en las carpetas reseñadas por el CTI se encontraban “las más abundantes labores de inteligencia contra todos los miembros” del Colectivo de Abogados, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, hojas de vida con base en seguimientos, grabaciones, nombres de familiares, e incluso de los hijos menores de edad.

“Aparecen fotografías de los colegios adonde van los hijos de estas personas, e incluso aparecen fotografías del colegio por dentro, de los salones de clase…”, denunció el senador.

También, “fotografías de las viviendas, seguimientos durante viajes nacionales e internacionales, fotografías del pasaporte, registros migratorios, investigaciones financieras…, y seguimientos a personalidades internacionales” que entraban en contacto con los espiados, detalló.

Otras carpetas exponen los minuciosos seguimientos ejecutados contra Duque, Morris y sus familias (Ver recuadros).

Para Petro “aquí había intereses particulares que hacían seguir a personas porque éstas estaban haciendo investigaciones que iban indicando quiénes eran los verdaderos asesinos…, como en este caso el de Jaime Garzón”, sostuvo el senador.

En otras palabras, dijo Petro, se trató de “una persecución hecha en el DAS, en donde los funcionarios del DAS que toman la decisión de perseguirlos están siendo sindicados”, uno (Narváez) de ser autor intelectual del asesinato, y otro (Rojas) de manipular pruebas para acusar a inocentes y desviar la investigación sobre este crimen a punto de cumplir 10 años de impunidad.

El gobierno de Uribe negoció la desmovilización paramilitar a cambio de penas leves para crímenes atroces y “algo de verdad”, como preveía el ex alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

La Corte Constitucional, sin embargo, condicionó los beneficios judiciales a que los desmovilizados confesaran “la verdad completa”. Tras ese fallo, la verdad vigente de Garzón no está tan sola.

Parte III: Del espionaje al sabotaje y la guerra sucia (con aportes de Diana Cariboni en Montevideo)

Desde hace décadas, la privacidad de las comunicaciones electrónicas personales sólo existe en el papel. El aspecto más grave del escándalo de espionajes que estalló este año en Colombia radica en el uso que se da a la información recolectada.

La estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), “controla el teléfono, radio y otras comunicaciones, tanto de amigos como de adversarios de Estados Unidos. Subrepticiamente, lee todo el correo del mundo”.

“El tráfico que intercepta diariamente es considerable. En épocas de tensión, gran número del personal de la ANS con conocimiento de los idiomas más importantes se pone los auriculares para escuchar en directo desde las órdenes cifradas del Estado Mayor de la nación objetivo, hasta conversaciones íntimas”.

“Para otro tipo de material, los ordenadores destacan palabras clave que reclaman atención humana a mensajes específicos o conversaciones importantes. Se almacena todo, de modo que sea posible volver a revisar las cintas magnéticas: rastrear la primera aparición de una palabra código, por ejemplo, o exigir responsabilidad en una crisis”.

La cita no proviene de algún aficionado a las teorías conspirativas, sino del astrofísico Carl Sagan en su libro “El mundo y sus demonios”, publicado originalmente en inglés en 1995, un año antes de la muerte del científico estadounidense.

Según Sagan, las interceptaciones pueden hacerse desde puestos de escucha en países cercanos al objetivo, desde aviones y barcos que patrullan la zona o desde satélites de observación en la órbita de la Tierra.

La ANS es una agencia de apoyo a las operaciones bélicas, dependiente del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos y que cuenta con personal militar y civil estacionado en el mundo entero.

Su misión fundamental es proteger los sistemas de seguridad de Estados Unidos mediante el monitoreo técnico de todo tipo de comunicaciones.

La ANS complementa la labor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la menos conocida Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de la Defensa), que basan su tarea en inteligencia humana, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que se especializa en imágenes satelitales.

Concluida la Guerra Fría, la ANS prosiguió sus acciones en colaboración con Gran Bretaña, principal aliado estadounidense, mediante un “pacto de información”, o “pacto de seguridad”, al que estaban asociados también Canadá, vecino septentrional de Estados Unidos, y Australia y Nueva Zelanda, miembros de la Mancomunidad Británica.

Fue entonces cuando Echelon –el nombre con el que se conoce este “pacto de información” entre países de habla inglesa– dejó de ser un mito.

En febrero de 2000, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo se ocupó de la ANS y de Echelon pues sus actividades, reconvertidas en buena medida de lo militar a lo civil, preocupaban a la industria europea.

Ya no se trataba de cooperación entre agencias de inteligencia para luchar contra el comunismo, el terrorismo o la defensa nacional, sino de un espionaje económico y comercial sobre gobiernos y empresas, al que estaba asociado un miembro de la Unión Europea (Gran Bretaña), en contra de competidores de ese continente.

Para entonces ya había ocurrido, entre otros, el enojoso caso de la venta de un radar a Brasil, en un concurso que, presuntamente gracias a Echelon, ganó la empresa estadounidense Raytheon y no la francesa Thompson, que alegó haber perdido millones de euros.

