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Crecen la pobreza, el desempleo y la corrupción en Costa Rica

Publicado el: Jueves, 12 de noviembre del 2009

visite costa rica, por David E. Merino (flickr)

visite costa rica, por David E. Merino (flickr)

por José Merino del Río
2 de noviembre, 2009

Más de un millón de pobres hay en nuestro país, de acuerdo a los datos revelados en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Mientras la administración Arias continúa derrochando millones en una propaganda que pregona las glorias de su política social, el INEC muestra que el 18.5% de los hogares costarricenses están en condición de pobreza, regresando prácticamente a la situación de hace cuatro años, lo que indica el fracaso de este gobierno en el combate a la pobreza. Mucho del dinero destinado a ese fin, se perdió por los sumideros de la corrupción, del clientelismo político rampante y galopante. Arias y Chinchilla culparán a la crisis mundial, pero esa misma crisis la padeció por ejemplo Uruguay y el gobierno del Frente Amplio de ese país logró reducir la pobreza extrema en un 50%.

El cuadro de pobreza crece hasta los límites de la vergüenza en Puntarenas y en Guanacaste, donde afecta al 30 y al 24 por ciento de los hogares respectivamente, precisamente las provincias que reciben mayor inversión extranjera, especialmente en turismo. Y crece particularmente la pobreza extrema, miles de hogares donde literalmente reina el hambre.

El desempleo también experimenta un doloroso crecimiento, la tasa de desempleo abierto aumenta de 4.9% a 7.8%. Si al desempleo abierto se le suma la tasa de subempleo, el INEC concluye que el desempleo total de la fuerza de trabajo pasa de un 13% en el 2008 a 19,4% para el 2009. No es por casualidad que la fracción del PLN impidiera que sesionara el parlamento el jueves 29 de octubre, con estas cifras saliendo del horno, coincidiendo con la sondeocracia que ya le concede el triunfo a otra gloriosa administración liberacionista.

Esta es la realidad social que tenemos, que está también en la base del crecimiento de la delincuencia, de la desintegración social, de la perdida de calidad de nuestros sistemas públicos de salud y de educación. Hoy tenemos un país menos solidario e inclusivo que cuando el Nobel de la Paz llegó al gobierno, aun cuando la soberbia del mandatario le lleve a descalificar toda crítica como malsana e infame, seguramente arremeterá también contra el INEC.

Pero no a todo el mundo le va mal. El coeficiente Gini, que se usa para medir la desigualdad de los ingresos en un país, alcanzó el rango más elevado en la historia de Costa Rica. Este año llegó al 0,439, en relación con el 0,424 en el 2008. Es decir que en nuestro país cada día la riqueza se concentra en menos manos. En un polo de la sociedad un millón de pobres, en el polo opuesto una ínfima minoría que nada en la abundancia y el despilfarro. ¿Lucha de clases? Cada vez que este diputado denuncia esta situación, enfrenta la batería de ataques de esa nueva oligarquía que no puede justificar el aumento de sus rentas con el trabajo honrado y las sanas prácticas empresariales. Buena parte de esa desigualdad se explica por la expropiación de las rentas del trabajo asalariado, pero otro buena tajada sale directamente de las cloacas de la corrupción, del robo del conjunto del ahorro nacional en todo tipo de negocios sucios.

Y todavía un sector de la cúpula empresarial, tiene el descaro de responsabilizar a los diputados que nos oponemos a las leyes que atentan contra los derechos de la clase trabajadora de este desastre social del que apenas presentamos algunas pinceladas. Son precisamente los mismos que financian las campañas de los partidos que no quieren que nada cambie, que se siga gobernando para los ricos. El Frente Amplio considera que estos son los grandes debates que debían estar presentes en la campaña electoral en curso, y no la propaganda basura que envilece nuestra democracia.

José Merino del Río es diputado de la Asamblea Nacional de Costa Rica

Fuente: Aporrea

  • Cornelio Benavides Céspedes

    Visite costa rica, por David E. Merino

    A nadie de los ex presidentes se le ocurrió de investigar el porqué y cómo es posible que la gran pobreza del país se concentre en asentamientos de conflictos con las Área Silvestre Protegidas donde el 75% del área es del patrimonio privado sin expropiación ni pagado un flagrante atropello y violación de los Derechos fundamentales de sus habitantes.
    Área Propiedad Privada en conflicto en ASP
    Plan Ordenamiento Ambiental ( POA)
    Propiedad Propiedad Total
    Estatal (ha) % Privada (ha) % (ha)
    Reservas Forestales 73,107 26% 209,552 74% 282,659
    Zona Protectoras 11,132 7% 145,965 93% 157,097
    Areas de Vida Silvestre 71,744 41% 103,722 59% 175,466
    Total 155,983 25% 459,239 75% 615,222
    * Decreto 23393 MINAE POA – Plan Ordenamiento Ambiental – Cuadros Paginas 55-58

    Un caso típico es el caso de la Zona Protectora Tivives donde desde mas 23 años existe un conflicto y donde viven hoy día más de 2000 Habitantes en el Asentamiento Salinas (IDA) aquí citamos un nota enviado a la Candidata Laura Chinchilla por parte del pueblo

