Motociclistas y taxistas protestan por media calle. Se indignan comunidades golpeadas por los peajes de capricho que les impone la voraz e ineficiente Autopistas del Sol. El gremio médico paraliza diversos servicios en la Caja, deja a miles de pacientes sin atender y pone contra las cuerdas a las autoridades del gobierno. En Sixaola, movimiento de huelga en una bananera, el primero que, en muchos años, culmina de forma exitosa, con lo cual, además, se da un paso adelante a favor de la recuperación del derecho a la sindicalización independiente. Pocos días antes, los productores arroceros manifestaban su disgusto ante las políticas gubernamentales.

Para el gobierno de Laura Chinchilla se trata de protestas aisladas e inconexas. Inmutables, los voceros presidenciales aseguran que nada hay en común entre ellas, y ninguna representa un desafío serio que la institucionalidad costarricense no pueda resolver.

Un articulista de La Nación califica todo esto como expresiones de “desobediencia”: nadie se siente obligado a atender ninguna autoridad. Algo más sociológico, el mencionado intelectual señala que de fondo podría haber un problema de “legitimidad”.

Y, al cabo, ¿tiene razón el gobierno cuando reduce todo este jaleo a una confluencia incidental entre distintas expresiones de disgusto?

Yo diría: si y no. Efectivamente, es  coincidencia que, en un período de pocas semanas, se dé tal confluencia de manifestaciones de protesta. Y es cierto que quienes la realizan no han coordinado entre sí, de forma que, desde ese punto de vista, son expresiones inconexas.

Pero, por otra parte, es posible que el sociólogo de La Nación tenga razón en un punto: esto pone en evidencia una situación de deslegitimación del orden vigente. Lo cual es mucho más que un mero acto de “desobediencia”. Yo intentaría explicarlo en el siguiente sentido: “legitimación” supone “hegemonía”, es decir, la vigencia de un orden institucional y una ideología o forma de ver el mundo, respecto de los cuales hay un acuerdo mayoritario. Claro está, esa institucionalidad y esa ideología no son inocentes ni han caído del cielo: son construcciones históricas gestadas a partir del dominio de ciertos sectores, si bien pueden incorporar, según sea el contexto histórico, aportes de variable significación, provenientes de sectores subalternos de la sociedad.

O sea, pareciera que en la sociedad costarricense actual, cada vez hay menos acuerdo respecto del orden institucional vigente y la ideología que lo justifica. La cosa no es nueva ni se reduce a las recientes y variopintas manifestaciones de descontento. Viene de atrás y con el tiempo se agrava. Los últimos 10 o 12 años aportan un registro consistente de hechos que apuntan en esa dirección.

Hagamos un breve y muy parcial recuento (es posible que deje por fuera hechos importantes).

Primero, algunos antecedentes relevantes a lo largo del último decenio o poco más. En marzo 2000, Costa Rica explota en una enorme protesta contra el Combo-ICE. En las elecciones de febrero 2002 se rompe el modelo bipartidista neoliberal PLUSC. Algún tiempo después, una complaciente Sala IV deja la “mesa servida” para que Oscar Arias ensaye su propuesta de “tiranía en democracia”. Al cabo, a Arias se le hace su capricho de volver a ser presidente, después de unas elecciones que no solamente ganó por estrechísimo margen, sino que quedaron manchadas con la sombra de la duda. Desde 2003 y lo largo de varios años, culminando en octubre 2007, el debate alrededor del TLC con Estados Unidos  polariza la sociedad costarricense, la cual queda literalmente partida en dos.

Se aprueba el TLC, tal cual lo impuso la alianza del poder económico, el mediático y el político (con abierta subordinación de la institucionalidad pública), bajo el cálido abrigo de la embajada estadounidense. Habrían querido “pasar la página” pero olvidaron un “pequeño” detalle: este tratado acelera el proceso de concentración del ingreso y la riqueza y el ahondamiento de las desigualdades sociales, en un marco donde el Estado costarricense pierde (porque así lo determina el propio TLC) márgenes de maniobra en el ejercicio de las políticas públicas. Ello garantiza que, inevitablemente, surjan muchas, muchas ocasiones para tener que “recordar” el TLC.

Y, encima, y desde agosto 2007, se precipita la crisis económica mundial, que, sin salida a la vista, sigue hoy día su curso destructivo.

Entretanto, ocurren cosas que no abonan a la restitución de la “armonía”. Un par de ejemplos. Crucitas, un proyecto ambientalmente asesino, moviliza la conciencia nacional en contra de la clase política que dice liderar el país. Por su parte, y como sabemos, la minera se prodiga en sus prácticas mafiosas y abiertamente atropella el de por sí maltrecho orden institucional vigente. Por su parte, las universidades escenifican un conflicto con el gobierno, el cual se resuelve de forma tal que deja sembradas semillas para nuevos conflictos futuros.

La crisis de la Caja resulta, a todo esto, paradigmática: implica una ruptura a profundidad en las bases más fundamentales en que se ha sustentado el orden social costarricense de los últimos 60 o 70 años. He ahí el poder destructivo del modelo neoliberal en la plenitud de su expresión.

La crisis económica se entreteje con las limitaciones inherentes al modelo económico neoliberal –sobre todo en su versión “fuerte” post TLC- para agravar las cosas. Por ejemplo: el conflicto que escenifican los arroceros se ve complicado por el tipo de restricciones que impone el tratado en materia agropecuaria. Otro más: las angustias de la pequeñas y medianas empresas exportadoras, ocasionadas por la persistente revalorización del colón frente al dólar, en buena medida debe ser agradecidas al TLC que, en su momento, ellas apoyaron con tanto entusiasmo. Es el fruto de la entrada persistente de capitales de corto plazo, cuya libertad de movimientos quedó “blindada” por ese tratado.

Al concluir 2011 la economía costarricense acumula cuatro años consecutivos de bajo crecimiento y  tres años sucesivos con altos índices de desempleo y subempleo de su fuerza de trabajo. Se pierden los limitados avances en materia de pobreza logrados durante el artificial y especulativo auge de 2006-2008 y continúa profundizándose la desigualdad.

Y eso que no he dicho nada acerca de las profundas rupturas culturales en proceso de ahondamiento: la radical transformación de los modelos de familia; las luchas de las mujeres por la igualdad; la explosión contracultural de la diversidad sexual; el complejo entramado de las identidades juveniles; los cambios demográficos resultantes de las declinantes tasas de fecundidad; las luchas de los pueblos indígenas; el reclamo por la laicidad del Estado; el enorme impacto de la migración.

Entonces, uno podría decir: sí, tiene razón el gobierno cuando afirma que la confluencia en las manifestaciones de protesta es una “coincidencia”. En lo que se equivoca –y ese podría ser uno de esos errores que se pagan caro- es en no percibir que estos son tan solo las burbujas en la superficie de un hervor incandescente que  bulle y se agita en las profundidades subterráneas.