Artículo publicado en Amauta con permiso del autor
AP/Arnulfo Franco
Por un lado, el presidente Martinelli decidió viajar a Grecia – la tierra de Onassis – para asistir a un congreso internacional de navieros. Le aseguró a los dueños de las flotas marítimas más grandes del mundo que reducirá los costos de la mano de obra que comandan sus naves y, a la vez, que será flexible en materia de seguridad exigida por la ley internacional.
Por el otro, dejó en la Asamblea de Diputados el proyecto de ley más extraño que haya redactado Ejecutivo alguno en la historia panameña. Desconociendo el reglamento interno del parlamento panameño, así como las leyes y la propia Constitución Política, el presidente Martinelli le envió a los diputados un proyecto que pretende poner fin al derecho de huelga, eliminar a los sindicatos, acabar con los estudios de impacto ambiental y avalar los abusos (incluso asesinatos) de la Policía Nacional.
Los diputados de la bancada de la alianza gubernamental – Cambio Democrático, Panameñistas y MOLIRENA – aprobaron la iniciativa en segundo debate a pesar de contar con el repudio de toda la sociedad panameña.
La aprobación de las nueve reformas – total que incluye el proyecto – contribuye directamente a la expansión y consolidación del crimen organizado en Panamá. Atraerá a inversionistas asociados a la mafia internacional. Además, la eliminación de los sindicatos abrirá para Panamá un período de represión contra los trabajadores. Los cierres de calles y los enfrentamientos violentos se recrudecerán en los próximos años.
Al mismo tiempo, la erradicación de los estudios de impacto ambiental generará mayores conflictos en áreas que se están transformando para acomodar intereses mineros, hidráulicos y turísticos. El proyecto le dará “licencia para matar” a los miembros de las fuerzas del orden que portan armas. En otras palabras, ni los policías o sus jerarcas serán responsables de sus actos criminales. Este proyecto de ley está hecha a la medida del crimen organizado que contará con esbirros dentro de la propia Policía Nacional.
Los diputados no justificaron las reformas que contiene el proyecto de ley. Admiten que no conocen su origen ni sus consecuencias. Sin embargo, insinuaron que eran necesarias para que las ganancias de inversionistas nacionales e internacionales puedan aumentar sin enfrentar resistencia de los panameños. El presidente Martinelli prometió que su gobierno beneficiaría a los empresarios. Sin embargo, el cambio que todos esperaban se desinfló y el país está siendo secuestrado por el crimen organizado.
Marco A. Gandásegui, hijo es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