Según el periodista investigativo británico Duncan Campbell –quien confirmó la existencia de Echelon en 1988 y aportó a la comisión del Parlamento Europeo un documento que describía la dimensión de la vigilancia electrónica–, para 1999 los países socios de Echelon usaban 120 satélites.

El debate europeo en torno a Echelon se prolongó varios años, aunque no llegó a tanto como para poner en peligro los negocios de los propios europeos con su principal socio comercial, Estados Unidos, y tampoco derivó en un enfrentamiento con la principal potencia militar del continente, Gran Bretaña.

Mientras, el gobierno estadounidense de George W. Bush encontraba en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fundamento para terminar con la exigencia de orden judicial para espiar rutinariamente al ciudadano de a pie.

En todo caso, la historia ilustra que la privacidad de las comunicaciones es una ilusión que sólo perdura en el papel, vale decir, en las constituciones y leyes nacionales y en la normativa internacional, y a veces ni siquiera en ellas.

INTELIGENCIA OFENSIVA

En los hechos, el quid está en el uso que se hace de la información obtenida por medio de espionaje electrónico.

La prensa colombiana comprobó este año que la principal agencia de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que depende de la Presidencia, espió comunicaciones y llevó a cabo otro tipo de seguimientos ilegales contra magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas, a los que clasificó como “blancos”.

Una mirada benigna a las actuaciones del DAS indicaría que la cultura del secreto, propia de las fuerzas militares y de inteligencia que menciona Sagan, fue aprovechada por algunos individuos para sus propios fines.

Esa es la posición del gobierno, cuyos representantes apuntan a un hecho real: en la lista de espiados figuran también altos funcionarios y oficialistas a ultranza.

Pero los propios agentes del DAS que filtraron el escándalo a la prensa dijeron en febrero a la revista bogotana Semana que habían grabado a algunos altos dignatarios como autoprotección ante el hecho de que recibían órdenes irregulares.

La diferencia fundamental estriba en que los altos funcionarios y los políticos oficialistas espiados aparentemente no fueron objeto de acciones de “inteligencia ofensiva”.

Muchos en Colombia piensan aún que lo más grave de este escándalo es la invasión ilegal de la privacidad mediante interceptaciones y seguimientos, y no el uso que ha hecho el DAS de esa información para ejercer inteligencia ofensiva contra los disidentes.

“Aunque resulte sorprendente, hay desacuerdo sobre la definición de esos dos términos”, dijo a IPS el ingeniero eléctrico Steven Aftergood, analista investigador mayor de la Federación de Científicos Estadounidenses, donde dirige el Proyecto sobre Secreto Gubernamental, destinado a reducir el alcance del secretismo oficial y reformar sus prácticas.

La inteligencia se refiere en general a la recolección de información relacionada con amenazas potenciales para la seguridad nacional, indicó Aftergood. Si bien las interpretaciones sobre “seguridad” y “amenaza” pueden diferir, “la inteligencia per se no tiene un componente ofensivo”, agregó.

Sin embargo, hay acciones encubiertas contra países (o “blancos”) que “bien pueden ser consideradas como operaciones de inteligencia ofensiva”, agregó.

“Las operaciones de información ofensiva buscan impedir, degradar, destruir, perturbar, engañar y explotar los sistemas de comando y control del adversario” o “blanco”, definió en su edición de julio-septiembre de 1999 el estadounidense Military Intelligence Professional Bulletin, del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos.

La información ofensiva, agrega la publicación, degrada “los sistemas de información del enemigo (…) perturbando sus ciclos de decisiones y su capacidad de generar poder de combate”.

Miles y miles de folios integran las 104 carpetas entregadas en marzo por el DAS a la Fiscalía General de la Nación a raíz de denuncias periodísticas sobre la actividad del Grupo de Inteligencia 3 o G-3, creado para recabar supuesta inteligencia estratégica y de Estado sobre disidentes colombianos.

El G-3 actuaba sin orden judicial y usaba la información para intimidar a sus “blancos” y sabotear sus actividades, a las que hacía un estrecho seguimiento.

El sabotaje incluyó amenazas de muerte anónimas, como lo reconoció Jorge Alberto Lagos, ex jefe de contrainteligencia, destituido en febrero y detenido tras la orden de captura librada por la fiscalía el 31 de julio contra él y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del DAS.

También se enviaron coronas fúnebres al menos a tres periodistas, como sugieren coincidencias entre órdenes que aparecen en actas del G-3 y los hechos.

Para uno de los “blancos”, Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que sufrió el seguimiento más invasivo de su vida privada, “la inteligencia usada como lo ha hecho el DAS es el corazón de la guerra sucia en este país”, según dijo al diario bogotano El Espectador.

El G-3 también buscaba judicializar a sus “blancos”, críticos del gobierno de Álvaro Uribe y defensores de derechos humanos.

El G-3 fue creado en 2003 fuera del organigrama del DAS, y “en teoría el grupo se acabó en noviembre de 2005″, concluyó la fiscalía, pero “algunas actividades del G-3 se extendieron en el llamado GONI”, Grupo de Observación Nacional e Internacional (también del DAS), a su vez supuestamente disuelto en marzo.

El DAS negó hasta ese mes la existencia del G-3.

Fuente: IPS