Like all advanced police states, the U.S. national security regime has begun speaking its own, degenerate language. It is a mode of speech that simultaneously defines the “enemy” and justifies his or her destruction. The soulless, bureaucratic roots of National Security Speech belie the ruthless intent, which is to make the utter destruction of the targeted group or individual appear to be the natural order of things.

“Self-radicalization” is one of the terms coined by national security speakers. To people like President Obama, a guy who adds targets to his Kill List every Tuesday, “self-radicalization” represents a grave threat to the American state. “One of the dangers that we now face,” said Obama, in the wake of the Boston Marathon bombing, “are self-radicalized individuals who are already in the United States,” because it is difficult to prevent them from carrying out “plots.”

In this context, it is clear that to “radicalize” means very much the same as to “weaponize”; the radicalized person has been transformed into a weapon. A radical is no longer simply an individual “who advocates thorough or complete political or social reform,” but someone who by their very thought processes represents a clear and present danger to the United States. The line between political beliefs and illegal action is eradicated, so that the “radicalized” person or group is inherently deserving of liquidation. The operative word is “radical.”

Obama is not talking about “Manchurian Candidates” who have been programmed against their will and without their knowledge to carry out acts dictated by others. He’s talking about people who quite consciously object to U.S. policies, who might do something about it at some time in the future, or influence others’ opinions about the United States. Obama’s problem with the people he calls “self-radicalized” is that they cannot be easily entrapped or shown to be guilty by association with others who think as they do – and if they do act, their actions do not necessarily implicate others. For the fascist-minded, this must be quite frustrating.

“Assata remains radical.”

Assata Shakur was radicalized at least 45 years ago. An all-white jury convicted her of killing a New Jersey policeman. She escaped from prison, and has been under the protection of the Cuban government for the last 29 years, a political exile. The cop has been dead since 1973, Shakur’s political party has long been defunct, and she is a grandmother far from home. But the FBI felt compelled to double the one million dollar reward for Shakur, and to elevate her to number one domestic terrorist. Why? Because Shakur continues to “maintain and promote her…ideology” and “provides anti-U.S. government speeches espousing the Black Liberation Army message.” That is, she remains radical, and therefore, a weapon, even at the age of 65, isolated from her 40 million fellow African Americans, few of whom know her name. But the FBI pretends to fear that her “ideology” might go viral at any time.

They don’t believe that, of course. The political police are simply determined to make radicalism – of the “self” or group inspired variety – synonymous with criminality, much in the way that “Black” is now inextricably linked with crime in the public mind. According to that formula, a Black woman radical makes the perfect poster for a political witch hunt.

Black Agenda Report executive editor Glen Ford can be contacted at Glen.Ford@BlackAgendaReport.com.

Se extendía desde el Caspio al Mar Báltico, desde el centro de Europa a las Islas Kuriles en el Pacífico, de Siberia a Asia Central. Su arsenal nuclear incluía 45.000 ojivas y sus fuerzas armadas tenían cinco millones de soldados bajo las armas. No había existido nada parecido en Eurasia desde que los mongoles conquistaron China, ocuparon partes de Asia Central y el altiplano iraní y cabalgaron hacia Medio Oriente, saqueando Bagdad. Sin embargo, cuando la Unión Soviética colapsó en diciembre de 1991, desapareció la potencia imperial más pobre y más débil.

(Arte: Steve Brodner)

Y entonces hubo una sola. Nunca había habido un momento semejante: una sola nación montada en el globo sin un competidor a la vista. Ni siquiera había un nombre para un Estado (o estado de ánimo) semejante. “Superpotencia” ya se había utilizado cuando había dos. “Hiperpotencia” se probó brevemente pero no se impuso. “Única superpotencia” duró un poco pero no satisfizo. “Gran Potencia”, otrora el cénit de los apelativos, ya era un término inferior, heredado de los siglos en los que varias naciones europeas y Japón expandían sus imperios. Algunos comenzaron a hablar de un mundo “unipolar” en el cual todos los caminos llevaban… bueno, a Washington.

Hasta hoy, nunca hemos captado enteramente ese momento en el cual el imperio soviético se convirtió inesperadamente –sobre todo, para Washington– en el imperio que explotó y ardió. El vencedor de la Guerra Fría, que permaneció de pie, pareció, entonces, un imperio en el que no se ponía el sol. Fue como si siempre la humanidad hubiera viajado hacia ese día. Parecía el final de la línea.

¿El último imperio?

Después del ascenso y la caída de asirios y romanos, de persas, chinos, mongoles, portugueses, holandeses, franceses, ingleses, alemanes y japoneses, parecía haber terminado un proceso. EE.UU. dominaba de un modo antes inimaginable excepto en las películas de Hollywood en las que los malos cacareaban sus malévolos planes de dominar el mundo.

Para empezar, EE.UU. fue un imperio del capital global. Con la caída del comunismo al estilo soviético (y la transformación del régimen comunista de China en una cuadrilla de autoritarios “arribistas capitalistas”), no había ningún otro modelo de cómo hacer algo, hablando económicamente. Había el camino de Washington –y el del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (ambos controlados por Washington)– o la otra vía, y la Unión Soviética ya había dejado bastante claro a dónde conducía: a la obsolescencia y a la ruina.

Además, EE.UU. tenía una potencia militar sin precedentes. Cuando la Unión Soviética comenzó a tambalearse, los dirigentes de EE.UU. ya habían estado durante casi una década utilizando conscientemente “la carrera armamentista” para llevar a su oponente a una temprana muerte a fuerza de gastos. Y fue lo curioso después de siglos de carreras armamentistas; cuando ya no quedaba ninguna competencia, EE.UU. continuó una carrera armamentista de uno solo.

En los años siguientes sobrepasó a todos los demás países o conjuntos de países en gastos militares por sumas asombrosas. Era la sede de los más poderosos fabricantes de armas del mundo, estaba tecnológicamente a años luz  delante de cualquier otro Estado y seguía desarrollando futuros armamentos para 2020, 2040, 2060, incluso a pesar de haber establecido prácticamente un monopolio del comercio global de armas (y así, controlaba quién estaría bien armado y quién no lo estaría).

Tenía un imperio de bases en el extranjero, más de 1.000, que abarcaban el globo, otro fenómeno sin precedentes. Y dominaba culturalmente, de nuevo de una manera que hacía que las comparaciones con otros momentos parecieran ridículas. Como los fabricantes de armas estadounidenses producían cosas que estallaban de noche para una audiencia internacional, las películas de acción y fantasía de Hollywood conquistaban el mundo. De esas cintas a los arcos dorados, el logo de Nike y el ordenador personal, no existía otra cultura que se aproximara a reivindicar un distintivo global semejante.

Las principales potencias económicas no estadounidenses del momento –Europa y Japón– mantenían fuerzas armadas dependientes de Washington, tenían bases de EE.UU. cubriendo en sus territorios y continuaban albergándose bajo el “paraguas nuclear” de Washington. No es de extrañar que el momento postsoviético, en EE.UU., se proclamase enseguida como “el fin de la historia” y la victoria de la “democracia liberal” o la “libertad” se celebrasen como si realmente no hubiera un mañana, excepto más de lo que podía ofrecer la actualidad.

No es de extrañar que, en el nuevo siglo, los neoconservadores y los expertos que los apoyaban hayan comenzado a afirmar que los imperios británico y romano habían sido mediocres en comparación. No es de extrañar que personajes clave dentro y alrededor del gobierno de George W. Bush hayan soñado con establecer una Pax Americana en el Gran Medio Oriente y posiblemente en todo el mundo (así como una Pax Republicana en el interior). Imaginaron que podrían realmente impedir que otro competidor o bloque de competidores se alzaran para cuestionar el poder de EE.UU. Jamás.

No es de extrañar que hayan tenido notablemente pocos titubeos antes de lanzar sus incomparablemente poderosas fuerzas armadas a guerras por elección en el Gran Medio Oriente. ¿Qué podía fallar? ¿Qué podría colocarse en el camino de la mayor potencia que la historia haya visto?

Evaluando el momento imperial, al estilo del Siglo XXI

Casi un cuarto de siglo después de la desaparición de la Unión Soviética, lo notable es cuánto –y cuán poco– ha cambiado.

Desde el punto de vista del cuánto: Los sueños de gloria militar de Washington se derrumbaron con asombrosa velocidad en Afganistán e Iraq. Entonces, en 2007, el trascendente imperio del capital también se acercó a la implosión, cuando un desastre financiero unipolar se propagó por el planeta. Condujo a la gente a comenzar a preguntarse si no sería posible que la mayor potencia del globo pudiera, de hecho, ser demasiado grande para fracasar, y nos vimos repentinamente –como todos dijeron– lanzados a un “mundo multipolar”.

Mientras tanto, el Gran Medio Oriente, cayó en la protesta, la rebelión, la guerra civil, y el caos sin que hubiera una Pax Americana a la vista, cuando un sistema de Guerra Fría controlado por Washington en la región se estremecía sin (todavía) colapsar. La capacidad de Washington de imponer su voluntad al planeta parecía cada vez más ser la más descabellada fantasía, mientras cada señal, incluyendo la hemorragia del tesoro nacional en la pérdida de guerras multibillonarias, no reflejaba predominio sino una posible decadencia.

Y sin embargo, en la categoría de cuán poco: los europeos y los japoneses se mantuvieron acurrucados bajo ese “paraguas” estadounidense, con sus territorios todavía repletos de bases estadounidenses. En la Eurozona, los gobiernos siguieron reduciendo sus inversiones en la OTAN y en sus propias fuerzas armadas. Rusia siguió siendo un país con un considerable arsenal nuclear y unas fuerzas armadas reducidas pero todavía grandes. Sin embargo, no mostró señales de pretensiones de “superpotencia”. Otras potencias regionales cuestionaron económicamente la unipolaridad –Turquía y Brasil, para nombrar dos– pero no en lo militar, y ninguna mostró la necesidad de competir por sí sola o en bloques en un sentido imperial con EE.UU.

Los enemigos de Washington en el mundo siguieron siendo de tamaño modesto (aunque presentados en enormes proporciones en la cámara de resonancia de los medios estadounidenses). Incluían a un par de tambaleantes potencias regionales (Irán y Corea del Norte), una o dos insurgencias minoritarias, y grupos relativamente pequeños de “terroristas” islamistas. Aparte de eso, como una medida del poder en el planeta, no más de un puñado de otros países tenía un puñado de bases militares fuera de su territorio.

Dadas las circunstancias, nada podría haber sido más extraño que esto: en su momento de total predominio, la única superpotencia de la Tierra con fuerzas armadas de un asombroso potencial destructivo y sofisticación tecnológica no podía ganar una guerra contra guerrillas con un armamento mínimo. De un modo aún más impresionante, a pesar de no tener serios oponentes en ningún sitio, parecía no estar en ascenso sino en decadencia, con su infraestructura en descomposición, su población económicamente deprimida, su riqueza cada vez más desigualmente dividida, su Congreso al parecer irreparable, mientras que el gran sonido succionador que se podía escuchar era el de dinero y poder orientados hacia el Estado de seguridad nacional. Más temprano que tarde, todos los imperios caen, pero este caso resultaba ser ciertamente curioso.

