Un grupo de personas protestan frente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual escuchó a los opositores y defensores de una mina de oro a cielo abierto en Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua. EFE

San José, 12 nov (EFE).- La Sala Constitucional escuchó hoy a los opositores y defensores de la mina de oro a cielo abierto de Crucitas cercana a la frontera con Nicaragua, en el marco del estudio de 12 recursos de amparo presentados por los posibles impactos ambientales del proyecto.

Los magistrados escucharon a los recurrentes, entre ellos biólogos y geólogos, a representantes de la empresa minera, y a funcionarios del Gobierno que decretó el año pasado de “interés nacional” el proyecto minero “Las Crucitas”, de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

El gerente de relaciones corporativas de la empresa, Juan Carlos Obando, declaró a Efe que la mina generará 300 empleos directos y 3.000 indirectos una vez que entre en operación, y afirmó que “el eje más importante” del proyecto “radica en la protección al ambiente”.

“Tenemos una certeza total desde el punto de vista técnico y operacional, y como propuesta de desarrollo estamos convencidos que es una gran oportunidad para la zona norte que ha sido declarada en los últimos diez años como la tercera región más pobre del país”.

Sin embargo, quienes presentaron los recursos de amparo aseguran que los beneficios económicos que genere la mina no compensan el daño al ambiente ni un posible conflicto con Nicaragua por la hipotética contaminación del nicaragüense y fronterizo río San Juan.

El geólogo Allan Astorga explicó en su intervención ante los magistrados que no se realizó un estudio de impacto ambiental completo ni “una valoración de costo-beneficio ambiental” para el proyecto.

Otro de los recurrentes, el botánico Javier Baltodano, aseguró que la zona donde se ubicará la mina es parte de un corredor biológico centroamericano y en ella habitan al menos 20 especies de árboles en peligro de extinción, así como la exótica la lapa verde, un ave en peligro crítico de extinción.

Datos presentados en la audiencia por los opositores a la mina indican que para cavar tajos de donde extraerá el oro, se requiere la tala de 192 hectáreas de bosque.

Para el biólogo Gabriel Rivas, la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro, “es una de las actividades más destructivas que existen” porque “va a liberar el oro pero también metales pesados como cadmio, mercurio o arsénico” que podrían terminar en aguas superficiales o subterráneas.

El ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez, declaró a Efe sentirse “tranquilo” porque el Gobierno actuó de manera correcta al otorgar el permiso a la empresa basado en estudios hidrológicos y ambientales.

“Nos basamos en las leyes y en los procedimientos, por lo que el decreto de interés nacional y el permiso de minería fueron bien dados”, expresó el ministro.

Los opositores de la mina afirmaron en la audiencia que el decreto atenta contra la Carta Magna, por lo que pidieron a los magistrados declarar la mina como inconstitucional.

En las afueras de la Sala un grupo de ambientalistas se manifestó con pancartas y consignas en contra de la mina y del presidente Óscar Arias.

El proyecto Crucitas, que se encuentra paralizado desde octubre de 2008 cuando fueron presentados los recursos, pretende la extracción de al menos 700.000 onzas de oro en sus diez años de permiso, lo que generaría a la empresa unos 800 millones de dólares.

Fuente: Costa Rica Hoy