Artículo publicado en Amauta con permiso y por medio de Centro para el Desarrollo Indígena

Vendedora de alcatraces, por Diego Rivera

Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas

Las lideresas indígenas participantes del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, tomando en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho de todas las personas, agradecemos al Poder Judicial de Costa Rica que reciba una representación de cinco lideresas de nuestra agrupación.

Considerando que el tiempo que tendrán las compañeras para dialogar será poco, les entregamos un documento con algunas preocupaciones e inquietudes generales que tenemos y que quisiéramos compartir, esperando que este encuentro de frutos para una relación a más largo plazo y con posibilidades de capacitación hacia nosotras.

Quiénes somos

La Comisión Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas (CENAMUI), de Costa Rica, se creó en julio de 2008, con la facilitación del INAMU. Esta Comisión la formamos mujeres lideresas que pertenecemos a los ocho pueblos indígenas, con una representante de cada territorio (hasta donde es posible), más una indígena ngäbe migrante. Somos aproximadamente 24 mujeres que nos hemos venido reuniendo y que tenemos como objetivo principal, afirmar un espacio político-cultural de encuentro, en donde definimos estrategias de solución a los problemas y demandas que surgen dentro y fuera de los territorios indígenas y que afectan a las mujeres indígenas.

En estos dos años, el espacio se ha convertido en un canal para que lideresas indígenas de todos los territorios nos reunamos y dialoguemos con representantes de instituciones, que de otra forma en nuestras comunidades nos sería sumamente difícil.

Derecho tradicional de los pueblos indígenas

Solicitamos que el Poder Judicial apoye a las comunidades indígenas en el respeto del derecho tradicional el cual se ha visto desvalorizado y en algunas comunidades casi se ha perdido por completo, debido a las instituciones que nos ha impuesto el Estado, por ejemplo las Asociaciones de Desarrollo.

Los pueblos indígenas existen desde antes de la invasión española y por lo tanto desde antes de que se creara el país Costa Rica, no obstante al Estado costarricense, antes de darse a la tarea de conocer nuestras culturas y respetarlas, tomó la vía fácil para él, y nos exige que tengamos en cada territorio una Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), con la cual las instituciones públicas se han venido relacionando directamente, dejando de lado la organización tradicional, en contra de lo que establece el Convenio 169.

Dejando claro que no todas las Asociaciones de Desarrollo indígena son iguales, como por ejemplo en Talamanca y en Curré estas funcionan democráticamente. Queremos expresar que en otros territorios las Asociaciones de Desarrollo Indígena han generado daño a nuestras costumbres ya que las ADI se han transformado en espacios en donde el presidente y sus colaboradores deciden la suerte de nuestras comunidades. Además, la mayoría está formada por hombres y cuando aceptan a una mujer en la junta directiva, sólo la ponen para que haga tareas domésticas.

Por ejemplo, hoy el presidente de la ADI es el que decide si una familia tendrá bono de vivienda o no, ya que el BANHVI le ha otorgado el poder de ser el único que puede dar el aval que asegura que una persona es indígena y vive en la comunidad. Las ADI hoy son las que deciden qué maestros se contratan y cuáles no, aunque ellos mismos casi no sepan ni leer, esto por una interpretación del Decreto MEP 22072; esta situación ha producido una gran cantidad de demandas. También deciden, cuando una pareja se separa, si a la mujer se le otorga tierra o no, una vez que ella queda sola, ya que se les ha dado la autoridad para definir sobre la materia. Estos son algunos casos, que demuestran que hoy un presidente de una Asociación puede decidir cuestiones importantes en una comunidad, atribución que tradicionalmente nunca había tenido. Antiguamente las personas con autoridad en la comunidad eran aquellas con conocimientos profundos de la cultura, que hubieran demostrado que luchaban por la justicia en su pueblo, que toda la comunidad los ponía en el puesto por méritos.

Creemos que hay que abrir un diálogo con el Estado costarricense para que estas injusticias se acaben, para que se restablezcan las organizaciones tradicionales. Para esto, es necesario que nos informemos mutuamente, es decir, que funcionarios/as se interesen por conocer el derecho indígena tradicional y que a su vez mujeres y hombres indígenas seamos capacitadas/os sobre el sistema judicial del Estado costarricense y ver la forma de llevar la tranquilidad a las comunidades y por lo tanto a las mujeres, ya que con las Asociaciones de Desarrollo hemos sido las más perjudicadas.

