Artículo publicado en Amauta con permiso de Servindi

Fuente: Servindi

Fuerzas represivas han dejado 4 muertos y centenares de heridosResumen de los hechos en la movilizaciones populares. (Credito: Tribuna Popular)

por Héctor Huertas González

Cuando en 1925, Nele Kantule y Simral Colman tomaron la decisión muy delicada de defender la integridad de su pueblo a toda costa, lo hicieron por el racismo de los gobernantes hacia los indígenas. Hoy, 85 años después de esa revolución, vemos cómo los gobiernos de Torrijos y ahora el de Martinelli violan los derechos humanos de los indígenas.

En 2007 contra el Pueblo Kuna de Madungandi; en el 2008 contra el Pueblo Ngäbe de Charco la Pava, y en 2009 contra el Pueblo Naso. En todos estos casos los manifestantes fueron reprimidos con el uso de la fuerza indiscriminada: allanamientos, gases lacrimógenos y perdigonazos, causando lesiones personales y dejando a cientos privados de libertad, incluyendo a niños y mujeres.

Tanto el sistema de protección de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son irrespetados por el Gobierno. Las instancias nacionales como la Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial son mudos, por no decir cómplices de la impunidad de los gobernantes, porque su escogencia tiene matiz político y en política todo se negocia, hasta los derechos humanos.

Mientras el Gobierno se llena la boca con palabras como: “derechos humanos”, “estado de derecho”, “democracia” e “igualdad”, en la práctica toman acciones deplorables que solo puede tomar un Ejecutivo henchido del poder y que se considera absoluto para hacer y deshacer a su antojo; toman decisiones tan inhumanas como reprimir a manifestantes con perdigonazos disparados a la cara, dejando un saldo de muertos y ciegos.

Esto demuestra que no solo la violencia juega un papel importante en la toma de decisiones tan bárbaras como las sufridas en Changuinola, sino que la discriminación y el racismo hacia los indígenas parece ser un argumento mayor para llevar a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar esas decisiones, secundadas por los responsables políticos que se retratan así mismos cuando se refieren a estos grupos étnicos como “indios, borrachos y manipulados”. En países realmente democráticos estas autoridades estarían en las cárceles.

El racismo es producto de la ignorancia y ha sido causante de genocidios y flagrantes e inhumanas violaciones de los derechos humanos. Lo de Changuinola no es casual, es producto de una política racista, promovida por los sectores con poder económico de los que el Presidente es parte, no solo para acallar la voz de los sin voces, sino para apropiarse de las tierras y recursos de los pueblos indígenas.

Ser indígena en Panamá es peligroso. Las autoridades indígenas deben exigir respeto por parte del Gobierno nacional, pedir a la Procuraduría General que investigue penalmente a los responsables de estos hechos, y denunciar a los gobernantes por racismo ante los organismos internacionales.