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Fuente: IPS

Base Naval estadounidense de Guantánamo (Crédito: Departamento de Defensa de EEUU)

por William Fisher

NUEVA YORK, 2 jun (IPS) – Expertos legales y activistas por los derechos civiles critican al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por haber mantenido las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, y eligieron a Omar Khadr como su estandarte.

Khadr es un canadiense detenido en Afganistán en junio de 2002, cuando contaba apenas 15 años de edad. Se encuentra encarcelado desde entonces y será el primero en ser juzgado por las comisiones militares en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde que Obama asumió el cargo en enero de 2009.

El mandatario promulgó el mes pasado la Ley de Autorización para la Defensa Nacional, que permite el funcionamiento de “nuevas y mejoradas” comisiones. La norma incluye algunos cambios en los procedimientos para juzgar a los sospechosos de terrorismo.

El gobierno arguye que de esta forma se mejoran las reglas establecidas en la Ley de Comisiones Militares de 2006, aprobada por la administración de George W. Bush (2001-2009) y que la Suprema Corte declaró inconstitucional el año pasado.

Grupos de derechos humanos y expertos legales señalan que, si bien las nuevas regulaciones mejoran las comisiones hasta cierto punto, éstas no sólo siguen siendo innecesarias, sino peligrosas, pues establecen un sistema judicial paralelo de segunda clase.

Además, señalan, los procedimientos en las comisiones militares podrían demorar años.

Gran parte de la campaña contra las comisiones militares se centra en el caso de Khadr.

Éste es acusado de haber lanzado una granada que mató a un médico del ejército estadounidense. Fue enviado a la cárcel de Guantánamo en 2002, donde se encuentra desde entonces sin haber sido sometido a juicio. Washington se ha negado a aplicar en este caso reglas universalmente reconocidas para procesar a menores de edad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su preocupación por el proceso a Khadr, señalando que establecería un peligroso precedente para niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado en conflictos armados.

El director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, señaló en una declaración que el reclutamiento y uso de niños y niñas en hostilidades es un crimen de guerra, y los responsables deben ser juzgados.

“Los niños y niñas involucrados son víctimas y actúan bajo coerción”, indicó, señalando que los ex niños soldado necesitan asistencia para su rehabilitación y reintegración a las comunidades, no condenas ni juicios.

“El proceso contra Omar Khadr podría establecer un peligroso precedente internacional para otros niños que son víctimas del reclutamiento en conflictos armados”, añadió.

Lake fue asesor de seguridad nacional en el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).

Se espera que el juicio a Khadr comience en agosto.

Según la organización Human Rights First, ningún tribunal internacional desde los Juicios de Núremberg (contra las principales figuras del nazismo y sus colaboradores) ha procesado a un menor de edad por supuestos crímenes de guerra.

Unicef señaló que Estados Unidos tenía detenidos a niños soldados en Guantánamo sin hacer la debida consideración de su condición, y concluyó que “se debían evitar los procedimientos penales contra niños y niñas dentro del sistema judicial militar”.

El gobierno de Canadá no ha pedido la extradición de Khadr, el único occidental que permanece detenido en Guantánamo, a pesar de los llamados de Unicef, Amnistía Internacional, la Asociación de Abogados Canadienses y otras organizaciones importantes.

Una revisión del caso en 2009 concluyó que el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad no tomó en cuenta la condición de menor de edad de Khadr ni sus repetidas denuncias de haber sido víctima de abusos. También determinó que el canciller canadiense Lawrence Cannon mintió cuando señaló que Khadr había fabricado bombas para matar a soldados de su país.

La fiscalía de las comisiones militares cree que las reformas adoptadas por el Congreso legislativo garantizarán que los procesos sean justos y que se obtengan sentencias firmes. Además, anunció que algunos sospechosos de terrorismo serían juzgados en tribunales civiles federales.

Pero muchos discrepan. Uno de ellos es Chip Pitts, presidente del Comité en Defensa de la Declaración de Derechos y conferencista en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford.

“Es una muy mala señal que la administración de Obama decida comenzar los juicios con el caso del niño soldado, a quien sus interrogadores lo amenazaron con violarlo: el ciudadano canadiense Omar Khadr, quien ni siquiera ha sido acusado de ningún crimen de guerra”, dijo a IPS.

“La ausencia de limitaciones de edad, juzgando a menores que aún no han desarrollado plenamente su cerebro, es sólo uno de los problemas de esas comisiones”, sostuvo.

“Su existencia, su operativa y procedimientos contradicen claramente las leyes, los tratados y las políticas en las que Estados Unidos se ha comprometido a proteger los derechos humanos”, añadió.

Medio mundo cómplice de las cárceles secretas

Fuente: IPS

por Gustavo Capdevila

GINEBRA, 3 jun (IPS) – Un detallado documento debatido este jueves en la ONU, que no fue rechazado de plano por ninguno de los países involucrados, confirmó el empleo de cárceles clandestinas en la lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, que hasta ahora era un secreto a voces.

La detención secreta de personas ya había sido parte de los crímenes contra la humanidad cometido en los años 70 y 80 por las dictaduras de América Latina. Pero el método se expandió hacia otras regiones con el lanzamiento por parte del gobierno estadounidense de George W. Bush (2001-2009) de su guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Además de esos centros de detención, los mecanismos de represión al terrorismo utilizados por los estados también incluyeron desde 2001 la práctica de “entrega extrajudicial”, que consiste en trasladar a presuntos terroristas a otros países donde pueden ser torturados.

