La singularidad de este movimiento no debería sorprender. Después de todo, vivimos una época inédita, que arranca en 1970 y que ha supuesto un auténtico punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. Durante siglos, desde sus inicios como país, fueron una sociedad en desarrollo. Que no lo fueran siempre en la dirección correcta es otra historia. Pero en términos generales, el progreso supuso riqueza, industrialización, desarrollo y esperanza. Existía una expectativa más o menos amplia de que esto seguiría siendo así. Y lo fue, incluso en los tiempos más oscuros.

Tengo edad suficiente para recordar la Gran Depresión. A mediados de los años 30, la situación era objetivamente más dura que la actual. El ánimo, sin embargo, era otro. Había una sensación generalizada de que saldríamos adelante. Incluso la gente sin empleo, entre los que se contaban algunos parientes míos, pensaba que las cosas mejorarían. Existía un movimiento sindical militante, especialmente en el ámbito del Congreso de Organizaciones Industriales. Y se comenzaban a producir huelgas con ocupación de fábricas que aterrorizaban al mundo empresarial –basta consultar la prensa de la época-. Una ocupación, de hecho, es el paso previo a la autogestión de las empresas. Un tema, dicho sea de paso, que está bastante presente en la agenda actual. También la legislación del New Deal comenzaba a ver la luz a resultas de la presión popular. A pesar de que los tiempos eran duros, había una sensación, como señalaba antes, de que se acabaría por “salir de la crisis”.

Hoy las cosas son diferentes. Entre buena parte de la población de los Estados Unidos reina una marcada falta de esperanza que a veces se convierte en desesperación. Diría que esta realidad es bastante nueva en la historia norteamericana. Y tiene, desde luego, una base objetiva.

La clase trabajadora

En los años 30’ del siglo pasado los trabajadores desempleados podían pensar que recuperarían sus puestos de trabajo. Actualmente, con un nivel de paro similar al existente durante la Depresión, es improbable, si la tendencia persiste, que un trabajador manufacturero vaya a recuperar el suyo. El cambio tuvo lugar hacia 1970 y obedece a muchas razones. Un factor clave, bien analizado por el historiador económico Robert Brenner, fue la caída del beneficio en el sector manufacturero. Pero también hubo otros. La reversión, por ejemplo, de varios siglos de industrialización y desarrollo. Por supuesto, la producción de manufacturas continuó del otro lado del océano, pero en perjuicio, y no en beneficio, de las personas trabajadoras. Junto a estos cambios, se produjo un desplazamiento significativo de la economía del ámbito productivo –de cosas que la gente necesitara o pudiera usar- al de la manipulación financiera. Fue entonces, en efecto, cuando la financiarización de la economía comenzó a extenderse.

Los bancos

Antes de 1970, los bancos eran bancos. Hacían lo que se espera que un banco haga en una economía capitalista: tomar fondos no utilizados de una cuenta bancaria, por ejemplo, y darles una finalidad potencialmente útil como ayudar a una familia a que se compre una casa o a que envíe a su hijo a la escuela. Esto cambió de forma dramática en los setenta. Hasta entonces, y desde la Gran Depresión, no había habido crisis financieras. Los años cincuenta y sesenta fueron un periodo de gran crecimiento, el más alto en la historia de los Estados Unidos y posiblemente en la historia económica. Y fue igualitario. Al quintil más bajo de la sociedad le fue tan bien como al más alto. Mucha gente accedió a formas de vida más razonables –de “clase media”, como se llamó aquí, de “clase trabajadora”, en otros países–. Los sesenta, por su parte, aceleraron el proceso. Tras una década un tanto sombría, el activismo de aquellos años civilizó el país de forma muchas veces duradera. Con la llegada de los setenta, se produjeron una serie de cambios abruptos y profundos: desindustrialización, deslocalización de la producción y un mayor protagonismo de las instituciones financieras, que crecieron enormemente. Yo diría que entre los años cincuenta y sesenta se produjo un fuerte desarrollo de lo que décadas después se conocería como economía de alta tecnología: computadores, Internet y revolución de las tecnologías de la información, que se desarrollaron sustancialmente en el sector estatal. Estos cambios generaron un círculo vicioso. Condujeron a una creciente concentración de riqueza en manos del sector financiero, pero no beneficiaron a la economía (más bien la perjudicaron, al igual que a la sociedad).

Política y dinero

La concentración de riqueza trajo consigo una mayor concentración de poder político. Y la concentración de poder político dio lugar a una legislación que intensificaría y aceleraría el ciclo. Esta legislación, bipartidista en lo esencial, comportó la introducción de nuevas políticas fiscales, así como de medidas desreguladoras del gobierno de las empresas. Junto a este proceso, se produjo un aumento importante del coste de las elecciones, lo que hundió aún más a los partidos políticos en los bolsillos del sector empresarial.

Los partidos, en realidad, comenzaron a degradarse por diferentes vías. Si una persona aspiraba a un puesto en el Congreso, como la presidencia de una comisión, lo normal era que lo obtuviera a partir de su experiencia y capacidad personal. En solo un par de años, tuvieron que comenzar a contribuir a los fondos del partido para lograrlo, un tema bien estudiado por gente como Tom Ferguson. Esto, como decía, aumentó la dependencia de los partidos del sector empresarial (y sobre todo, del sector financiero).

Este ciclo acabó con una tremenda concentración de riqueza, básicamente en manos del primer uno por ciento de la población. Mientras tanto, se abrió un período de estancamiento e incluso de decadencia para la mayoría de la gente. Algunos salieron adelante, pero a través de medios artificiales como la extensión de la jornada de trabajo, el recurso al crédito y al sobreendeudamiento o la apuesta por inversiones especulativas como las que condujeron a la reciente burbuja inmobiliaria. Muy pronto, la jornada laboral acabó por ser más larga en Estados Unidos que en países industrializados como Japón o que otros en Europa. Lo que se produjo, en definitiva, fue un período de estancamiento y de declive para la mayoría unido a una aguda concentración de riqueza. El sistema político comenzó así a disolverse.

Siempre ha existido una brecha entre la política institucional y la voluntad popular. Ahora, sin embargo, ha crecido de manera astronómica. Constatarlo no es difícil. Basta ver lo que está ocurriendo con el gran tema que ocupa a Washington: el déficit. El gran público, con razón, piensa que el déficit no es la cuestión principal. Y en verdad no lo es. La cuestión importante es la falta de empleo. Hay una comisión sobre el déficit pero no una sobre el desempleo. Por lo que respecta al déficit, el gran público tiene su posición. Las encuestas lo atestiguan. De forma clara, la gente apoya una mayor presión fiscal sobre los ricos, la reversión de la tendencia regresiva de estos años y la preservación de ciertas prestaciones sociales. Las conclusiones de la comisión sobre el déficit seguramente dirán lo contrario. El movimiento de ocupación podría proporcionar una base material para tratar de neutralizar este puñal que apunta al corazón del país.

Plutonomía y precariado

Para el grueso de la población –el 99%, según el movimiento Ocupemos– estos tiempos han sido especialmente duros, y la situación podría ir a peor. Podríamos asistir, de hecho, a un período de declive irreversible. Para el 1% -e incluso menos, el 0,1%- todo va bien. Son más ricos que nunca, más poderosos que nunca y controlan el sistema político, de espaldas a la mayoría. Si nada se lo impide, ¿por qué no continuar así?

