El escándalo alrededor del pago de consultorías que ha salido a la luz en estos días es, en realidad, un problema viejo. Pero, además, las tales consultorías son tan solo una de las facetas de ese problema, y posiblemente no la más importante.  Es sintomático que el asunto explote gracia a La Nación (LN), y justo con la intención de traerse abajo un proyecto tributario que no era del gusto de las plutocracias que ese medio representa. Pero lo peor sería morder el anzuelo para quedarse mirando un arbusto sin ver el enorme bosque. Lamento observar que, sin embargo, mucha gente parece gustosa de prestarse al juego.

La cortina de humo

Recordemos que hace un cuarto de siglo John Bielh –nada menos que asesor de OAS durante su primera administración– hablaba de “Estado paralelo”

Ese “Estado paralelo” empezó a gestarse justo en los ochentas, conforme se asentaba en Costa Rica el modelo neoliberal y avanzaban los procesos de reestructuración de la economía. Es una concreción de política que a su vez respondía coherentemente a una específica racionalidad ideológica: aquella que proclama que el Estado es intrínsecamente ineficiente, corrupto y despilfarrador y que, todo lo contrario, la gestión privada de la economía a través de los mercados genera máxima eficiencia y calidad. Hace 236 años el economista clásico escocés Adam Smith lo llamó la “mano invisible”, una noción más bien supersticiosa acerca de la forma de funcionamiento del capitalismo. En los últimos decenios esta superstición ha tenido poderosísima influencia, tanto en Costa Rica como en el mundo. Y ello ha traído consecuencias terriblemente dañinas.  Dañinas también para el Estado social costarricense.

Seguramente hemos oído hablar de la forma como se han despilfarrado los dineros de la Caja del Seguro Social al ponerla a contratar carísimos servicios en hospitales y clínicas privadas. Bueno, ese es, en lo esencial, un procedimiento de la misma naturaleza que el que se visibiliza en las tales consultorías, pero seguramente más costoso que estas.

Aunque menos conocido, otro interesante ejemplo es el siguiente: las políticas en materia de exportaciones y atracción de inversión extranjera han sido entregadas en manos privadas desde hace muchos años. Ambas políticas son definidas por PROCOMER, un organismo que según la ley es público pero cuya junta directiva está bajo control del alto empresariado privado. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) invariablemente es dirigido por una persona salida de las entrañas de esas cúpulas empresariales, y funge como al modo de brazo público a cargo de la ejecución de políticas definidas por el empresariado en PROCOMER. Tiene además su contraparte en CINDE, una ONG que, literalmente, maneja la política nacional en materia  de inversiones extranjeras.

COMEX-PROCOMER-CINDE son los nodos principales de una red que corporativiza las políticas públicas, las cuales son definidas por representantes empresariales carentes de toda legitimidad democrática. La gestión operativa de esta red está en manos de personajes como Anabelle González o Alberto Trejos, ideólogos del proyecto neoliberal de transnacionalización de la economía y eficientes y empeñosos representantes de los intereses económicos más poderosos. Me atrevo a decir que las consecuencias sociales que esto tiene, en términos de los procesos de concentración de la riqueza que promueve, es inmensamente más grave que el que pueda atribuirse a las consultorías.

Estas últimas son tan solo una manifestación de ese proceso de terciarización del sector público, por medio del cual se privatiza la definición de políticas claves o se transfieren al sector privado –mediante esquemas de subcontratación- potestades y responsabilidades que corresponden al sector público, según lo demanda la más elemental racionalidad democrática. Del mismo jaez son los procesos de “concesión de obra pública”, plagados de costosísimos fracasos y escasos logros. El común de los políticos nada dicen al respecto. Los medios, por su parte, fingen demencia en grado proporcional al escándalo que montan con las consultorías. Y, sin embargo, no es descabellado suponer que, también aquí, el costo de estas es menor que el que conlleva el fracaso reiterado de grandes proyectos de infraestructura entregados en concesión.

En conclusión: el amarillismo mediático y demagógico alrededor de las consultorías oculta mucho más de lo que revela. De fondo hay un problema mucho más grave, en cuyo contexto las tales consultorías son una cuestión secundaria.

Desmantelamiento del Estado social

Estos procesos de terciarización-subcontratación-privatización responden, como ya indiqué, a la bien conocida lógica neoliberal según la cual el Estado no puede hacer las cosas bien por lo que se las debe transferir al mercado. Así lo explicaba el Ministro Garnier tratando de justificar por qué contrató a sus amigos como consultores: es que ellos “sí pueden” hacer lo que los cuadros técnicos y profesionales de la institucionalidad pública no podrían. Se omite mencionar que frecuentemente los costos son mucho más altos.

En muchos casos las consultorías tienden a ser un sustituto de las propias instituciones públicas. El vicepresidente Liberman lo ilustró inintencionadamente pero con claridad, cuando salió a decir que para evaluar una cierta carretera resultaba preferible contratar una consultora en ingeniería antes que tener equipos propios de ingenieros. Lo justificó diciendo que una labor de ese tipo tan solo se realizaría ocasionalmente. Pero lo que aquí resulta asombroso es que alguien pueda creer que el MOPT no necesita tener equipos permanentes de ingenieros. No hay nada ocasional en las tareas ingenieriles que ese ministerio debe realizar. Es asunto cotidiano. Los carísimos consultores hacen hoy, lo que los equipos profesionales de las instituciones públicas hacían ayer. Se confirma y consolida así el proceso de desmantelamiento de la institucionalidad del Estado social. El MOPT, que treinta años atrás todavía era capaz de realizar exitosamente grandes obras de infraestructura, hoy, en cambio, no es capaz de arreglar la “platina” del puente sobre el Virilla. Imposible que lo haga si no cuenta con personal de elevada calificación en ingeniería.

Izquierdas y derechas, que últimamente andan muy consensuadas en todos estos temas hacendarios, consideran –de consuno con LN- que recortar consultorías es receta inapelable para reducir parte importante del déficit fiscal. En sentido contable eso es correcto. Y, sin embargo, ello tan solo oculta el hecho fundamental de que, en la mayoría de los casos, lo que corresponde y conviene es reconstruir equipos humanos altamente calificados que hagan posible que las instituciones públicas recuperen eficiencia y eficacia.

En síntesis: más que dar el tijeretazo, lo que se necesita es recomponer y renovar la institucionalidad del Estado social.