Los problemas ambientales se derivan de nuestra relación con el medio que nos rodea (natural y no natural) y existen desde que el ser humano es ser humano. El ser humano transforma su medio para hacer de la tierra un hogar, es decir, necesita alterar la naturaleza para poder vivir. Por lo tanto, toda acción humana tiene una repercusión en el medio: desde la construcción de una choza para protegernos del frío o los animales, hasta la construcción de una fábrica de microchips.

De igual manera, necesitamos alterar la naturaleza para acceder a la energía necesaria para satisfacer nuestras necesidades básicas y suntuarias. Todas las tecnologías disponibles (para generar energía, construir, producir)  tienen un impacto en el medio ambiente; los seres humanos debemos decidir cual impacto preferimos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean y a nuestras prioridades. Estas decisiones no son meramente técnicas, ni tampoco son objetivas, son también políticas. Así lo demuestra por ejemplo la decisión tomada recientemente por los alemanes de rechazar la producción de energía nuclear y la decisión de los Estados Unidos de no explotar los enormes yacimientos petrolíferos que se encuentran en áreas protegidas de Alaska.

Cadena de la vida, por Thea Gahr (justseeds.org)

Sin embargo, históricamente se ha entendido el problema del medio ambiente como un problema técnico con soluciones técnicas (leyes, planes reguladores, estudios de impacto ambiental, análisis de costo-beneficio, etc.). De hecho, es común escuchar que “en Costa Rica hay contaminación, deforestación, erosión, despilfarro energético y un deficiente manejo del agua por falta de planificación”. Pero en nuestro país sobran expertos, leyes y regulaciones y a pesar de eso nuestros problemas ambientales son cada vez más abrumadores. Lo cierto es que los discursos tecnocéntricos, que promueven soluciones técnicas y “objetivas” a los problemas ambientales, no logran ocultar que los problemas humanos no tienen soluciones puramente técnicas. Las tecnologías son herramientas creadas por los seres humanos y nuestros ideales y propósitos definen el uso que hacemos de ellas.[i]

Claro está que las preferencias de individuos y grupos sociales dentro de un país son diversas y debemos negociar prioridades. De hecho, la negociación y el debate público no solo son necesarios, sino que son inherentemente humanos. Los seres humanos somos seres gregarios, y a diferencia de los animales, podemos reflexionar y abstraernos; cuestionamos nuestra relación con otros seres humanos y con nuestro entorno. A lo largo de este proceso siempre inconcluso, contrastamos nuestras relaciones con nociones (individuales y colectivas) de lo bueno, lo bello y lo útil.

Recursos naturales como recursos de propiedad común

El medio ambiente y sus recursos, son recursos de propiedad común y por naturaleza están fuera del ámbito privado. Son públicos. Esto no es una “creencia”. Son necesarias cercas, títulos de propiedad, rótulos y hasta armas para dividir la tierra; mientras que el agua, el aire y la vida silvestre son prácticamente imposibles de segregar para su uso discrecional o exclusivo de unos cuantos. Los ríos, la lluvia, las aves, los vientos y los nutrientes no respetan cercas, catastros, diques, represas ni fronteras. La dimensión biofísica de esta realidad se impone cada vez que un huracán, tornado, inundación, sequía, tsunami o epidemia se hace presente en regiones ricas y pobres de nuestro planeta; mientras que su dimensión social se manifiesta en el derecho consuetudinario de muchos pueblos y culturas alrededor del mundo y en el Artículo 50 constitucional (Shiva 2007).

Pero al contrario de lo que piensan muchos, los grupos humanos tienen la capacidad de gestionar recursos comunes y lo hacen de acuerdo a una diversidad de valores y principios que trascienden al simple utilitarianismo cortoplacista que ha promovido occidente durante los últimos tres siglos. Así lo ha demostrado y documentado  Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía 2009, quien junto a muchos científicos sociales y personas de a pie ha sido testigo de cómo diversos grupos humanos alrededor del mundo se organizan para gestionar recursos naturales y garantizar el bienestar común a corto y largo plazo. Como ejemplos podemos mencionar a los pescadores de langostas de Massachusetts, cultivadores de arroz en el sudeste asiático, pastores en el Sahel africano, ejidatarios en México, miembros de ASADAS en diversas comunidades costarricenses, cosechadores de huevos de tortuga en Ostional y pescadores en Tárcoles.

