En las páginas 45-46 del informe de la comisión de expertos sobre la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se lee una propuesta subtitulada “Delimitar la prestación de servicios de salud”, la cual es suscrita por tres de los miembros de la comisión: los señores Carrillo, Naranjo y Sauma (la cuarta integrante, mi amiga la Dra. Juliana Martínez Franzoni, no la respalda).

Según estos señores, la Caja tiene un problema en cuanto “…no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud”, es decir, “todos tienen derecho a todo”. Enseguida sentencian con crudeza: “La solidaridad tiene necesariamente límites, y la sociedad debe tener la madurez suficiente para imponerlos en bien de la colectividad en su conjunto”. Luego nos explican: “Las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto…”.

Enseguida introducen un tema relacionado, pero que seguramente tiene sus peculiaridades que ameritarían tratarlo por aparte: el de quienes se aseguran de “última hora” para tener acceso a determinados tratamientos muy caros. Al respecto sentencian: “…se debería establecer el plazo que debe transcurrir entre el momento en que se comienza a cotizar y el momento en el que se puede acceder a servicios médicos y tratamientos costosos”. Lo cual resulta problemático ya que mezcla situaciones completamente distintas. Por ejemplo: quienes jamás cotizaron porque creyeron que su estatus de “clase media” les permitía prescindir de la Caja y recibir trato de príncipe en clínicas privadas…hasta que una enfermedad grave que comporta tratamientos muy caros les hizo despertar de su ensoñación y les devolvió a la realidad de que su “clasemedismo” estaba apenas pegado con saliva. Y, por otro lado, la situación de quienes, marginados en la informalidad laboral, jamás cotizaron porque ello les representaba un lujo, de forma que cuando deciden hacerlo es porque sus vidas mismas están en juego. Luego el asunto se complica con algunas consideraciones de evidentísimo tono xenofóbico: “[T]tiempos mínimos de residencia permanente en el país…”. O sea, que a ningún migrante recién llegado se le ocurra enfermarse del corazón, porque estará condenado a morirse. Pero, en fin, y como veremos, ese es el tono dominante de estas propuestas: constituyen como al modo de una sentencia de muerte.

Volvamos al inicio: ¿qué significa que “todos tienen derecho a todo” (según lo indican los susodichos señores)? Significa que los pacientes de cáncer, diabetes o Sida reciben el tratamiento que deben recibir, para tratar de curarlos –cuando ello es factible- o para que tenga la mejor calidad de vida posible, cuando no hay cura.

¿Qué significa que la solidaridad no admite límites? Tan solo reconocer que la vida es el valor supremo, al cual se subordina todo otro valor o consideración, y que por ello la sociedad considera que preservar la vida de una persona –y que esa vida sea una buena vida tanto como se pueda- es un objetivo absolutamente irrenunciable.

A la inversa, ¿qué significa imponer límites “necesarios” a la solidaridad (tal cual lo proponen Sauna, Naranjo y Carrillo)? Simple: que la vida no es considerada el valor supremo, de forma que otro tipo de consideraciones –es decir otros valores (¿o antivalores?)- se le imponen y lo restringen.

¿Cuál es ese valor que resulta superior a la vida? Los mencionados señores sugieren dos posibilidades.

Primero invocan el “…bien de la colectividad en su conjunto”. Luego apelan  a “[L]las condiciones económicas del país”.

Veamos lo primero: según esta interpretación la colectividad se beneficia al dejar en abandono a personas enfermas cuyo tratamiento es muy oneroso. Desde luego, y como es obvio, esto no incluye a los ricos-ricos que, de cualquier forma, en alguna lujosa clínica costarricense y, de ser necesario, en un hospital en Houston o Miami, no dejarán de recibir atención. De lo que aquí se habla es del desamparo de personas pobres, e incluso de personas “clasemedieras”, a quienes se les niega tratamiento porque resulta “muy caro”. Estamos hablando de una sociedad que, tal cual lo quieren Naranjo, Sauna y Carrillo, impondría límites a la solidaridad para permitir que haya personas que mueran sin recibir el beneficio de un tratamiento que, cuanto menos, aligere su sufrimiento y, quizá, alargue un poco su vida.

Si eso que estos sujeten sugieren es de “beneficio” para la colectividad, entonces estamos hablando de una colectividad moralmente degradada, éticamente empobrecida. En lo que a mi respecta, no quiero que Costa Rica sea una colectividad de ese tipo, cuando, por otra parte, yo no quisiera vivir ahí. Una colectividad que privilegia la muerte a la vida no es precisamente una sociedad digna ni decente.

Por otra parte, como he indicado, aducen que las “condiciones económicas del país” no lo permiten. Pero entonces pregunto: ¿cómo esas condiciones económicas sí permiten que florezcan lujosas clínicas y hospitales privados donde se ofertan servicios extremadamente onerosos, por completo inalcanzables para la gran mayoría de la población? No es que no exista la riqueza que permita sostener esos servicios de salud de acceso universal y amplia cobertura. Es que esa riqueza no está distribuida de forma socialmente deseable. Está concentrada en grado irracional. Ello provoca pobreza y exclusión, por lo tanto desesperanza, y finalmente violencia.

Condenar a las personas pobres a no recibir atención médica cuando su enfermedad se “vuelve muy cara”, es una idea que resulta simétrica a la de condenar a muerte a una persona migrante si no tiene cierto tiempo mínimo de vivir en Costa Rica o a una persona que ha sobrevivido en la informalidad laboral si por esa razón no ha cotizado “suficiente tiempo”.

El trasfondo ideológico es uno: se llama neoliberalismo. Este, como el nazi-fascismo (véase: El neo-liberalismo es un nuevo totalitarismo), es una propuesta totalitaria que  convoca a la supresión de los débiles. Eso nos dicen Carrillo, Naranjo y Sauna: dejen morir a las personas pobres cuando están muy enfermas: son cargas para la sociedad.