Y luego, por supuesto, estaba China. En el planeta que ha sido habitado por la humanidad durante los últimos miles de años, ¿puede caber alguna duda de que China habría sido la potencia escogida para cuestionar, temprano o tarde, el dominio de la gran potencia reinante del momento? Se estima que posiblemente sobrepasará a EE.UU. como la economía número uno del globo en 2030.

Ahora mismo, el gobierno de Obama parece estar trabajando precisamente sobre la base de esa suposición. Con su bien publicitado “pivote” (o “reajuste”) hacia Asia, ha estado actuando para “contener” lo que teme que pueda ser la próxima gran potencia. Sin embargo, aunque los chinos ciertamente están expandiendo sus fuerzas armadas y desafiando a sus vecinos en las aguas del Pacífico, no hay señales de que la dirigencia del país esté dispuesta a lanzarse a algo parecido a un desafío global a EE.UU. ni que podría hacerlo en algún futuro concebible. Sus problemas internos, de la contaminación a la agitación, siguen siendo suficientemente alarmantes para que cueste imaginar que China no esté absorbida por problemas internos hasta 2030 y más allá.

Y luego había un solo (planeta)

Desde el punto de vista militar, cultural y en cierta medida económico, EE.UU. se mantiene sorprendentemente solo en términos imperiales en el paneta Tierra, aunque pocas cosas han dado los resultados esperados en Washington. La historia de los años desde la caída de la Unión Soviética pueden resultar ser una historia de cómo la dominación y la decadencia de EE.UU. fueron a la par con la parte decadente de la ecuación, sorprendentemente autogenerada.

Y sin embargo existe una posibilidad genuina, incluso desconcertante: ese momento de “unipolaridad” en los 90, puede realmente sido el punto del fin de la historia, como los seres humanos la habían conocido durante milenios – es decir, la historia del ascenso y la caída de imperios. ¿Podría EE.UU. ser en realidad el último imperio? ¿Es posible que no haya ningún sucesor porque algo ha cambiado profundamente en el campo de la construcción de imperios? Una cosa es cada vez más clara: sea cual sea el estado de EE.UU. imperial, hay algo significativamente más crucial para el destino de la humanidad (y de los imperios) que está en decadencia. Hablo, por supuesto, del planeta en sí.

El actual modelo capitalista (el único disponible) para una potencia en ascenso, sea China, India, o Brasil, es también un modelo de decadencia planetaria, posiblemente de naturaleza precipitada. La definición misma del éxito –más consumidores de clase media, más dueños de coches, más compradores, lo que significa el uso de más energía, la quema de más combustibles fósiles, que más gases invernadero lleguen a la atmósfera– es también, como nunca antes, la definición del fracaso. Mientras mayor el “éxito”, más intensas las sequías, más fuertes las tormentas, más extremo el clima, mayor la elevación de los niveles del mar, más cálidas las temperaturas, mayor el caos en tierras bajas o tropicales, más profundo el fracaso. La pregunta es: ¿Conducirá esto a un fin de los modelos anteriores de la historia, incluyendo el hasta ahora predecible ascenso de la próxima gran potencia, el próximo imperio? En un planeta que degenera, ¿es posible imaginar la próxima etapa en el gigantismo imperial?

Cada factor que normalmente conduciría a la “grandeza” ahora lleva a la decadencia global. Este proceso –que no podría ser más injusto para países con tardías revoluciones industriales y de consumo– da un nuevo significado a la frase “capitalismo del desastre”

Por ejemplo los chinos, cuyos dirigentes, al abandonar el modelo maoísta, hicieron lo más natural del mundo en la época: modelaron su futura economía según la de EE.UU. – es decir, en el éxito como era definido en aquel entonces. A pesar de tradiciones comunales tradicionales y revolucionarias, por ejemplo, decidieron que para ser una potencia en el mundo tenían que convertir al coche (o sea el conductor individual) en un pilar de cualquiera futura China capitalista de Estado. Si dio resultados en EE.UU., daría resultados para ellos, y en el corto plazo, funcionó como un sueño, un milagro capitalista – y China creció.

También fue, sin embargo, una fórmula para contaminación masiva, degradación ecológica, y el lanzamiento de combustibles fósiles hacia la atmósfera en cantidades récord. Y no es solo China. No importa si se habla del uso voraz de energía de ese país, incluyendo sus posibles “bombas de carbono”, o el potencial de que la decadencia estadounidense sea detenida por nuevos métodos extremos de producir energía (fracking, extracción de arenas bituminosas, perforación en aguas profundas). Semejantes métodos, por mucho que afecten los entornos locales, pueden ciertamente convertir a EE.UU. en una “nueva Arabia Saudí”. Pero eso, por su parte, solo contribuiría aún más a la degradación del planeta, a una decadencia en una escala cada vez mayor.

¿Y si, en el Siglo XXI, la decadencia aumentara en lugar de disminuir? ¿Y si el momento unipolar resulta ser un momento planetario en el cual eventos imperiales previamente distinguibles –el ascenso y la caída de imperios– se fusionan en un solo sistema desastroso?

¿Y si la historia de nuestros tiempos fuera la siguiente: Entonces había un planeta, y se iba deteriorando?

Tom Engelhardt, es cofundador del American Empire Project y autor de “The End of Victory Culture”, una historia sobre la Guerra Fría y otros aspectos, así como de la una novela: “The Last Days of Publishing”. y de “The American Way of War: How Bush’s Wars Became Obama’s” (Haymarket Books). Su último libro, escrito junto con Nick Turse es: Terminator Planet: The First History of Drone Warfare, 2001-2050 .

“Powerful people have that privilege of denying reality,” the Somali scholar, Abdi Samatar, stated when explaining the causes of Somalia’s 2011 famine as it was laying waste to the population.

Hunger, by Renata Lui Turanova

The famine was one of history’s rare socio-natural calamities in that it was predicted almost a year in advance, providing sufficient time to avert it and at a minimal costs for the rich nations. Thus, it will likely go down as one of the most easily preventable calamities in modern history.

It will also go down as one of the most devastating.

According to a mortality study released last week, close to 260,000 people may have died in southern and central Somalia as a result of the 2011 food crisis and famine, 133,000 of whom were children under the age of five.[1] And these were only the “excess deaths.”

The study claims more than 290,000 deaths “would have occurred irrespective of the emergency,” given the normal state of humanitarian catastrophe in the region, bringing the overall death toll to some 595,000 from October 2010 to April 2012.

For perspective, the “excess” death toll alone is more than three times higher than the number of deaths from Syria’s civil war, according to the figure circulating in the western press. And it took much less time for the mountain of corpses to pile up in Somalia.

Given the scale of the horror and, more importantly, the cast of culprits, it’s imperative that blame be attributed in a politicized rather than truthful manner.

Commenting on the significance of the study, Philippe Lazzarini, the chief U.N. humanitarian coordinator for Somalia, called the famine a near “silent drama of tragedy.” His assessment, however, is only partially correct.

Not powerful enough to deny reality to the world, Al Shabaab has been widely condemned in the harshest terms for its barbaric and criminal acts of denying humanitarian access to areas under its control and preventing civilians from migrating to regions where relief could be accessed.

For the other major culprit, it’s a different story.

The “silent” part of the tragedy, at least in the West, has been the United States’ responsibility for a famine that resulted in a virtually genocidal outcome.[2]

Speaking to an Al Jazeera reporter in November 2011, Samatar went on to say how the United States and others “partner[ed] in a very bizarre way with Shabaab in punishing the local population.”

Echoing Samatar’s comments five months later, Ken Menkhaus, a professor of political science at Davidson College and former political advisor for the UN in Somalia, explained that the “suspension of food aid into southern Somalia was the only thing that the U.S. government and Al-Shabaab could agree on, to the detriment of (millions) of Somalis.”

Indeed, Washington’s partnership with Al Shabaab achieved the near total dismantling of the humanitarian relief system in south-central Somalia several years before the 2011 famine. And Washington took the lead in this cruel and sordid enterprise.

Before Al Shabaab began expelling western humanitarian organizations, the Bush administration effectively criminalized humanitarian relief in south-central Somalia by designating Al Shabaab as a foreign terrorist organization in February 2008. Organizations receiving U.S. funding could then face prosecution if their efforts were deemed as providing “material support” (a totalitarian legal device that now includes speech) to militants, irrespective of intent.[3]

Despite U.S. aid restrictions themselves violating international law and the near-famine conditions in Somalia, the Obama administration zealously carried forward its predecessor’s effective criminalization of humanitarian relief after taking office.[4]

In November 2009, the World Food Program declared, “The food supply line to Somalia is effectively broken.” This statement came two months before Al Shabaab barred the WFP.

The Obama administration broke the food supply line by pulling millions of dollars of food contributions and funding as a means of coercing humanitarian agencies into agreeing to stifling aid-conditions. This resulted in aid agencies drastically scaling back operations and pulling out of the region altogether at a time when Somalia was on the “brink of famine.”

U.S. cables released by Wikileaks reveal that the administration knew well in advance that its policies would break programs directly funded by Washington and “the broader humanitarian system.”

According to a July 2009 cable from the U.S. embassy in Nairobi, “The continued delay of humanitarian assistance funds is likely to have a devastating and long-lasting impact on humanitarian operations in Somalia and on the 3.2 million Somalis in need of life-saving assistance.” The cable adds, “a continued delay in funding would likely result in the rapid scaling down of critical humanitarian activities.”[5]

This is exactly what happened.

From 2008 to mid-2011, U.S. aid to Somalia plummetted. The combination of the funding decline, U.S. aid restrictions, and Al Shabaab’s increasingly hostile stance towards western aid agencies took the population off life-support.[6]

Somalia went over the brink in the spring of 2011 when the Horn of Africa was hit with its worst drought in 60 years.

It’s worth pausing for a moment to note that scientists are linking the drought which sparked the famine to climate change. This should serve as another reminder of the “cruel irony of the climate crisis,” that the “countries least responsible for producing greenhouse gases . . . are the countries now at greatest risk of death and human suffering because of climate change,” a global threat to which Washington has blocked any meaning international response.[7]

According to the new study, between May and October 2011 there were more than 20,000 famine deaths per month in south-central Somalia. The UN finally declared an official famine in July 2011.

In the midst of the horror, one sensible idea was put forth from inside Washington. Congressperson Christopher Smith (Rep) reportedly sent a letter to the Obama administration that called for direct negotiations with Al Shabaab in order to establish a humanitarian corridor.

But rather than rank the plight of starving Somalis over perceived strategic interests, the administration resorted to terror and maintained the obstacles blocking humanitarian relief until it was no longer politically tenable.

Washington reportedly performed drone strikes near the port city of Kismayo on June 23 and three more strikes on July 6.[8] The following day it was reported that Al Shabaab announced it would lift its ban on international aid organizations. Evidently Al Shabaab leaders were divided over the issue. But later that month, the militant group’s leadership denied lifting the ban.