Tomemos el caso de Citigroup. Durante décadas, ha sido uno de los bancos de inversión más corruptos. Sin embargo, ha sido rescatado una y otra vez con dinero de los contribuyentes. Primero con Reagan y ahora nuevamente. No incidiré aquí en el tema de la corrupción, pero es bastante alucinante. En 2005, Citigroup sacó unos folletos para inversores bajo el título: “Plutonomía: comprar lujo, explicar los desequilibrios globales”. Los folletos animaban a los inversores a colocar dinero en un “índice de plutonomía”. “El mundo –anunciaban- se está dividiendo en dos bloques: la plutonomía y el resto”.

La noción de plutonomía apela a los ricos, a los que compran bienes de lujo y todo lo que esto conlleva. Los folletos sugerían que la inclusión en el “índice de plutonomía” contribuiría a mejorar los rendimientos de los mercados financieros. El resto bien podía fastidiarse. No importaba. En realidad, no eran necesarios. Estaban allí para sostener a un Estado poderoso, que rescataría a los ricos en caso de que se metieran en problemas. Ahora, estos sectores suelen denominarse “precariado” –gente que vive una existencia precaria en la periferia de la sociedad–. Solo que cada vez es menos periférica. Se está volviendo una parte sustancial de la sociedad norteamericana y del mundo. Y los ricos no lo ven tan mal.

Por ejemplo, el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, llegó a ir al Congreso, durante la gestión de Clinton, a explicar las maravillas del gran modelo económico que tenía el honor de supervisar. Fue poco antes del estallido del crack en el que tuvo una responsabilidad clarísima. Todavía se le llamaba “San Alan” y los economistas profesionales no dudaban en describirlo como uno de los más grandes. Dijo que gran parte del éxito económico tenía que ver con la “creciente inseguridad laboral”. Si los trabajadores carecen de seguridad, si forman parte del precariado, si viven vidas precarias, renunciarán a sus demandas. No intentarán conseguir mejores salarios o mejores prestaciones. Resultarán superfluos y será fácil librarse de ellos. Esto es lo que, técnicamente hablando, Greenspan llamaba una economía “saludable”. Y era elogiado y enormemente admirado por ello.

La cosa, pues, está así: el mundo se está dividiendo en plutonomía y precariado –el 1 y el 99 por ciento, en la imagen propagada por el movimiento Ocupemos. No se trata de números exactos, pero la imagen es correcta. Ahora, es la plutonomía quien tiene la iniciativa y podría seguir siendo así. Si ocurre, la regresión histórica que comenzó en los años setenta del siglo pasado podría resultar irreversible. Todo indica que vamos en esa dirección. El movimiento Ocupemos es la primera y más grande reacción popular a esta ofensiva. Podría neutralizarla. Pero para ello es menester asumir que la lucha será larga y difícil. No se obtendrán victorias de la noche a la mañana. Hace falta crear estructuras nuevas, sostenibles, que ayuden a atravesar estos tiempos difíciles y a obtener triunfos mayores. Hay un sinnúmero de cosas, de hecho, que podrían hacerse.

Hacia un movimiento de ocupación de los trabajadores

Ya lo mencioné antes. En los años treinta del siglo pasado, las huelgas con ocupación de los lugares de trabajo eran unas de las acciones más efectivas del movimiento obrero. La razón era sencilla: se trataba del paso previo a la toma de las fábricas. En los años setenta, cuando el nuevo clima de contrarreforma comenzaba a instalarse, todavía pasaban cosas importantes. En 1977, por ejemplo, la empresa US Steel decidió cerrar una de sus sucursales en Youngstown, Ohio. En lugar de marcharse, simplemente, los trabajadores y la comunidad se propusieron unirse y comprarla a los propietarios para luego convertirla en una empresa autogestionada. No ganaron. Pero de haber conseguido el suficiente apoyo popular, probablemente lo habrían hecho. Gar Alperovitz y Staufhton Lynd, los abogados de los trabajadores, han analizado con detalle esta cuestión. Se trató, en suma, de una victoria parcial. Perdieron, pero generaron otras iniciativas. Esto explica que hoy, a lo largo de Ohio y de muchos otros sitios, hayan surgido cientos, quizás miles de empresas de propiedad comunitaria, no siempre pequeñas, que podrían convertirse en autogestionadas. Y esta sí es una buena base para una revolución real.

Algo similar pasó en la periferia de Boston hace aproximadamente un año. Una multinacional decidió cerrar una instalación rentable que producía manufacturas con alta tecnología. Evidentemente, para ellos no era lo suficientemente rentable. Los trabajadores y los sindicatos ofrecieron comprarla y gestionarla por sí mismos. La multinacional se negó, probablemente por consciencia de clase. Creo que no les hace ninguna gracia que este tipo de cosas pueda ocurrir. Si hubiera habido suficiente apoyo popular, algo similar al actual movimiento de ocupación de las calles, posiblemente habrían tenido éxito.

Y no es el único proceso de este tipo que está teniendo lugar. De hecho, se han producido algunos con una entidad mayor. No hace mucho, el presidente Barack Obama tomó el control estatal de la industria automotriz, la propiedad de la cual estaba básicamente en manos de una miríada de accionistas. Tenía varias posibilidades. Pero escogió esta: reflotarla con el objetivo de devolverla a sus dueños, o a un tipo similar de propiedad que mantuviera su estatus tradicional. Otra posibilidad era entregarla a los trabajadores, estableciendo las bases de un sistema industrial autogestionado que produjera cosas necesarias para la gente. Son muchas, de hecho, las cosas que necesitamos. Todos saben o deberían saber que los Estados Unidos tienen un enorme atraso en materia de transporte de alta velocidad. Es una cuestión seria, que no sólo afecta la manera en que la gente vive, sino también la economía. Tengo una historia personal al respecto. Hace unos meses, tuve que dar un par de charlas en Francia. Había que tomar un tren desde Avignon, al sur, hasta el aeropuerto Charles de Gaulle, en París. La distancia es la misma que hay entre Washington DC y Boston. Tardé dos horas. No sé si han tomado el tren que va de Washington a Boston. Opera a la misma velocidad que hace sesenta años, cuando mi mujer y yo nos subimos por primera vez. Es un escándalo.

Nada impide hacer en los Estados Unidos lo que se hace en Europa. Existe la capacidad y una fuerza de trabajo cualificada. Haría falta algo más de apoyo popular, pero el impacto en la economía sería notable. El asunto, sin embargo, es aún más surrealista. Al tiempo que desechaba esta opción, la administración Obama envió a su secretario de transportes a España para conseguir contratos en materia de trenes de alta velocidad. Esto se podría haber hecho en el cinturón industrial del norte de los Estados Unidos, pero ha sido desmantelado. No son, pues, razones económicas las que impiden desarrollar un sistema ferroviario robusto. Son razones de clase, que reflejan la debilidad de la movilización popular.

Cambio climático y armas nucleares  

Hasta aquí me he limitado a las cuestiones domésticas, pero hay dos desarrollos peligrosos en el ámbito internacional, una suerte de sombra que planea sobre todo lo el análisis. Por primera vez en la historia de la humanidad, hay amenazas reales a la supervivencia digna de las especies.

