El sinuoso derrotero político y legislativo para anular o atenuar la vigencia de la vergonzosa ley de caducidad desembocó en derrotismo, de aún inciertos alcances y consecuencias, no sólo para el FA sino para las izquierdas de este siglo, dondequiera que residan y cualquiera sea el contexto político que enfrenten. A pesar de los cien mil ciudadanos consecuentes que marcharon silentemente anteanoche por Montevideo y de las muestras de solidaridad desde muchas otras latitudes, que también contribuyen a morigerar la carga del importante desliz sufrido en diputados.
Todos los movimientos políticos o sociales contestatarios, encontrarán en su agenda una o varias luchas pendientes contra alguna forma de impunidad, ya que buena parte del mundo vivió en las últimas décadas, o vive actualmente, bajo regímenes sistemáticamente violatorios de los DDHH y con una gran proporción de criminales vivos, aún impunes. Tan inconclusa y contradictoria resultó la modernidad que casi no hay ejemplo histórico reciente que no porte consigo muestras del horror y su encubrimiento. Las particularidades nacionales no deberían esconder los hilos conductores de todas estas experiencias tardíamente modernizadoras en su querella contra las tragedias políticas modernas. Cada choque contra la impunidad en cada país o región, con sus nombres propios y los dramas vitales de sus víctimas y sus allegados, es siempre una alícuota de una totalidad que reclama el cumplimiento de uno de los tres pilares elementales de la revolución burguesa del siglo XVIII, recurrentemente negado hasta el siglo XXI: la simple igualdad formal que supone la ciudadanía y su sumisión a la justicia.
La propia diseminación geográfica y de épocas expresa elocuentemente que no se trata de algún fenómeno aislado de sadismo, desviación o exceso, o de lucha entre facciones, sino de una emergencia endémica regular de la inconsecuente modernidad misma, de una compulsión tanática aún irrefrenable para el propio sistema de dominación. Por lo tanto, no es tarea sencilla luchar contra la impunidad de los otrora dueños de la vida y la muerte, de los poderes del estado, de la comunicación y de la economía, en suma, de los criminales (incluso ya derrotados). Tampoco ha resultado hasta ahora muy efectiva la acción desplegada para llevarlos a juicio y acceder a la verdad, aunque no sea grato admitirlo. No sólo en los países del sur de América, asolados por terrorismos de estado en los ´70 y ´80, sino en el (ideológicamente denominado) “mundo desarrollado”. Por poner algunos ejemplos, España no pudo dar un sólo paso para investigar los crímenes del franquismo y cuando el juez Garzón insinuó hacerlo, fue políticamente linchado y jurídicamente paralizado. Francia encubrió completamente su podredumbre colaboracionista nazi y Alemania sólo juzgó a los máximos jerarcas del Tercer Reich o de los campos de exterminio. Israel ha contribuido tanto a la denuncia y procesamiento de los criminales nazis cuanto a encubrir a sus propios asesinos en territorios palestinos ocupados y a sus aliados en proporcionales ejercicios invasores en otras regiones.
Inversa y curiosamente, un país como Argentina, de una enorme debilidad institucional, con su consecuente ausencia de separación de poderes y altísimos niveles de corrupción, está avanzando en el juicio y castigo a los genocidas, mucho más que lo que su historia explicaría (y que países en mejores condiciones institucionales, desde los europeos hasta el propio Uruguay, sugerirían poder lograr). Creo que este raro y atractivo ejemplo se explica mucho más por la voluntad política del poder ejecutivo que por la derrota del aparato militar luego de la fallida guerra de Malvinas, permitiendo extraer algunas conclusiones sobre el rol potencialmente clave de este poder del estado si es realmente coherente, unificado y diligente (cosa que no ha sucedido con el actual poder ejecutivo uruguayo, al menos con la cancillería) aunque ninguna experiencia sea mecánicamente extrapolable ni la actitud cívica fácilmente comprensible.
La posibilidad de aprehensión de la aquiescencia, genuflexión y hasta indiferencia de una proporción generalmente mayoritaria de las sociedades civiles ante el horror, reconoce un carácter pluricausal. Evidentemente juegan factores emocionales, económicos, de deseo de tranquilidad y ausencia de conflicto, entre tantos otros, que no son necesariamente compasivos, sino una proyección ilusoria de paz, consagratoria de la impunidad. No pretendo descartar la potencia del chantaje de los poderosos, sus vinculaciones aún vigentes con los grandes medios de comunicación que actuaron en complicidad con el terrorismo, la colaboración externa desde los países terroristas imperiales, entre muchas otras razones del poder inmunizador, pero prefiero evitar la complacencia de atribuirle monocausalmente la responsabilidad al poder enemigo, ya que obtura como pantalla el descubrimiento de nuestras propias debilidades.
