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Nacionales

Autores, fotocopias y educación en Costa Rica

Por: Andrés Guadamuz
Artículo publicado en Amauta bajo licencia de Creative Commons
Fuente: TechnoLlama

Publicado el: Jueves, 11 de octubre del 2012

(Arte: Banksy)

Durante los últimos días hemos presenciado un lamentable ataque contra el Congreso y la Fuerza Pública por parte de elementos opuestos al veto presidencial de la Ley 17342 que reforma varios artículos de la legislación vigente de observancia de derechos de propiedad intelectual. El ataque ha sido propiciado por una narrativa que se ha expuesto en redes sociales y en varios artículos sobre el tema. Por un lado se nos presenta al derecho inalienable a la educación, y por otro los intereses comerciales de grandes conglomerados editoriales. Como sucede en gran cantidad de debates legales, el asunto de las fotocopias en Costa Rica es mucho más complejo de lo que sugieren las caricaturas maniqueístas sobre el tema.

Falsa dicotomía

El asunto de las fotocopias no responde a la falsa dicotomía entre intereses comerciales y los derechos de los pobres estudiantes. Si bien es cierto nuestros estudiantes universitarios tienen derecho a una educación de alto nivel, lo cual incluye el tener acceso a materiales educativos de calidad, los libros no se escriben solos. Como autor, estoy muy consciente del esfuerzo y sacrificio que conlleva el escribir y publicar una obra. Cada libro publicado acarrea una inversión por parte de la casa editorial, además de contener conocimiento que es el resultado de años de preparación y esfuerzo personal. Los autores tienen derecho a recibir una recompensa económica y un reconocimiento a la voluntad y dedicación que se encuentran plasmados en las hojas de un libro.

Tenemos entonces varios intereses en pugna. La educación superior requiere de acceso a obras de calidad, pero estas van a ser producidas tan solo si los autores y editores tienen la expectativa real de que sus inversiones van a ser recuperadas. El autor tiene tanto derecho a una remuneración justa como el estudiante tiene derecho a tener acceso a textos económicamente accesibles. Desgraciadamente, la ausencia de sociedades de gestión colectiva eficientes para autores y editores crean un sistema injusto en el que las ganancias por fotocopias terminan en su totalidad en las manos de fotocopiadores comerciales.

Asimismo, el debate sobre las fotocopias se ha polarizado por la existencia de medidas penales draconianas que vienen a criminalizar prácticas que deberían ser exclusivamente sujetas a demandas civiles si lo ameritan. La perspectiva de encarcelamiento para los operadores de fotocopias ha conllevado a que se ataque la ley existente de la forma que hemos visto estos días.

Soluciones y alternativas

Dice la frase que no hay nada nuevo bajo el sol, y el problema que estamos viviendo ya ha sido experimentado en varios países, por lo que podemos aprender de las prácticas internacionales.

Lo primero que hay que acotar es que nuestra legislación de derechos de autor contempla excepciones para uso de obras para fines meramente docentes o de investigación, algo que ha sido convenientemente ignorado por quienes al parecer quieren agitar a los estudiantes universitarios.

Una solución real es que los autores distribuyan sus obras bajo licencias abiertas (como Creative Commons). En mi caso personal, el año pasado publiqué un libro bajo una licencia que permite usos sin fines de lucro de la misma, lo cual incluye fotocopias para la educación. Un número importante de autores y editoriales ya se encuentra distribuyendo obras bajo tales sistemas alternativos de licenciamiento.

Similarmente, el Estado puede ayudar al subvencionar el acceso a textos mejorando el sistema de bibliotecas públicas, o ayudando a digitalizar materiales básicos de educación haciéndolos disponibles al público mediante Internet.

Un sistema que existe en otros países es el de tener fotocopiadoras automatizadas en bibliotecas en las que la totalidad de fondos es destinada a los autores por medio de sociedades de gestión colectiva. Este sistema tiene la ventaja de permitir a la vez el acceso a textos educativos de forma barata, así como el permitir la justa remuneración para los autores de las obras.

Para finalizar, no debemos caer en la tentación del maniqueísmo perezoso y falaz. Debe existir concientización social acerca del valor de la educación, así como el reconocimiento moral de los derechos de los autores. El balance entre ambos intereses puede ser difícil, pero es alcanzable.