Estoy a favor de la FIV. El rechazo hacia la aplicación de esta técnica, fomentado por la jerarquía católica y los sectores fundamentalistas religiosos, se debe principalmente a que la FIV permite colocar a la reproducción humana en el ámbito del ejercicio de la voluntad y no en el de la aceptación y la resignación ante una supuesta voluntad divina.

La maternidad sigue siendo planteada desde la moral católico-cristiana, como un deber, una obligación, incluso, como una experiencia sin la cual una mujer es un ser incompleto. Y los problemas asociados a la fertilidad son vistos como una prueba que debe ser aceptada con resignación. Así, la maternidad/paternidad son bendiciones, no opciones. Las técnicas de reproducción asistida, entre las cuales se encuentra la FIV, interrumpen ese orden de cosas. Cambian los límites y abren posibilidades.

Ahora bien, critico la forma en que la FIV se ha inscrito en la dinámica capitalista que, apelando a los estereotipos y mitos sobre la maternidad, reforzando las ideas conservadoras asociadas a la reproducción y patologizando todo tipo de infertilidad, ha construido un creciente mercado global mínimamente regulado. Siendo que en nuestra sociedad prevalece esta idea del embarazo/maternidad como una experiencia indispensable para que toda mujer tenga una vida plena, las mujeres que no logran embarazarse sufren una enorme presión social. Y, sea cual sea el problema o condición que lleve a una mujer a someterse a este procedimiento, es ella (y nadie más) quien experimentará los efectos secundarios y los riesgos asociados a la técnica.

Sin embargo, en el debate nacional (si es que le podemos llamar debate al intercambio que sobre este tema se ha dado en nuestro país) sobre la FIV, poco o nada se ha discutido al respecto. El centro de la cuestión ha sido el óvulo fecundado, la mórula o el blastocisto (me reúso a nombrarlo como embrión, porque será embrión hasta tanto esté implantado en el endometrio, antes no). Las mujeres, en esta discusión retrógrada en la que hemos caído como resultado de una resolución de la Sala Constitucional hace una década, hemos sido reducidas a la condición de incubadoras. No somos sujetos morales, no somos ciudadanas: somos úteros.

Una discusión seria y rigurosa sobre la regulación de la FIV debería, en primera instancia, pasar por una valoración crítica de la evidencia científica, con el objetivo de minimizar los riesgos que afrontarán las mujeres que opten (si es que podemos hablar de derecho a decidir, en materia de reproducción, cuando vivimos inmersas en los prejuicios propios de esta sociedad patriarcal) por esta técnica. Y además, se tendría que discutir sobre la regulación del mercado asociado a la FIV. Correspondería, en un debate sensato, formular preguntas como estas: ¿deberían las clínicas privadas y hospitales públicos que ofrezcan este servicio publicar anualmente unas estadísticas sobre la tasa de éxito, de efectos adversos, de casos de mujeres que desarrollen síndrome de hiperestimulación ovárica, etcétera, tal y como se hace en varios países?, ¿debería el MINSALUD abrir un departamento de Tecnologías de reproducción asistida, o bien, asignarle a alguna de sus oficinas el seguimiento de la aplicación de estas tecnologías, para asegurar que se proteja en todo momento a la persona más vulnerable en este proceso, es decir, a la mujer que se somete a estos procedimientos?, ¿ deberían encargarse de esto los Colegios profesionales?…

En fin, hay una larga lista de aspectos técnicos y éticos relacionados con las tecnologías de reproducción asistida que requieren una profunda atención y discusión. Sin embargo, ninguno ha sido tema de interés, porque en Costa Rica estamos todavía atascados en el nivel más absurdo de controversia: levantar o no la prohibición de la técnica FIV. Valga recordar que sólo Libia y Costa Rica han prohibido la aplicación de la FIV en sus territorios. Un dato llamativo sin lugar a dudas. Y es que, si bien la FIV, como todo procedimiento médico invasivo, conlleva riesgos y su éxito también depende de la actualización y pericia de quienes lo realicen, no encontramos justificación racional para sostener su prohibición.