El informe, encomendado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y elaborado por cuatro expertos independientes del foro mundial, expone en detalle los aspectos de esas actividades ilegales y también de los vuelos organizados para desplazar a los supuestos terroristas, con escalas en numerosos estados cómplices.

Se trata de un documento importante porque recoge en una sola pieza una información que se conocía desde hace tiempo, pero de manera fragmentada, dijo a IPS el representante de Amnistía Internacional para la ONU en Ginebra, Peter Splinter.

El texto concentra su atención en demostrar el alcance de la detención secreta como un problema mundial y también como un asunto real de este momento, insistió.

Los autores del documento fueron el finlandés Martín Scheinin, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el austriaco Manfred Nowak, relator sobre la tortura, la paquistaní Shaheen Ali, vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, y el sudafricano Jeremy Sarkin, presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas.

El informe de los expertos de la ONU asegura que son muchos los estados que recurren a la detención secreta de personas, aduciendo intereses de seguridad nacional que a menudo se ven como amenazas o emergencias sin precedentes o se presentan como tales.

El derecho internacional prohíbe claramente la detención secreta, que infringe varias normas de derecho humanitario que no admiten excepción en circunstancia alguna, sostiene el documento que examinó el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano político en esa especialidad de la ONU, como subrayó intencionadamente Scheinin.

El empleo de la detención secreta equivale en la práctica a sustraer a los detenidos del marco legal y dejar sin sentido las garantías que establecen diversos instrumentos internacionales, en particular el recurso de hábeas corpus, reflexiona el informe.

Los expertos recomiendan la prohibición expresa de la detención secreta, junto con cualquier otra forma de prisión no oficial.

Hay que llevar registros de detención inclusive en tiempos de conflicto armado como exigen los Convenio de Ginebra, que establecen el tratamiento debido a los combatientes y a la población civil en caso de guerras.

Scheinin se mostró satisfecho por la reacción del Consejo. Ha salido mejor de lo esperado, comentó. El informe ha sido controvertido, pero ahora parece que existe el reconocimiento de que el tema es lo suficientemente serio para no trivializarlo con obstáculos procesales, puntualizó.

El experto resaltó que algunos países enfrentados originalmente al informe, como Egipto, se abstuvieron de hablar en el debate. Otros manifestaron sus puntos de vista en tono más fuerte, como los casos de Siria, Rusia y de Argelia, que habló en nombre del Grupo Africano.

Ciertos países, como Etiopía, China, Nepal y Canadá, expusieron casos muy específicos.

En cuanto a Estados Unidos, mencionado profusamente en el informe junto a su Agencia Central de Inteligencia (CIA) por sus políticas antiterroristas posteriores al 11 de septiembre de 2001, la experta Ali estimó que su delegada, la embajadora Eileen Donahoe, respaldó el informe aunque expresó algunas preocupaciones por la metodología empleada en su elaboración.

Scheinin señaló a IPS que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha fracasado en su intención proclamada, apenas asumió el cargo en enero de 2009, de clausurar el centro de detención de Guantánamo, la base naval que ese país posee en la isla de Cuba.

Desde el punto de vista del derecho internacional, eso significa que Washington sigue violando sus obligaciones de derechos humanos al no haber cerrado esa prisión ni tampoco haber sometido a juicio a las personas allí encarceladas, agregó.

Sin embargo, el experto manifestó que comprende la situación política interna en Estados Unidos. El gobierno es incapaz de hacer algo porque los legisladores le prohíben apelar a las opciones disponibles. La presión se trasladó ahora a los esfuerzos por comprometer a terceros países para que reciban a los detenidos en Guantánamo, indicó.

La lista de países y territorios mencionados en el informe de la ONU es muy extensa en cuanto a los diferentes grados de participación o complicidad en los casos de detención secreta, de entrega de prisioneros o de facilitación de vuelos de traslado.

El documento menciona en algunas de esas violaciones a Tailandia, Polonia, Rumania, Afganistán, República Checa, Uzbekistán, Marruecos, Lituania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Siria, Pakistán, Iraq, Jordania, Egipto, Etiopía, Yibuti, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Italia y la ex República Yugoslava de Macedonia.

No es un problema, como algunas delegaciones parecieron sugerir, que compromete a sólo a ciertas naciones. Involucra a muchos, con la complicidad de muchos servicios de inteligencia y de policía, apuntó Splinter.

Esas características resaltan la importancia del problema que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad internacional tienen que abordar, añadió el representante de Amnistía Internacional.

El documento dedica numerosos párrafos a describir el principal antecedente de los actuales abusos de detenciones secretas, como fue la coordinación en los años 70 y 80 entre dictaduras de América del Sur en el llamado Plan Cóndor, que involucró principalmente a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con conocimiento del gobierno de entonces de Estados Unidos.

Silvia Cao, representante de Argentina, recordó que la dictadura de su país (1976-1983) llegó a retener ilegalmente a 14.500 personas en centros clandestinos, que eran verdaderos campos de concentración y cuya existencia el régimen negó permanentemente.

Argentina se declara profundamente preocupada porque la detención secreta sigue siendo aplicada en diversas partes del mundo, con múltiples pretextos, como el estado de emergencia, las guerras internacionales o la lucha contra el terrorismo en el mundo entero, dijo Cao.

Por su parte, Lourdes Boné, delegada de Uruguay, expuso que los centros de detención secreta, así como los abusos a que se prestan a veces las declaraciones de estado de emergencia, las prácticas de detención arbitraria y la desaparición forzada de personas fueron recurrentes en su país en tiempos de la dictadura cívico-militar (1973-1985).