El progresivo saqueo de la CCSS amenaza con acabar un sistema de salud que durante décadas ha otorgado cobertura a la mayor parte de la población costarricense. Desde ese punto de vista, dicho saqueo debería suscitar el rechazo y la repugnancia de parte de amplios sectores sociales. Sin embargo, hasta el momento ese rechazo no ha pasado de acciones desarticuladas que muestran un cierto nivel de irritación pero todavía no la voluntad de llevar a cabo luchas sociales en aras de hacer pagar a los responsables de la crisis de la Caja y exigir una recomposición institucional que devuelva la vida a dicha entidad.

Más allá de esta coyuntura que atraviesa la CCSS y de esa tan eventual como deseable reacción de parte de la sociedad costarricense, poco se discute sobre su razón de ser más allá de cierta idealización romántica que atribuye el porqué de la Caja al genio y la sensibilidad de sus creadores. En otras palabras, poco se habla de por qué y para qué existe la CCSS, y del motivo por el cual la misma clase política que la creó ahora se la come en confites.

La medicina moderna posee una vocación de control de la población desde su propia gestación. A contrapelo de la tesis según la cual la historia de la medicina europea es la historia de una progresiva individualización causada por su inscripción en las sociedades de mercado, lo cierto del caso es que la misma posee una vocación biopolítica y un afán de controlar las colectividades desde su nacimiento hasta nuestros días. En otras palabras, desde el siglo XVIII la medicina europea tiene como blanco el control de las poblaciones y, en esa medida, la salud se revela como un importante enclave para el ejercicio del poder sobre los cuerpos a nivel macro. No hay que esperar hasta finales del siglo XIX (cuando los sistemas médicos revelan una preocupación creciente por mantener niveles aceptables de salud entre las clases trabajadoras, con el fin de asegurar cierto nivel de producción) para rastrear diversas formas de poder ejercidas en nombre del bienestar físico de las poblaciones. Ya desde inicios del siglo XVIII se ejerce una medicina estatal en Inglaterra que intenta garantizar la salud pública. En ese mismo siglo, en Alemania, se desarrolla una medicina urbana que se traza como objetivo la centralización de la administración de la salud y que se arroga el derecho, así, de medicalizar las urbes. Estos distintos focos de desarrollo de la medicina social europea revelan el interés de los gobiernos y las clases dominantes de acceder, mediante el saber médico, al cuerpo de las poblaciones. Con dicho acceso, por cierto, la medicina asegura un control inusitado de las masas, primero en nombre de la fuerza del Estado, luego en nombre de la higiene pública y finalmente en nombre de la necesidad de producir riquezas.

Los efectos negativos de la medicalización de las sociedades contemporáneas, en esta medida, no son accidentes si se los mira en el marco del desarrollo histórico de la medicina moderna. El hecho de que hoy existan grandes concentraciones de poder de parte de las industrias farmacéuticas, de que se denuncie el autoritarismo de los médicos en los diagnósticos y los procesos curativos, o de que los Estados tengan la potestad de definir la legalidad o ilegalidad de los abortos, la fecundación in vitro y las demás prácticas propias de la esfera de lo privado, se explica cuando se repara en el hecho de que la medicina moderna nace con una vocación biopolítica desde sus comienzos. En una palabra, la medicina moderna, pese a sus avatares, sus cambios de rumbos y sus diferencias contextuales, tiene como uno de sus objetos de interés, ya desde su propio nacimiento, el control de las poblaciones y de los cuerpos.

En el caso latinoamericano, y específicamente en el caso costarricense, sin duda estos procesos tuvieron lugar de otra manera y probablemente con otra lógica. Sin embargo, de igual forma, la gestión de la salud también ha estado emparentada en nuestro contexto con la vigilancia de las poblaciones: control de la procreación, gestión de la calidad de vida según la extracción de clase, normalización de la sexualidad, etc. Por otra parte, en Costa Rica los discursos sanitarios e higienistas formaron parte de las metáforas del blanqueamiento tan bien descritas por Alexander Jiménez, y los discursos sobre salud pública continúan siendo evocados confusamente como parte de discursos homofóbicos y discriminatorios.

Esto no quiere decir que no debamos aspirar a un acceso universal a la salud, o que detrás de la salud pública haya siempre un interés maquiavélico por controlar el cuerpo y ponerlo al servicio del poder (pues en todo caso el poder no es una entidad compacta e inmóvil, perennemente localizable). Lo que quiere decir, por el contrario, es que en el caso de economías periféricas como la nuestra, los sistemas de salud también han ido de la mano con el control de las poblaciones, y que la salud, si bien hasta ahora había sido un derecho, también ha sido una vía de acceso al cuerpo para los regímenes del poder. En esta medida, la CCSS no es el resultado únicamente de la buena voluntad de gobernantes pasados, sino también el resultado de fuerzas históricas que han hecho de la salud un complejo enclave de administración de lo social. Es probable, por lo tanto, que el desfalco de la CCSS no se deba exclusivamente a la avaricia de aquellos que la han saqueado, sino a que con la adopción en pleno del modelo neoliberal en Costa Rica, la gestión de la salud se ha convertido en una tarea que ya no corresponde al Estado, sino a capitales transnacionales que, si bien continuarán llevando a cabo un control generalizado de la salud de la población, no lo harán más con aquellos sectores que no puedan pagar. Lo preocupante es que cuando la salud deja de ser una preocupación de los Estados, esos cuerpos que dejan de ser controlados, paradójicamente, corren el riesgo de morir. Después de todo, el biopoder no es otra cosa que, justamente, un poder de hacer vivir o de dejar morir.