Si bien estos grupos regulan sus actividades mediante leyes y reglamentos, la clave de su éxito radica en los principios que rigen sus relaciones entre sí y con los recursos naturales que gestionan para su beneficio colectivo e individual. Estos principios difieren fundamentalmente de los principios que rigen las relaciones sociales de países como Costa Rica, donde el crecimiento económico alimentado por el afán de lucro y la propiedad privada son preponderantes. Como se ha señalado hasta el cansancio, ese desarrollismo que ha permeado nuestro inconsciente colectivo depende de la extracción de materias primas y de la explotación de la naturaleza para garantizar un crecimiento económico constante; por lo tanto es insostenible a mediano y largo plazo. El único desarrollo económico sustentable es aquel cuya tasa de crecimiento a largo plazo sea de 0% (Wallerstein 2001).[ii]

Los “instrumentos de mercado” como herramientas de gestión

Lamentablemente, los procesos de toma de decisión colectiva (políticos) no son congruentes con valores como la eficacia y la productividad que alimentan el discurso desarrollista. Por esta razón existen muchos tecnócratas que han optado por promover, ya no solo herramientas de planificación “objetivas” para gestionar el medio ambiente, sino también instrumentos de mercado que por obra y gracia de una mano invisible han de regular de manera óptima nuestras relaciones con la naturaleza.

Esta tendencia sigue vigente a pesar de que ha sido demostrado en la teoría y en la práctica que el mercado por sí solo es incapaz de garantizar accesos equitativos al agua, a fuentes de energía o a un medio ambiente sano.[iii] Esto es así porque para convertir un bien común en un bien privado “mercadeable” es necesario excluir a otros del posible goce de este bien; esto para poder otorgarle un valor de intercambio y no solo un valor de uso. Así, este “bien”, llámese agua, aire, aves, se convierte en simple mercancía regulada por las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, solo aquellas personas y grupos que puedan adquirir (pagar) esta mercancía o servicio podrán disfrutarla, o en su defecto lo harían a través del mercado negro, con los riesgos que conlleva (como sucede con el servicio de agua potable y la recolección de basura en aquellos lugares donde las tarifas son prohibitivas para la gente más pobre). De esta manera, la ideología del mercado sirve para legitimar que muchas personas vivan cerca de un relleno sanitario, llanura de inundación, área de derrumbes o río contaminado por no poder pagar un lote con una mejor ubicación.

Además, existe una vasta lista de estudios teóricos y de experiencias prácticas que demuestran que el mercado como instrumento de política pública es incapaz de solucionar el problema de las “externalidades negativas” (contaminación, ruido, deforestación) asociadas al proceso productivo. Es decir, el precio de mercado que se le asigna a los productos que se fabrican en cualquier lugar (piñas, acero, cuero) no incluye el costo de compensar el total de daños ambientales implícitos en la producción de esos productos, ni, como sucede en muchos casos, el verdadero precio de las materias primas utilizadas (madera, minerales, combustible, agua) (Wallerstein 2001).

Por otro lado, en nuestro país también se han popularizado los “pagos por servicios ambientales” (PSA) como herramienta para detener la deforestación (y promover la reforestación) fuera de las áreas silvestres protegidas por el estado. Los PSA son pagos girados por el estado al propietario de una finca a cambio de que este se comprometa a no deforestar (o a reforestar) su tierra. Este pago intenta compensar al propietario por el dinero que este deja de percibir al no utilizar su propiedad en otras actividades productivas.

Sin embargo, este instrumento es solo efectivo cuando el valor del aporte económico  girado por el estado es mayor que el sacrificio económico hecho por el dueño de la tierra; y a su vez, el aporte del estado depende de un mercado global de servicios ambientales (como la fijación de carbono), que no necesariamente hará que el valor de los servicios prestados por los bosques y plantaciones ticas vaya hacia arriba. Además, conforme la cantidad de tierras productivas en el país disminuye (producto de la urbanización, conservación de tierras, actividades productivas), el costo de oportunidad para “conservarlas” será cada vez más alto y hará que la conservación de la naturaleza sea cada vez más cara. Entonces podemos afirmar que los PSA, a lo sumo,  promueven un uso deseable de la tierra de forma temporal, sujeto a fluctuaciones de precios y otras fuerzas de mercado regidas por el afán de lucro y no por un afán conservacionista ni identificado con el bien común.