Derecho indígena

Pensamos que es necesario que funcionarias/os se capaciten y especialicen, especialmente jueces/sas en conocer el sistema de protección a los pueblos indígena, tanto internacional como nacional. Que sepan aplicar de manera justa el Convenio 169 y la Ley Indígena. Que reconozcan la existencia de los pueblos indígenas previa a la creación del Estado costarricense y basados en la equidad apliquen sus resoluciones, reconociendo nuestras diferencias y el derecho que nos corresponde.

Pensiones alimentarias

Si una mujer pone una denuncia de pensión alimentaria, generalmente terminan favoreciendo a los hombres y aunque una persona esté devengando un buen salario demostrable, muchas veces el juez o jueza decide montos pequeños de pensión, quisiéramos conocer qué criterios se aplican para establecer los montos.

La pensión alimentaria es vital para la subsistencia de niños y niñas que se ven afectada por esta, no obstante en muchas comunidades indígenas no llegan las notificaciones debido a que se aduce que por problemas de distancia  no es posible hacerlo. También se justifica dificultad para conocer los domicilios en los territorios, creemos que se deben buscar formas en las cuales participen las mujeres de la comunidad para apoyar a que las pensiones lleguen a su debido tiempo.

Algunos hombres indígenas han sabido aprovecharse de las pensiones alimentarias, han visto una forma de tener dinero efectivo cuando no tienen salarios y terminamos las mujeres siendo buscadas por la policía ya que nos demandan para que les paguemos cuando se termina la relación. Esto se debe principalmente a que las mujeres desconocemos cómo funciona la justicia no indígena, porque no tenemos recursos para salir de las comunidades y pedir ayuda o porque en ocasiones y dependiendo el pueblo al que pertenezcamos, no hablamos bien el español. Tal es el caso de la señora cabecar Edith Aguilar García, de Punta Lanza, Namandí, quien no habla español y el esposo le puso pensión y ella no tiene medios económicos ni entiende lo que le está pasando. La Asociación de Desarrollo Indígena – ADI la había estado ayudando para pagar, pero ya no lo hace y últimamente andaba escondida en la montaña ya que la policía la buscaba para detenerla. Queremos saber qué se hace en estos casos, a qué lugar se va para pedir ayuda si ni siquiera se habla español.

Uniones de hecho

Las mujeres y hombres indígenas generalmente no nos casamos de la manera que ustedes lo hacen, con solo vivir juntos ya damos por sentado que estamos teniendo una relación formal, no obstante, debido al poder que han adquirido las Asociaciones de Desarrollo (ADI), la mayoría de las veces cuando una pareja termina la relación, la mujer se queda sin derecho a la tierra y o a su vivienda, ya que la ADI la mayoría de las veces dictamina a favor del hombre. Una parte de la solución de este problema es volver a nuestras organizaciones tradicionales, pero si en este momento no existen, tenemos la posibilidad de poder ratificar frente a una jueza o juez de familia que estamos en unión de hecho (antes de que se inicien los problemas), así, si se da una separación podamos las mujeres acudir fuera de nuestros territorios a pedir justicia. No obstante esto se hace difícil ya que hay que ir hasta los centros en donde existen estos juzgados, lo que implica dinero, conocimiento de cómo se hace esto o pereza de los hombres de ir hasta un lugar alejado para sólo decir que estamos en una relación de pareja. Para esto, y para tramitar otras causas frente a dichos juzgado, pedimos que se realice un programa de visita regular a las comunidades, por más distantes que se encuentren.

Violencia intrafamiliar

Existe el problema de que si una vive en una comunidad muy alejada de los centros urbanos y pone una denuncia por agresión, luego no tenemos forma de que nos llegue información de cómo va el trámite de la denuncia o nos llegue protección contra el agresor. Nosotras tenemos pocas posibilidades de salir de nuestras comunidades y la justicia estatal no llega a nosotras porque vivimos lejos.