Una de ellas nos ha estado rondando desde 1945. Es una especie de milagro que la hayamos sorteado. Es la amenaza de la guerra nuclear, de las armas nucleares. Aunque no se habla mucho de ello, esta amenaza no ha dejado de crecer con el gobierno actual y sus aliados. Y hay que hacer algo antes de que estemos en problemas serios.

La otra amenaza, por supuesto, es la catástrofe ambiental. Prácticamente todos los países en el mundo están tratando de hacer algo al respecto, aunque sea de manera vacilante. Los Estados Unidos también, pero para acelerar la amenaza. Son el único país de los grandes que no ha hecho nada constructivo para proteger el medio ambiente, que ni siquiera se ha subido al tren. Es más, en cierta medida, lo están empujando hacia atrás. Todo esto está ligado a la existencia de un gigantesco sistema de propaganda que el mundo de los negocios despliega con orgullo y desfachatez con el objetivo de convencer a la gente de que el cambio climático es una patraña de los progres “¿Por qué hacer caso a estos científicos?”.

Estamos viviendo una auténtica regresión a tiempos muy oscuros. Y no lo digo en broma. De hecho, si se piensa que esto está pasando en el país más poderoso y rico de la historia, la catástrofe parece inevitable. En una generación o dos, cualquier otra cosa de la que hablemos carecerá de importancia. Hay que hacer algo, pues, y hacerlo pronto, con dedicación y de manera sostenible. No será sencillo. Habrá, por descontado, obstáculos, dificultades, fracasos. Es más: si el espíritu surgido el año pasado, aquí y en otros rincones del mundo, no crece y consigue convertirse en una fuerza de peso en el mundo social y político, las posibilidades de un futuro digno no serán muy grandes.

Noam Chomsky es profesor emérito del Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT. Universalmente reconocido como renovador de la lingüística contemporánea, es el autor vivo más citado, el intelectual público más destacado de nuestro tiempo y una figura política emblemática de la resistencia antiimperialista mundial.

Individually the poor are not too tempting to thieves, for obvious reasons. Mug a banker and you might score a wallet containing a month’s rent. Mug a janitor and you will be lucky to get away with bus fare to flee the crime scene. But as Business Week helpfully pointed out in 2007, the poor in aggregate provide a juicy target for anyone depraved enough to make a business of stealing from them.

The trick is to rob them in ways that are systematic, impersonal, and almost impossible to trace to individual perpetrators. Employers, for example, can simply program their computers to shave a few dollars off each paycheck, or they can require workers to show up 30 minutes or more before the time clock starts ticking.

Lenders, including major credit companies as well as payday lenders, have taken over the traditional role of the street-corner loan shark, charging the poor insanely high rates of interest. When supplemented with late fees (themselves subject to interest), the resulting effective interest rate can be as high as 600% a year, which is perfectly legal in many states.

It’s not just the private sector that’s preying on the poor. Local governments are discovering that they can partially make up for declining tax revenues through fines, fees, and other costs imposed on indigent defendants, often for crimes no more dastardly than driving with a suspended license. And if that seems like an inefficient way to make money, given the high cost of locking people up, a growing number of jurisdictions have taken to charging defendants for their court costs and even the price of occupying a jail cell.

The poster case for government persecution of the down-and-out would have to be Edwina Nowlin, a homeless Michigan woman who was jailed in 2009 for failing to pay $104 a month to cover the room-and-board charges for her 16-year-old son’s incarceration. When she received a back paycheck, she thought it would allow her to pay for her son’s jail stay. Instead, it was confiscated and applied to the cost of her own incarceration.

Government Joins the Looters of the Poor

You might think that policymakers would take a keen interest in the amounts that are stolen, coerced, or extorted from the poor, but there are no official efforts to track such figures. Instead, we have to turn to independent investigators, like Kim Bobo, author of Wage Theft in America, who estimates that wage theft nets employers at least $100 billion a year and possibly twice that. As for the profits extracted by the lending industry, Gary Rivlin, who wrote Broke USA: From Pawnshops to Poverty, Inc. — How the Working Poor Became Big Business, says the poor pay an effective surcharge of about $30 billion a year for the financial products they consume and more than twice that if you include subprime credit cards, subprime auto loans, and subprime mortgages.

These are not, of course, trivial amounts. They are on the same order of magnitude as major public programs for the poor. The government distributes about $55 billion a year, for example, through the largest single cash-transfer program for the poor, the Earned Income Tax Credit; at the same time, employers are siphoning off twice that amount, if not more, through wage theft.

And while government generally turns a blind eye to the tens of billions of dollars in exorbitant interest that businesses charge the poor, it is notably chary with public benefits for the poor. Temporary Assistance to Needy Families, for example, our sole remaining nationwide welfare program, gets only $26 billion a year in state and federal funds. The impression is left of a public sector that’s gone totally schizoid: on the one hand, offering safety-net programs for the poor; on the other, enabling large-scale private sector theft from the very people it is supposedly trying to help.

At the local level though, government is increasingly opting to join in the looting. In 2009, a year into the Great Recession, I first started hearing complaints from community organizers about ever more aggressive levels of law enforcement in low-income areas. Flick a cigarette butt and get arrested for littering; empty your pockets for an officer conducting a stop-and-frisk operation and get cuffed for a few flakes of marijuana. Each of these offenses can result, at a minimum, in a three-figure fine.

And the number of possible criminal offenses leading to jail and/or fines has been multiplying recklessly. All across the country — from California and Texas to Pennsylvania — counties and municipalities have been toughening laws against truancy and ratcheting up enforcement, sometimes going so far as to handcuff children found on the streets during school hours. In New York City, it’s now a crime to put your feet up on a subway seat, even if the rest of the car is empty, and a South Carolina woman spent six days in jail when she was unable to pay a $480 fine for the crime of having a “messy yard.” Some cities — most recently, Houston and Philadelphia — have made it a crime to share foodwith indigent people in public places.

Being poor itself is not yet a crime, but in at least a third of the states, being in debt can now land you in jail. If a creditor like a landlord or credit card company has a court summons issued for you and you fail to show up on your appointed court date, a warrant will be issued for your arrest. And it is easy enough to miss a court summons, which may have been delivered to the wrong address or, in the case of some bottom-feeding bill collectors, simply tossed in the garbage — a practice so common that the industry even has a term for it: “sewer service.” In a sequence that National Public Radio reports is “increasingly common,” a person is stopped for some minor traffic offense — having a noisy muffler, say, or broken brake light — at which point the officer discovers the warrant and the unwitting offender is whisked off to jail.

Local Governments as Predators

Each of these crimes, neo-crimes, and pseudo-crimes carries financial penalties as well as the threat of jail time, but the amount of money thus extracted from the poor is fiendishly hard to pin down. No central agency tracks law enforcement at the local level, and local records can be almost willfully sketchy.

According to one of the few recent nationwide estimates, from the National Association of Criminal Defense Lawyers, 10.5 million misdemeanors were committed in 2006. No one would risk estimating the average financial penalty for a misdemeanor, although the experts I interviewed all affirmed that the amount is typically in the “hundreds of dollars.” If we take an extremely lowball $200 per misdemeanor, and bear in mind that 80%-90% of criminal offenses are committed by people who are officially indigent, then local governments are using law enforcement to extract, or attempt to extract, at least $2 billion a year from the poor.