La iniciativa y posterior aborto de la sanción de la ley interpretativa, produjo un par de paradojas. La primera es que generó una unificación discursiva y organizativa del arco opositor, al tiempo que produjo crisis y potenciales rupturas en el propio FA. Fue justamente el Frente quién reivindicó para sí el principio de unidad de acción en la diversidad (aunque no siempre respetado a nivel parlamentario) quebrándolo en este caso. Inversamente, los tres partidos que poseen algunos sectores minoritarios contrarios a la ley de caducidad, plantaron sus 49 diputados en sala, haciendo gala de una disciplina propia de las mejores épocas estalinistas. No reprocharé al diputado Semproni haber argumentado contra el proyecto de ley, ya que ningún parlamentario debería estar obligado a sostener públicamente los argumentos mayoritarios de su bancada sino los suyos propios, aunque sí debe acatar las resoluciones que ésta adopte. En una contratapa reciente en La República antes de su rediseño, a propósito del debate y votación del mismo proyecto de ley en el senado, en la que expresé mis reparos al proyecto de ley interpretativo, señalé sin ambages mi acuerdo y respeto por la actitud del (ahora ex) senador Huidobro de exponer con libertad su punto de vista y a la vez acatar la decisión de su fuerza política de votar favorablemente, a pesar de su opinión personal en contrario. Tampoco es feliz el término elegido por Semproni para referirse a su actitud, ya que los ejemplos cotidianos de “inmolación” que recibimos, lamentablemente los encontramos en el terrorismo islámico individual. Si algo no necesita el FA son supuestos mártires o héroes.
La segunda paradoja es que el retrógrado y monárquico instituto del veto que el Presidente Electo rechaza utilizar, con inmejorable criterio, fue ejercido virtualmente en la práctica por sólo uno de los 66 legisladores frenteamplistas sobre los que recaía la ejecución del mandato partidario, que, insisto, resulta totalmente independiente de su opinión personal o la de su sector político.
En la contratapa aludida, citaba una interrogación lúcida del abogado Errandonea, que respondía con la inexistencia de un plan B, en caso de fracasar la aplicación de la iniciativa parlamentaria, por la hipotética declaración de inconstitucionalidad de la CSJ, cuya conversión en ley, tácitamente descontaba. ¿Y ahora? ¿Existe un plan C con la ley de caducidad vigente ante el rechazo de la interpretativa? Mi conclusión de entonces fue que la propia ley de caducidad tenía flancos muy vulnerables (en los artículos 3 y 4 sobre todo) al romperse el presupuesto tácito de sus redactores y votantes parlamentarios originales, de que el poder ejecutivo esté en poder de alguna fracción de ellos y no como ocurre ahora en manos del Frente. De lo contrario, el ex Presidente Vázquez no hubiera podido contribuir al enjuiciamiento de los principales criminales. En consecuencia, queda en manos del poder ejecutivo la posibilidad de llevar hasta sus últimas consecuencias la desinscripción de la aplicabilidad de la ley de caducidad en las causas de denuncia pasadas y futuras por violación de los DDHH. Aunque como sostiene el constitucionalista Pérez Pérez, haya que resolver jurídicamente el peligro de prescripción. Basta con que el Presidente Electo enuncie públicamente su intención de recibir todos los casos y de proceder a considerarlos fuera de los alcances de la ley de caducidad.
Difícilmente queden más llamados de atención para la izquierda, luego de esta experiencia que intentó desconocer los precedentes provenientes de las bases militantes, de una parte de sus electores del 2004, y en consecuencia, de una importante proporción de la ciudadanía. Y no sólo en lo que a DDHH respecta. Tal vez este juicio tenga un carácter particularmente conservador, pero creo que antes de aventurarse a osadías creativas inspiradas en las mejores intenciones de justicia será necesario reconstruir en el FA y hacia la sociedad, el impulso de su capacidad política, de movilización y su potencia comunicativa y transformadora. No es que antes no tuviera también momentos de irresolución dramática al momento de definir algunas prácticas e iniciativas, pero cierto ensimismamiento en las urgencias tal vez lo venga llevando a perder la confianza en el papel colectivamente relevante de la sociedad y de su participación directa en las decisiones cardinales.
Quizás sea momento de volver a interrogar al programa originario y a sus propósitos organizativos e institucionales, donde el protagonismo popular y sus dictámenes adquirieron estatuto de mandato irrevocable.
Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
