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Artículo publicado en Amauta con permiso y por medio de América Latina en Movimiento

Arte con fines ilustrativos

por Miguel Palacín Quispe

Un año después, la Masacre de Bagua sigue siendo motivo central de nuestra reflexión y evaluación.  Porque nos mostró, principalmente, el valor de la manera en que los pueblos indígenas tomamos decisiones, que es el único modo de construir una verdadera unidad.  Y también porque graficó el nulo respeto por la vida y por los derechos de parte del gobierno, capaz de matar para favorecer la invasión a nuestros territorios y el saqueo de nuestros bienes naturales por parte de las multinacionales.

Bagua nos demostró también la vigencia y el protagonismo político del movimiento indígena andino y amazónico en el Perú.  Hoy no solo nos hemos visibilizado, sino que nuestras propuestas y demandas forman parte del debate y la agenda política nacional.

Otra de las lecciones de Bagua es que los derechos no se demandan, los derechos se ejercen.  Y los pueblos indígenas tenemos derecho a la autodeterminación, que significa mantener nuestras formas ancestrales de relación con la Madre Tierra, con nuestros territorios, nuestras propias formas de gobernarnos, de elegir y ejercer la autoridad.  Esa manera de la que hablaba al principio, donde las decisiones se toman en las comunidades, por consenso, y nuestros apus cumplen el mandato de sus pueblos.

Si no fuera así, la movilización amazónica no hubiera durado todo el tiempo que duró.  Fue la decisión y la lucha de las bases, junto con la lucidez y entrega de los dirigentes, la que hizo que esa movilización remeciera al país y conmoviera al mundo.

Y por eso también la brutal respuesta represiva del Estado.  Porque el gobierno tembló de miedo al ver la solidaridad nacional y mundial con la movilización amazónica, al saber que los pueblos indígenas teníamos razón y al notar que su sistema de dominación y su modelo de saqueo se tambaleaba.

Hablamos de un modelo que multiplica las concesiones mineras, forestales y petroleras en el ande y la amazonía, privando a los pueblos indígenas de sus medios de vida, que pretende arrasar con nuestros derechos reconocidos en tratados internacionales, que vulnera también la soberanía nacional firmando tratados de libre comercio totalmente desfavorables para el país, que criminaliza nuestra protesta, persiguiéndonos, enjuiciándonos y encarcelándonos, que da a sus fuerzas armadas y policiales licencia para asesinarnos, como ocurrió en Bagua hace un año.

Porque para intentar legalizar la vulneración de nuestros derechos, el gobierno de Alan García emitió un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta, preparando el camino para el paquete legislativo del TLC con Estados Unidos, un conjunto de 102 decretos inconstitucionales, frente a los cuales los pueblos indígenas supimos reaccionar con indignación, con dignidad, con decisión de lucha y con unidad.

Nuestra lucha logró la derogatoria de tres de esos decretos.  Para eso fueron necesarias 34 muertes que conmovieron al mundo, convocando una solidaridad nacional e internacional nunca antes vista.  El Perú se unió en una histórica Jornada Nacional de Protesta el 11 de junio del 2009, como no se veía una igual desde hacía treinta años.  Y a nivel internacional, los organismos de las Naciones Unidas, las entidades de derechos humanos y los movimientos sociales en general hicieron llegar desde todos los rincones del planeta mensajes de repudio a la Masacre de Bagua y de solidaridad con las justas demandas de nuestros pueblos indígenas.

Esta presencia protagónica de los pueblos indígenas en el Perú no es un hecho aislado, sino que se suma a los procesos de visibilización y articulación de los pueblos indígenas en todo el Abya Yala, donde desde nuestra diversidad compartimos el amor por la vida, la identificación con la Pachamama y el orgullo de nuestra identidad ancestral, uniéndonos en la común demanda de pleno ejercicio de nuestros derechos y en la construcción colectiva de nuestras propuestas centrales: el Buen Vivir y los Estados Plurinacionales Comunitarios.

