Documento expone las mentiras de gobernantes y altos funcionarios

Una investigación interna a funcionarios medios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), reveló innumerables ilegalidades cometidas en Sardinal, Carrillo, provincia de Guanacaste, para proteger la inversión de un grupo de desarrolladores inmobiliarios.

En Sardinal, más de una veintena de desarrolladores pretenden construir un acueducto para suministrar agua potable a hoteles, piscinas, residencias y villas con piscinas, centros comerciales y canchas de golf, entre otras, para lo que han contado con el apoyo del aparato estatal.

(Foto: Archivo / Nuestro País)

Con ese propósito, se quiere construir el acueducto Sardinal, El Coco-Ocotal, explotando el manto acuífero, que nutre a la comunidad, para lo que se basaron en un informe privado, elaborado a la medida para justificar el beneficio para los desarrolladores, sin tomar en cuenta la afectación de las actuales y futuras poblaciones de la zona.

Una copia del documento, entregado a Elpais.cr por la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca, sostiene que para permitir la construcción del mega acueducto, los funcionarios permitieron levantar diversas obras privadas, sin exigir los respectivos estudios y permisos de construcción, así como la perforación de pozos para extraer agua.

Sobre la investigación, Gadi Amit, vicepresidente de Confraternidad Guanacasteca, lamentó que a pesar de tantas ilegalidades que se han juntado en el caso Sardinal, las autoridades no lleven ante los tribunales de Justicia a los responsables.

Inclusive, resaltó que quienes elaboraron las conclusiones de la investigación no hayan recomendado procesar al supuesto principal responsable, el ex presidente Ejecutivo de AyA, Ricardo Sancho. “Eso viola la norma que obliga a un funcionarios conocedor de un delito a denunciarlo ante las autoridades judiciales”, apuntó Amit.

Como ejemplo, mencionó que 24 horas después de que se había solicitado la viabilidad ambiental a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Sancho hubiera viajado a Guanacaste para anunciar la aprobación de ese requisito.

La viabilidad fue anulada posteriormente por irregularidades como la falta de un estudio hidrogeológico, la aprobación de los planos del proyecto y el permiso y estudios del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), para explotar el acuífero, entre otros.

Contrato ilegal

Del estudio efectuado se determinó que la Junta Directiva del AyA aceptó como garantía de la construcción de la obras de infraestructura del proyecto ampliación del acueducto el Coco-Ocotal, la constitución del fideicomiso de acueducto Playas del Coco, sin conocer el contrato de fideicomiso.

Sobre el particular, Ricardo Sancho, indicó lo siguiente: “La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no entró a conocer el fideicomiso como tal y su clausulado por lo que en concordancia con la petición del punto a) nunca fue aportado a esa Junta Directiva, ni avalado ni aprobado”, a pesar de que en medios de comunicación defendió tal convenio.

“Al respecto, debe indicarse que si bien ese contrato no lo suscribió el Instituto y no requiere de su aprobación para su validez por su carácter privado, la Administración al aceptarlo como garantía de las obras para los fines de los artículos 38 y 39 de la Ley de Planificación urbana, tenía el deber de conocer su contenido, máxime si este se designaba al AyA como Fideicomisario Principal. Debido a dicha omisión, no conocieron, en principio, que en el clausulado de dicho contrato se establecían obligaciones que rozan con el ordenamiento jurídico.(…)”, asegura el documento al referirse a la declaración de Sancho.

Igualmente, el documento sostiene que se autorizó el proyecto “sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados.

Además, se registró la ejecución de obras, “sin contar de previo con los permisos de las entidades competentes como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el pago de los impuestos municipales.

Investigación

Las irregularidades están detalladas en la Resolución 2011-016, de AyA, entregada en San José, a las 09:00 horas del día lunes 17 de enero del 2011, rubricada por la abogada Yessenia Flores Rojas, del Órgano Director del Procedimiento, de la que Confraternidad Guanacasteca tiene copia y que entregó con este medio.

El documento, de 398 páginas, es fruto de un Procedimiento Ordinario de Investigación Disciplinaria contra los servidores: Roylan Álvarez Barrantes, Ejecutivo Experto en Sistemas de Aguas Producción y Distribución, en la Región Chorotega; Germán Araya Montezuma, funcionario en la Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos en la Región Chorotega, como Director Especialista en Sistemas Agua, Gestión; Giovanni García Flores, Ejecutivo Experto Sistemas de Aguas Administración y Proyectos.

Además, contra Luís Palma Vargas, Ejecutivo Especialista Sistemas de Aguas Administración y Proyectos, de la Sub-Gerencia Sistemas Periféricos Región Chorotega; Marco Solano Salazar, Director General de Sistemas de Aguas, Producción y Distribución en la Región Chorotega; Walter Ramírez Mena, Director General de Sistemas de Aguas en Administración de Proyectos; y José Luís Arguedas Negrini, Director Experto de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN), de Programación y control.

Irregularidades

Entre diversas irregularidades señaladas, está la construcción de obras civiles referidas a las mejoras al acueducto del Coco-Ocotal con financiamiento privado en aplicación del artículo N° 38 de la Ley de Planificación Urbana, sin los permisos de construcción, visados de planos por parte de Ministerio de Salud, visado de planos de Colegio Federado de Arquitectos y cualesquiera otros entes gubernamentales o públicos de carácter no estatal que debían autorizar dicha construcción.

