Un grupo de treinta dirigentes indígenas de diferentes territorios del país se reunieron el día de hoy durante tres horas con el Doctor: James Anaya, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; Maia S. Campbell, Consejera Mayor – Coordinador, del proyecto de apoyo a la O.N.U para Reportes Especiales sobre Pueblos Indígenas; y Sara Nuero, Oficial en Derechos Humanos Asociada, de las Naciones Unidas. El Dr. Anaya, arribó este día al país en visita oficial para verificar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas costarricenses que han sido denunciados por los propios indígenas.

En el encuentro los indígenas denunciaron la permanente inacción del estado costarricense para respetar, implementar y hacer cumplir las leyes nacionales, los convenios y declaraciones que ha sancionado en materia de derechos humanos y de lo pueblos indígenas informaron al Relator, y le presentaron entre otros casos:

James Anaya

- La situación de la tenencia de la tierra por parte de los indígenas y la invasión de sus territorios por no indígenas con la complacencia y respaldo de la CONAI.

- La negativa del poder ejecutivo y del partido de gobierno para que la Asamblea Legislativa apruebe el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

- Las declaraciones públicas de la señora Presidente, en el sentido de que en su gobierno los pueblos indígenas no son su prioridad.

- La agresividad del gobierno nacional para anunciar al país una supuesta iniciativa para desarrollar la región, iniciativa que no forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”.

- La ilegal e ilegítima invasión del ICE al Territorio Indígena de Térraba para construir el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH DIQUIS), y a la vez está causando serios enfrentamiento entre indígenas a través de la contratación de personal indígena.

- La sistemática negativa del ICE de entregar la información del PH DIQUIS al pueblo Térraba.

- La campaña directa e indirecta del gobierno nacional y del ICE que busca mostrar “generosidad” hacia los indígenas y al mismo tiempo hacerlos ver como opositores al desarrollo nacional. Estas acciones pueden crear en el subconsciente nacional una actitud de racismo de la población nacional hacia los indígenas.

- La imposición de las Asociaciones Indígenas de Desarrollo (ADIs) como gobiernos indígenas; el respaldo de la administración gubernativa actual a la nefasta CONAI, entidad gubernamental indigenista única en su género por lo menos en Latinoamérica, que entre otras muchas de sus acciones se encuentran su oposición a la: Aprobación de la Ley de Cedulación que otorgó la nacionalidad costarricense a los Ngöbes; Aprobación del Convenio 169 de la OIT; Aprobación del Proyecto de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas; y al desarrollo indígena desde su propia cosmovisión. Por otro lado la CONAI apoya tenencia de la tierra por parte de no indígenas en los territorios indígenas, a pesar que estas tierras han sido declararas inalienables desde 1956.

Los indígenas hicieron énfasis en que no necesitan la generosidad del estado nación y menos a cambio de entregar su tierra, sus recursos naturales y de la biodiversidad. La prensa nacional de hoy publica la entrevista con el Alcalde de Buenos Aíres, Puntarenas, quien declara que apoyará el PH DIQUIS si le conceden una serie de obras, entre ellas un acueducto para su ciudad, la que temporalmente crecería en población con empleados de la construcción del PH DIQUIS, pero para esta ciudad los únicos lugares de donde pueden obtener agua es de los territorios indígenas y estos territorios ninguno tiene acueducto y menos agua potable. Es una obligación del estado brindar los servicios a los indígenas y esto lo debió hacer desde hace mucho tiempo y no ahora que quiere despojarlos de sus tierras y sus recursos.

Los líderes indígenas solicitaron al Relator su gestión ante el gobierno del estado nación y al ICE para:

- La inmediata suspensión de la campaña directa e indirecta a través de la cual señala que si en el futuro hay faltante de energía eléctrica en el país es por culpa de los indígenas.

- La inmediata suspensión de todo tipo de trabajo en el PH DIQUIS y la salida del ICE del Territorio Indígena de Térraba.

- La inmediata entrega de toda la información relativa al PH DIQUIS al pueblo Térraba, para su información y análisis.

- El absoluto respeto al derecho indígena al CONSENTIMIENTO, LIBRE, PREVIO E INFORMADO antes de continuar por el PH DIQUIS.

Los indígenas concluyen expresando que el establecimiento del diálogo con el estado nación y el ICE es posible, siempre y cuando:

- El gobierno nacional realice el saneamiento de las tierras indígenas – que las tierras indígenas estén en manos de indígenas.

- Se apruebe el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente Legislativo 14,352.

- El ICE salga del Territorio Indígena de Térraba.

- El gobierno cumpla e implemente las leyes nacionales, declaraciones y convenios internacionales en materia de derechos indígenas aprobados por el país.

Por su parte el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la ONU, manifestó que su función es escuchar, promover el dialogo y buscar una solución. Que hace un año recibió de organizaciones indígenas informaciones sobre la situación de los derechos indígenas en Costa Rica, estudió la documentación, pidió informaciones al gobierno costarricense, tuvo reuniones con el gobierno y pidió ser invitado al país para venir a investigar en el sitio. Que tendrá muchas reuniones con instituciones públicas, embajadas, agencias de la ONU en el país, Asamblea Legislativa, y universidades. Visitará Térraba y finalmente se reunirá con el gobernó para darle a conocer sus impresiones iniciales de lo que pudo observar en el país. Que previo análisis dentro de los estándares internacionales de los derechos humanos y derechos indígenas, elaborará su informe con observaciones y recomendaciones prácticas que puedan llevar al respeto de los derechos indígenas, producto del análisis Derechos Humanos de la ONU, el mes de setiembre de este año.