One wonders the effect of Washington’s terror strikes at this critical moment.[9]

In the face of international pressure, U.S. officials denied the disastrous impacts of its aid policy. When lying to world was no longer politically tenable, in August president Obama gave only a verbal assurance to humanitarian agencies that they would not face prosecution.

The assurance came after some 29,000 were claimed to have died (mainly children) according the U.S. government’s own estimate at the time. New York Times editors referred to the U.S. response as “acting in advance to ameliorate the effects” of the famine, a humanitarian gesture for which the “Obama administration deserves credit.”

Washington’s regional clients also acted in advance to save starving Somalis.

Kenya, Ethiopia and their proxy Somali militias waged a military offensive inside Somalia’s southern border during the first half of 2011—crimes that dramatically worsened the humanitarian crisis in these regions.

As a symbol of Kenya’s humanitarian concern, its military shelled a community hospital in a Somali border town, an act Human Rights Watch suspects was deliberate.

Then in October Nairobi outdid itself by launching a full-scale invasion against Al Shabaab. Washington and other western powers provided swift diplomatic and military support to their ally, while officials from humanitarian relief organizations decried the invasion for preventing humanitarian access to countless starving civilians in the border regions.

Always eager to punish its historic enemy’s civilian population, Ethiopia sent its forces in to help “ameliorate the effects.” For their part, militias affiliated with the western-backed transitional government, which controlled Mogadishu at the time, committed large-scale theft of food aid.

U.S. officials are aware of the devastating outcomes of their Somalia policies. Hence, responsibility for the human tragedy cannot be assessed honestly. Political expedients demand that reality be denied.

Menkhaus noted the political imperative of denying reality: “There are plenty of western countries, including my own government, who would like to see the conversation stop right there and say it was all Al-Shabaab’s fault.”

We might add that it’s also convenient to ignore how the terrorist group rose to power.

As Jeremy Scahill documents in his new book, Dirty Wars: The World Is A Battlefield, Al Shabaab was catapulted to dominance as a result of the U.S.-sponsored Ethiopian invasion and occupation that began in 2006. Prior to this, the CIA triggered a “full-scale dirty war” on the streets of Mogadishu by hiring Somalia’s notorious warlords to carry out assassinations and renditions.

Though these crimes “may seem [like] unpalatable choices,” an embassy cables describes, they were “the only means . . . available,” and therefore justified. Much like dismantling the humanitarian relief system can be justified on grounds that it was “the only means” to avoid paying “a terrorism tax to al Shabaab.”

And as evidently justified, there’s no need for the American public to know when the noble pursuit of “strategic interests” demands resort to savagery.

While it is true that the powerful often have the privilege of denying reality, it’s a privilege we grant when we reduce ourselves to passive recipients of lies.

NOTES:

[1] The study was commissioned by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the USAID-funded Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET). USAD and donors through FAO funded the study.

[2] The common figure cited as the death toll in the 1994 Rwandan genocide is 800,000 out of a total population of 7 million at the time, which constituted close to 12 percent of the population. According to the famine mortality study, an estimated 10.1 percent of children under 5 years old and 4.6 percent of the overall population died in central and southern Somalia due to the famine. It should be emphasized that these percentages pertain only to the “excess deaths” caused by the famine. They are not percentages for the overall death toll (595,000) during the study period (October 2010 to April 2012). Given the massive death toll and the causes of the famine, the use of “genocidal politics” as a characterization of the local and geopolitical dynamics responsible for the atrocity is arguably warranted.

[3] For analysis of the legal and practical implications of U.S. counter-terrorism legislation on humanitarian agencies, see Sara Pantuliano, Kate Mckintosh and Samir Elhawary with Victoria Metcalfe, “Counter-terrorism and humanitarian action: Tensions, impact and ways forward,” Humanitarian Policy Group, HPG Policy Brief 43, October 2011; Sarah Margon, “Unintended Roadblocks: How U.S. Terrorism Restrictions Make It Harder to Save Lives,” Center for American Progress, November 2011; “Safeguarding Humanitarianism in Armed Conflict: A Call for Reconciling International Legal Obligations and Counterterrorism Measures in the United States,” Charity & Security Network, June 2012; and Kasturi Sen and Tim Morris, Civil Society and the War on Terror, International NGO Training and Research Centre, 2008.

[4] I say “effective criminalization” recognizing that U.S. counter-terrorism restrictions themselves contravened international law. Even if aid agencies disregarded U.S. counter-terrorism restrictions, they arguably faced a real threat of U.S. prosecution, despite this threat being based on entirely fraudulent legal grounds.

[5] It’s worth noting that the cable also predicted that a collapse in U.S. funding would aid in Al Shabaab’s recruitment efforts. Discussing the “the real impact of program closure on local staff and immediate family members,” the cable warns, “The resulting unemployment will increase the probability of relapse into harmful activities by youth through recruitment into piracy, Al-Shabaab, and other groups due to lack of meaningful ventures to apply their skills,” adding that “staff layoffs may cause small household economies that are now sprouting to fall into recession and possibly destitution. In addition, resource-based conflict may increase resulting in further displacement of communities.” The cable also predicted that “Delayed funding to USAID food aid partners would have a devastating impact on the 2.7 million people currently benefiting from food distributions leaving them susceptible not only to hunger, malnutrition, and further displacement, but also to manipulation and recruitment by extremist groups” (my emphasis).

[6] Describing the impact of Washington’s humanitarian aid policy towards Somalia at the time of the famine, policy director with Mercy Corps, Jeremy Konyndyk, said “While poor access limited the humanitarian community’s ability to address needs in the south, the broader collapse in US humanitarian support to the whole of Somalia since 2009 has undermined humanitarian response and preparedness across the entire country.” On August 3, 2011, Konyndyk gave a statement to the U.S. Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on Africa that provides a brief account of the U.S. aid policy in the years leading up to the famine.

[7] Graciela Chichilnisky and Kristen A. Sheeran, Saving Kyoto (London: New Holland Publishers, 2009), 18.

[8] In a moment that elicited absolutely no scandal, on the sidelines of the February 2012 London conference on Somalia, former Secretary of State, Hilary Clinton, denied the U.S. strikes in Somalia. When asked whether she supports the U.S. conducting airstrikes in Al-Shabaab-controlled areas, she responded by saying, “we have absolutely no reason to believe anyone – certainly not the United States . . . is considering that.” It is revealing to compare the non-response to Clinton’s fabrication with the scandal sparked by UN ambassador Susan Rice over her alleged lies about the 2012 Benghazi attack that killed U.S. ambassador Christopher Stevens. If instead of Stevens a host of North African civilians were slaughtered, then Rice would probably have been promoted to Secretary of State, not John Kerry. Clinton, on the other hand, is poised for the presidency. The highest office is not threatened by lies that involve dead Somalis.

[9] The same month the Guardian reported that “[t]he drought and famine have deepened discord among al-Shabaab leaders that has been apparent for some time.” The report goes on to say how some Al Shabaab leaders “have supported a lifting of the ban on operations of international aid agencies, while others, such as its top commander, Ahmed Cabdi Godane, reportedly opposed the move on the grounds that NGOs might provide intelligence for US drone air strikes.”

Las fallas y descuidos de seguridad ocurridas durante el viaje que la presidenta Laura Chinchilla efectuó a Perú en un jet ligado a un empresario cuestionado por nexos con el narcotráfico, terminaron este jueves por arrasar con los funcionarios de su círculo más íntimo: el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mauricio Boraschi  y su asistente personal, Irene Pacheco.

En cadena nacional de televisión la presidenta Chinchilla dijo que aceptaba la renuncia de Boraschi y de Pacheco, por haber fallado en el resguardo de su integridad física, en el primer caso y por imprudencia y fallas de coordinación, en el segundo.

“Fueron colaboradores cercanos y leales quienes bajaron la guardia y esto no  puede ser aceptado aquí ni en ninguna parte de nuestra querida nación. Debemos resguardar con más celo nuestra institucionalidad”, sentenció Chinchilla en su discurso.

Las bajas de Boraschi y Pacheco, se suman a la renuncia que, por sus errores en el mismo escándalo, presentó este miércoles el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, quien era la figura más cercana a Chinchilla dentro de gabinete de gobierno.

Mauricio Boraschi se desempeñaba como viceministro de la Presidencia y Director de la DIS y tenía bajo su responsabilidad la seguridad de la presidenta.

En su lugar Chinchilla designó a quien hasta ahora fungía como viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, a quien se le encomendó la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en la Presidencia para futuros viajes y eventos públicos.

La presidenta anunció además que instruyó a Gamboa para apoye las investigaciones que el Ministerio Público y el Organismo Judicial de Investigación efectúan “en relación con una de las personas involucradas en los hechos que nos  ocupan”.

En alusión al empresario colombiano Gabriel Ricardo Morales Fallon quien suministró acceso al jet privado que trasladó a la presidenta, a su esposo, José María Rico y a los ministros Anabel González y Francisco Chacón hasta Lima para asistir a la boda del hijo del vicepresidente Luis Liberman y a una breve cita con el mandatario peruano Ollanta Humala.

En Colombia Morales Fallon fue cuestionado por supuestos vínculos con el narcotraficante, Juan Carlos Abadía, conocido como “chupetas”.

Según la revista colombiana Semana, el análisis de una computadora de Abadía mostraba el ingreso de millones de dólares en su contabilidad que involucraban a Morales Fallon.

Además de este viaje a Perú la presidenta había usado este mismo jet para asistir a los funerales del presidente de Venezuela, Hugo Chaves, el pasado 7 de marzo, en ninguna de las dos ocasiones Boraschi, encargado de la seguridad presidencial  advirtió que la aeronave estaba vinculada a un empresario cuestionado por vínculos con el narco.

Este jueves, diputados de las fracciones del Partido Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Unidad Socialcristiana y Frente Amplio, criticaron con dureza el viaje de Chinchilla a Perú y el manejo posterior de la crisis. Los legisladores exigieron el despido del viceministro Boraschi.

No más viajes en jet

Durante su discurso Chinchilla admitió que utilizó aeronaves privadas para sus viajes oficiales en cuatro ocasiones y alegó que esa conducta no violentó ningún parámetro ético o legal.

Sin embargo la mandataria señaló que tomó la decisión de que ningún funcionario público vuelva a utilizar aviones privados, en lo que resta de su gobierno.

Chinchilla alegó estar comprometida con la transparencia y con mejorar la investigación policial y el trabajo de los jueces y fiscales.

La empresa THX Energy difundió un comunicado de prensa en el que aseguró que fue el gobierno de Costa Rica quien le solicitó la cortesía de suministrar su jet para un viaje “de carácter privado” de la Presidenta Chinchilla.

La empresa difundió copia de un correo electrónico que le envió el director de Protocolo de Casa Presidencial, Ludwing Sibaja en donde les efectúa el pedido del avión para transportar a Chinchilla “a un viaje de carácter privado a Lima”.

