por Josué Aguirre
7 de septiembre, 2009

El conocimiento a través de la historia ha sido un acto social que no puede, ni podrá ser nunca negado, a pesar del empeño de unos cuantos que pretenden refugiarse bajo los designios de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad intelectual (Ley 8039); dicho instrumento jurídico desconoce los derechos sociales y humanos de acceso al conocimiento, legitimando la exclusión y hasta la eliminación de aquellos que no sean necesarios para la valoración del Capital.

De este modo, se tiende a eliminar el derecho universal a la educación, mismo que se había logrado como resultado de las constantes luchas reivindicativas, de seguro esta ley convertirá a la educación en un privilegio de pocos, a costa de la marginación de las mayorías, quienes no podrán asistir al sistema educativo, por tal razón, no podrán graduarse, mucho menos contar con trabajos dignos que les permitan una renumeración adecuada para poder sufragar los gastos que implica mantener a una familia, y vivir sin mayores preocupaciones.

No es un secreto que el sistema educativo juega un papel fundamental en la dirección de la política cultural de la sociedad, de ahí su importancia y la intención de los Estados capitalistas por hacer prevalecer los principios económicos neoliberales, lo cual implica una exclusión social a través de la privatización de las instituciones estatales, y los servicios sociales. Por lo tanto la educación no es ajena a este aspecto, tal como parece ser demostrado en la Ley 8039, mediante:

“Artículo 54.- Reproducción no autorizada de obras artísticas o fonogramas (…)

No será punible la reproducción, sin fines de lucro de obras literarias, o artísticas, o fonogramas en la medida requerida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza, con tal de que esa reproducción sea conforme a los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente

Desde una óptica legal, la excepción de este artículo establece que se permitirá el fotocopiado, siempre y cuando no medie lucro alguno, sin embargo, esta normativa deja por fuera a los centros de fotocopiado por cuanto se trata de pequeñas o medianas empresas que desarrollan una práctica comercial, y su beneficio se dirige a su propietario, quedando de manifiesto que el lucro no desaparece; desmintiendo de esta forma, la posición del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), de que, sí, se puede fotocopiar mientras haya un fin académico. Sin embargo, como hemos visto, las fotocopias no se sacan solas, sino que requieren de un intermediario y ese intermediario, necesitará lucrar para sufragar sus gastos.

Para que la afirmación del Comex sea cierta, tienen que darse dos casos; que los centros de copiado cedan gratis las fotocopias, o bien las vendan a precio costo y que cada estudiante se haga de una fotocopiadora en su casa. Sabemos que ninguno de estos casos se va a dar, por un lado el copista deberá lucrar para mantener a su familia, pagarle a sus empleados, proveedores, entre otros; y por otra parte resulta imposible que todas las personas estudiante tengan una fotocopiadora en sus casas. Queda claro que el fotocopiado se encuentra en riesgo inminente, pues el copista se expone a una sanción de hasta 5 años de cárcel y multas desde los 5 a los 500 salarios base. (Ley 8039, Artículo 54)

La descripción anterior evidencia, que tanto copistas y estudiantes, se encuentran en una encrucijada, los primeros ven como peligra el sustento de sus familias, mientras a los segundos se les limita de forma arbitraria su derecho a la educación, y el acceso al conocimiento, ya que la gran mayoría no posee la capacidad económica para comprar libros originales, teniendo presente, que en ocasiones por familia hay entre 3 a 4 niños o jóvenes estudiando al mismo tiempo, a esto hay que sumarle los gastos en la compra de útiles y uniformes escolares.

Frente a ello, cabe preguntarse: ¿Cuántos padres y madres de familia están en la capacidad económica de cubrir estos gastos? recordemos que hay una crisis económica que ya ha dejado a cientos de personas sin trabajo, ¿Qué pasará con los estudiantes que no puedan comprar los libros que les soliciten en la escuela, colegio, universidades?

Muchos educandos muy probablemente, dejarán de estudiar, convirtiéndose esta ley, en un verdadero nuevo acto de discriminación, lo cual condiciona el estudio y privatiza el acceso al conocimiento. Solamente aquellos que estén en la capacidad adquisitiva de adquirir los libros que les son solicitados, pueden obviar de algún modo la ley, no obstante, las Bibliotecas carecen de grandes cantidades de libros para cubrir la demanda, además, al tiempo que el presupuesto que se designa para tal efecto es mínimo.