    “Lo Solicito que en su futuro gobierno nos ayude a solucionar la gran problemática que tenemos en esta zona, desde 1986 vivimos sumergidos en el abandono y la pobreza por motivo de un mal llamado Decreto Ejecutivo, Zona Protectora Tivives No 17023 MAG ilegal por razones de ser hechos de escritorio y de ser promulgado sin ningún antecedente de creación y sin ninguna justificación Ambiental, (Posteriormente, en el 2001, lo confirma el propio decreto del MINAE DE 29393-2001, Plan Ordenamiento Ambiental (POA)) ni expediente administrativo y/o estudios técnico legal. (Solo existe las hojas del Decreto 17023 MAG). Un Decreto en conflictos directos con los Fin Publico previo establecido por leyes y de imposible afectación a las misma áreas del Fin Publico de la “Zona Portuario Reservada” Caldera (Ley “Especial” No. 5582 del 1974) y el Asentamientos Campesinos Carente de Tierras Salinas I y II creado por expropiación (Decreto de DE 7913 G del 1977) y pagado con fondos de la Ley Nº 5662 (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Publicada el 23 de diciembre de 1974) donde las familias ( Hoy día 2000 Habitantes) mediante esta ley, son beneficiarias directas y su patrimonio queda, por la misma naturaleza de esta ley bajo mandato expreso de la constitución, irrevocable.
    “Artículo 2º.- Son beneficiarios de este fondo los costarricenses de escasos recursos económicos, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en esta ley y su reglamento….
    Artículo 17.-El fondo establecido por esta ley es patrimonio de todos los beneficiarios y en ningún caso y para ningún efecto podrá ser destinado a otras finalidades que no sean las señaladas por esta ley…”
    Nuestras familias, en pleno derechos, se encuentran en una situación de eminente y grave peligro, por lo ordenado de un desalojo por la Contraloría en el informe DFOE-ED-7-2007, (La Contraloría en este informe y el propio Ministro del Ambiente (Artículos – La Nación publicado 2009/09/22 y 2009/11/09 ) confirma las irregularidades y el hecho de que ya existían los Asentamientos Campesinos cuando se crearon varios áreas protegidas e incluyendo inexplicablemente (como el mismo Ministro menciona) pueblos enteros que ya estaban establecidos contestando … “Yo aquí pregunto: ¿quién invadió a quién: la gente al área o el área a la gente?”) cuando se crearon esas áreas protegidas donde nuestro derechos fundamentales se encuentran flagrantemente amenazados de un atropello Estatal, en total violación de nuestro patrimonio y la garantías de las leyes, la Carta Magna y nuestro Derechos Humanos“

    Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos (derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación), sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

    La problemática que nos ocupa, se deriva de una mala aplicación o interpretación de los principios fundamentales de una democracia donde, los bienes son de los particulares y los recursos están a la disposición y al beneficio de todos. Esto está consagrado en la Constitución Política de Costa Rica, donde las leyes son como una reglamentación de los derechos elaborados en la misma Constitución Política y estas a su vez, son reglamentadas por Decretos Ejecutivos. Lo anterior asegura el orden de los derechos humanos y de sus bienes y se regula como se utilizan los recursos que son de naturaleza comunal.

    Es importante resaltar que, no son contradictorios los artículos fundamentales de la democracia Costarricense: Art. 45 – Derecho de Propiedad Privada- y el Art. 50 – Derecho a un Ambiente Sano y Sostenible; al contrario, son totalmente consistentes y complementarios. Es de suma importancia, si queremos que sean complementarios, que se respeten todos los requisitos de las leyes en la protección a los derechos económicos, colectivos y a los derechos al desarrollo. Estos derechos están íntimamente relacionados con la obligación de aplicar la ley de expropiación, previa justificación en razón de un fin público, que permite a la vez, la protección de los derechos de propiedad y la protección al ambiente.

    La ley 4465 del 25 de noviembre de 1969 y su reglamento 2923A, en la cual se fundamentaron más de 70 decretos que crearon áreas silvestres protegidas y afectaron a cientos de miles de personas en sus derechos fundamentales, dictaba en su artículo 71 que se requerían decretos y requisitos de expropiación para “cada caso” de propiedad privada. Además de lo anterior es estrictamente imposible una afectación de este tipo, a través de un Decreto Ejecutivo de carácter General en cualquier democracia.

    La ley 4465 y su reglamento DE 2923A, vigentes hasta el año 1996, cuando fueron derogadas por la ley Forestal 7575 vigente hoy día.

    Tomando en cuenta el Artículo 2 de la Ley actual en términos de los derechos adquiridos de propiedad privada:

    LEY FORESTAL TITULO PRIMERO
    ARTÍCULO 2.- Expropiación
    Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen forestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público. El Estado dará prioridad a la expropiación de los terrenos.