Cierre sin autocritica

En los párrafos finales de su discurso por cadena nacional, la presidenta Chinchilla destacó el dolor y la indignación que este escándalo provocó a su familia y resaltó que ella ha dedicado “gran parte de su vida a enfrentar el crimen y la delincuencia”.

Citó algunos logros en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a quienes calificó como las mayores amenazas para Costa Rica.

Pero a lo largo de los casi seis minutos que duró su discurso, Chinchilla eludió cualquier forma de autocritica, sobre la decisión de utilizar el jet de una empresa privada para  asistir a una boda y sobre el manejo posterior de la crisis, por el contrario se presentó como una víctima de la desatención de funcionarios cercanos que “bajaron la guardia”.

I

Traer a un primer plano  algunos procesos  y elementos indispensables en el análisis histórico y social del tema del anarquismo y de la presencia efectiva de los anarquistas en la  escena social, cultural y política de la Costa Rica de hace un siglo, ubicándolos en concreto como los protagonistas importantes que fueron en el nacimiento del movimiento social en nuestro país, en cuya trayectoria dejaron una profunda huella, constituye un necesario e indispensable acto de esclarecimiento de nuestra propia conciencia, al lanzar  -de esta manera- un haz de luces sobre una parte importante de la historia social costarricense que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo, a pesar de los aportes recientes de algunos historiadores(De La Cruz, Oliva, Morales, Devandas y Molina entre otros). Es en estos y no en otros términos en los que puede expresarse, de manera preliminar y de acuerdo con nuestra particular opinión, la importancia de la contribución que nos brinda José Julián Llaguno, por medio de su libro LA SEMILLA QUE GERMINA Anarquismo, cultura política y nueva intelectualidad en Costa Rica(1900-1914) Acracia Editores San José Costa Rica, 2012. Sin negar la relevancia y la riqueza de las aportaciones de los historiadores mencionados y de las que el propio Llaguno se nutre, lo esencial en este trabajo es la centralidad con la que se trata el tema del anarquismo y la especificidad de su presencia en la Costa Rica del cambio de siglo (el paso del siglo XIX al XX), pero sobre todo durante los años que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Lo anterior no solo debido a una intencionalidad previa del autor, sino también a los resultados y hallazgos de la investigación misma, los que abren las puertas para seguir profundizando en el proceso de construir conocimiento en esa dirección.

II

Ante la ausencia de respuestas a una serie de dilemas y desafíos que se plantearon los ácratas o anarquistas de hace un siglo, en la Costa Rica anterior a la Primera Guerra Mundial (un hecho histórico muy dramático que dejó profundas huellas en la historia de este pequeño país centroamericano), es que el autor considera necesario rescatar la importancia y la vigencia de esta corriente social, dentro de la escena social y política de nuestros días, pues si bien el anarquismo estuvo: “Reducido a pequeños grupos de insistentes rebeldes, la semilla que dejó la generación de GERMINAL puede ser recogida y abonada con nuevos elementos. Pero esto solo será posible en la medida en que se construya memoria histórica de las ideas radicales en este país. Porque un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro”(LLaguno, 2002: 153).

La persistencia de los elementos confesionales, dentro de un estado y una sociedad que todavía no alcanzan su condición  plena de entes laicos, como espacios de libertad e igualdad para todos los ciudadanos, sin preferencias o exclusivismos para quienes profesen determinadas creencias religiosas, mantiene la vigencia del anticlericalismo que se planteaban los anarquistas de entonces, originado en el secuestro de los elementos esenciales del ethos cristiano por parte de una burocracia eclesial católica al servicio de los poderes establecidos, como un hecho que en nuestros días se ha agravado e intensificado a partir del integrismo de algunos pastores evangélicos, quienes con más saña aun que buena parte de los curas católicos (algunos de ellos incluso más abiertos al diálogo y al pensamiento secular), han terminado por convertirse en los más francos enemigos de los derechos y libertades civiles de la población costarricense. Cabe destacar que dentro de la corriente anarquista Jesús aparece como una figura histórica, la de un “hombre humilde, sencillo y revolucionario”(Llaguno,2012:82). Su quehacer, dentro de esa condición, se mantuvo alejado de las burocracias clericales, siempre dispuestas a favorecer a las cúpulas del poder político y económico.

La vigencia del apoliticismo o apartidismo de los anarquistas de principios del siglo anterior mantiene también su plena actualidad, sobre todo ante la irrelevancia creciente del quehacer político electoral en la Costa Rica de la segunda década del siglo XXI, con la franca y declinante trayectoria de los partidos políticos que no llegan a ser siquiera cascarones electorales, pero también por la creciente ilegitimidad de los actos del régimen imperante (y no sólo de los gobernantes o marionetas de turno) que con inaudita violencia física, pero sobre todo ideológica y simbólica, se ha lanzado contra los derechos y conquistas sociales de las grandes mayorías nacionales. El saqueo descarado de la institucionalidad del Estado de  Bienestar, una creación reformista-keynesiana de las décadas de los treinta y cuarenta del siglo pasado, es de tal gravedad y violencia (no siempre visible, gracias a la decisiva contribución de los medios de incomunicación social, propiedad de los dueños del poder y la riqueza) que pone en peligro la salud y la vida de la gran mayoría de los habitantes del país, haciendo que cualquier acción directa de lucha promovida por actores sociales que se reclamen del anarquismo, o de otras corrientes del movimiento social, frente a semejante estado de cosas, termine siendo satanizada por los poderes públicos y el aparato mediático que refuerza, al mismo tiempo que expande el ámbito de sus poderes fácticos hasta extremos que rayan en el totalitarismo, no como un asunto ideológico-doctrinario sino como una práctica social y política que se exterioriza en los términos más violentos imaginables, por parte de quienes están al frente de los poderes públicos, los que hasta ahora se han visto contenidos por la vigencia que conservan algunos elementos esenciales del estado de derecho, los que todavía no se atreven a quebrantar de manera abierta.

III

El autor se formula en detalle algunas de las grandes preguntas sobre el tema del anarquismo, acerca de su definición, su relación con el liberalismo y otras corrientes socialistas de la época, además de su pertinencia en el ámbito cultural de los primeros años del siglo XX, un período en el que culmina y empieza declinar el auge del liberalismo, tanto en Europa como en América Latina (1870-1914), donde en el caso de la última área continental es adoptado por las oligarquías regionales como la ideología o la doctrina que explica su inserción económica y cultural dentro del mercado mundial que tiende a consolidarse a partir de la expansión colonial europea hacia todos los continentes, bajo nuevas reglas de rapiña y saqueo imperiales. Se trata de un liberalismo en el que predominan los intereses mercantiles de una élite ilustrada, consagrada a actuar dentro de los términos positivistas del orden y el progreso, para la que resulta esencial la existencia de un estado mínimo destinado a facilitar la operación de la libre empresa, dentro de los términos de la propiedad privada y la apropiación privada del producto social, todo ello dentro los nuevos estados nacionales donde la educación se encargará de alfabetizar a la población para controlarla y encuadrarla, dentro de este proyecto de extensión de algunos alcances de la modernidad burguesa.

LLaguno se extiende en una serie de argumentaciones teóricas acerca de las explicaciones tradicionales del origen de la convivencia social humana que ofrece la filosofía política, las que van desde la visión teológica del libre albedrío donde la libertad aparece como el resultado de la gracia de Dios, hasta las que son propias del iusnaturalismo de la modernidad donde a partir de la teoría de un hipotético contrato social, la humanidad abandona su condición salvaje, propia de un estado de naturaleza, para pasar a un estado social o político(Hobbes, Rousseau y otros), dentro de esta visión secularizada del estado o Leviatán, dicha entidad se convierte en el garante de la sociedad, en el ente que protege a los ciudadanos de los peligros de su anterior condición salvaje, propia del estado de naturaleza. Solo en el pensamiento libertario o anarquista está planteada una superación radical de este estado de cosas, al contrastar lo que Cornelius Castoriadis(1922-1997) llama la heteronomía, que consiste en: “…buscar la constitución de la sociedad en fuentes externas a sí misma. Mediante este mecanismo, el aparato de Estado logra fabricar socialmente al individuo de tal manera que cierra las posibilidades de auto-constituirse como sujeto de cambio”(LLaguno,2012:95) y más adelante señala “ La forma de contrarrestar este proceso es mediante la actividad de la imaginación radical del individuo que apunte a la construcción de una subjetividad radical en medio de un proceso de transformación colectiva”(Ibidem). Es decir que es desde el pensamiento y la acción que los sujetos del proceso histórico retoman su autonomía como algo  opuesto, de manera radical, a la heteronomía negadora de su libertad y de sus posibilidades de autoconstitución como un sujeto histórico, de verdad libre, pues es el ser humano concreto quien constituye el elemento esencial y desencadenante de todos los procesos de la vida social.

IV

Para José Julián Llaguno, los resultados de su estudio muestran que el anarquismo costarricense de principios del novecientos fue ante todo un proyecto educativo y cultural de un grupo de intelectuales y artesanos (un ámbito de acción contracultural, en el sentido antropológico) que se expresó en las acciones y publicaciones del Centro de Estudios Sociales Germinal, en lucha por la emancipación individual y colectiva, como asimismo de la acción de otras instancias organizativas que surgieron en el período en estudio, el que alcanza sus realizaciones más importantes hacia 1913 con el impulso dado a la organización clasista de los obreros y artesanos, la primera celebración o  conmemoración de la fecha del primero de mayo, como día internacional de lucha de clase trabajadora y la fundación de la primera Confederación General de Trabajadores(CGT), en el mes de abril de 1913, cuya existencia se extendió a lo largo de una década. El autor hace notar que no siempre los intelectuales que tomaron parte dentro de estos espacios culturales eran anarquistas en estricto sentido, sino que más bien hicieron resaltar sus diferencias y coincidencias con el pensamiento y la acción libertarias, resaltando en algunos casos la influencia del modelo biológico evolutivo de las ciencias naturales, del que se derivan en el campo social sus posiciones evolucionistas y no necesariamente revolucionarias. Tal fue el caso de Elías Jiménez Rojas (1869-1945), químico y científico natural graduado en Francia, durante la década de 1890, quien se hizo cargo de la edición de la Revista Renovación e hizo notar sus particulares opiniones, tanto en lo que se refiere a sus posiciones ideológicas como en cuanto a los criterios requeridos para publicar un artículo en la revista. El propio Omar Dengo (1888-1928), cuyo nombre ha quedado tan asociado a este período libertario, en especial por su famoso y posterior artículo en el que habla de su anarquismo claudicante, alrededor del año 1924, expresa posturas evolucionistas en fechas ya muy tempranas, a través de algunos de sus artículos en Renovación y otras publicaciones como La Aurora Social, Sanción, Hoja Obrera y otras en las que toma distancia de las posiciones revolucionarias, al resaltar el evolucionismo en los procesos sociales.

