Fuente: Nuestro País

por Carlos Salazar
7 de diciembre, 2009

Los vínculos familiares del clan Román Ocampo, interesados en obtener el título de propiedad privada de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de playa Cabuyal, Liberia, provincia de Guanacaste, se apuntalan en los partidos Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional.

Johnny Leiva Badilla, Tesorero del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), es el esposo de Ailen Cristina o Carolina Ocampo Fernández, sobrina de la actual candidata a diputada por el PLN, segundo lugar Guanacaste, María Ocampo Baltodano.

Eilen Cristina o Carolina también es hermana de la ex diputada por el PLN, María Lourdes Ocampo Fernández.

Leiva es hijo de la Tesorera suplente de la organización rojiazul y candidata a diputada, primer lugar de Guanacaste, Alejandrina Badilla Rodríguez, consuegra de Gerardo Ocampo, hermano de María Ocampo, esposa del ex diputado PLN, Luís Román Trigo.

Luís y María son los padres de Eugenio Román Ocampo, candidato a regidor, primer lugar en la papeleta municipal de Liberia, por el PLN.

Por otra parte, la hija de la diputada liberacionista Maureen Ballestero, Natalia Chaves Ballestero, es la asistente del Jefe de Campaña del PLN, René Castro.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad Pública, que pidieron el anonimato, Natalia habría acompañado a su madre el 11 de octubre anterior en un pequeño avión de la Fuerza Pública, adscrita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para participar en la asamblea cantonal del PLN, que eligió a Eugenio como candidato a regidor.

A raíz de ese viaje, el TSE pidió a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de Ballestero Vargas, quien hace dos semanas renunció a la misma tras un viaje a Europa, con el propósito de permitir que ese Tribunal investigue el uso de recursos del Estado con fines políticos.

Cabuyal

Hace dos semanas, la Municipalidad de Liberia anuló el visado de los planos que otorgó el Gobierno local en la Semana Santa del 2002 por un supuesto “error” de la administración municipal, donde se le reconocía la propiedad privada sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), de playa Cabuyal.

La propiedad cuenta con cinco kilómetros de la ZMT, que la empresa Inversiones Román Ocampo S.A. reclama como suya.

En 2007, los regidores de la Municipalidad de Liberia acordaron llevar el caso a los tribunales de justicia, pero la familia Román Ocampo se las ingenió para paralizar -por la vía legal- el proceso para anular el visado de los planos.

Dirigentes liberacionistas y organizaciones locales como AZOMATE, denunciaron que algunos miembros de la familia Román Ocampo influyeron a lo interno del PLN para elegir una papeleta de candidatos a regidores afines.

Diputados del Partido Acción Ciudadana PAC), han asegurado que “la candidata del PLN, Laura Chinchilla, quien se autodenomina firme y honesta, está obligada a solicitar a María Ocampo y a Eugenio Román que desistan de sus pretensiones y separarlos de la campaña”.

La prensa denunció que financistas de la campaña del PLN como la Familia Zurcher, así como Román Ocampo S.A.  planean desarrollar un millonario negocio inmobiliario en playa Cabuyal, relacionado directamente con la privatización de cinco kilómetros en la ZMT.

“La candidata del PLN debe aclarar si es verdad lo que informa la prensa nacional y confirmar si el proyecto en playa Cabuyal forma parte de sus propuestas de gobierno, argumentando que servirá para generar empleo”, advirtió en su oportunidad Alberto Salom, jefe de la fracción del PAC.

“Una vez más, vemos como personas ligadas a la política tradicional quieren ocupar puestos públicos para consolidar negocios personales”, denunció en su oportunidad  el diputado del PAC, José Rosales.

La Empresa Román Ocampo, S.A. alega que la finca 3282 fue inscrita durante la época Colonial, porque en documentos antiguos, se indica que poseedores de partes de la finca tenían Real Título y constituyeron hipotecas sobre dichas parcelas.

Sin embargo, estudios jurídicos indican que para tales efectos, hay que aclarar que el concepto Real Título, en esa época, significa que la persona tiene un derecho de posesión, propiedad, usufructo, etc., sobre un bien, o sea, un Derecho Real, que significa un derecho sobre una cosa.

Es así como el derecho de propiedad se denomina Derechos Reales, sin que tenga nada que ver con la Corona Española y mucho menos con Real Cédula.

Con base en ese error, en la apreciación del concepto jurídico, es que dice la empresa tener una Cédula Real como título de propiedad, título que nunca ha aportado ni probado que existió.

Como si eso no fuera suficiente, la finca 3282 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1886 mediante “Información Posesoria”, que se efectúa sólo cuando “no existe título escrito”, según el estudio del bufete del abogado Ricardo Harbottle.

Por otro lado, consta que el expediente judicial que la familia Ocampo recibió un permiso o concesión de un terreno en la zona, por parte del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que forman parte de la propiedad que hoy reclama la sociedad Román Ocampo.

El caso trascendió pocas horas después de que la diputada por el PLN, Maureen Ballestero, viajara a una asamblea cantonal del PLN en un pequeño avión de la Fuerza Pública para votar por su papeleta, encabezada por Eugenio Román Ocampo y su protegida, la regidora Darling Vargas, quien aspira a la reelección.

El caso es investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones y por el Ministerio Público (Fiscalía).