And that is only a small fraction of what governments would like to collect from the poor. Katherine Beckett, a sociologist at the University of Washington, estimates that “deadbeat dads” (and moms) owe $105 billion in back child-support payments, about half of which is owed to state governments as reimbursement for prior welfare payments made to the children. Yes, parents have a moral obligation to their children, but the great majority of child-support debtors are indigent.

Attempts to collect from the already-poor can be vicious and often, one would think, self-defeating. Most states confiscate the drivers’ licenses of people owing child support, virtually guaranteeing that they will not be able to work.  Michigan just started suspending the drivers’ licenses of people who owe money for parking tickets.  Las Cruces, New Mexico, just passed a law that punishes people who owe overdue traffic fines by cutting off their water, gas, and sewage.

Once a person falls into the clutches of the criminal justice system, we encounter the kind of slapstick sadism familiar to viewers of Wipeout. Many courts impose fees without any determination of whether the offender is able to pay, and the privilege of having a payment plan will itself cost money.

In a study of 15 states, the Brennan Center for Justice at New York University found 14 of them contained jurisdictions that charge a lump-sum “poverty penalty” of up to $300 for those who cannot pay their fees and fines, plus late fees and “collection fees” for those who need to pay over time. If any jail time is imposed, that too may cost money, as the hapless Edwina Nowlin discovered, and the costs of parole and probation are increasingly being passed along to the offender.

The predatory activities of local governments give new meaning to that tired phrase “the cycle of poverty.” Poor people are more far more likely than the affluent to get into trouble with the law, either by failing to pay parking fines or by incurring the wrath of a private-sector creditor like a landlord or a hospital.

Once you have been deemed a criminal, you can pretty much kiss your remaining assets goodbye. Not only will you face the aforementioned court costs, but you’ll have a hard time ever finding a job again once you’ve acquired a criminal record. And then of course, the poorer you become, the more likely you are to get in fresh trouble with the law, making this less like a “cycle” and more like the waterslide to hell.  The further you descend, the faster you fall — until you eventually end up on the streets and get busted for an offense like urinating in public or sleeping on a sidewalk.

I could propose all kinds of policies to curb the ongoing predation on the poor. Limits on usury should be reinstated. Theft should be taken seriously even when it’s committed by millionaire employers. No one should be incarcerated for debt or squeezed for money they have no chance of getting their hands on. These are no-brainers, and should take precedence over any long term talk about generating jobs or strengthening the safety net. Before we can “do something” for the poor, there are some things we need to stop doing to them.

Barbara Ehrenreich, a TomDispatch regular, is the author of Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America (now in a 10th anniversary edition with a new afterword). She is most recently the founder of the just-launched Economic Hardship Reporting Project, which supports innovative journalism on poverty and economic hardship.  To listen to Timothy MacBain’s latest Tomcast audio interview in which Ehrenreich discusses how the poor get soaked and her latest project to fund investigative journalism on poverty, click here or download it to your iPod here.

¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez menos? ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2500 horas y cien años después su vida útil se haya visto reducida a la mitad?

¿Es compatible un sistema de producción infinito en un planeta con recursos limitados?

Éstas y otras preguntas surgen en el documental “Comprar, tirar, comprar”, que Televisión española estrenó el 9 de enero de 2011 y que vimos, en su versión extendida, en La 2 y en la web el viernes 20 de abril de 2012

¿Y tú? ¿Cómo batallas contra la obsolescencia programada?

Más allá de esta coyuntura que atraviesa la CCSS y de esa tan eventual como deseable reacción de parte de la sociedad costarricense, poco se discute sobre su razón de ser más allá de cierta idealización romántica que atribuye el porqué de la Caja al genio y la sensibilidad de sus creadores. En otras palabras, poco se habla de por qué y para qué existe la CCSS, y del motivo por el cual la misma clase política que la creó ahora se la come en confites.

La medicina moderna posee una vocación de control de la población desde su propia gestación. A contrapelo de la tesis según la cual la historia de la medicina europea es la historia de una progresiva individualización causada por su inscripción en las sociedades de mercado, lo cierto del caso es que la misma posee una vocación biopolítica y un afán de controlar las colectividades desde su nacimiento hasta nuestros días. En otras palabras, desde el siglo XVIII la medicina europea tiene como blanco el control de las poblaciones y, en esa medida, la salud se revela como un importante enclave para el ejercicio del poder sobre los cuerpos a nivel macro. No hay que esperar hasta finales del siglo XIX (cuando los sistemas médicos revelan una preocupación creciente por mantener niveles aceptables de salud entre las clases trabajadoras, con el fin de asegurar cierto nivel de producción) para rastrear diversas formas de poder ejercidas en nombre del bienestar físico de las poblaciones. Ya desde inicios del siglo XVIII se ejerce una medicina estatal en Inglaterra que intenta garantizar la salud pública. En ese mismo siglo, en Alemania, se desarrolla una medicina urbana que se traza como objetivo la centralización de la administración de la salud y que se arroga el derecho, así, de medicalizar las urbes. Estos distintos focos de desarrollo de la medicina social europea revelan el interés de los gobiernos y las clases dominantes de acceder, mediante el saber médico, al cuerpo de las poblaciones. Con dicho acceso, por cierto, la medicina asegura un control inusitado de las masas, primero en nombre de la fuerza del Estado, luego en nombre de la higiene pública y finalmente en nombre de la necesidad de producir riquezas.

Los efectos negativos de la medicalización de las sociedades contemporáneas, en esta medida, no son accidentes si se los mira en el marco del desarrollo histórico de la medicina moderna. El hecho de que hoy existan grandes concentraciones de poder de parte de las industrias farmacéuticas, de que se denuncie el autoritarismo de los médicos en los diagnósticos y los procesos curativos, o de que los Estados tengan la potestad de definir la legalidad o ilegalidad de los abortos, la fecundación in vitro y las demás prácticas propias de la esfera de lo privado, se explica cuando se repara en el hecho de que la medicina moderna nace con una vocación biopolítica desde sus comienzos. En una palabra, la medicina moderna, pese a sus avatares, sus cambios de rumbos y sus diferencias contextuales, tiene como uno de sus objetos de interés, ya desde su propio nacimiento, el control de las poblaciones y de los cuerpos.

En el caso latinoamericano, y específicamente en el caso costarricense, sin duda estos procesos tuvieron lugar de otra manera y probablemente con otra lógica. Sin embargo, de igual forma, la gestión de la salud también ha estado emparentada en nuestro contexto con la vigilancia de las poblaciones: control de la procreación, gestión de la calidad de vida según la extracción de clase, normalización de la sexualidad, etc. Por otra parte, en Costa Rica los discursos sanitarios e higienistas formaron parte de las metáforas del blanqueamiento tan bien descritas por Alexander Jiménez, y los discursos sobre salud pública continúan siendo evocados confusamente como parte de discursos homofóbicos y discriminatorios.

