Cuando la Presidenta Chinchilla implora una tregua probablemente esté reflejando la gravísima dificultad que encuentra para gobernar. No creo que el asunto tenga que ver con la presunta impericia de doña Laura, según la interpretación que popularmente se invoca (seguramente influida por prejuicios machistas y hasta misóginos). En realidad, ella no es mejor ni peor que los seis señores que la antecedieron en el cargo desde 1982. Ninguno es una lumbrera, ninguno ha tenido estatura de estadista, ninguno pasará a la historia como un gran reformador al estilo de Figueres Ferrer o Calderón Guardia. Doña Laura no tiene nada que envidiarles ni ellos tendrían nada de que presumir frente a ella.
El tema, según la jerga usual entre políticos y politólogos, tiene que ver con eso llamado “gobernabilidad”. Una acepción posible de este concepto es pensarlo como aquel proceso social y político de resolución de conflictos, toma de decisiones y construcción de acuerdos asentado en ciertos criterios mínimos de democracia y participación. En ese marco, los problemas se resuelven de forma que se procuran escuchar respetuosamente todas las voces y llegar a salidas que, en grado razonable, respeten los diversos intereses y visiones de mundo.
En Costa Rica eso dejó de ser así hace muchos años, al menos desde 1984 con el inicio de la estrategia neoliberal de reestructuración económica, apertura externa y desmantelamiento del Estado. No quiere decir que en la etapa anterior –la de estrategia desarrollista, de Estado interventor y de bienestar- funcionara un arreglo democrático plenamente inclusivo, pero sí es claro que aquel modelo poseía, desde el punto de vista socioeconómico, capacidades de integración e inclusión muy superiores, lo que además favoreció la legitimidad del sistema de institucionalidad democrática.
Para formarse una idea del modo como esto cambia con el advenimiento de la hegemonía neoliberal, uno podría remitirse a los textos de Eduardo Lizano que, 20-25 años atrás, fundaron ideológica y programáticamente la versión criolla de la contrarreforma neoliberal. En esos escritos se postulaba explícitamente que ese modelo conllevaba ganadores y perdedores, y que eso era inevitable. Un caso en que ese principio quedó formulado con especial claridad y crudeza, fue el del campesinado que produce alimentos para el mercado interno. Simplemente se les condenaba, sin atenuantes, a la desaparición. En cambio, ese mismo economista, en sendos artículos publicados en La Nación hacia 1984, recomendaba facilitar que los exportadores hicieran “clavos de oro”.
A lo largo de este ya dilatado período, la estrategia neoliberal ha experimentado diversos cambios. Intel (1997-1998) marca una reorientación importante; la aprobación del TLC con Estados Unidos (2007) una profundización sustancial. El enorme peso que adquiere el capital extranjero –en especial el especulativo- desde 2005 introduce también algunas modificaciones interesantes.
Pero, con todas sus mutaciones, una constante del programa neoliberal es su incapacidad para propiciar el diálogo y la negociación y, correlativamente, su incapacidad para incluir. Las cosas se hacen de una determinada forma sin admitir fórmulas de transacción. Esto lleva al conflicto y cierra cualquier posible negociación razonable.
A todo esto, el TLC con Estados Unidos representa un punto culminante. En ese tratado se empaquetaron contrarreformas neoliberales de amplio alcance en una propuesta de “todo o nada”, blindada contra cualquier posibilidad de diálogo y negociación. Perdedores y ganadores quedaban así perfectamente deslindados.
Pero la propuesta neoliberal es excluyente no solo desde el punto de vista de su racionalidad política inherente. Lo es igualmente desde su desempeño socioeconómico concreto. La desigualdad, la pobreza, la creciente polarización y violencia social son resultados coherentes con el hecho de que las políticas tienden a configurarse según un juego claramente definido de “ganadores-perdedores”.
Durante los ochentas y noventas la gobernabilidad que permitió llevar adelante este proyecto, se construyó con base en la férrea hegemonía del bipartidismo, el cual subordinaba toda la institucionalidad pública a los intereses económicos que sostenían el modelo neoliberal. Para el común de la gente quedaba la práctica clientelar y corruptora que permitía comprar conciencias y acallar disgustos.
En el nuevo siglo el bipartidismo se derrumba. Y aunque el escenario político adquiere mayor complejidad, se observa, sin embargo, un intento por establecer una especie de “dictadura de partido único”. Claramente lo han intentado los Arias y, en su momento, la coyuntura del TLC les facilitó esas intenciones, ya que ello propició una férrea coalición de poderes económicos, políticos y mediáticos alrededor de OAS.
Pero casi de inmediato vino el impacto de la crisis mundial, cuyas consecuencias han trascendido ampliamente los efectos percibidos en los índices oficiales del PIB y el empleo. La crisis ataca una institucionalidad pública debilitada gravemente al cabo de casi tres decenios de subrepticio pero sistemático ataque. Explotan entonces las debilidades que se arrastraban de tiempo atrás.
Y con un agravante: el poderoso incentivo corruptor inherente a una ideología que realza como valores supremos el individualismo egoísta, la búsqueda irrestricta del peculio personal y la ostentación del poder y la riqueza material.
No creo que el Estado esté hoy bajo control de un grupo dedicado sistemáticamente al saqueo de los recursos públicos y el favorecimiento de sus negocios privados, según una simplista tesis conspirativa que goza de múltiples adhesiones. Si así fueran las cosas, serían mucho más simples. La cuestión es bastante más compleja. Y si bien el PLN actúa como centro motriz de la corrupción, las redes y manifestaciones de esta última lo trascienden y desarrollan su propia autonomía, incluso en espacios que no son solamente los del sector público.
En ese contexto gobierna por primera vez una mujer. Y posiblemente acontece que sea a ella a la que le toca presenciar el desmoronamiento del modelo neoliberal construido por los seis pantalonudos que la antecedieron durante los últimos 28 años.
Acaso doña Laura ni su partido logren entenderlo. Obsérvese el acuerdo con el PASE y los fundamentalistas pentecostales para el control de la Asamblea: tiene todos los rasgos de una política clientelar, basada en la satisfacción de las vanidades y ambiciones de políticos de feos antecedentes y reaccionaria propuesta ideológica. Reitera en otro nivel una práctica corruptora de décadas.
Pero, sobre todo, ello claramente advierte que, ante el colapso político, social e institucional que enfrenta el modelo neoliberal, el partido que lo ha liderado por décadas no logra articular ninguna respuesta creíble.