Después de la Masacre de Bagua, los organismos de las Naciones Unidas, como el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, formularon al gobierno peruano una serie de recomendaciones, entre las que quiero destacar tres: formar una comisión investigadora independiente e imparcial, debatir y aprobar una Ley Marco de los Pueblos Indígenas y una Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, todo esto con plena participación de los propios pueblos indígenas.

La primera de las recomendaciones es una tarea pendiente.  La Comisión del Congreso emitió hasta tres informes y la otra comisión emitió un informe totalmente tibio, que no señala responsabilidades en el Estado y atribuye falsedades a los pueblos indígenas, al punto que dos de sus integrantes se negaron a firmarlo y emitieron su propio informe.

La Ley de Consulta fue debatida y aprobada por el Congreso de la República.  Las organizaciones indígenas la veníamos demandando hacía mucho tiempo, porque hace más de quince años que el Estado peruano se hizo parte del Convenio 169 de la OIT.  Tal vez sin la Masacre de Bagua esta norma hubiera seguido siendo largamente postergada.  No es una ley perfecta, pero para eso estamos los pueblos indígenas, para ampliar su alcance y para hacerla cumplir.  Ya hemos demostrado que podemos hacerlo.

Y con respecto a la Ley Marco para los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) tiene una propuesta: seguir el ejemplo de Bolivia y otros países y dar carácter de Ley Nacional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Un año después de la Masacre de Bagua, seguimos reflexionando, evaluando y consolidando la unidad de los pueblos indígenas, esa unidad y esa decisión que están haciendo retroceder al Estado y haciéndole entender que ya no puede seguir ignorando nuestra existencia, que reprimiéndonos no nos hará callar y que no tiene otra alternativa que empezar a desarrollar políticas públicas interculturales.  Porque en eso sí debemos estar muy claros: los pueblos indígenas no queremos inclusión, no nos interesa ser incluidos en un modelo que desprecia la vida.  Los pueblos indígenas exigimos un Estado que reconozca y valore nuestra diversidad, desarrollando políticas públicas interculturales.

Miguel Palacín Quispe es Coordinador General CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)

Un año de la masacre de Bagua

Fuente: La Jornada

por Raúl Zibechi

El movimiento indígena peruano se apresta a recordar el primer aniversario de la masacre de Bagua con movilizaciones y jornadas de lucha en todo el país. El reciente retorno de Alberto Pizango, principal dirigente de la Asociacióón Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a mil 300 comunidades, fortalece el protagonismo de los pueblos amazónicos en la vida política peruana. Pizango retornó de su exilio de un año en Nicaragua, fue detenido y llevado a la justicia, que lo dejó en libertad restringida.

El 5 de junio de 2009, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para conseguir la derogación de los decretos legislativos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, una feroz represión por aire y tierra se saldó con 34 muertos oficiales, 10 indígenas y 24 policías, cuando las tropas pretendieron desalojar a los miles que bloqueaban carreteras. La brutal represión en la Curva del Diablo habría provocado muchos más muertos en filas indias que los reconocidos oficialmente, según denuncia de las organizaciones amazónicas.

Luego de la represión y la persecución de sus dirigentes, los pueblos de la Amazonia consiguieron una resonante victoria al derogar el gobierno de Alan García los decretos más polémicos. Más aún, el 19 de mayo el Parlamento aprobó la Ley Marco de Consulta Previa que estipula que los emprendimientos mineros deberán pasar por una fase de consulta con los pueblos. Aunque no recoge todas sus demandas, se considera un nuevo triunfo de los pueblos amazónicos.