Esto no quiere decir que no debamos aspirar a un acceso universal a la salud, o que detrás de la salud pública haya siempre un interés maquiavélico por controlar el cuerpo y ponerlo al servicio del poder (pues en todo caso el poder no es una entidad compacta e inmóvil, perennemente localizable). Lo que quiere decir, por el contrario, es que en el caso de economías periféricas como la nuestra, los sistemas de salud también han ido de la mano con el control de las poblaciones, y que la salud, si bien hasta ahora había sido un derecho, también ha sido una vía de acceso al cuerpo para los regímenes del poder. En esta medida, la CCSS no es el resultado únicamente de la buena voluntad de gobernantes pasados, sino también el resultado de fuerzas históricas que han hecho de la salud un complejo enclave de administración de lo social. Es probable, por lo tanto, que el desfalco de la CCSS no se deba exclusivamente a la avaricia de aquellos que la han saqueado, sino a que con la adopción en pleno del modelo neoliberal en Costa Rica, la gestión de la salud se ha convertido en una tarea que ya no corresponde al Estado, sino a capitales transnacionales que, si bien continuarán llevando a cabo un control generalizado de la salud de la población, no lo harán más con aquellos sectores que no puedan pagar. Lo preocupante es que cuando la salud deja de ser una preocupación de los Estados, esos cuerpos que dejan de ser controlados, paradójicamente, corren el riesgo de morir. Después de todo, el biopoder no es otra cosa que, justamente, un poder de hacer vivir o de dejar morir.

La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.

(Foto: jaguardelplatanar / Flickr)

La Sala IV tiene, por ahora, dos opciones en torno a este tema: aceptar para estudio o rechazar la admisibilidad. De aceptarla, el proceso para decidir por el fondo si la acepta o no, podría demorar bastante tiempo.

Varios abogados del sector ambientalista que impulsaron los recursos legales contra la operación de la mina de Crucitas, entre los cuales están Bernal Gamboa, Edgardo Araya y Álvaro Sagot, consideraron que sólo la eventual admisión de la acción de Industrias Infinito provocaría un gran “caos” y un choque entre salas del Poder Judicial.

Pero, lo que más preocupa a los adversarios del proyecto minero es el cambio de posición, que según enfatizan, se manifiesta en observaciones que viene haciendo en sus votos de sentencias de la Sala Constitucional la presidenta del tribunal –Ana Virginia Calzada-, donde insiste en que las resoluciones de la instancia -aun cuando se declaren sin lugar- adquieren el estatus de “cosa juzgada”.

La inquietud de los abogados es mayor por cuanto las observaciones, según dijeron a UNIVERSIDAD, comenzaron a incluirse luego del  fallo de la Sala Primera, que dejó en firme -en noviembre- la sentencia emitida un año atrás por el Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la concesión a Industrias Infinito y obliga a esa compañía y al Estado costarricense, a reparar los daños ambientales ocurridos con el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas.

Este proceso de ejecución de sentencia arrancó el 30 de abril, con una audiencia a las que fueron convocadas las partes involucradas en el juicio (ver nota aparte “Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación”).

Los grupos y sus representantes ambientalistas consideran que la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la sentencia en el caso Crucitas no tiene ningún fundamento para su estudio en el tribunal constitucional, pues es un caso cerrado en las instancias correspondientes.

En el 2009, la Sala IV resolvió a favor de Industrias Infinito S.A. una acción interpuesta en su contra, al declarar que sus operaciones en el país no contravenían la Carta Magna costarricense.

No obstante, dejó el tema de la legalidad en manos de las instancias contenciosas, donde los grupos ambientalistas ganaron la batalla, luego de que la empresa fuera sindicada de haber incumplido requerimientos que exigía la legislación costarricense para la puesta en marcha de sus operaciones.

“Nosotros (los abogados ambientalistas) hemos presentado un recurso pidiendo a la Sala IV que declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Ese recurso no está haciendo fila, lo han  venido discutiendo y (hasta la semana pasada) los magistrados no llegaban a un acuerdo de qué hacer. Hay división de criterios”,  dijo el biólogo Jorge Lobo  a UNIVERSIDAD.

“Admitirlo y acogerlo sería un problema muy grave, porque prácticamente estaría anulando la sentencia contra Crucitas y eso provocaría un fuerte choque entre salas del Poder Judicial”, alertó.

Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, uno de los luchadores contra la minería a cielo abierto, advirtió que la acción “no debe ser admitida, porque no hay un caso de plataforma o estudio, ya que la Sala Primera resolvió sobre el asunto”.

“Si no hay asunto pendiente, la Sala IV debió haberla rechazado de plano desde hace mucho tiempo”, insistió el abogado.

Por otro lado, Sagot consideró como “sumamente delicado” el argumento de “cosa juzgada” atribuido a Calzada, “porque a nivel internacional y para efectos de un eventual arbitraje (no descartado por Industrias Infinito), crea gran incertidumbre sobre el sistema de justicia costarricense, donde las salas ni siquiera se ponen de acuerdo”.

“Se dejaría la imagen de que la aplicación de justicia en Costa Rica es confusa” y si la acción es declarada con lugar “estallaría una revolución aquí”, comentó Sagot.

Posiciones similares expusieron a UNIVERSIDAD los abogados Edgardo Araya y Bernal Gamboa, quienes dijeron estar muy “extrañados” de las posiciones asumidas en los últimos años por la magistrada Calzada.

UNIVERSIDAD trató de conocer la opinión de la jurista, pero la oficina de prensa dijo que el caso aún sigue en trámite. Tampoco fue posible obtener una respuesta del abogado Juan Carlos Hernández.

“Está clarísimo que no caben acciones de inconstitucionalidad contra actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Estaríamos entonces hablando de casi un golpe de Estado y de un verdadero adefesio jurídico si la acción es admitida y declarada con lugar”, expresó Araya.

Gamboa por su parte, dijo que si la acción es admitida por la Sala IV “se estaría violando el artículo 55 de la ley de la Jurisdicción Constitucional y el 75 y diez de la Constitución Política”.

“Eso sería muy grave, porque no habría seguridad jurídica en Costa Rica”, agregó  Gamboa, quien al igual que  Araya, no descartó la posibilidad de acusar de “prevaricato” a los magistrados que eventualmente voten por la admisibilidad.

Los abogados consultados se mostraron extrañados de las razones por las cuales la Procuraduría General de la República no presentó como prueba ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia el informe elaborado por la Fundación Neotrópica, que calculó en $4.6 millones el valor de los daños ambientales provocados por los trabajos realizados en la mina de Crucitas.

Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación

La procuradora ambiental de la Procuraduría General de la República, Gloria Solano, dijo a UNIVERSIDAD que el Estado de Costa Rica quiere cumplir, a la mayor rapidez, con las responsabilidades y las reparaciones que estableció la sentencia de Crucitas en  contra de Industrias Infinito S.A.

A continuación, se ofrece un extracto de una entrevista realizada a Solano:

Ustedes solicitaron al  MINAET hacer un estudio sobre el impacto ambiental provocado por Industrias Infinito en Crucitas. Ya fue elaborado por la Fundación Neotrópica y aprobado por el MINAET. ¿Qué piensan hacer con ese estudio, no lo presentaron como parte de las pruebas ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia?

