En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.

El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.

En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.

Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.

El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.

Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y  el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.

Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.

Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?

La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.