La Cámara Costarricense del Libro, a través de un comunicado del domingo 8 de marzo de 2009, en el periódico La Nación, sostiene que los libros disminuirán de precio, cuando las personas imposibilitadas a fotocopiar libros, acudan a comprarlos masivamente, hipotéticamente estarían hablando de que los precios se vuelvan accesibles para los estudiantes, sin embargo no hay nada que asegure que esto sea así, veamos un reciente ejemplo: durante los primeros días de la alerta de la gripe pandémica AN1H1, la demanda de los medicamentos básicos de higiene, se disparó hasta el punto que estos se agotaron, pero en ningún momento los precios disminuyeron, mas bien se mantuvieron (según una encuesta del Ministerio de Economía, realizada a varios negocios, entre el 30 de abril y 4 de mayo de 2009) a pesar que la mayoría de estos medicamentos son hechos en el País, contrario al caso de los libros, donde gran parte son importados. Entonces una vez más: ¿Qué pasará con los estudiantes que no puedan comprar los libros que les soliciten en la escuela, colegio, universidades? ¿Cuáles serán los efectos de esta ley sobre la educación costarricense?

Una solución precisamente sería que se destinara una cantidad considerable del presupuesto anual de la educación, a la compra de materiales bibliográficos, para todos los centros educativos del país, con el propósito de que los estudiantes que no puedan comprar los libros, realicen las consultas pertinentes, y no queden rezagados con respecto a quienes sí puedan costearse ese costo. Sin embargo, esto pareciera ser un sueño, puesto que a pesar de la promesa realizada en la pasada campaña electoral, por el ahora presidente Oscar Arias, la cual consistía en destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB), a la Educación.

Durante la actual administración, este presupuesto no ha alcanzado el 6% del PIB, tal y como lo establece el artículo 78 de la Constitución Política. Por si fuera poco, el MEP, no invierte todo el presupuesto que le es asignado, esto según un informe de la Contraloría General de la República, y publicado el miércoles 7 de mayo de 2008, en el periódico La Nación, en donde contradice al presidente Arias, en su del discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, este sostuvo que el presupuesto de la educación fue de un 6%. La Contraloría en base datos numéricos, afirma que el aporte para ese año fue de un 5%; y en contraposición a eso el MEP, únicamente invirtió el 4,75%.

Ya de por sí, el proceso de adquisición de libros representa un trámite bastante complicado, más aún cuando el dinero destinado a fines educativos, se asigna para otros usos que no contribuyen al desarrollo educativo, como por ejemplo, el caso del Señor Rector de la Universidad Nacional, Olman Segura, cuando a principios del 2009, adquirió un auto último modelo marca Toyota Prado, valorado en $ 47 900, (consulta hecha a la Agencia Purdy Motor) al tipo de cambio actual, veintiocho millones doscientos noventa y tres mil quinientos noventa y dos colones de colones.

¿Cuántos libros se pudieron haber comprado con todo ese dinero? Igualmente, en las instituciones educativas, de primaria, secundaria, y otros, no alcanzan los recursos, ni siquiera para mejorar su infraestructura física, que por cierto, durante este año el Ministerio de Salud, ha tenido que clausurar varios centros por esta razón. Estos son problemáticas que parecieran que no tiene fin, han estado presentes a través de la historia, sin embargo la ineficiencia de quienes se encargan de administrar la educación. No es lo más preocupante, aunque no menos importante.

Lo que realmente preocupa es lo que encierra el artículo 54 de tan polémica ley, sumado a la existencia otros artículos, tales como el 51, 52, 58, que ni siquiera permiten la difusión de obras artísticas, ni el acceso del conocimiento a través de redes inalámbricas (Internet).

En suma, La esencia de la Ley 8039, pareciera ser arrancar de raíz toda forma transmisión social del conocimiento, lo que sin duda alguna provocará un pueblo analfabeta, con respecto a los nuevos ámbitos cognitivos, y carentes de medios de expresión, siendo así mucho más fácil la imposición hegemónica sobre la sociedad, por parte de los grupos de poder dominantes.

Sin embargo, es aún más preocupante, que los Sindicatos de Educación, tanto de primaria, secundaria, y universitarios no se hayan pronunciado al respecto. Aún más, ninguna Federación estudiantil, ni mucho menos los Consejos Universitarios de las cuatro universidades estatales, lo han hecho. Únicamente el Poder Estudiantil Popular de la Universidad Nacional, y distintos Copistas de Heredia, han salido a la vanguardia por la defensa y derecho, al conocimiento, trabajo y estudio.

El Diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, en meses pasados, presentó a la Asamblea Legislativa un Proyecto de reforma a tan controversial ley, por lo que es indispensable, que los actores vinculados a la educación, nos unamos de forma constante e incondicional en apoyo al proyecto Nº 17342, el cual pretende salvaguardar el libre fotocopiado, el derecho humano y universal de acceso al conocimiento.

Fuente: El Pregón