Indultado en 1979 y luego condenado por 37 delitos de estafa en 1988

El ex presidente Miguel Angel Rodríguez.(Foto: Nuestro País)

Uno de los imputados en el caso ICE-Alcatel, el más sonado escándalo de corrupción de la historia de Costa Rica, estuvo en prisión y fue indultado en el Gobierno del ex presidente Rodrigo Carazo Odio (q. d. D. g.), según actas del Consejo de Gobierno celebrado el 7 de agosto de 1979.

Dichas actas se conservan en el Archivo Nacional, de los cuales Elpais.cr tiene una copia. (ver al final de la nota tres certificaciones, dos del Consejo de Gobierno y otra de la Dirección Ejecutiva del Registro Judicial).

Esos documentos evidencian que, de un numeroso grupo de privados de libertad quienes habían solicitado el indulto total, solo al ahora imputado, Joaquín Alberto Fernández Alfaro y a otro preso les concedieron el beneficio carcelario.

Las actas fueron firmadas por el entonces mandatario y el secretario del Consejo de Gobierno, Bernardo Carrillo Díaz.

Sin embargo, esa no fue la única vez que Fernández ha tenido que enfrentar a un tribunal y fue encontrado culpable.

Según el Registro Judicial, contra quien fuera directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el Tribunal de Heredia dictó una pena de 39 años de cárcel por dos delitos de estafa mayor y 35 delitos de libramiento de cheques sin fondos, el 8 de abril de 1988. Condena que quedó reducida a seis años de cárcel por haberse ejecutado en concurso material, tal y como consta en una certificación del Poder Judicial.

El documento también señala que los 37 delitos se cometieron entre abril de 1983 y junio de 1984.

Pese a todos esos antecedentes penales, Fernández fue nombrado en la Junta Directiva del ICE, unos diez años después de cometidas las estafas.

A él, en el caso ICE-Alcatel, la Fiscalía le atribuye haber recibido $1.2 millones (más de ¢600 millones) por parte de la empresa francesa de telecomunicaciones como parte de una serie de dádivas pagadas a cambio de obtener una licitación para instalar las líneas GSM, en nuestro país, lo que equivale a más de 400 mil líneas celulares que el ICE compró, en el año 2001.

En este nuevo proceso judicial, a Fernández le imputan un delito de corrupción agravada derivada del cohecho impropio (artículos 340 y 342 del Código Penal), que es cuando un funcionario público recibe una dádiva u otra ventaja indebida o acepta la promesa de una retribución para hacer un acto propio de sus funciones, el delito es agravado porque la dádiva tenía como objetivo la celebración de contratos en los cuales estaba interesada la administración a la que pertenece el funcionario.

El dinero habría sido recibido por Fernández por medio de una sociedad en la que figura como presidente de Bosques del Olimpo, proveniente de la cuenta que la firma Servicios Notariales Q. C. tiene en el Cuscatlán Internacional Bank de Bahamas.

Servicios Notariales Q. C. es una sociedad del abogado Luis Adrián Quirós Carmona, la cual recibió $9.6 millones (unos ¢4 mil 800 millones) provenientes de Alcatel. Ese dinero se utilizó para realizar transferencias por $2.4 millones (más de ¢1.200 millones), además de a Fernández, al también ex directivo del ICE, José Antonio Lobo.

La reincidencia de Fernández, así como de otras personas en cometer delitos tras ser indultados por el Consejo de Gobierno pone en entredicho la política costarricense para otorgar ese beneficio, ya que han sido decretados para favorecer a gente condenada sin tomar en cuenta dudas en el proceso.

Actualmente, además del ex directivo del ICE, figuran como imputados el ex asesor del ICE, Guido Sibaja Fonseca; el ex ingeniero del ICE Rodrigo Méndez Soto; el ex subjefe del ICE, Eduardo Enrique Fonseca García; el ex gerente de la empresa Alcatel para Costa Rica, Edgar Valverde Acosta; el abogado Luis Adrián Quirós Carmona; el empresario Alfonso Guardia Mora, así como el ex diputado socialcristiano Eliseo Vargas García.

A los nueve imputados la Fiscalía de Delitos Económicos los acusa de concusión, corrupción agravada derivada de cohecho propio, penalidad del corruptor derivada de cohecho impropio, enriquecimiento ilícito, fraude de simulación y favorecimiento real.

Asimismo, como demandados civiles están las empresas Servicios Notariales QC S.A., la Finca Salitral de Esparza S.A., Gambusinos S.A., Punto de Negocios LQCS S.A., La Selva de la Marina S.A., Quantica de Servicios S.A. y Alcatel-Lucent France.

Elpais.cr ofrece tres documentos, de nueve, de interés público, con el propósito de colaborar en el debate sobre la política de indultos a privados de libertad, así como la designación de funcionarios en puestos políticos en instituciones del Estado.