Creemos que en un país de derechos, el acceso a estos derechos debería existir para todas las personas, no solo para las que están cerca de las ciudades. Por ejemplo la compañera Lucrecia Morales, de la comunidad de Alto Pacuar del Pueblo Cabecar, informa que junto a un grupo de mujeres pusieron una denuncia de violencia hacia una mujer, pero nunca les llegó la información de cómo se había resuelto esa denuncia. Cuando pudieron ir a Turrialba a preguntar cómo iba todo, les comunicaron que ya había prescrito. Les dijeron que tenían que poner las direcciones muy exactas para poder mandar las notificaciones, no obstante eso es difícil en algunos lugares como Chirripó u otros territorios indígenas. Por esto creemos que si se respetaran las organizaciones tradicionales de los pueblos y el Estado coordinara con nuestras organizaciones de mujeres, se podrían solucionar muchos de estos aspectos. Todo esto en el entendido que las Asociaciones de Desarrollo no son las organizaciones tradicionales que nos representan.

Gobernabilidad de los territorios

Muchas veces Presidentes corruptos de Asociaciones de Desarrollo cuando desean ser reelegidos y saben que la comunidad no lo hará, se aprovechan y buscan personas no indígenas para lograr sus propósitos. Por esto, deseamos conocer cómo hacer efectiva la resolución de la Procuraduría quien dictaminó que no debe haber personas que no sean indígenas en las Asociaciones de Desarrollo Indígena, no obstante estas aún participan en ellas y cuando se presentan estos casos a DINADECO, esta institución responde que no hay manera de saber quién es indígena. Sin tomar en cuenta que tenemos un derecho ancestral que dictamina quién es indígena y quién no lo es, que son las personas mayores de la comunidad que conocen el árbol genealógico.

Tierra y territorio

Creemos que es importante que se entienda las diferencias que existen entre los 8 pueblos indígenas que viven el país (malekus, huetares, chorotegas, teribes, bribris, cabécares, brunkas y ngäbes) y las dinámicas distintas que se dan en los 24 territorios. De esta manera, si un programa del Poder Judicial prueba ser exitoso en un territorio, no quiere decir que funcione de igual forma en todos, debido a que los pueblos indígenas no somos iguales, tenemos diferentes idiomas, cosmogonías, creencias, sistemas de parentescos, formas de uso de la tierra, etc.

Sobre este tema queremos en primer lugar resaltar que las instituciones públicas no comprenden el valor y significado que tienen la tierra y los territorios para nosotras las indígenas. Les cuesta entender que nuestros territorios son el espacio en el cual desarrollamos nuestra cultura, historia y nuestra identidad. Por esto el reclamo que hacemos por el derecho a un territorio está relacionado a nuestra sobrevivencia como pueblos. También, no conocen que cada pueblo indígena tiene una relación diferente con su territorio, de acuerdo a su cultura. Por esto les  invitamos a conocer sobre estas relaciones para que se den con justicia las sentencias que emiten.

Aún seguimos teniendo problemas de usurpación de tierra por no indígenas en nuestros territorios, aunque el Estado costarricense en el año 1977 emitió la Ley Indígena la cual dice que las tierras son exclusivas de las comunidades indígenas, y que además tienen la característica de que son inalienables, imprescriptibles y no transferibles. Aunque parecía que con esta Ley Indígena se comenzaba una nueva era en las relaciones con el Estado costarricense, ya que se reconoce que las mismas son “propiedad de las comunidades indígenas”, se sigue teniendo el problema de la presencia de no indígenas en nuestros territorios.

Necesitamos que se ratifique la prohibición de la minería a cielo abierto en los territorios indígenas.

Se dan muchos problemas legales debido a que es necesario hacer una investigación de la condición de las propiedades que se encuentran en manos de personas no indígenas, como por ejemplo, en Talamanca, una propiedad en Shiroles, frente a ACOMUITA en donde se piensa hacer un colegio, la cual es reclamada por Douglas Lazo así como las 46 hectáreas ubicadas en el territorio cabécar de Gavilán Canta, también reclamadas por la familia Lazo. Igual cosa pasa en Suretka, Shiroles, Amubri, Sepecue, Shina Kichá, entre otras.