-Tras quedar confirmada la sentencia del Tribunal Contencioso, empezamos a pedir información para cumplir lo antes posible con el proceso, porque no había razones para rechazar la reparación de los daños.

Empezamos desde diciembre a reunir información, y todas las gestiones. La sentencia del tribunal establece una serie de órdenes a cumplir por parte del Estado, algunas compartidas con el codemandado. Entonces nos dimos a la tarea de iniciar las gestiones y una de esas es el informe técnico que se solicitó.

¿Cuál era la necesidad de encargar ese estudio a MINAET?

-Nosotros como abogados teníamos la necesidad de saber qué había ocurrido, cómo había quedado la  zona. Por eso le pedimos al ministro René Castro que nos rindieran un informe técnico. El único requerimiento es que fueran funcionarios que no hubieran tenido participación en la tramitación del caso, que no existiera conflicto de intereses.

El ministro decidió contratar a una Fundación, la Neotrópica, esta elaboró el informe y nosotros recibimos una versión acabada del trabajo, unos días antes de la audiencia del 30 de abril.

Estábamos revisándolo; hay cosas que no entendíamos; había unas dudas y entonces queremos aclararlas, que nos expliquen algunas cosas técnicas, pues somos abogados y no expertos en temas ambientales. Se presentará en su momento.

The award of the Nobel Prize to the first black president because he “offered hope” was both absurd and an authentic expression of the lifestyle liberalism that controls much of political debate in the west. Same-sex marriage is one such distraction.  No “issue” diverts attention as successfully as this: not the free vote in Parliament on lowering the age of gay consent promoted by the noted libertarian and war criminal Tony Blair: not the cracks in “glass ceilings” that contribute nothing to women’s liberation and merely amplify the demands of bourgeois privilege. 

(Art: Exiled Surfer)

Legal obstacles should not prevent people marrying each other, regardless of gender. But this is a civil and private matter; bourgeois acceptability is not yet a human right. The rights historically associated with marriage are those of property: capitalism itself.  Elevating the “right” of marriage above the right to life and real justice is as profane as seeking allies among those who deny life and justice to so many, from Afghanistan to Palestine.

On 9 May, hours before his Damascene declaration on same-sex marriage, Obama sent out messages to campaign donors making his new position clear. He asked for money. In response, according to the Washington Post, his campaign received a “massive surge of contributions”. The following evening, with the news now dominated by his “conversion”, he attended a fundraising party at the Los Angeles home of the actor George Clooney. “Hollywood,” reported the Associated Press, “is home to some of the most high-profile backers of gay marriage, and the 150 donors who are paying $40,000 to attend Clooney’s dinner will no doubt feel invigorated by Obama’s watershed announcement the day before.” The Clooney party is expected to raise a record $15 million for Obama’s re-election and will be followed by “yet another fundraiser in New York sponsored by gay and Latino Obama supporters”.

The width of a cigarette paper separates the Democratic and Republican parties on economic and foreign policies. Both represent the super rich and the impoverishment of a nation from which trillions of tax dollars have been transferred to a permanent war industry and banks that are little more than criminal enterprises. Obama is as reactionary and violent as George W. Bush, and in some ways he is worse. His personal speciality is the use of Hellfire missile-armed drones against defenceless people. Under cover of a partial withdrawal of troops from Afghanistan, he has sent US special forces to 120 countries where death squads are trained. He has revived the old cold war on two fronts: against China in Asia and with a “shield” of missiles aimed at Russia. The first black president has presided over the incarceration and surveillance of greater numbers of  black people than were enslaved in 1850. He has prosecuted more whistleblowers – truth-tellers – than any of his predecessors.  His vice-president, Joe Biden, a zealous warmonger, has called WikiLeaks editor Julian Assange a “hi-tech terrorist”.  Biden has also converted to the cause of gay marriage.

One of America’s true heroes is the gay soldier Bradley Manning, the whistleblower alleged to have provided WikiLeaks with the epic evidence of American carnage in Iraq and Afghanistan. It was the Obama administration that smeared his homosexuality as weird, and it was Obama himself who declared a man convicted of no crime to be guilty.

Who among the fawners and luvvies at Clooney’s Hollywood moneyfest shouted, “Remember Bradley Manning”? To my knowledge, no prominent spokesperson for gay rights has spoken against Obama’s and Biden’s hypocrisy in claiming to support same-sex marriage while terrorising a gay man whose courage should be an inspiration to all, regardless of sexual preference.

Obama’s historic achievement as president of the United States has been to silence the anti-war and social justice movement associated with the Democratic Party.  Such deference to an extremism disguised by and embodied in a clever, amoral operator, betrays the rich tradition of popular protest in the US. Perhaps the Occupy movement is said to be in this tradition; perhaps not.

The truth is that what matters to those who aspire to control our lives is not skin pigment or gender, or whether or not we are gay, but the class we serve. The goals are to ensure that we look inward on ourselves, not outward to others and never comprehend the sheer scale of undemocratic power, and to that we collaborate in isolating those who resist. This attrition of criminalising, brutalising and banning protest can too easily turn western democracies into states of fear.

On 12 May, in Sydney, Australia, home of the Gay and Lesbian Mardi Gras, a protest parade in support of gay marriage filled the city centre. The police looked on benignly. It was a showcase of liberalism. Three days later, there was to be a march to commemorate the Nakba (“The Catastrophe’), the day of mourning when Israel expelled Palestinians from their land.  A police ban had to be overturned by the Supreme Court.

That is why the people of Greece ought to be our inspiration. By their own painful experience they know their freedom can only be regained by standing up to the German Central Bank, the International Monetary Fund and their own quislings in Athens. People across Latin America have achieved this: the indignados of Bolivia who saw off the water privateers and the Argentinians who told the IMF what to do with their debt. The courage of disobedience was their weapon. Remember Bradley Manning.

Como analista político, Noriega ha emitido declaraciones con total desfachatez.  Apareció como el principal experto en el artículo  de Brice seis meses después de haber anunciado – con base en lo que él dijera era el diagnóstico del equipo médico de Chávez – que el Presidente venezolano “probablemente no vivirá más de seis meses”.  A Noriega le importa poco los hechos.  Ha promovido sus fantasiosas aseveraciones en importantes medios de comunicación, frecuentemente con base en fuentes anónimas.  Tomemos como ejemplo su artículo publicado en 2010 por la revista Foreign Policy titulado Chávez’s Secret Nuclear Program y cuyo subtítulo reza: “No está claro lo que Venezuela esconde, pero definitivamente esconde algo – y el hecho que Irán esté involucrado sugiere que no está en nada bueno”.  (Funcionarios del Departamento de Estado desestimaron dichas sospechas de manera “tajante”.

(Arte: Sue Coe)

Las entrevistas de CNN con Noriega y otros analistas predominantemente de la derecha probablemente hicieron que Brice afirmara en su artículo del 2 de mayo la falacia que: “Diosdado Cabello, antiguo cohorte de Chávez…consiguió  amasar gran poder en enero cuando Chávez lo nombrara presidente de la Asamblea Nacional”.  De hecho, incluso el diario venezolano El Universal, alineado con la oposición, informó el 5 de enero que Cabello fue electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, aunque fuese “solo por los votos” de la mayoría parlamentaria que posee el PSUV.  Ewan Robertson, de Venezuelanalysis.com, indicó que 98 diputados del bloque gubernamental parlamentario apoyaron a Cabello, mientras que el bloque de 67 diputados de la oposición se opuso. Dicho proceso electoral ha sido una constante en la dinámica política venezolana en el transcurso de los últimos diez años.

