Artículo publicado en Amauta con permiso del autor

por Eugenio Jiménez H.

Recientemente a través de distintos órganos de prensa, doña Ofelia Taitelbaum Defensora de los Habitantes, lanza en ristre, acomete con una aparente posición de “defensa” de los grupos que ella denomina “vulnerables” y que impulsan un referéndum para someter al debate nacional la Ley sobre los derechos de la población gay  para obtener los mismos derechos de que gozan las uniones de las parejas heterosexuales costarricenses.

El discurso de la Defensora se reviste de una aparente defensa de esos sectores, descalificando desde ya el referéndum porque según lo señala, se trataría de un proceso homo fóbico que por el solo hecho de debatir sobre la condición actual de los gay comportaría una posición discriminatoria, agregando de manera cínica – en el buen sentido del término – que:

“La razón principal de la Defensoría es que el referendo pondría en riesgo “el pleno goce de los derechos fundamentales de un sector de la población”, si el resultado de la consulta fuese negativo” (En el periódico La Nación del jueves 3 de junio del 2010)

Y todavía más, en el pronunciamiento que publica La Defensoría de Los Habitantes en el medio informativo   El Pregón.org del 2 de junio del 2010,   llama pasmosamente la atención la elucubración  que hace acerca de una realidad jurídica que no existe, que parece ser extraída  del pensamiento de la señora defensora, inventando algo que no se da en el mundo real que vive el sector gay en su  la condición  de discriminación, veamos:

“La persona que se encuentra en un vínculo con otra del mismo sexo ostenta, como parte del abanico de derechos que le reconoce el Ordenamiento Jurídico nacional, el derecho humano a la dignidad, a la no discriminación, a la libertad, a la justicia, a la intimidad como derivación de su derecho a la autodeterminación y reconocimiento y respeto de su plena personalidad jurídica, derecho a fundar y vivir en familia, el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión.”

Como se puede apreciar, La Defensoría intenta confundir la condición jurídica de ciudadano común con la condición de un sector social que está  en condición de discriminación histórica tal lo reconoce esta defensoría, en cuanto a esa discriminación cuando señala, en referencia al referéndum:

“ Además de considerarlo un acto discriminatorio en sí mismo, preocupa a la Defensoría de los Habitantes las consecuencias que conlleva la exposición ante la opinión pública de iniciativas tendientes al reconocimiento de derechos a poblaciones históricamente discriminadas, en el tanto la discusión pública del tema tiene en la sociedad como resultado la acentuación de los prejuicios en contra de ellas.”

¿Se trata entonces de no debatir, de no encarar socialmente las terribles desigualdades que  carcomen día  a día nuestro cuerpo social? ¿Para defender los derechos de las minorías discriminadas debemos bajar la cerviz ante el presunto  peligro a perder derechos que no se tienen ni se gozan?

¿A qué derechos fundamentales se refiere la señora Defensora? ¿Acaso lo que busca el Referéndum no es sino que se debata sobre los derechos fundamentales que hoy precisamente se encuentran  cercenados para  ese sector de la comunidad nacional?

Y para finalizar con las citas de afirmaciones relevantes en las distintas entrevistas, la señora defensora afirmó en relación a este referéndum que :

“Se trata de una batalla ya perdida para los sectores proponentes pues son sectores vulnerables de nuestra sociedad…” así expresado, palabras más palabras menos, en el Noticiero de Canal Siete, del 2 de junio 2010, edición vespertina.

En el fondo trasluce doña Ofelia, en nombre de sus “defendidos”, una posición terriblemente conservadora  mediática en su entraña, la que sesga de antemano un proceso en sí democrático desde su raíz:  el referéndum, instrumento a través del cual la sociedad costarricense tendría la tarea de encarar de forma directa y participativa, el rumbo que ha definido al día de hoy, en cuanto a las libertades  y derechos de los nacionales que han elegido una determinada forma de vivir sus relaciones afectivas y filiales de manera diferente a otros sectores sociales.

Deslegitimar de antemano ese debate nacional previendo una pérdida en el futuro  referéndum de los grupos interesados, o afirmando que son suficientes las garantías jurídico-constitucionales para el sector, o reafirmando terribles perjuicios y temores ante la inminencia de la discusión nacional, es en el fondo privilegiar el tabú,  no querer encarar o más bien seguir ocultando las aberraciones de las que grandes sectores sociales son presa en este tema, precisamente por la ausencia de un debate democrático y participativo, por la pasmosa  ausencia de información, por el desprecio gratuito e inhumano dirigido a esos sectores, por el cercenamiento de espacios libres  de prejuicios negados a los conciudadanos que han optado por una forma distinta de vivir y de asumir su vida afectiva y sexual, pero además discriminados desde el mismo marco jurídico nacional, lo que denota la necesidad de revisar en cuanto a este aspecto y otros igualmente sensibles, una vieja Constitución Política hija de un período patriarcal de profunda raigambre  conservadora. ¿Tendrán que seguir viviendo cautivos nuestros hijos y todas las futuras generaciones y además avergonzadas por temas en los que la ignorancia primitiva les ha impuesto el tabú como forma de abordaje y de reflexión?

El referéndum por el que nuestra población encaró la viabilidad del Tratado de Libre Comercio, nos dejó el rico sentimiento de haber cumplido la tarea de aportar a la decisión de un paso trascendente en la historia de este país. ¿Quién podría  afirmar que este otro referéndum acerca de la diversidad sexual no guarda una importancia igual para la salud cívica nacional que aquel del Tratado?

Doña Ofelia se inscribe una vez más en esa naturaleza conservadora propia de su raigambre política y social, ubicándose más a la derecha que algunos sectores de la Iglesia Católica que hoy se  manifiestan abiertos al debate por la vía  del referéndum, no obstante que desde sus púlpitos pretenderán hacer su propia  tarea tal y  como lo harán todos los sectores cívicos interesados, unos a favor y otros en contra, e ahí la riqueza del debate. Por el contrario la Defensora prefiere que todo siga igual, que sean algunos diputados que terminen sepultando el proyecto, que el debate se postergue por todos los siglos venideros y que sus “defendidos” – los gays – sigan constituyendo esa minoría eternamente cautiva, marginada de los más elementales derechos de la civilidad contemporánea,  ¿acaso sacar a la luz nuestras falencias como sociedad que se ufana de ser la campeona de la democracia mundial no es ya un paso importante en esa eterna mejoría a que todos aspiramos en esta sociedad? Es necesario comprender la nefasta urdimbre conservadora de ese doble discurso cuyo objetivo central es frenar la lucha propuesta tras un doble discurso contradictorio, irreal y lleno de prejuicios, y  por demás cínico de la presunta Defensora de los costarricenses, nuevamente se encienden luces rojas y digámosle  No nos defiendas “Comadre”.