V

El autor destaca y hace notar la influencia de una cierta “cultura sociológica” y de lo que se entendía por sociología o, más bien la ciencia de la sociología, en los medios intelectuales de la época del primer anarquismo costarricense, la que se hizo sentir de una manera muy importante, a través de los artículos divulgados en la Revista Renovación, durante el  breve pero fructífero periodo que corre entre los años de 1911 y 1914.

A partir de la influencia de destacados militantes anarquistas  de otras latitudes como Anselmo Lorenzo, autor de la importante obra denominada El Proletariado Militante, Ricardo Flores Magón, Piotr Kropotkin, Ricardo Mella y la decisiva participación del catalán Ricardo Falcó, al lado de José María Billo Zeledón y Omar Dengo, en calidad de impresor y editor de Renovación en suelo costarricense, se tratan los más diversos temas de la cultura y la tradición libertaria, los que llevan a entender a la sociología como una ciencia revolucionaria, dentro de los cánones más genéricos de la tradición positivista de Augusto Comte(1798-1857), pero sobre todo con la decisiva e imbatible (por entonces) influencia de la sociología francesa de Émile Durkheim(1858-1917) quien la había consagrado en los medios intelectuales, dándole el prestigio de una ciencia empírica, capaz de dar cuenta de la compleja dinámica de los procesos sociales a partir de un método y un objeto de estudio propios, dentro de una visión organicista del orden social de la especie humana, aunque depurada de sus rasgos puramente biológicos. Es así como la sociología, considerada en esos términos, aparece como un elemento importante y hasta decisivo en la lucha por la emancipación individual y colectiva de los seres humanos concretos, a partir de la consideración científica y no metafísica o teológica del estudio de los componentes de la organización social humana, especialmente los relativos a la desigualdad entre sus integrantes.

VI

Como una nota al margen cabe destacar que en el contexto sociohistórico o, dicho de otra manera, el período dentro del que aparece el anarquismo en Costa Rica estuvo conformado por el panorama de una vasta agitación social y política que afectó, de diversas maneras, toda nuestra área continental, en la que se produjeron algunos eventos históricos que adquirieron cierta centralidad, como es el caso de la llamada revolución mexicana. Esta fue un largo proceso de lucha armada y agitación social que estalló formalmente en noviembre de 1910, bajo la forma de revolución política contra el continuismo del régimen liberal-conservador de los treinta años de Porfirio Díaz (1876-1911), pero que se convirtió en una revolución social bajo la influencia de las corrientes del pensamiento libertario o anarquista, una de ellas expresada en el Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón (el magonismo) y otra en la sublevación agrarista del campesinado morelense (del pequeño estado de Morelos, al sur de la ciudad de México), encabezada por Emiliano Zapata(v.gr John M. Hart El anarquismo y la clase obrera mexicana Siglo XXI Editores México DF 1980), las que terminaron por exteriorizar las necesidades de una transformación social más profunda hacia el conjunto de la sociedad mexicana. Los maderistas alzados en armas, a partir de noviembre de 1910, buscando impedir la continuidad del porfiriato, pero sin un programa de revolución social definido, se encontraron con el  decisivo apoyo armado de los rebeldes magonistas (que si contaban con una propuesta de transformación revolucionaria) en los frentes de batalla, lo que les permitió obtener algunos triunfos importantes, provocando una gran inquietud al dictador Porfirio Díaz, quien prefirió negociar con Francisco Madero para mantener intactos los intereses de clase comunes a ambos, aun al precio de abandonar el poder. La dinámica revolucionaria llevó finalmente a la sociedad mexicana a un largo conflicto armado, durante toda la primera década del siglo anterior, un hecho que terminó por gravitar, de muchas maneras, sobre el conjunto de los países de la región.

La influencia de lo que estaba ocurriendo en España, pero especialmente en Cataluña, se dio con las repercusiones que tuvieron las propuestas pedagógicas libertarias de Francisco Ferrer Guardia, con su Escuela Moderna y la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en 1910, unos hechos que marcaron uno de los períodos de más influencia del anarquismo, a escala planetaria, durante la primera mitad del siglo anterior, especialmente dentro de la variedad del anarcosindicalismo y en la puesta en ejecución de un vasto proyecto contracultural, en procura de una educación libre de las influencias clericales y del estado monárquico imperante.

VII

En este libro se destaca también el fenómeno de las grandes migraciones europeas hacia América Latina, provenientes  sobre todo de Italia y de España hacia México, lo mismo que hacia algunas islas del Caribe y el Río de La Plata, como un hecho que tuvo gran importancia en la difusión del pensamiento anarquista y en el surgimiento de organizaciones anarcosindicalistas, hacia finales  del siglo XIX y en la primera década del XX, en países como Argentina, México, Chile, Uruguay y otros. En menor medida, también Costa Rica recibió esta influencia que se exteriorizó en la creación y en las luchas de algunas de las  organizaciones clasistas reivindicativas de los panaderos y otros grupos de trabajadores (v.gr Mario Oliva,1985).

Para LLaguno la influencia del pensamiento ácrata en la Costa Rica de comienzos del siglo XX se expresó sobre todo como un vasto proyecto cultural, tendiente a dar impulso a la emancipación individual y colectiva de los hijos de la clase trabajadora, mientras que en lo referente al tema de la acción directa, no aparece tan claro el lugar que la violencia debe ocupar en ella, al parecer por el predominio del discurso evolucionista y pacifista, sobre todo entre los intelectuales (Llaguno,2012:164-165).

VIII

El autor destaca el hecho de que los nombres de una serie de intelectuales que ocuparon cargos muy relevantes en la vida pública de Costa Rica, durante la primera mitad del siglo XX, estuvieron asociados en un primer momento de sus trayectorias al anarquismo y a otras corrientes socialistas. La tensión entre su condición de intelectuales, algunos de ellos como Roberto Brenes Mesén(1874-1947) y Joaquín García Monge(1881-1958) formados en Chile, durante el cambio de siglo, sus condiciones de existencia material y las tensiones reformistas o reformadoras hacia el interior de los poderes públicos, encabezados por figuras del Olimpo Liberal como Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez y Alfredo González Flores condujeron de manera gradual a su absorción por el liberalismo imperante, después de haber librado importantes luchas contra el asecho del clericalismo, como en el caso de Brenes Mesén, con la valiente defensa de su enseñanza de la teoría evolucionista de Darwin en el Liceo de Heredia, durante el año de 1907 y en la divulgación del pensamiento libertario, a través de las ya mencionadas publicaciones. Finalmente cabe destacar el caso de José María Zeledón (1877-1949), que como indica José Llaguno, fue uno de los intelectuales que mantuvo sus posiciones libertarias durante un período más largo, dentro de su extensa vida pública. Por cierto que existe un libro de la historiadora Vinyela Devandas, citada por Llaguno, acerca de lo que denominó “Billo Zeledón, ese famoso desconocido”… No nos queda sino concluir estas reflexiones recordando el lema del anarquismo catalán, en vísperas de la guerra civil española “Paz a los hombres, guerra a las instituciones”, fiel expresión de una corriente que prioriza a los seres humanos concretos sobre cualquier otro tipo de consideraciones abstractas y presuntamente utópicas.

Rogelio Cedeño Castro es sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Juicio a la Barrick Gold hecho por el tribunal Popular (Foto: Fran Afonso / Otramérica)

El gobierno dominicano arranca una mejora en la distribución de ingresos del polémico contrato de explotación de oro de la transnacional en Pueblo Viejo. Organizaciones sociales contra la minería a cielo abierto siguen denunciando los daños ambientales y sociales causados por la compañía en la zona.

“Se ordena nacionalizar de inmediato la Barrick Gold, rescindir su contrato y confiscar todos sus bienes como compensación por los daños morales y materiales causados al pueblo dominicano. Se condena al expresidente Leonel Fernández a veinte años de cárcel y a bañarse cada día en el Río Margarita. Se otorga un plazo de quince días al presidente Danilo Medina para hacer cumplir esta sentencia”. La resolución que dictó el tribunal popular contra la minera canadiense Barrick Gold y sus “cómplices locales” el pasado 5 de mayo en Santo Domingo está lejos de cumplirse. Mucho más cerca queda, sin embargo, la ratificación por parte del congreso dominicano del acuerdo preliminar suscrito con la transnacional minera para modificar las condiciones con que opera en el país.

Desde que el pasado 27 de febrero el presidente dominicano, Danilo Medina, hiciera un “último llamado” a Barrick Gold para renegociar el contrato de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo –una de las más grandes del mundo-, la tensión entre ambas partes no había hecho más que aumentar. El gobierno consideraba “inaceptable” el contrato vigente dados el alza del precio del oro y la actual distribución de ingresos que contempla. Desde entonces, los llamados al diálogo y la negociación han sido interrumpidos por multas a la minera por falsificar declaraciones de exportación de oro y múltiples manifestaciones populares en su contra. Anoche, la minera canadiense y el ejecutivo de Medina sellaron un acuerdo que supondría el ingreso de un 51,3% de los beneficios para el estado dominicano, siempre que la cotización del oro no bajara de los 1.600 dólares por onza [hoy la onza está a 1.400].

El origen del conflicto se remonta al 2009, cuando bajo el mandato de Leonel Fernández, copartidario del actual presidente Danilo Medina, se aprobó por abrumadora mayoría la modificación del contrato firmado tres años antes, tras adquirir Barrick Gold los derechos de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo: de cada 100 dólares generados, la empresa canadiense se quedaría con 97 y el estado, con los 3 restantes, un 47% menos respecto al contrato anterior. En el año de la modificación contractual, el precio del oro alcanzaba un récord histórico en su cotización de 1.000 dólares por onza. Teniendo en cuenta ese valor y el nuevo acuerdo, algunos estudios aseguran que el estado dominicano dejaría de percibir 1.200 millones de dólares durante los primeros seis años de producción de oro.

Más allá del contrato, los movimientos sociales contra la minería a cielo abierto y la comunidad científica aportan otras pruebas de peso para condenar a Barrick Gold: contaminación de la presa de Hatillo y el río Margarita, contaminación de parte de la población y el ganado de Cotuí, la zona donde opera, complicidad con las fuerzas policiales en la represión de activistas, soborno a periodistas, expropiación de tierras con compensaciones mínimas, cierre de caminos públicos… En los múltiples campos pagados en la prensa local, la compañía asegura que los daños ambientales causados son responsabilidad de la anterior gestión de la explotación y que su inversión, “la más grande en la historia de la República Dominicana”, beneficia a más de 400 empresas del país, además de contribuir a proyectos de educación, producción y salud.

INTRODUCTION

With the death toll now over 900 in the wake of the collapse of the textile factory in Bangladesh, there are newspapers and financial newssheets all over the world decrying this event as a ‘disaster’ and the ‘deadliest industrial accidents ever.’ However, the sweatshop conditions for billions of workers around the world along with the absence of occupational safety beg the question: Was this building collapse an ‘accident?’ Why are there no rules relating to the inspection of buildings and building codes in the countries such as China, Bangladesh, Pakistan, India, Tanzania and South Africa? How was it possible for the owners of this ‘establishment’ to continue operations when the safety and structural conditions of the building had been called into question? It is the contention here that this was no accident but the logic of a form of accumulating wealth that placed a premium on profits over human lives. Some have determined that this period is like a second slavery.