    Es claro que debían existir estudios científicos y técnicos que justifiquen el interés público y haberse determinado mediante Ley que los terrenos son imprescindibles para conservar la biodiversidad biológica o los recursos hídricos. La realidad es que todos los Decretos bajo la ley 7575 son totalmente ilegales al no existir ninguno que cumplió con el requisito del Articulo 2 de la ley 7575.

    Todos estos decretos a que nos referimos, tienen afectación expropiatoria (75% son de patrimonio privado DE 29393) y no se cumplió con lo que exigía la legislación vigente en su momento. Esto provoca hoy día, la amenaza del desalojo forzado de más de 120.000 familias costarricenses, soslayando sus derechos fundamentales y requeridos en cualquier democracia

    En síntesis:

    El incumplimiento de algunos requisitos que estipula la legislación costarricense para la creación de áreas silvestres protegidas y en particular, los estudios sobre tenencia de la tierra es posiblemente la causa principal que ha ocasionado que muchos pueblos y caseríos queden incluidos dentro de las áreas silvestres protegidas, sin ninguna justificación de índole científica que avale la necesidad de incluir esas áreas dentro de las áreas protegidas por ser fundamentales para proteger uno o varios recursos. Tal es el caso de innumerables asentamientos campesinos. La incapacidad del estado costarricense de reubicar o expropiar oportunamente, según sea el caso, incrementa la magnitud de esta problemática. Es importante señalar que por sí mismo el desarraigo, trae consecuencias muchas veces nefastas para la integración familiar y contrarias a los principios ya mencionados sobre derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, resaltamos nuevamente que todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes
    El ambiente no debe de ser utilizado para generar pobreza, pretendiendo proteger áreas, sin ningún fundamento ecológico. Es necesario priorizar nuestros recursos y lograr un sistema de áreas protegidas sano y fuerte, que sea cuidado por comunidades satisfechas y consientes de su obligación para con las generaciones venideras.
    “El SER HUMANO ES PARTE FUNDAMENTAL DEL AMBIENTE, NUNCA EL HAMBRE VA A SER FUNDAMENTO DE PAZ, DEMOCRACIA Y RESPETO POR LA NATURALEZA”
    Todos sabemos que los derechos humanos son fundamentales en el desarrollo de un país y su violación son razones directas de la pobreza que existe y constituye la propia destrucción de la Democracia y la Paz social que prevalecen aún en Costa Rica.

    Cornelio Benavides Céspedes
    Ced. 6- 089-819

  • juan

    me parece que esta injusticia que esta pasando con la mal llamada zona protectora tivives, ademas de otras, es un gran atropello a los derechos de estas personas que vivimos en estos lugares, una injusticia que todos los politicos va a querer resolver para ganar votos, ahora todos tienen la solucion pero vea son mas de 20 años y ninguno hace nada, todos son iguales ninguno habla por hechos, solo de boca y compromisos incumplidos, lo que esta fomentando un gran descontento en las comunidades afectadas, un sentir muy peligroso

  • José Francisco Castillo Abarca

    Lo lamentable es que todo esto pase y sigamos cruzados de brazos. Cada 4 años la mayoría de los votantes se inclina por un partido mayoritario que no ha querido resolver los problemas que cita el artículo, tanto porque son el caballo de batalla en cada campaña, como porque resolverlos, aunque sea en parte, es atacar los grandes intereses de los multimillonarios y de grandes empresas que los financian.
    No hay madurez política en el costarricense. Vota por tradición, no razona su voto. El gobierno de turno miente y miente y nadie reclama. Afirman que el costo de la vida no ha aumentado más que ridículos porcentajes de una cifra (1%;3%)cuando nos consta que muchos alimentos, ropa y zapatos han subido a más del 100% en los últimos años. Pero nadie del pueblo reclama.
    Por lo menos, hay en la Asamblea Legislativa, lastimosamente sobran dedos de una mano para contarlos, algunos diputados, como el señor Merino, que extraordinariamente, no han sido corrompidos, y que levantan la voz para que escuchen aquellos que todavía tienen oídos, porque la mayoría parecieran sordos y mudos, tal es la desidia para defenderse del atropello político de todos los días y que se acrecienta en cada campaña política.

  • Ricardo Valverde

    Cuando reine el hambre y campee la miseria, será el momento en que el mito ese de “la suiza centroamericana”, “jardín de paz” y cuanta babosada más, se caiga en pedazos. Ya el país se está cayendo en pedazos desde hace rato. Una excesiva pasividad y cobardía, que se refleja en una masa de muertos de hambre, fieles a su tradición de elegir a sus hambreadores porque vale “más malo conocido que bueno por conocer”, y en una masa de resignados que forman parte de la principal fuerza del país: el abstencionismo. Este gobierno espurio de Óscar Arias ya fue el acabose. No recuerdo una administración donde la corrupción política y su colusión con el sector empresarial, haya sido tan ruin, descarada y sórdida. Después dice su hermanito Rodrigo Arias, que en esta administración, “nadie se ha robado nada”. “Claro”!!!, se robaron ni más ni menos que la carta magna, y de ahí en adelante, todo vino por rebote.

Domingo, 12 de mayo del 2013
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