Además, vale mencionar que los análisis de costo-beneficio (financieros y de corto plazo) que se sugieren como insumos para la toma de decisión en casos controversiales como  el  de la exploración petrolera y la actividad minera a cielo abierto son inadecuados. Estos análisis asignan un precio de mercado (regido por la oferta y la demanda) al agua y aire puros, a una piña o bosque, que será siempre inferior al verdadero valor socioecológico de mantener los ciclos naturales (nutrientes, hidrológico, energético)  y relaciones biofísicas que sostienen la vida en la tierra a largo plazo. Como cualquier persona familiarizada con los ciclos agroecológicos podrá corroborar, el valor a largo plazo (ecológico, productivo, social) que se deriva de actividades no extractivas como la agricultura agroecológica, o incluso actividades turísticas que respetan los ciclos naturales y contextos culturales, excede por mucho el de cualquier actividad extractiva existente.[iv]

Así las cosas, podemos afirmar que los instrumentos de mercado y los valores que los legitiman son, en el mejor de los casos, un insumo más a tomar en cuenta para la gestión de la naturaleza. Sin embargo,  no pueden de ninguna manera sustituir los procesos de toma de decisión política sobre los recursos públicos; ni tampoco pueden convertirse en el sustrato de un cambio cultural hacia una sociedad ecológicamente viable. Así mismo, debemos entender que la más adecuada de las herramientas, llámese plan regulador, estudio de impacto, análisis, parámetro o índice, es completamente fútil, si no es acompañado por la participación ciudadana. La certeza de que los recursos naturales son recursos públicos, es decir de todos, también implica que se requiere participación de todos, o de suficientes miembros de una comunidad para gestionarlos.

Recursos comunes y participación

Pero, ¿qué entendemos por participación ciudadana? Participación no es simplemente organizar reuniones de “consulta y validación” de un plan regulador o política pública propuesta. Participación es la apropiación de hecho por parte de los ciudadanos de los recursos que permiten su subsistencia y mejoran su calidad de vida.

Participación significa el fortalecimiento de asociaciones de jóvenes, adultos, mujeres, mixtas, que a través de su trabajo voluntario se dediquen a auto-educar a sus vecinos, limpiando calles, parques, riberas de los ríos, protegiendo áreas de recarga y nacientes,  proponiendo planes de reciclaje, reduciendo el consumo, liberando animales de sus jaulas y demandando más y mejores servicios de su municipalidad.

Sin embargo, en Costa Rica, y particularmente en las zonas urbanas, hay un faltante de organizaciones de este tipo. Esto es síntoma de la cultura política de nuestro país, donde la participación política, es decir, la participación en los asuntos públicos, se entiende y se canaliza principalmente a través de la participación electoral. Esto es una falta grave que debemos enfrentar porque, nos guste o no, la solución de los problemas ambientales comienza por la promoción de una participación política no electoral, activa, permanente y creativa.

La política está implícita en todas nuestras relaciones sociales. No es un mal necesario como piensan tecnócratas mal llamados “apolíticos” que detentan o pretenden alcanzar el poder político. La política es inherente a nuestra naturaleza como seres sociales, gregarios. Política es la discusión que tenemos en nuestras casas para decidir si corremos un sillón, compramos un carro o pavimentamos el jardín. Política es la decisión de cuidar nuestra acera, nuestro parque, construir correctamente nuestro tanque séptico o de tirar las llantas viejas al río. Política es nuestra decisión de ir a la feria del agricultor y la de ir a McDonald’s a producir basura para “alimentarnos”.

Así como le enseñamos a nuestros hijos a participar en la limpieza y el orden del hogar, debemos enseñarnos a nosotros mismos a participar en el mejoramiento de nuestro hogar más grande: Costa Rica, la Tierra. Tal y como sucede en Tárcoles, Ostional, Tapezco y Sardinal, solo a través de una cultura de participación como punto de partida, podremos comenzar a solucionar los problemas que afectan a nuestras comunidades, a nuestro país y a nuestro planeta.

Solo cuando los turnos se organicen para comprar tierras que protejan nuestras fuentes de agua; cuando las giras de las escuelas no sean a la Jack’s sino más bien a limpiar un parque o a un invernadero; cuando en las clases de educación para el hogar, estudios sociales y cívica enseñemos a sembrar árboles y chayotes, a ahorrar agua y a consumir menos; cuando exijamos transporte público, vías peatonales y ciclo vías, envases retornables, bolsas de tela, centros de reciclaje y plantas de tratamiento con el mismo ahínco con que exigimos carreteras sin huecos, puentes sin platina y seguridad ciudadana; cuando nos demos cuenta que un parque es igual de importante que un hospital y que es también centro educativo y recreativo para personas de todas las edades; cuando le dediquemos las mismas horas a separar la basura, a cuidar una huerta y a cuidar árboles que las que dedicamos a ver tele; cuando dejemos de comprar anillos de oro y plata para demostrar nuestro afecto, solo entonces, comenzaremos a solucionar nuestros problemas ambientales.

Bibliografía

Altieri, M. (ed.) (1999) Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan–Comunidad: Montevideo.

Shiva, V. (2007) Las Guerras del Agua. Siglo XXI Editores: México D.F.

Wallerstein, I. (2001) Saber el Mundo, Conocer el Mundo. Siglo XXI Editores