The kind of tragic exploitation of workers in Bangladesh is present all over Africa, where people are denied basic labour rights as part of state efforts to attract and retain foreign investment. Militant and sustained efforts are needed to resist this trend. (Photo: Munir Uz Zaman / AFP – Getty Images)

In the past 30 years, the drive for super-profits has led corporations to seek conditions where the working peoples have the least protection with no safety regulations at places of work. Buffeted by banks and hedge fund managers who respect no national boundaries, the bottom line for the ‘investors’ takes precedence over human lives. Egged on by institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, governments in the exploited countries of the world have been outdoing each other to establish areas of intensified exploitation called Export Processing Zones (EPZ). EPZ are sites of production where international capitalists do not have to respect labour laws. The recent fire resulting from an ammonium nitrate explosion at the West Fertilizer Company storage and distribution facility in West, Texas, was another example of worksites where there are no proper controls with respect to occupational safety.

On top of the promotion of these EPZs, the efforts to roll back the basic rights of workers have intensified. Bangladesh is one of those societies where the rights of workers have been trampled upon to make the society attractive to ‘foreign investors.’ One such attraction is to ensure that there are no democratic rights such as the rights of workers to assemble, the right to a living wage or the rights to collective bargaining. During the period of the last capitalist depression, the International Labour Organization (ILO) had campaigned against wage slavery and at the end of the depression and war workers fought to expand their rights and to strengthen collective bargaining agreements and questions of occupational safety. As one form of cover up of these new forms of exploitation, some international nongovernmental organizations (NGOs) write on corporate social responsibility in order to deflect from the growing calls for the protection of workers internationally.

Today, the kind of exploitation that is present in Bangladesh is present all over Africa. In Africa, the role of force in production had denied basic rights to the working people during colonialism. After independence, the politicians aligned with the soldiers to roll back the basic democratic rights of workers. These forms differ in degree from the child labour conditions in mining operations in the Eastern Democratic Republic of the Congo, the use of semi-slave labour on plantations in Cote d’Iviore, the absence of safety and health for workers and ultimately in the use of religion and ethnic differences to divide workers. When these divisive tactics fail, then the companies and their police and security forces shoot workers as was the case of the Marikana mines in South Africa. This column is a statement of solidarity with the working people of Bangladesh and another call to push for global rights, especially the rights of working peoples.

‘UNPRECEDENTED TRAGEDY, ONE OF THE WORST INDUSTRIAL ACCIDENTS IN THE WORLD’

This is the way the newspapers and journalists have sought to depict the actions that led to the collapse of the eight storey building in Dhaka, Bangladesh, on April 24, 2013. According to the BBC, ‘some 700 workers have been killed in factory fires in Bangladesh since 2005. Garment factory collapses in 2005 and 2010 claimed another 79 lives.’ In this building collapse of April 24, there are now over 912 dead with over 2,500 injured in this latest building collapse. There is no clear account of how many persons were in the factory at the time of the collapse of the building because the factory owners have not given precise numbers. It was reported that 2,437 people have been rescued.

There is still a search for more bodies in the wreckage of the eight-story building that was packed with workers at five garment factories. The building was supposed to be a five storey building. It has been reported that the owner illegally added three floors and allowed the garment factories to install heavy machines and generators, even though the structure was not designed to support such equipment. The factories were making clothing bound for major big name brand retailers in North America and Western Europe. Factory owners such that of the Rana Plaza are not unusual. This owner had claimed the building was safe, and the factory owners had ordered workers into the building despite their objections after serious cracks were found in the structure on April 23, the day before the disaster.

The semi-slavery conditions of workers in the garment industry in Bangladesh had been an open secret among ‘international investors.’ For after all, one of the attractions for Bangladesh as a center for the global textile industry was precisely the fact that working conditions were poor. In November 2012, a fire at another garment factory in Bangladesh that made clothes for Wal-Mart and Sears killed 112 people. Supervisors had ordered the coerced workers back to work after the fire alarm sounded, leaving workers trapped in the upper floors. In 2010, 27 people died and more than 100 were injured in a fire in a factory that made clothes for high-street retailer Gap. Next door in Pakistan in 2012 a fire in a factory had killed more than 300 workers. Then the New York Times reported that the Pakistan fire was the worst industrial accident. http://tinyurl.com/8d7t9qt

Yet, in light of this tradition of coercing workers to toil in unsafe conditions the media has called this building collapse an accident. According to the mainstream media, the building collapse was one of the deadliest industrial accidents ever.

TEXTILE WORKERS AND EXPLOITATION

Workers in the garment industry have always been open to super exploitation. It was one of the centers of production where the modern trade union movement emerged to fight for basic industrial rights. The International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU) had been one of the largest labour unions in the United States. This union had fought hard for the rights of workers especially after the big garment disaster in New York in 1911, Triangle Shirtwaist factory, which killed 146 workers. One writer who has commented on the recent deaths traced the genealogy of garment manufacturing and the succession of ‘accidents.’ In an article titled “Clothed in Misery,” M. T. Anderson wrote,

‘Similar disasters happened here in the first phase of our national industrialization — the 1878 Washburn mill explosion in Minneapolis, the 1905 Grover Shoe Factory disaster in Brockton, Mass., the 1911 Triangle Shirtwaist Factory fire in Manhattan — but back when New England textile mills were the beating heart of America’s mass-production infancy, the most notorious was the 1860 collapse of the Pemberton Mill in Lawrence, Mass.’

During the last capitalist depression the workers in the United States fought for better wages and better working conditions. By the end of the depression and the end of the war when workers gained confidence, the capitalist moved the factories to areas of the United States where there were no unions. Later when the workers were unionized in other parts of the USA, the owners moved to low wage economies such as Bangladesh, Cambodia, China, Haiti, India, Pakistan and Sri Lanka. US garment manufacturers and textile owners had promoted the Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) to bring African societies into this web of sweat shop production. However, the race to the bottom had been intense with the IMF and World Bank promoting the interests of the big name brand producers of textiles.

The April 24 building collapse is now going in the record book and the way the media is writing about the criminal activities is to divert attention from the alliance between the international garment manufacturers and the local political/comprador elements in Bangladesh. When the press writes about the role of corruption that led to this disaster, the mainstream media tend to deflect attention from the apparel sellers in Europe and North America.

It is against the recent history of the activism of international capital to roll back the rights of workers where it is necessary to locate the actions of the capitalists in Bangladesh. The Rana Plaza complex which was not built as a factory to withstand the vibrations and hectic conditions of producing garments is typical of the thousands of cheaply built, unsafe sweatshops in Bangladesh employing workers at $38 a month to churn out orders for some of the world’s largest corporations. Global conglomerates, including some of the world’s best-known brands, extract 60 to 80 percent profit margins from merchandise made in Bangladesh, by pressing contractors to deliver the lowest possible costs. The garment factories in Bangladesh generate 80 percent of the country’s $24 billion annual exports. Grouped together in the Bangladesh Garment Manufactures & Exporters Association (BGMEA) the Bangladeshi ruling elite operates as a junior partner of international big business such as H&M, JC Penney, C&A, Levi’s, Marks and Spencer, Tesco and Nike. In the aftermath of the fire, the New York Times editorialized that there were only 11 collective bargaining agreements in Bangladesh. Writing under the byline, ‘Another Preventable Tragedy in Bangladesh,’ this leading voice of liberal capitalism lamented,

‘Meanwhile, there are just 11 collective bargaining agreements in the entire country of 150 million people, and there are only a few unions in the clothing industry. Workers who try to form unions are often fired and beaten, sometimes even killed. Last year, a young labor leader, Aminul Islam, was tortured and killed in apparent retaliation for his work organizing garment workers.’ http://tinyurl.com/cwc8orc

Safety regulations are virtually non-existent, and industrial laws routinely flouted. Bangladesh’s labour ministry reportedly employs just 18 inspectors to monitor conditions in more than 100,000 factories in Dhaka.

SHODDY WORKPLACE AND RIGHTS OF WORKERS EVERYWHERE

What the leading newspapers of the world have neglected to say clearly is that the conditions of the workers in Bangladesh have been the direct result of the new form of sweatshop conditions internationally. The Bangladesh Garment Manufactures & Exporters Association (BGMEA) emerged as a force within the competitive race to move the production of garments to this poor and exploited society. In this race to the bottom, Bangladesh had risen to be the world’s second largest garment producer, behind China, by giving international investors and their local comprador allies a free hand. As in the early industrial era in the United States when poor rural women were lured to these factories, today, there are an estimated 4 million garment workers, mostly women who toil in conditions that were supposed to have been left behind at the end of the last war and depression..

At that historical moment, the ILO was one of the more well-known international organizations as it fought for the rights of workers internationally to ensure an end to poverty level wages and semi slavery working conditions. Since its creation in 1919, the ILO adopted 184 Conventions that establish standards for a range of workplace issues. Today very few workers are aware of these Conventions because the discourses about corporate social responsibility turn the rights of workers into the arbitrary philanthropic actions employers. This philanthropic based approach to the rights of workers finds its echo in the financing of international non-governmental organizations to focus on micro credit schemes or other efforts that does not document the sweat shop conditions Since the era of Thatcherism when there was a total assault on the rights of workers, questions of health and safety of workers have been replaced by the canard of corporate social responsibility. It is not by accident that even in the advanced capitalist countries one of the fundamental battles today is to retain the rights of workers to defend their standard of living. It is not enough for the top media to lament that ‘the severity and frequency of these disasters are an indictment of global clothing brands and retailers like.’

LESSONS FOR THE AFRICAN WORKERS

Throughout Africa, capitalists have campaigned to roll back the rights of workers. One can measure the extent of undemocratic practices in a society in relation to the amount of rights that have been retained by the working people. The present invasion of Africa by big and small capitalists has left shoddy buildings and poor conditions everywhere. One month before the building collapse in Bangladesh, there was a building collapse, one of the many such collapse in places such as Nigeria, Kenya and Tanzania. The construction boom in Africa has been taking place in a context where building codes are routinely ignored.

Western democracy experts have focused on narrow issues of elections and parliaments without a concomitant analysis of the extent of the erosion of rights of working peoples. The removal of basic safety and security of workers in order to attract ‘investors’ is part of the current political process promoted heavily by the World Bank. The more brutal dictators such as Mobutu Sese Seko simply used troops to shoot workers. In the aftermath of this form of wanton killings, militias have moved in to ensure that mining operations in the Congo are never placed in a situation where the miners have the basic rights for good pay and safety. Just as in the mines, so it is in the plantations where child labour has returned and the questions of occupational health deleted from negotiations.

Capitalist from all corners of the world from Japan and China in the East to the USA and Brazil with the Europeans full of experience salivate on the super profits to be reaped from the situation in Africa where there is a young work force without the protection of the state. The young people of Egypt had worked with the April 6 movement to fight for better conditions for Egyptian workers and it is this struggle of the Egyptian workers that precipitated the revolutionary upsurge which is still lingering in Egypt.