También se están dando problemas de tierra debido a que hace falta que se haga en Talamanca un nuevo monitoreo de los límites de los territorios entre bribris y cabécares, así como con Panamá. Estas delimitaciones tienen muchos años y hace falta arreglarlas y volver a demarcarlas para evitar problemas, en las comunidades no tenemos dinero para esto.

También se presentan problemas de tierra debido a que no hay escritura del territorio de Kéköldi y muchas compañeras se ven afectadas por esto.

En Talamanca anda mucha gente indocumentada, que nadie sabe quién es, tanto nacionales como extranjera, esto ha hecho que nuestra seguridad como mujeres y de nuestras hijas e hijos se vea en peligro, además es gente que ocupa terrenos en zonas que no hay control policial. Quisiéramos que los oficios del Poder Judicial sirvieran para interceder con las autoridades correspondientes para mejorar esto.

Pedimos que se hagan respetar los 50 metros de zona marítima inalienable, y con respecto a los 150, que se reconozca el derecho de uso de las familias que estaban ahí antes de la ley. Y no se exploten los recursos naturales que están en los 50 metros-

Pedimos que aquellos juzgados en donde se ven causas sobre usurpación de territorios indígenas, se empapen en la resolución de la Sala Constitucional (Voto 6856-05), en la cual se echa por la borda toda una campaña que desde hace algunos años viene haciendo la CONAI al decir que esta es un “ente representativo indígena”, señalado la Sala que más bien es una entidad gubernamental.

La venta de licor en los territorios indígenas: En la comunidad de Gavilán Canta, en Talamanca, entran muchos carros que venden licor y están generando muchos alcohólicos, violencia doméstica, adolescentes que beben mucho. Las mujeres han puesto dos denuncias, pero la policía les ha dicho que no puede allanar los carros. Además, dicen que eso es cultural y no pueden intervenir. No obstante la ley es clara que no se puede vender licor en los territorios indígenas. Y si es venta ilegal, es una contravención. Pero no sabemos exactamente qué hacer para parar esto y hace pocos días sucedió un hecho que preocupa a Maricela Fernández, presidenta del grupo de mujeres cabécares de esa zona, ya que un día las mujeres cansadas de no ser oídas, esperaron un carro que vende licor y lo apedrearon y no dejaron pasar al vendedor. No queremos que en las comunidades indígenas de Costa Rica empiecen a darse situaciones como estas, que se dan por ejemplo en Guatemala, lo que ha llevado a una violencia difícil de detener y a crear zonas sin control de la ley.

Pedimos la pronta acción de las autoridades pertinentes de la policía y el Poder Judicial para que nos apoyen y capaciten para saber cómo y dónde se ponen denuncias sobre estos problemas y para que dialoguemos para poner en nuestros territorios a funcionar el derecho tradicional indígena, con la participación de hombres y mujeres, para poder actuar en situaciones como estas, desde una legalidad tradicional, en coordinación con las autoridades nacionales.

En Talamanca Cabecar las comunidades con más problemas son Gavilán Canta y China Kiché por el licor y la violencia.

Traductores/as en juicios

Creemos que las mujeres indígenas también tenemos que tener oportunidades para ser traductoras del Poder Judicial. Esto llevaría también a la necesidad que nos capaciten para entender los términos y poder traducir apropiadamente.

Queremos que las mujeres indígenas que han sido agredidas encuentren en otra mujer un apoyo cuando va a ser atendida en el tema de violencia y que hablen el idioma.

Viáticos para movilizarse en citas a juzgados

Solicitamos que nos indiquen en las comunidades la forma de acceder a viáticos cuando somos citadas por los juzgados: por ejemplo, a quién se solicita, cómo se solicita, en cuánto consiste el monto de ayuda, etc.

Acceso al Poder Judicial

Quisiéramos que el Poder Judicial tenga un programa de atención y acercamiento a las mujeres de las comunidades indígenas, de los diferentes territorios. Que consista tanto en acercar los servicios a las indígenas, como darnos capacitaciones para comprender cuál es el papel del Poder Judicial. También para que las y los funcionarios conozcan de cerca las realidades indígenas.