Dos meses de prisión preventiva para el Alcalde de Talamanca

Fuente: Nuestro País

San José (elpais.cr).- El desvío de 350 millones de colones de dinero de la Municipalidad de Talamanca, Limón, a cuentas personales del Alcalde Rugeli Morales Hernández, colocaron nuevamente a los gobiernos locales en la picota.

Al caso de Talamanca se suma el del Alcalde de Liberia, Guanacaste, Carlos Marín Muñoz, quien es investigado por varios delitos, tras denuncias del Concejo que enumeró 16 hechos supuestamente delictivos, pero se le investigan cinco.

El Alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Hernández, deberá pasar dos meses en prisión, según ordenó el Juzgado Penal de Hacienda  mientras se desarrolla una investigación por los supuestos delitos de corrupción agravada de funcionarios públicos, peculado y negociaciones incompatibles.

Una medida similar fue dictada contra el asistente de Morales, de apellido Barrantes, según información oficial.

Por su parte, un hijo del alcalde, también de apellido Morales, el Contador Municipal, de apellido Cortés; y el experto en informática, de apellido Bastos, deberán  presentarse a firmar a la Fiscalía de Bribrí, no acercarse a víctimas ni a testigos y tienen impedimento de salida del país.

A los funcionarios se les investiga con el desvío 350 millones de colones, presupuestados para obras municipales pero llegaron a cuentas personales del alto funcionario municipal.

De acuerdo con estudios de Transparencia Internacional, a nivel local no existen en Costa Rica instituciones especializadas en materia de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, existen entes de la administración central que tienen alcance a nivel de los gobiernos locales. Estos son la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa y la Procuraduría de la Ética Pública.

Según la Constitución Política, la Contraloría General de la República es la encargada de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades y fiscalizar su ejecución (artículo 184, inciso 2). Por otro lado, el ente Contralor debe refrendar los contratos de las municipalidades.

Transparencia advirtió que la legislación electoral no contempla el aporte estatal para sufragar  gastos de los partidos participantes en elecciones de regidores y alcaldes. (http://www.transparency.org/regional).

Al no contar con el aporte estatal, los partidos que compiten a nivel local dependen principalmente de las donaciones privadas y de sus propios ingresos. Eventualmente, esta situación los podría hacer susceptibles a tener que asumir compromisos poco transparentes, en detrimento de los intereses de la comunidad.

La CGR ha señalado que las materias más sensibles que han descubierto a partir de sus informes de fiscalización tienen que ver con procesos de contratación administrativa, incumplimiento de las normas técnicas y jurídicas de control interno, control sobre el desarrollo urbano y concesión en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Respecto a la sanción de funcionarios municipales mediante la cancelación de sus credenciales, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428 (1994), emitida a partir de una reforma mediante la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito Nº 8422 (2004), establece:

Será causa para la cancelación de la respectiva credencial, la comisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o suplente, contra las normas del ordenamiento de fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, y contra cualesquiera otras normas relativas a los fondos públicos; o al incurrir en alguno de los actos previstos en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, como generadoras de responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el infractor haya actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.

Cuando la falta grave sea cometida en virtud de un acuerdo del concejo municipal, los regidores que, con su voto afirmativo, hayan aprobado dicho acuerdo, incurrirán en la misma causal de cancelación de sus credenciales.

Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor o de síndico, propietario o suplente, la condena penal firme por delitos contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios y contra los deberes de la función pública, así como por los previstos en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La autoridad judicial competente efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones. (Artículo 73)

Para evitar situaciones de conflictos de interés y de corrupción, el Código Municipal y la Ley Nº 8422 imponen una serie de prohibiciones a los servidores municipales. Entre las prohibiciones establecidas por el Código se puede mencionar:

Tener obligaciones laborales en otras entidades, públicas o privadas.

Participar en actividades vinculadas con empresas o intereses privados que puedan causar evidente perjuicio a los municipales o competir con ellos.

Utilizar o distraer los bienes y recursos municipales en labores, actividades y asignaciones privadas distintas del interés público.

Aceptar dádivas, obsequios o recompensas que se les ofrezcan como retribución de actos inherentes a sus empleos.

Solicitar o percibir, sin la anuencia expresa del Concejo, subvenciones de otras entidades públicas por el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, la Ley Nº 8422 establece:

Los alcaldes y los regidores municipales deben de declarar periódicamente su situación patrimonial ante la CGR. El ente contralor tiene la potestad para investigar sobre la veracidad y exactitud de la declaración. En caso de comprobarse falsedad en la declaración jurada la ley establece una pena de seis meses a un año (artículo 46).

La prohibición a los alcaldes para ejercer profesiones liberales, excepto la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria (artículo 14).

La Ley de Contratación Administrativa establece la prohibición de participar como oferentes (en forma directa o indirecta) en los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a dicha ley. Establece la prohibición a las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones para intervenir ante los funcionarios responsables de las etapas del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, a favor propio o de terceros (artículo 24).

En materia de transparencia, según el Código Municipal las sesiones del concejo deben ser públicas. En este sentido, la ley establece que el Concejo debe publicar en la Gaceta el día y la hora de sus sesiones. El concejo tiene la potestad de reglamentar la participación de los particulares.

El nuevo Código Municipal (Ley 7794 de) incorpora la elección directa de los alcaldes municipales y la potestad de destituir al alcalde mediante plebiscito o mediante remoción de credenciales por parte del TSE. Anteriormente el Concejo Municipal era el encargado de nombrar y remover al ejecutivo municipal.

Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el cantón.