International capitalists are afraid of the kind of political mobilizing in Africa that educated the Egyptian population, hence the new pressures to present religion and religious allegiances to blunt discussion of the conditions of workers. The Bangladesh building collapse brings back the question of the rights of workers in all parts of the world. Western European planners, in the face of the stirring from below, seek to bring discourse about corporate social responsibility, but as the workers in the Niger Delta has testified, companies such as Shell Oil are adept at playing the game of using the language of corporate social responsibility while working with the military and private military contractors to police workers.

The experiences of removing the conditions of safety and collective bargaining for workers in Africa and Bangladesh have found their way back to the United States where the capitalists have been emboldened to embark on a massive campaign to strip workers of their rights. This blowback can be seen with the public struggles over collective bargaining and absence of safety conditions in establishments. The most recent example of the massive explosion and fire at the West Fertilizer Plant is but one of the most graphic examples where the owners had pushed for ‘Exemption’ From Safety Rules and Targeted Workplace Inspections. Over the years the OSHA had cited the West Fertilizer Plant for violations of respiratory protection standards, but did not issue fines. This is because the OHSA has been disempowered in the era of neo-liberalism. These capitalists have been pushing for exemptions in Africa and the experience of this fire that killed 15 persons in April exposed US citizens to the raging fires and unsafe conditions at industrial and oil producing sites all over Africa. According to a report in the Huffington Post, ‘By claiming the exemption, the company became subject to other, less stringent requirements and avoided certain OSHA and Environmental Protection Agency rules.’

It is these less stringent rules that have applied all over the world of poor workers so that today most students do not know what OHSA stands for. The Occupational Safety and Health Administration Is that body which is supposed to inspect establishments to guarantee that the conditions of work are safe for those toiling in the place of production. In the aftermath of this fire that killed 15 persons and displaced an entire city, readers understood that the OHSA had last inspected the plant in 1985.

This kind of exemption which has been adopted by capitalists whether from China or the USA dictates that there should be stringent international standards about workers at places where there are dangerous chemicals and toxins. In every part of the world of the poor, one can see conditions where there are no rules relating to the protection of the environment. This writer is challenging the young in NGO community to refocus on the rights of the working people to build a new politics.

SOLIDARITY ACROSS BORDERS

Workers all across Africa and their supporters who share a sense of solidarity are pushing for the removal of the politicians and corporate elements that align with foreign capitalists to establish sweat shop conditions. At the moment of decolonization one of the most militant fronts had been the working poor. It is this history of organization of the workers that has to be brought back so that the struggles of the African workers are linked to the struggles of the workers in Bangladesh, China and India. The renewed campaign of the workers in Africa can now in the short run link up with workers in Brazil, India and China. As one component of the BRICS framework, there has been the establishment of a forum to support the closer relationship between workers in the BRICS societies. African workers, especially the workers of the Congress of South African Trade Unions (COSATU) have the necessary social weight to be able to challenge the capitalists in South Africa as well as to be a major force in this forum of trade unions from the Federative Republic of Brazil, The Russian Federation, the Republic of India, the People’s Republic of China and the Republic of South Africa. This BRICS forum of workers has the capability of organizing within a framework of more than 200 million organized workers. This framework must be strengthened by the day to day struggles to ensure that the kind of accident that took place in Bangladesh is a matter of history.

As long as this criminal action is presented as an ‘accident’ and a tragedy, then those who profit from the sweatshop conditions will shed crocodile tears about the loss of lives. Militant and sustained actions to defend the global rights of workers are now on the agenda internationally. The All African Trade Union Centers and COSATU should be in the forefront of pressing the ILO to mount a clear investigation with the results being released to all parts of the world. It is only vigilance and aggressive networking internationally that will ensure that the Bangladeshi government and manufacturers do not simply make cosmetic changes to safety and building standards.
Horace Campbell teaches at Syracuse University in New York. He is the author of Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya published by Monthly Review Press, New York and distributed in the UK by Pambazuka press.

(Imagen: Público)

El mayor logro de este movimiento de la indignación colectiva ha sido el de cambiar la percepción del mundo que nos imponen. En el teatro de la vida, se han encendido de golpe las luces que anuncian el fin de la función. La fiesta se ha terminado. Y entre atónitos y ofuscados observamos que somos víctimas de un saqueo a gran escala. Ya no son los mismos de siempre quienes gritan contra el capital. Ahora, son muchos los que se sienten robados por el expolio colectivo que significa la crisis.

Tomar conciencia de que “no es una crisis es una estafa” es el primer paso para cambiar las cosas. Como decía el filósofo francés Daniel Bensaïd: “La indignación es un comienzo. Una manera de levantarse y ponerse en marcha. Uno se indigna, se subleva, y después ya ve”. Y, dos años después, vemos más robo, más saqueo y más pillaje. Vemos cómo se sigue rescatando a la banca, mientras se nos hunde en la miseria. Vemos a ricos más ricos y a pobres más pobres. Y nos damos cuenta de que la respuesta pasa por solucionarlo nosotros.

La PAH ha sido el máximo exponente de este cambio de percepción de los de abajo. Frente al desamparo gubernamental y la impunidad de la banca, auto-organización y desobediencia. Huérfanos de victorias, la PAH ha significado esperanza para quienes sufren el drama de los desahucios e inspiración para los que luchan. Desalojos parados, ILP en el Congreso, escraches, “obra social”… son pequeñas grandes victorias que demuestran que pelear sirve. Imprescindibles cuando estamos hambrientos de triunfos, ante un malestar creciente, pero, incapaz de frenar unos ajustes sinfín.

El 15M ha mutado en innumerables frentes contra la crisis. Se ha transformado en un mar de mareas de infinitos colores. Quienes ocuparon plazas, actualmente, ocupan viviendas vacías, bancos, universidades, hospitales. Desobedecen, no queda otra. Y la PAH ha crecido gracias a muchos activistas que salieron por vez primera a la calle un 15 de mayo, o volvieron a ella tras largos años de letargo. Y una vez las asambleas de barrio fueron menguando, la PAH se convirtió en un referente de lucha, como también las mareas en sanidad, educación, cultura y cada vez en más ámbitos. Ante la tragedia de los desahucios, soluciones reales. Ante la realidad de los recortes, resistencias concretas.

Pero el 15M, también, ha dado lugar a multitud de iniciativas a pequeña escala: huertos urbanos, redes de intercambio, grupos y cooperativas de consumo ecológico, ateneos populares, que señalan que otro mundo no sólo es imprescindible sino posible. El movimiento de los indignados ha creado espacios de encuentro, de ayuda mutua, redes de resistencia… Y nos ha enseñado a empezar a cambiar el mundo aquí y ahora, no sólo en los discursos, sino, sobre todo, en las prácticas.

Sin embargo, la crisis social y económica se ha profundizado. La ofensiva del capital por acabar con nuestros derechos ha ido a más. La pobreza, el hambre, el paro, los desahucios… son una realidad que afecta cada vez a un mayor número de personas. La crisis se extiende como una mancha de aceite, mientras los mismos de siempre continúan haciendo negocio con el dolor de los otros. Los grandes empresarios y la banca se frotan las manos ávidos de más tijeras y recortes, entretanto los políticos de turno les allanan el camino, y se colman, de paso, los bolsillos. La indignación y la desobediencia no ceden, pero son insuficientes para detener la tromba de ajustes, y sufrimiento. La resistencia a la crisis remontó hace dos años desde muy abajo y tras décadas de derrotas.

Al mismo tiempo, asistimos a una crisis política y de régimen, impensable poco tiempo atrás. El bipartidismo que gobernaba el país se hace, afortunadamente, añicos. Y mientras el PSOE se hunde incapaz de levantar cabeza, el PP sufre la erosión del gobierno y de la crisis. A la monarquía, intocable entre los intocables, se le pierde todo el respeto y el rey se convierte en el hazmerreír de la calle. Y a pesar de la injusticia de la justicia, que en palabras del fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, se “congratula” de la suspensión de la imputación de la infanta Cristina por el caso Nóos, el pueblo ya los ha juzgado.

En Catalunya, a golpe de sentencia del Tribunal Constitucional aumentan las aspiraciones soberanistas, y el corsé  de la Constitución se vuelve insoportable. El españolismo más rancio insta a la “unidad del reino”, y la caverna a la “una, grande y libre”. Vuelven los ruidos de sables. Y un general en la reserva, Juan Antonio Chicharro, justificaba, a principios de año, una intervención militar en Catalunya ante una posible ruptura con el Estado. En sus palabras, “la patria es más importante que la democracia”. Asimismo, la Asociación de Militares Españoles, a finales del 2012, instaba a declarar “el estado de guerra, el estado de excepción o el estado de sitio” en Catalunya, “en caso de fractura o separatismo”. Visto lo visto, Franco no ha muerto.

Y, mientras, quienes mandan corren a criminalizar y a reprimir a los que luchan, muestra de la desesperación y el miedo de un poder al que se le mueven los cimientos. Frente a la imposibilidad de aplicar los recortes por las buenas, se opta por imponerlos a las malas. Detenciones preventivas, balas de goma, páginas web para delatar a manifestantes, endurecimiento del Código Penal, sanciones administrativas y mucho más. La represión y la violencia de Estado es un síntoma claro del temor de los de arriba. Su mundo se tambalea, pero sus cimientos, muy a nuestro pesar, continúan fuertes.

La necesidad de la política se hace evidente. Y los tiempos de Toni Negri y John Holloway, de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, caen lejos. Hoy se constata, amargamente, cómo el poder nos afecta, la Ley Hipotecaria nos echa de casa y la reforma laboral nos deja sin empleo. Hay que aprender del que “se vayan todos” en Argentina, el 2002, y cómo luego volvieron los mismos de siempre, con la familia Kirchner al completo. O ahora en Islandia, cómo después de una revuelta social y de una nueva constitución ciudadana, la socialdemocracia y los verdes traicionaron las aspiraciones emancipatorias de la gente y volvió la derecha. Si no somos capaces de construir, entre todos, un nuevo instrumento político y social por y para los de abajo, respetando la autonomía del movimiento y sin olvidar la centralidad de la calle, continuaremos siendo “mercancía en manos de políticos y banqueros”. El debate sobre la perspectiva política de cambio está siendo, actualmente, más discutida que nunca en organizaciones, movimientos y activistas sociales. Buena noticia.

Hace dos años decíamos que el 15M era sólo el principio. Y así es. La lucha continúa.

Artículo publicado originalmente en Público

Resumen del libro

El pensamiento anarquista tiene una larga historia que recorre todos los continentes del planeta desde su formulación sistemática durante la Revolución Francesa de 1789. Su desarrollo en América Latina estuvo ampliamente influido por la migración europea que llegaba a este continente buscando espacios de justicia y dignidad.