La Sala Constitucional decidió en voto dividido anular “por inconstitucional, el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S del 3 de febrero de 1995” que regulaba la FIV. Uno de los argumentos esgrimidos en dicha resolución es que:

“…tales prácticas atentan claramente contra la vida y la dignidad del ser humano. A juicio de este Tribunal no basta con establecer las restricciones que contiene el Decreto, pues la aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, aún con ellas, atenta contra la vida humana. El embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte. Ha quedado claro a este Tribunal que durante la ejecución de la técnica FIVET, se transfieren al útero los embriones previamente fecundados en laboratorio a sabiendas de que la mayor parte de ellos está destinada a no generar un embarazo: no van a seguir una gestación normal, pues no se implantan, o bien se implantan pero su desarrollo se interrumpe a causa de un aborto espontáneo”

Sin embargo, en ningún momento los magistrados de la Sala IV que votaron a favor el recurso interpuesto por Hermes Navarro del Valle, explican cómo la FIV atenta contra la dignidad del ser humano. Y si además, estos magistrados entendieron el riesgo de un aborto espontáneo como un atentado contra la vida, entonces en este país estaría penalizado el aborto espontáneo que ocurre en casos de embarazo “natural” (es decir, aquel en el que no ha mediado ninguna intervención tecnológica). De igual forma, la Sala obvió el hecho de que no todos los óvulos fecundados por vía tradicional llegan a implantarse. ¿Qué hacemos entonces en esos casos? ¿Tendríamos que verlo como un acto natural inconstitucional?

Vemos así cuán débil es el razonamiento en esta sentencia. Y tanto es así, que la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue acogida. La CIDH, en su respuesta, recomienda al Estado costarricense efectuar las reformas necesarias para que se permita de nuevo aplicar la FIV en el país. ¿Y qué pasó? Pues que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, en su desesperación por quedar bien “con dios y con el diablo”, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley inaceptable para todos los sectores que han tomado parte en esta materia. Inaceptable para la jerarquía católica y para las agrupaciones fundamentalistas cristianas, pues se trata de una propuesta para permitir la aplicación de la FIV, cosa que siguen rechazando de manera absoluta. Inaceptable para quienes defienden los derechos humanos y exigen respeto por el derecho al acceso a esta técnica, porque el proyecto de ley plantea condiciones que hacen prácticamente imposible la aplicación correcta de la FIV (el proyecto de ley listo para ser votado en el Plenario prohíbe la congelación de óvulos fecundados, obliga a la transferencia al útero de todos los óvulos fecundados, exige que las personas interesadas sean sometidas a evaluaciones psicológicas, restringe la aplicación de la interrupción terapéutica del embarazo, entre otros puntos).

La Asamblea Legislativa se encuentra ahora ante la obligación de votar el proyecto 17.900, que en sí mismo es una violación a los derechos humanos. Gracias a las acciones fanáticas del diputado Carlos Avendaño, apoyadas por la diputada Rita Chaves del PASE, se bloqueó el trabajo en la comisión especial cuya función era enmendar este proyecto enviado por el Ejecutivo. Recordemos que el Sr. Avendaño presentó más de un centenar de mociones en las que, incluso, solicitó el parecer al Colegio de Médicos Veterinarios. Parece ser que la única posibilidad respetuosa con la buena ciencia y la doctrina de los derechos humanos es rechazar este proyecto de ley, con lo cual ganan los sectores conservadores, pues se mantiene la prohibición y se sigue dándole largas al cumplimiento con la CIDH. Es el deber inmediato de los diputados y diputadas de la República impulsar a la mayor brevedad un nuevo proyecto de ley que cumpla con las exigencias mínimas de tipo científico, técnico y de derechos humanos.

Y así estamos, ante un escenario marcado por una larga lista de urgencias postergadas en materia de derechos reproductivos. A fin de cuentas ¿qué podemos esperar de un país que ni siquiera ha podido implementar un programa de educación sexual en escuelas y colegios, y lleva ya más de 20 años prometiendo tomar alguna decisión al respecto?