El resto de los dimes y diretes de CNN mantiene la misma tónica.  Para ofrecer dos ejemplos, Brice se sustenta en el doctor venezolano José Rafael Marquina para que opine acerca del actual estado de salud del presidente Chávez.  Sin embargo, el mismo Brice admite que Marquina “ejerce en Florida y no tiene conexión directa con el caso pero ha dicho que tiene colegas que conocen lo qué está ocurriendo”.  En el tema de la política venezolana, “los cubanos”, escribe Brice, “quizás solo tengan el poder para sugerir y manipular lo mejor que puedan”, pero  luego cita a “algunos observadores” que temen que los cubanos podrían actuar con su “avanzada de punta” en el país para desatar a “las milicias en un intento por tomar el poder”.  Brice luego cita a Noriega al indicar que “no tengo dudas que algunos cubanos emplearían medios violentos para lidiar con los venezolanos”.

Dichos ejemplos son indicadores del deseo de CNN de tejer una red de intrigas.  Las elecciones presidenciales de Venezuela pautadas para octubre no deberían diferir de las efectuadas en anteriores oportunidades.  Las elecciones libres y transparentes han sido monitoreadas de cerca y han sido la palabra final en los resultados políticos de Venezuela.  Pero al sustentarse en entrevistas telefónicas con autoproclamados “analistas”, quiénes en su gran mayoría viven en EE UU, CNN ha dibujado la política venezolana como un gran juego de ajedrez de “hombres poderosos que intentan doblar el arco de la historia porque creen que la vida del presidente se le podría estar escapando de las manos a los doctores y colocándola en las manos de Dios”.  Para CNN, los electores venezolanos juegan un rol marginal, y a veces ni siquiera eso – se trata de una lucha sensacionalista entre generales narcotraficantes, espías cubanos, testaferros con conexiones, milicias armadas y un moribundo y carismático hombre fuerte arrodillado ante Fidel Castro.

Si Brice hubiese decidido reportar desde Caracas, quizás hubiese producido un segmento de video similar al que aparece al lado de su propio artículo en la página Web de CNN.   La periodista Paula Newton indicó que la atención médica gratuita provista por el gobierno en zonas de bajos recursos es una razón “concreta” por la cual existe un amplio apoyo a Chávez, el cual “no es necesariamente ciego”, explicó.  Newton también mostró a los simpatizantes de Chávez mostrando (razonable) escepticismo hacia las conjeturas de que el Presidente estaría a punto de morir o que ya había muerto – una lección potencialmente valiosa para CNN, considerando la credulidad generalizada de Brice.

Los comentarios mamarrachos de Noriega en medios como CNN serían más divertidos si no fuese por su experiencia de primera mano en la creación de devastadoras políticas estadounidenses hacia América Latina.  La carrera de Noriega en el gobierno, vale recordar, incluye la proporción de ayuda “no letal” a las Contras nicaragüenses como funcionario de la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID) en la década de los 80.  Luego fungió como jefe de despacho del senador Jesse Helms en la década de los 90, siendo coautor de la Ley Helms-Burton, responsable por la intensificación del embargo de EE UU sobre Cuba.  George W. Bush lo nombró embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2001, y en 2003, reemplazó al veterano en el escándalo Irán-Contra y patrocinador de golpistas en Venezuela, Otto Reich, como vicesecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.  En dicho cargo – el último que ocupó en el gobierno antes de pasarse al sector privado – había muchas expectativas, las cuales Noriega cumplió a cabalidad.

Mientras que Reich fracasó  en su intento por detener la ola de la izquierda en Venezuela en 2002 cuando ocupaba el cargo (el golpe de Estado que derrocó a Chávez duró solo dos días), Noriega fue victorioso en contener la marea populista de Lavalas en Haití.  Siendo el único movimiento político de bases en el país más desigual del hemisferio, Lavalas, liderado por el presidente democráticamente electo Jean-Bertrand Aristide, era una amenaza obvia al gobierno de Bush.  El desenlace de la campaña de desestabilización por parte del gobierno de EE UU ocurrió en febrero de 2004 cuando Aristide y su familia fueron sacados del país apresuradamente en un avión estadounidense a medianoche.  Al principio, Noriega negó que Estados Unidos hubiese tenido un rol en la remoción de Aristide, aseverando nerviosamente que Aristide se había montado en un avión por su propia voluntad.  Pero según el Dr. Paul Farmer – especialista en el tema de salud de la Universidad de Harvard y Enviado Especial de la ONU a Haití – Noriega admitió “durante una audiencia de la Cámara de Representantes de EE UU que Aristide no sabía cuál iba a ser su destino hasta que faltaba menos de una hora para aterrizar en la República Centroafricana”.  Robert White, ex embajador de EE UU en El Salvador y Paraguay, declaró a Newsday que justo antes del golpe “Roger Noriega había estado empeñado en sacar a Aristide durante muchos, muchos años y ahora estaba en la posición de poder para lograrlo”.

Hoy en día, Noriega divide su tiempo en su posición como “académico” experto en América Latina en el centro de estudios pro corporativo American Enterprise Institute (AEI) y como cabildero registrado que representa a varios intereses en países que son los sujetos de sus ampliamente difundidos comentarios.  La influencia que ha ejercido Noriega ha sido extremadamente efectiva en los últimos años.  Por ejemplo, además de su labor como columnista defendiendo el golpe de Estado en Honduras en 2009, Noriega – quien fuese contratado para representar a un grupo de manufactura textil de Honduras – organizó una reunión entre quienes apoyaban el golpe y un grupo de Senadores de EE UU menos de diez días después del derrocamiento del presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya.  Daniel W. Fisk, quién ayudó crear políticas de EE UU en América Central cuando era un alto oficial gubernamental en las décadas de los 80 y 90, formó parte de la reunión.  Según The New York Times, Fisk estaba “estupefacto por la convocatoria”.  “Nunca había visto a ocho Senadores en un lugar hablando de América Latina en toda mi carrera”, según citó el mencionado diario.

The New York Times se refirió a las acciones de Noriega hacia Honduras como un vestigio de la planificación típica de la Guerra Fría.  Noriega, Reich y Fisk, indicó el diario, verían a Honduras como “el principal campo de batalla en una guerra a distancia contra Cuba y Venezuela”, dos países que estos tres personajes caracterizaron como “amenazas a la estabilidad de la región en términos similares a los anteriormente usados para describir los designios de la Unión Soviética”.  Noriega advirtió acerca de una nueva amenaza roja cuando apoyó el derrocamiento de Zelaya.  Según Noriega, Honduras era el epicentro en lo que denominó “el continuo avance del autoritarismo chavista bajo el disfraz de la democracia”.

