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Pueblos indígenas en Salitre: CIDH ordena medidas cautelares a Costa Rica

Publicado el: Viernes, 15 de mayo del 2015

Por: Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Foto ilustrativa tomada de:
Tico Times

El pasado 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ordenar a Costa Rica medidas cautelares en aras de proteger la vida y la integridad física de las poblaciones indígenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre de Puntarenas. Se trata de un territorio indígena en el que desde varios años las comunidades indígenas intentan pacíficamente recuperar sus tierras. El  texto de la decisión de la Comisión Interamericana no deja duda alguna sobre la precaria situación de estas comunidades ante atropellos y actos de intimidación de todo tipo que han sufrido.

En el caso de Salitre, estas comunidades se han visto intimidadas por distintos actos de violencia por parte de personas privadas armadas para que abandonen sus territorios desde hace varios años. Una de las acciones más violentas contra mujeres indígenas fue perpetrada el mismo día en que la Selección Nacional de Costa Rica jugaba en cuartos de final contra Países Bajos durante el pasado campeonato mundial de fútbol, el 5 de julio del 2014.

Pese al diálogo establecido por las autoridades de Costa Rica desde entonces para intentar resolver la situación, las acciones contra los pobladores se han mantenido, y remitimos al lector a la larga serie de actos reportados a la Comisión, incluida en la sección “hechos” de su antes mencionada decisión del 30 de abril pasado. La Comisión ordenó a Costa Rica informarle dentro de un plazo no menor a 15 días a partir de la notificación de su decisión sobre las distintas medidas tomadas por las autoridades en resguardo de estas poblaciones indígenas. Las medidas cautelares constituyen, como bien se sabe, un mecanismo mediante el cual la Comisión, en casos de urgencia y gravedad, busca evitar que se le cause un daño irreparable a personas o grupo de personas.

En el plano estrictamente interno, la Sala Constitucional en octubre del 2014 suspendió una orden de desalojo ordenada por el Ejecutivo en la zona de Salitre como medida cautelar (ver nota de prensa). En noviembre del 2014, uno de los líderes indígenas en Salitre, Sergio Rojas, fue aprehendido por el Ministerio Público por supuesto delito de fraude (ver nota de prensa). En abril del 2015, varias organizaciones sociales solicitaron levantar las medidas de privación de libertad ordenadas por el juez a cargo de este caso (ver nota de prensa).

Las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado lugar a algunas manifestaciones por parte de otras entidades internacionales. Leemos en un artículo reciente que: ” El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que las autoridades costarricenses deben proceder con la expropiación, en todo el país, de quienes ocupen tierras indígenas de modo ilegal. Según el PNUD, un 40% de esas tierras está en manos de individuos que no son indígenas. “No se puede avanzar en materia de derechos humanos, si un derecho tan básico como la tenencia de las tierras no está garantizado. Esas tierras son exclusivas de los indígenas”, dijo Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica“.

Notemos que los esfuerzos estatales en los últimos años en aras de resolver las demandas (legítimas) de las poblaciones indígenas ocupan gran parte del último informe oficial presentado por Costa Rica ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por Costa Rica en la Convención que lleva el mismo nombre. El informe CERD/C/CRI/19-22 con fecha del 16 de abril del 2014 (disponible aquí) concluye con especial énfasis en el tema de la recuperación de tierras por parte de las comunidades indígenas (párrafos finales 289-300).

En años anteriores, Costa Rica había también recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para proteger la vida y la integridad física de un reconocido líder comunal, Aquiles Rivera, en su lucha contra la expansión piñera en la zona sur: se lee en este artículo titulado “Costa Rica: La expansión del monocultivo de piña en detrimento de los derechos humanos” que “El 11 de mayo de 2009 Aquiles sufrió un robo en su oficina en el cual le sustrajeron la computadora y el fax, únicas herramientas con las que contaba para trabajar. Unos días después de este hecho, en la noche, fue amenazado de muerte cerca de su casa en Buenos Aires de Puntarenas. Unos meses después también su hijo, menor de edad, fue amenazado de muerte. Lo que se está buscando por medio de la Comisión es la protección para Aquiles y su hijo, además de que se le ordene al Estado de Costa Rica que investigue los hechos y se pueda comprobar la relación que existe entre el trabajo de Aquiles, el robo de su oficina y las amenazas de muerte”.

La problemática en Salitre ilustra (de igual manera que el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquis y el de muchos otros megaproyectos ubicados en territorios indígenas), las serias deficiencias y lagunas del marco legal actual para resguardar y proteger adecuadamente los derechos de las poblaciones indígenas y garantizarles un adecuado proceso de consulta. En el caso del PH Diquis, una autora como la Dra. Karine Rinaldi (ver artículo del 1/12/2012 publicado en La Nación) ha señalado la imperiosa necesidad de adecuar el accionar del Estado costarricense a los parámetros de la jurisprudencia interamericana en materia de consulta a los pueblos indígenas.

A modo de conclusión, vale la pena recordar que en su informe del 2006 ante el mismo CERD, (Documento CERD/C/CRI/18 del 30 de agosto de 2006, disponible aquí), ante la observación del CERD – preocupado por la necesidad (ya imperiosa en el 2006) de adoptar una legislación que vele por los derechos de las poblaciones indígenas –, Costa Rica respondió en los siguientes términos: “Reiteramos que este proyecto, resultado de una iniciativa que tuvo cuatro etapas, con amplias consultas tanto entre los pueblos indígenas como en la Sala Constitucional y con dictamen positivo en su momento de la Comisión Legislativa, recoge el establecimiento de un marco para el desarrollo autónomo de las ocho etnias indígenas costarricenses” (párrafo 34). Casi 10 años después de esta aseveración por parte del Estado costarricense ante los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa.

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