Manifestación contra la minería a cielo abierto, frente al edificio del MINAET. Archivo

Fuente: Nuestro País

El oro de Crucitas, agua de Sardinal, Osa y la piña de Costa Rica

por Carlos Salazar
31 de diciembre, 2009

Redacción (elpais.cr) – La defensa del Gobierno de Costa Rica de intereses económicos de transnacionales de la piña, la entrega del agua de Sardinal, Guanacaste, a desarrolladores de megaproyectos inmobiliarios y turísticos, la destrucción de Osa y la fila costeña, así como la construcción de una mina de oro a cielo abierto, fue relevante en el 2009.

Durante el proceso en la Sala Constitucional, que enfrenta la transnacional canadiense Infinito Gold, que pretende construir un tajo a cielo abierto para explotar oro, fue destacada la participación del ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Jorge Rodríguez, para favorecer a la empresa.

Abogados, expertos y científicos, representando a la sociedad civil y a universidades públicas, coincidieron en señalar los incumplimientos de normas, reglamentos, leyes, códigos y convenios internacionales, por parte de autoridades y de la compañía minera.

En la zona norte del país, en Crucitas de San Carlos, a menos de tres kilómetros del internacional río San Juan, la transnacional pretende explotar oro en la próxima década, y en sus páginas en Internet promociona otros posibles proyectos a futuro.

Edgardo Araya, del Frente Norte contra la Minería de Oro a Cielo Abierto, ha destacado que confía en la Sala IV, entidad que en última instancia debe resolver el diferendo, “pero no sabemos de los intereses que prevalecen en este caso”.

Por su parte, la ex Defensora de los Habitantes de la República, Lisbeth Quesada Tristán, al cuestionar la designación de su sustituta, la ex diputada gobiernista Mosha “Ofelia” Taitelbaum, preguntó si la nueva funcionaria, impuesta por el presidente Oscar Arias Sánchez, sería capaz de investigar a la contraparte nacional de Infinito Gold”, hasta ahora desconocida.

En la misma línea, desde el presidente Arias, su hermano el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, ministros y funcionarios como el presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ricardo Sancho, han salido en la defensa de un acueducto privado para beneficiar a más de una veintena de inversionistas nacionales y extranjeros en Sardinal de Carrillo, provincia de Guanacaste.

Las empresas, junto con el Gobierno, pretenden dotar de agua a proyectos inmobiliarios y turísticos que incluyen hoteles, villas con piscinas, condominios y centros comerciales, entre otros, utilizando el acuífero de Sardinal, sin tomar en cuenta a la población.

Además, han ignorado estudios de expertos de las universidades públicas como la de Costa Rica (UCR), la de mayor prestigio en el país, y fundamentan sus alegatos en el informe de un experto privado.

Recientemente, funcionarios administrativos de la Municipalidad de Carrillo dijeron que el permiso de construcción del acueducto en mención fue otorgado.

Sin embargo, la comunidad de Sardinal, organizada en el Comité para el Desarrollo, sostiene que “esperamos que la empresa privada o Fideicomiso del Acueducto, junto con el Gobierno, inicien las obras, porque los estaremos esperando”.

La obra se encuentra paralizada desde el primer semestre del 2007, debido a la fortaleza de la organización comunal y el apoyo del movimiento social, que se han opuesto al proyecto por diversas vías, que incluyen acciones legales, estudios científicos y en las calles, con la protesta de los pobladores de Sardinal.

Entre tanto, en Osa, zona sur de nuestro país, a pesar de que Costa Rica adquirió el compromiso de ser un país neutral en carbono o “C-Neutral” para el año 2021 la cobertura boscosa, el recurso hídrico y los humedales sufren la destrucción para dar paso a desarrollos inmobiliarios y turísticos.

Además, la llamada “gema natural” de Costa Rica, se ve amenazada con un proyecto de exploración minera de oro acuífera para desarrollar una explotación a mediano plazo.

A pesar de diversas resoluciones de la Sala IV y del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para poner fin a la tala de árboles y la construcción de viviendas y hoteles en la Fila Brunca o Costeña, reina el silencio y la falta de acción de diversas entidades gubernamentales que supuestamente deben proteger el ambiente para hacer cumplir el compromiso costarricense de “C-Neutral”.

Por otra parte, en las regiones Norte, Sur y Caribe, las extensas plantaciones de piña, al servicio de transnacionales fruteras, son cuestionadas por la contaminación de mantos acuíferos para el consumo humano con los agroquímicos diurón y bromacil, entre otros.

Autoridades del Ministerio de Salud y de Aya han salido, contrario a lo que la población esperaba, en defensa de las empresas fruteras, a pesar de que el envenenamiento de las aguas ha sido comprobado por estudios de laboratorios oficiales.

Como ejemplo, los más de seis mil pobladores de comunidades de Milano y El Cairo, Siquirres, provincia caribeña de Limón, siguen al finalizar este año reciben el agua potable de camiones cisterna ya que el líquido que corre por sus acueductos está contaminado con agroquímicos.

Entre tanto, en la región Huetar Norte el problema más grave es el mal tratamiento que se le da a los residuos de la piña, lo que genera la proliferación de moscas que afectan al ganado vacuno.

Para los dirigentes ambientales como Juan Figuerola, de la Organización Bosques Nuestros, “este Gobierno tiene un doble discurso y tenemos claros cuáles son los intereses que prevalecen en el país”.