*

Dado el perturbador record de Noriega, resulta sorprendente que CNN haya producido un artículo acerca de Venezuela a través de la visión de un cabildero con obvios conflictos de intereses en América Latina.  El artículo de Brice, el cual nunca mencionas las actividades de cabildeo de Noriega, está repleto de comentarios como estos:

“Noriega y otros observadores han indicado que los nombramientos [por parte de Chávez] de Cabello y Rangel Silva han convertido a Venezuela en un narcoestado…Si Cabello y Rangel Silva recurren al trabajo sucio para mantener las cosas en orden, Maduro es un tipo que pueden traer para dar la apariencia de respetabilidad ante la comunidad internacional, ‘indicó Noriega, quien tildó [al escenario hipotético que acababa de crear] como ‘un tipo de junta’…La Fuerza Armada también enfrentaría graves divisiones si se le ordenase disparar en contra de ciudadanos venezolanos…”Las elecciones son, desde el punto de vista [de Cabello y Rangel Silva], desechables”, aseveró [Noriega].  “Por otra parte, si creen que les puede dar un poco de legitimidad, se darán las elecciones.  Les va a costar mostrar legitimidad con un capo del narcotráfico en el poder”.

A través de CNN, Noriega ha podido hablar públicamente de los prospectos de un golpe de Estado en Venezuela (como el que apoyaron tanto el gobierno de Bush como el FMI en 2002) y criticar al presunto narcotráfico en Venezuela (del mismo tipo que hizo el peón de la CIA Manuel Noriega y las Contras apoyadas por EE UU). Noriega se adelanta a desaprobar unas elecciones hipotéticas en Venezuela cuyo propósito, según él, sería “darle un poco de legitimidad” (a pesar del propio apoyo de Noriega a las elecciones fraudulentas apoyadas por EE UU en Honduras en 2009, las cuales se llevaron a cabo bajo una dictadura).

También hay un contexto histórico detrás del uso indiscriminado que Brice hace de términos como “narcogenerales”,  “narcoestado”, “narcoterrorismo” y “capo del narcotráfico”  en lo relacionado con Venezuela.  Muchos de estos términos se originaron de las citas directas de Noriega en CNN.  Esto es solo el más reciente ejemplo de manipulación mediática de la cual son expertos los colegas de Noriega desde hace mucho tiempo.  Desde 1983 a 1986, Reich orquestó un medio de propaganda financiado con dinero público, la Oficina de Diplomacia Pública, la cual, entre otras actividades, emitía informes falsos en grandes medios de comunicación donde afirmaba que el gobierno sandinista estaba involucrado con el narcotráfico.  Haití es otro ejemplo: En 1992, la CIA creó un perfil psicológico falso de Aristide, el cual el senador Jesse Helms  eventualmente usópara denunciar al Presidente como un “psicópata”, aseveración que fue diseminada indiscriminadamente por los medios de comunicación de entonces.  Aristide, el diminuto teólogo de la liberación, también fue sometido a una investigación penal en EE UU debido a su supuestas conexiones con el narcotráfico.  Aunque los medios de comunicación repitieron las aseveraciones que Aristide estaba involucrado en el narcotráfico, el abogado de derechos humanos Brian Concannon resaltó en 2006 que a la final “ni una acusación se emitió en ningún tribunal de EE UU”.  (Los esfuerzos de EE UU para asesinar al carácter de Aristide a través de los tribunales han seguido hasta hoy día).

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Pero hay un aspecto positivo del artículo de Brice en CNN: las teorías más irracionales de Noriega, menos mal, no fueron incluidas en el artículo.  A continuación algunas de las más descabelladas aseveraciones que Noriega ha hecho en los últimos tiempos:

• En un artículo de marzo del 2011 publicado por AEI titulado U.S. Diplomats Clueless on Alleged Chávez Plot to Kill the President of Panama (Diplomáticos de EE UU sin pistas acerca de presunto complot de Chávez para asesinar al Presidente de Panamá), Noriega se preguntó, “si las autoridades panameñas desestimaron esto como una falsa alarma, ¿por qué altos funcionarios de ese gobierno me expresaron su gratitud por haber revelado el complot meses antes del incidente? ¿Y por qué diablos se arriesgaría Chávez en atacar a Martinelli?  No puedo responder esas preguntas”.
• En otro artículo para la AEI de octubre del 2011 titulado The Mounting Hezbollah Threat in Latin America (La creciente amenaza de Hezbolá en América Latina), Noriega asevera que “la presencia de Hezbolá en América Latina data desde mediados de los 80, cuando comenzara a enviar miembros a la región sin ley conocida como la triple frontera…Entre sus actividades se encuentran la copia ilegal de software y música”.
• En un artículo publicado por The Washington Post en marzo del 2011 titulado Is There a Chavez Terror Network on America’s Doorstep? (¿Hay una red terrorista de Chávez en las puertas de EE UU?) Noriega logra conseguir operaciones tanto de al Qaeda como de Irán en Venezuela: “La amenaza que representan los terroristas que viajan por el mundo entero está más latente que nunca”, escribió.  “Un funcionario de seguridad de EE UU me dijo que dos conocidos miembros de al Qaeda estaban preparando un ‘ataque químico’ en contra de la Embajada de EE UU…Una fuente del gobierno de EE UU me ha indicado que hay dos entrenadores terroristas iraníes en la isla Margarita de Venezuela entrenando a miembros de la región que se han reunido en ese lugar.  Adicionalmente, musulmanes radicales de Venezuela y Colombia han sido llevados a un centro cultural en Caracas que lleva el nombre de Centro de Entrenamiento Espiritual Ayatolá Khomeini y Simón Bolívar”.
• En el ultimátum publicado en abril de 2010 en The Wall Street Journal titulado Time to Confront the Tehran-Caracas Axis (Es hora de enfrentar el eje Teherán-Caracas), Noriega descubrió otro complot siniestro: “La compañía canadiense de explotación de uranio U308 ha descubierto una fuente sustancial de uranio en Roraima, entre Guayana y el estado venezolano de Bolívar.  Individuos iraníes o de otros países del Medio Oriente (sic) operan una fábrica de tractores, una cementera y una mina de oro en la región”.

Noriega concluye su artículo en The Wall Street Journal haciendo un llamado al derecho internacional.  Escribió que los nefastos planes de Venezuela “deben considerarse como amenazas a la paz y como un acto de agresión bajo el Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas”.  Es la manera perfectamente apropiada para lidiar con cualquier estado forajido que, en las palabras de Noriega, esté tentado a “intervenir en los asuntos internos” de otros países y apoye “a grupos terroristas en las Américas”.  Desafortunadamente, Noriega lo ha entendido todo al revés.  No es Venezuela, sino EE UU el país que es indiscutiblemente responsable por hacer ambas actividades.  Habrá que esperar sentados para que Noriega aplique de manera igualitaria dichos estándares.

Keane Bhatt es activista residenciado en Washington, DC.  Ha trabajado en EE UU y América Latina en varias campañas relacionadas con el desarrollo comunitario y la justicia social.  Sus análisis y opiniones han sido publicadas en una amplia gama de medios que incluyen a NPR, The Nation, The St. Petersburg Times, CNN en Español, Amauta y Upside Down World.  Es autor del nuevo blog de la NACLA titulado “Manufacturing Contempt” (La fabricación del desprecio), el cual ofrece una mirada crítica a los medios de Estados Unidos y su manera de presentar al hemisferio.