Los conflictos sociales en defensa del ambiente vienen escalando en Perú. La Defensoría del Pueblo estableció que en los seis primeros meses de 2009 hubo 273 conflictos sociales, siendo 47 por ciento relacionados con temas socioambientales, de los cuales 71 por ciento son conflictos relacionados con la actividad minera. Respecto del año anterior, los conflictos se duplicaron, lo que revela que las comunidades están cada vez menos dispuestas a tolerar la actividad de la minería transnacional que contamina fuentes de agua y provoca daños a la salud de la población. Desde que se instaló el régimen de Alberto Fujimori en 1990, los sucesivos gobiernos apostaron a la expansión de la explotacióón minera como eje del crecimiento económico. Alan García pretende parcelar 63 millones de hectáreas de la selva en propiedades de cinco a 20 mil hectáreas, para fomentar la inversión.

El levantamiento amazónico puso en cuestión el Estado-nación peruano. Muchos analistas hablan de una crisis irreversible del modelo estatal heredado de la Colonia. “Es una crisis que no es coyuntural sino estructural, con lo cual estaríamos llegando a una etapa de cambio de era”, escribió el historiador Manuel Burga poco después de la masacre de Bagua (La República, 28 de junio de 2009). En su opinión, se está llegando a una situación inédita por la cual “un nuevo modelo de nación va a exigir un nuevo modelo económico”.

Nuevos movimientos que provienen de la periferia, que exigen autonomía y reclaman “ya no sólo respeto a los individuos, sino respeto a las colectividades”. En suma, se está ante un viraje de larga duración en la historia de las luchas sociales del país, ya que hasta ahora el protagonismo siempre lo tuvieron las organizaciones campesinas quechuas de la sierra, y antes los sindicatos obreros.

Rodrigo Montoya, antropólogo muy cercano a los movimientos indios, sostiene que se trata de la segunda gran rebelión amazónica. La primera la protagonizó Juan Santos Atahualpa en 1742, en la selva central. Resistió a los ejércitos coloniales y nunca fue derrotado. La segunda es ahora. “Han cuajado un liderazgo suficientemente capaz como para presentar una alternativa que no es sólo para los pueblos indígenas, sino para la sociedad peruana en su conjunto”. Añade que se trata de un movimiento plural y diverso que, al igual que el chiapaneco, “está ofreciéndole al mundo un horizonte, una ilusión, una perspectiva, otros valores, ideas y sueños”, dijo en el debate Territorio, movimiento indígena y buen vivir.

Alberto Pizango es un emergente de esa nueva generación de dirigentes. Tiene poco más de 40 años, es profesor y trabaja como maestro bilingüe en las comunidades nativas. Forma parte del enorme contingente de maestros bilingües, buenos conocedores de las dos culturas ya que se han graduado en las ciudades. Un caso similar es el de Mario Palacios, presidente de Conacami (Confederacióón Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), la organizacióón que agrupa a cientos de comunidades que vienen resistiendo a las multinacionales en todo el país. En su opinión, las nuevas organizaciones postulan “una nueva forma de democracia, que es comunitaria y se expresa en el concepto del ‘mandar obedeciendo’”.

El veterano luchador por la reforma agraria y ex guerrillero Hugo Blanco sostiene que la rebeldía de los pueblos amazónicos representa la irrupción de un nuevo sujeto, “los menos domesticados por la modernidad”, que están llamados a cambiarle la cara al país y, muy en particular, a los sectores que resisten y se organizan en movimientos antisistémicos.

El gobierno de Alan García está acosado por varias denuncias de corrupción y se muestra cada vez más alineado con las grandes empresas. Pese a su escasa popularidad, tejió una alianza con Keiko Fujimori, la hija del dictador sentenciado y en prisión, que le garantiza las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar a cambio de un muy favorable régimen carcelario para su padre. El frente social está agitado. Para mediados de junio se anuncian paros de 24 horas en el combativo Sur (Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua, Taca, Apurímac y Madre de Dios) para impedir la exportación del gas de Camisea y la construcción de la hidroeléctrica de Inambari, que inundará decenas de comunidades. La región andino-amazónica está siendo sacudida por levantamientos indígenas en defensa de los bienes comunes.