Nacionales

Medio millón de personas viven en zonas de riesgo en la Gran Área Metropolitana

Por: Javier Córdoba Morales
Artículo publicado en Amauta con permiso del autor
Fuente: Semanario Universidad

Publicado el: Martes, 28 de junio del 2011

Cerca de 500.000 personas tienen construidas sus viviendas en zonas que el proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) identificó  como de “alto riesgo”, en mapas que elaboró en el 2009.

La cifra preocupa si se considera que se está iniciando la temporada de lluvias y es posible identificar gran cantidad de construcciones que estarían en riesgo por inundaciones, deslizamientos, así como también sismos y vulcanismo.

El geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica, Allan Astorga, fue el coordinador de estos estudios técnicos, que según afirma, no son conocidos ni utilizados por las 31 municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que aún hoy se entregan permisos de uso de suelo sin tomar en cuenta los verdaderos riesgos que tiene cada zona.

Astorga aseguró que lo ideal sería no alarmar a la población con esta información, sino que cada habitante de la GAM tome conciencia del lugar en el que vive y pueda tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo de un desastre.

El experto afirma que independientemente del trámite administrativo que detuvo la aprobación del PRUGAM en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la información técnica que se generó no debería quedarse guardada.

Recordó que el deslizamiento que cobró la vida de más de 20 personas en Calle Lajas de Escazú, en noviembre del año anterior, se produjo en una zona que ya estaba claramente identificada como de alto riesgo, situación que se repite en otros puntos de la GAM en la actualidad.

“En el caso de Escazú, hay 1.643 hectáreas identificadas como zonas de deslizamiento, de las cuales 489 hectáreas tienen algún tipo de construcción; esto se repite de manera similar en los 31 cantones de la GAM”, comentó el experto.

Según las estimaciones de Astorga sobre la base de los mapas realizados por el  PRUGAM, cerca de 500.000 personas viven actualmente en zonas de alto o muy alto riesgo, sin que se haya avanzado en la elaboración de los planes reguladores, para que las municipalidades identifiquen claramente las zonas de peligro.

Aclaró que la identificación de zonas de riesgo no es para prohibir o detener el desarrollo en esos lugares, sino para que se informe a las personas sobre las condiciones especiales que requiere una construcción en cada sitio.

“Pero el problema es que las municipalidades no están aprovechando esa información y al no hacerlo están dando usos del suelo y permisos de construcción, haciendo que se incremente esa población que está en condición de riesgo; eso a nadie favorece”, comentó el geólogo.

En su opinión, con la información de las zonas de riesgo es posible planificar la prevención de desastres, y capacitar a la población para que sepa qué hacer en caso de una emergencia.

Sin planificación

Astorga explicó que el hecho de que existan tantas personas viviendo en zonas de riesgo -la mayoría de ellas sin saberlo-, se debe a la ausencia de una verdadera planificación urbana y al incumplimiento por muchos años de los planes existentes.

En 1982, el INVU estableció un “anillo de contención” en la GAM, con la intención de organizar la extensión de la construcción urbana, y evitar los desarrollos en zonas montañosas y a las orillas de los ríos con peligro de inundación.

Sin embargo, la regulación no se aplicó eficazmente y hoy es fácil identificar gran cantidad de construcciones levantadas fuera del anillo de contención, a vista y paciencia de las municipalidades y del propio INVU.

El informe Nº  94/99 realizado por la Contraloría General de la República en 1999, ya señalaba la falta de aplicación de la normativa vigente, y cómo los propios proyectos de los gobiernos de turno formaron parte del crecimiento desordenado.

“Los proyectos  prioritarios por parte de los gobiernos de los últimos 12 años,  y muchas políticas y acciones gubernamentales, se han orientado a una dotación de viviendas, especialmente, a las familias costarricenses de escasos recursos económicos, sin considerar los lineamientos y requisitos establecidos en materia de planificación urbana”, señaló la Contraloría.

“Aunque muchas de las familias costarricenses se han visto beneficiadas al tener su propia vivienda, las políticas de los gobiernos han permitido el establecimiento de proyectos de vivienda fuera del anillo de contención del Área Metropolitana, lo que (…) ha traído como consecuencia una disminución en la calidad de vida de la población de la citada Área, así como un efecto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el desarrollo urbanos del país”, añade el informe.

Astorga criticó el hecho de que el país invirtiera casi 10 años y muchos recursos, entre estos 15 millones de euros donados por la Unión Europea para elaborar el PRUGAM, y ahora el INVU haya decidido iniciar la elaboración de un nuevo documento de planificación urbana.

“Los problemas que la Contraloría señaló hace más de 10 años se continuaron dando, pero cada vez con más población. Tenemos 43 años de contar con una Ley de Planificación Urbana, y, sin embargo, solo un 5 % de nuestro territorio cuenta con algún tipo de planificación”, cuestionó Astorga.

Se tiene en cuenta

Por su parte, el asesor técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Aaron Morales, dijo a UNIVERSIDAD que los desarrolladores formales siempre tienen en cuenta la información disponible a la hora de establecer sus proyectos.

“Nadie construye para que la obra se caiga o se inunde; se realizan todos los trámites ante las municipalidades y ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y se hacen los estudios necesarios para cada construcción”, afirmó Morales.

Eso sí, dejó claro que la CCC no puede hablar por los desarrolladores informales y las construcciones de familias individuales, aunque reiteró que siempre se toman las previsiones cuando se trata de zonas de alto riesgo.

Morales sostiene que el sector de la construcción “aplaude” toda la información que se generó por medio del PRUGAM con sus distintos mapas, pero aún así no consideran que el plan en sí sea lo más conveniente para la planificación en el país.

“Como cámara tenemos una posición firme; nosotros necesitamos como país, como desarrolladores, como constructores y como sociedad, una herramienta de ordenamiento que sea regional, que sea el norte hacia donde se desarrolle la GAM”, puntualizó.

De acuerdo con Morales, el PRUGAM no incluye una adecuada planificación a corto, mediano y largo plazo, solo planteaba cerrar el anillo de contención e incluía proyectos que ya estaban en la agenda de gobierno, como la carretera a Caldera.

“La parte ambiental que se incluye en el PRUGAM no es la correcta; toman como única herramienta de planificación la parte ambiental, olvidándose de la parte cultural, social y económica; está centrada en la parte geológica y no da un enfoque real”, reprochó.

Agregó que la planificación que propone el PRUGAM no es diferenciada, sino que aplica los mismos criterios a todas las zonas de la GAM.

Respecto al instrumento que está elaborando el INVU, Morales planteó que aún no puede realizar comentarios, pues todavía no se conoce el instrumento.

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