Además no se contó al inicio y gran parte de la construcción de las obras con la viabilidad ambiental correspondiente otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La investigación detalló que Arguedas Negrini informó a la Junta Directiva de AyA “en una forma inapropiada a lo que realmente estaba sucediendo con la construcción de las obras y que según los hechos expuestos era de conocimiento pleno del funcionario”.

Por otro lado, refiere que los funcionarios no ejercieron un adecuado control y fiscalización a la construcción de las obras referidas al tanque de 5000 m3, ya que “además de haber inspeccionado y permitido la construcción de un tanque de almacenamiento de 2500 m3 sin las aprobaciones respectiva a que dispone el artículo N° 21 de la Ley Constitutiva de AyA”.

Señala también la responsabilidad por haber presuntamente autorizado la puesta en operación de los pozos de abastecimiento de agua potable que se localizan en la Comunidad de El Coco y los cuales pertenecen al proyecto del Fideicomiso y no a a la entidad estatal.

Advierte que los funcionarios pusieron en operación esos pozos privados, que solo en energía eléctrica de febrero 2008 hasta el mes de setiembre del año 2009 muestra una facturación mayor a los seis millones colones.

El informe detalla que originalmente se habló de que el proyecto fue presupuestado en su totalidad en aproximadamente ocho millones de dólares, pero el resultado del esfuerzo de los desarrolladores involucrados fue de seis millones y medio recolectados.

Por ello, funcionarios de AyA propusieron replantear el proyecto con los fondos disponibles a ese momento, haciendo lo siguiente: “Construir los tanques de captación a la mitad de tamaño o bien, difiriendo una parte de los mismos. Especial atención reviste el tanque de 5,000m3 ya que construir por ahora 2,500m3 trae consigo un ahorro importante que nos acerca a la posibilidad de los fondos colectados. (…)”.

A ese respecto, Sancho Chavarría informa al Comité Técnico Fideicomiso El Coco-Ocotal, mediante oficio PRE-2007-0775, “se iba a revisar y readecuar el proyecto sin que se afectara la concepción, para que posteriormente pudiera ampliarse a las condiciones propuestas”.

“Ante la solicitud planteada y tomada en consideración el informe técnico realizado por la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Institución, le indico que todos los cambios solicitados son aceptados, excepto en lo referente a los tanques de almacenamiento, en donde es preponderante, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, construir en una primera etapa el tanque de almacenamiento de 5000 m3 y en dos etapas posteriores, dos tanques de almacenamiento de 1000 m3 cada uno.(…)”.

Viabilidad ambiental

La viabilidad ambiental es un pre requisito para el inicio de la construcción de las obras. La aprobación de la viabilidad debe ser solicitada por el desarrollador del proyecto ante la Setena.

El AyA presentó la solicitud de viabilidad ambiental el día 12 de setiembre del 2006 mediante el Documento de Evaluación Ambiental (D1) al cual, se le asignó el N. de expediente administrativo D1-7812006-SETENA.

La SETENA emitió la resolución N. 2219-2006 el día 22 de noviembre el 2006 en la cual, textualmente en su “Por lo Tanto” resuelve lo siguiente:

“A efecto de continuar con el proceso de evaluación ambiental, se le solicita al desarrollador la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (Formulario D1)”.

“El formulario tiene un formato preestablecido en el cual, se asignan puntajes a las diferentes categorías de posibles impactos ambientales. El puntaje total la SETENA establece si se requiere una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, un plan de gestión ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental.”

“La documentación presentada a la SETENA llevó a un valor de SIA6 de 87 puntos con lo cual, se requeriría únicamente la presentación de la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. (…)”

Conclusiones

Es importante señalar que de acuerdo con la carta de intenciones firmada entre el AyA y la empresa Coco Water S.A., la institución tiene un carácter de organismo consultor y fiscalizador per no desarrollador excepto en lo concerniente a la perforación y equipamiento de los pozos nuevos.

Por esta razón, la presentación del formulario D1 debió haber sido efectuada por Coco Water S.A, y no por el AyA ya que con esta acción, la institución estaría adquiriendo responsabilidades que le corresponden al desarrollador y no al diseñador o consultor.

Estas responsabilidades deben estar a cargo del desarrollador y la compañía constructora que selecciones y no como en este caso de la entidad que tiene a su cargo un papel consultor, insiste el documento.

Con respecto al trámite de viabilidad ambiental se concluye lo siguiente: “El trámite no fue concluido por el AyA al no haber presentación de la declaración jurada de compromisos ambientales”.

La documentación presenta fue incompleta, omitiéndose principalmente los siguientes estudios y documentos:

- Planos de catastro y certificaciones registrales (…)

- Estudios geotécnicos, geología básica e hidrogeología, Biología y arqueología.

-No hubo rigurosidad en la revisión por parte de la SETENA lo cual, se manifiesta en un aparente trato especial hacia las instituciones del Estado.

- A la fecha no se cuenta con viabilidad ambiental para el Proyecto de Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal.

- El AyA no es el desarrollador del proyecto por lo cual, este trámite le correspondía a Coco Water S. A. Al presentarlo el AyA adquiere compromisos ambientales que no les corresponden.

Nota: En Elpais.cr preparamos otras informaciones sobre el tema, donde se detallan las irregularidades cometidas por AyA, así como por los desarrolladores y la Municipalidad de Carrillo en la construcción del Acueducto Sardinal, El Coco-Ocotal.