Ilustración, por Mecho

Fuente: Nuestro País

por Álvaro Montero Mejía
16 de diciembre, 2009

Acaba de ser elegida por la Asamblea Legislativa, al cargo de Defensora de los Habitantes, la señora Ofelia Taitelbaum, miembra de la bancada del gobernante Partido Liberación Nacional. Este nombramiento, es una muestra más, entre las que se han producido y las que vendrán, de la absoluta desfachatez y falta de escrúpulos con que el gobierno de los hermanos Arias asume las decisiones del gobierno y del Estado.

La Defensoría de los Habitantes, tiene un largo historial en muchos países occidentales. Ésa institución fue concebida, como su nombre lo indica, para defender a los ciudadanos de las permanentes arbitrariedades de los gobiernos y las constantes violaciones que los estados cometen, sobre los derechos legales y constitucionales de las personas. Pero va más allá, porque también protege a los ciudadanos de las tropelías que ejecutan los sectores privados más poderosos y que constantemente les pasan por encima a los derechos de las colectividades. Sea como sea, la Defensoría no pasa de ser una modestísima trinchera, un podio para que algunos ofendidos, no todos, eleven sus quejas, pero sin esperar resultados concretos. Es, en todo caso, un observatorio, una “magistratura de conciencia”, como se la llama.

Para cumplir a duras penas sus funciones, la Defensoría necesita gozar de un alto grado de independencia con respecto a los poderes públicos, puesto que está obligada a vigilarlos, a denunciarlos y a exigirles el restablecimiento de los derechos violados, e incluso acusarlos ante los jueces competentes.

Como lo expresa su propio nombre, la Defensoría de los Habitantes existe para defender a la gente, a los ciudadanos y no para hacerle la masa aguada a los gobernantes, alcahueteándolos o haciéndose de la vista gorda cada vez que atropellan los intereses de la colectividad. Poner en ese cargo a un sirviente del Poder Ejecutivo, es anticipar que la institución desaparezca y se convierta en un órgano sicario, es decir, en una fuerza jurídica al servicio incondicional de los dueños del poder.

Nunca, en la historia de Costa Rica, ha habido una mayor concentración de poder político en manos de un individuo, o mejor dicho, en manos de dos individuos. Fuimos los primeros en denunciarlo y ahora lo repetimos: los hermanos Arias son la voz que ordena en el Poder Ejecutivo y en todas y cada una de las instituciones públicas, pero no les basta. Mandan en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala IV, pero no les parece suficiente. Gobiernan sobre la Asamblea Legislativa a la que manejan como un Poder pelele, pero no se sacian. Mueven como una marioneta al llamado Tribunal de Elecciones, pero quieren más.  Han subordinado en lo fundamental a la Contraloría General de la República, pero aun les falta poder. Y ahora, toman por asalto, con la ayuda de una Comisión delincuente, al último y más modesto reducto de la representación popular, como es la Defensoría de los Habitantes.

Ante este descomunal y abusivo ejercicio del poder, sólo quedan dos tareas o dos caminos: UNIDAD Y RESISTENCIA.  Lo contrario solo puede llamarse COMPLICIDAD y COBARDÍA.

Álvaro Montero Mejía es candidato a Diputado por el Partido Integración Nacional, PIN