Costa Rica no escapa a esta corriente que empieza a ser más visible a principios del Siglo XX en la zona urbana. De la mano de un grupo de intelectuales, artesanos y artesanas y obreros y obreras, el anarquismo se desarrolla a través de distintos medios. Publicaciones, bibliotecas, centros de estudio, sindicatos, y conferencias públicas, serán algunos espacios tomados para difundir esta filosofía de vida.

En esta actividad los intelectuales juegan un papel primordial en la construcción de una cultura política alternativa que siente las bases para el cuestionamiento del orden social vigente. La clase trabajadora y el conjunto de los sectores oprimidos serán los llamados a llevar a cabo esta labor.

El presente estudio se avoca a vislumbrar esta relación entre anarquismo, cultura política y Nueva Intelectualidad a través de un análisis de algunos de sus exponentes, proyectos y tensiones.

Presentación leída el martes 14 de mayo en el Auditorio Clodomiro Picado, de la Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.

“Sin dioses tutelares,

sin guías, sin maestros,

sin nada de lo que ata y esclaviza

los humanos empeños”

José María Zeledón

I

La siguiente presentación tiene el objetivo de plantear algunas rutas posibles para ubicar los inicios del anarquismo en Costa Rica. Para lograr esto, voy a presentar ¿que entiendo por anarquismo?, ¿cuáles son sus orígenes y objetivos? y ¿cómo fue que inicie el proceso que me llevó a rastrear esta presencia? Esto que voy a desarrollar esta noche, es parte de las cosas que no aparecen en el libro, que es una versión resumida y editada de mi tesis de licenciatura en Ciencias Políticas defendida en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica.

En su versión original, esta contempla un capítulo sobre el origen del pensamiento anarquista en Europa, que se remonta a 1789 con el estallido de la Revolución Francesa y va hasta principios de 1900 con la divulgación masiva del anarcosindicalismo, como la principal forma que toma el anarquismo en América Latina. También incluye un apartado teórico y conceptual, que reflexiona sobre una de las posibles formas de entender el vínculo entre el pensamiento anarquista y las ciencias políticas que es parte de mi formación académica base. A las personas interesadas en estas discusiones pueden buscar el texto original en la biblioteca de la UCR, la biblioteca Nacional o la versión completa digital alojada en la página de la Federación Libertaria Argentina (FLA).

II

Antes de empezar con las definiciones y la historia del anarquismo, quisiera contar mi experiencia personal con respecto a este tema. Esta tiene dos antecedentes principales, mis estudios universitarios y mi práctica política. El primer campo se refiere a mi entrada en la UCR a la carrera de ciencias políticas, espacio en el cual esperaba saciar mis ansias de conocimiento sobre la realidad del país y el mundo. Pensaba que estudiando ciencias políticas, podía conocer “desde adentro” como gobernaban los políticos y cuáles eran los fundamentos que justifican la dominación de la población a través del Estado. Con este conocimiento, creía yo que podía encontrar mejores herramientas para la acción política que buscara como horizonte la auto-organización crítica de la sociedad.

Conforme fui avanzando en mis estudios, me di cuenta que la mayoría de mis compañeros, compañeras y profesores, estaban más interesados en conocer y practicar la política, como una técnica al servicio del Estado y su reproducción. Por lo tanto, la política empezada y terminaba con el Estado, todo lo que estuviera fuera de ella, era considerado marginal, apolítico u utópico. En la mayoría de las lecturas y autores que leíamos había una especie de compromiso “natural” entre las y los politólogos con el Estado y la política electoral, ya fuera apostando por convertirse en gobernantes o como asesores y especialistas de estos.

Viendo esta realidad de la disciplina y su práctica, choqué con un muro que parecía muy difícil de traspasar. La idea de conocer la política, para transformar radicalmente la sociedad y buscar otras maneras de relaciones sociales, sin dominación política, parecía cada vez más lejana del curriculum y el espacio de convivencia de las y los politólogos. Frente a esta realidad, tenía dos opciones, abandonar la carrera o seguir el camino de la intransigencia y la necedad, y buscar algún pequeño hueco en el muro, que pudiera comprobar que podía haber una forma alternativa de practicar la política.

Tome la segunda opción, y no necesariamente por ser la más valiente, sino por un criterio práctico y económico, ya llevaba más de la mitad de mis estudios completos y necesitaba sacar un cartón que me permitiera trabajar pronto y ganarme la vida. Y es así, como empiezo a buscar autores, leer revistas, periódicos y libros que hablaran sobre anarquismo y política desde otro punto de vista.

Al mismo tiempo que realizaba esta búsqueda, si se quiere arqueológica, de “especialistas” e intelectuales que justificaran mi posición, me di cuenta de que tenía que complementar esta búsqueda con cosas más practicas. Y es así como, desde mi entrada en la universidad participe en diferentes grupos estudiantiles y colectivos políticos. La mayoría de estos eran pequeños grupos que reunían a jóvenes que se llamaban punks y skinheads, y que habían llegado al anarquismo por alguna canción de grupos como La Polla Records o los Muertos de Cristo o por medio de fanzines, que era pequeñas revistas artesanales que incluían reseñas de grupos, poemas y frases de escritores anarquistas.

Fue esta práctica política, la que llenó  en parte, el vacío que había encontrado en la formación universitaria. Fue en estos grupos, donde aprendí lo que era anarquismo, desde la práctica, leyendo, discutiendo, escuchando música, organizando actividades y trabajando con distintos movimientos sociales en el país.  Fue en este espacio, donde encontré la “política alternativa” que trataba de participar directamente en los problemas sociales y buscar maneras de enfrentarlos, sin contar con el compromiso con ninguna institución estatal, partido político o grupo religioso.

Esta experiencia práctica, aunada a mis constantes debates en las “aulas” universitarias, me generó suficientes inquietudes y preguntas como para “embarcarme” en un proyecto de investigación, que buscara “probar la existencia del anarquismo en Costa Rica”. Al fin y al cabo este proyecto era una manera de trabajar mi propio dilema existencial: probar que era posible la existencia de una política anarquista  y también que era posible que existiera un bicho tan raro como un politólogo anarquista.

III

Según el historiador George Woodcock, el anarquismo es: “un sistema de pensamiento social que apunta a cambios fundamentales en la estructura de la sociedad y particularmente- pues este es el común elemento que une a todas sus formas- a la sustitución del estado autoritario por alguna forma de cooperación no gubernamental entre individuos libres” (Historia de las ideas y movimientos libertarios. Barcelona: Editorial Ariel.1979. p.15).

Según esta definición, el anarquismo busca cambios fundamentales, esto quiere decir cambios radicales, por lo tanto, es revolucionario. No busca un mejoramiento o una reforma de la sociedad, busca su transformación profunda.  Uno de estos cambios principales, es la sustitución del Estado Autoritario. Esto quiere decir, que se identifica al Estado como la principal institución que garantiza el principio de autoridad, ósea, la manera en que se impone una forma de hacer las cosas de forma definitiva y sin cuestionamiento.

Cuando se habla de sustitución, esto quiere decir que el anarquismo busca reorganizar la sociedad de otra manera, por lo que este lleva implícito una idea de organización. Por lo tanto, se rompe la falacia que divulgan muchas personas, de que el anarquismo es caos y destrucción. La cuestión fundamental es ¿Cómo organizar esta sociedad sin Estado? Y ahí es donde la definición de Woodcock termina diciendo, que a través de formas de cooperación entre individuos libres.

Esto quiere decir, que uno de los fundamentos del anarquismo es la cooperación, ósea el trabajo recíproco entre los seres humanos para convivir. Pero para que esto suceda, es necesario que estos individuos sean libres, esto quiere decir, que tienen que tener la capacidad de decidir directamente y en pie de igualdad con sus semejantes, los aspectos más importantes de su vida: trabajo, ocio, vivienda, educación, salud, etc. Esto es, según este historiador lo “común” del anarquismo, que llega a esta misma conclusión de diferentes maneras.

Siguiendo esta idea, es necesario dejar aquí  plateado que el anarquismo es una forma de pensamiento en la que confluyen distintas interpretaciones y métodos, de cómo reorganizar la sociedad. Y en este momento, vamos a reseñar de forma breve cuales han sido las principales corrientes que se han desarrollado sobre este tema. Comenzando por sus orígenes históricos, el anarquismo se fue construyendo a partir de cuatro tendencias principales: el mutualismo, el colectivismo, el anarco comunismo o comunismo libertario y el anarcosindicalismo.

El mutualismo tenía como objetivo principal organizar la vida social a través de la reciprocidad y el apoyo mutuo como garantía indispensable de la socialización del individuo en libertad e igualdad. El principal teórico de esta corriente fue el filósofo y economista francés Pierre Joseph Proudhon, al cual se le identifica como uno de los primeros en identificarse “políticamente” como anarquista en el siglo XIX. Las principales propuestas practicas del mutualismo, serán la organización económica de la sociedad a través de los productores directos de la riqueza, ósea las y los trabajadores. Para esto, se desarrollaban grupos de productores y consumidores y se distribuían las ganancias de forma proporcional al trabajo realizado. La segunda propuesta será el federalismo, que era una forma de organización que buscaba la sustitución del Estado, a través de una coordinación administrativa de las diferentes unidades locales de producción, sin un centro político o mando centralizado.

La segunda corriente importante, se definió  como colectivismo y tuvo como uno de sus principales divulgadores al ruso Mijail Bakunin. Este continúa las ideas básicas de Proudhon, sobre las asociaciones de productores y el federalismo. Las principales diferencias con el mutualismo son, el papel de la revolución social y la organización económica. En el primer caso, Bakunin y sus compañeros creían, que el colectivismo llegaría a través de un proceso revolucionario, esto quiere decir que buscara la ruptura de las instituciones actuales, cosa que Proudhon no compartía del todo, ya que él creía que el cambió llegaría a través de un proceso pacífico de evolución constante de la sociedad. En cuanto a la economía, el mutualismo aceptaba ciertas formas de pequeña propiedad, mientras el colectivismo planteaba la abolición completa de esta, pero manteniendo la posesión integra del trabajo de cada persona a través de su esfuerzo.

La tercera corriente histórica, es el anarco comunismo o comunismo libertario, que se convertirá en la tendencia mayoritaria del anarquismo en Europa a finales del siglo XIX. Los principales exponentes serán los geógrafos Pedro Kropotkin y Eliseo Reclus, así como el médico italiano Errico Malatesta. La base fundamental de esta corriente, es la unificación de los aportes organizativos y filosóficos del mutualismo y el colectivismo, agregando algunos elementos para abordar la forma en que debería tener la economía en un sistema anarquista. Esta debía abolir de forma completa la propiedad privada de los medios de producción, así como el sistema salarial. La distribución de los recursos, entre los trabajadores debía darse según sus necesidades y no según sus capacidades, el capitalismo sería superado, así como la planificación estatal.

La última tendencia histórica del anarquismo, será  el anarcosindicalismo que es una corriente que plantea al sindicato como la unidad base de formación y transformación del proletariado. Esto quiere decir, que es en el sindicato donde las personas desarrollan los aprendizajes y experiencias básicas de gestión de la economía. El propósito, fundamental de los anarquistas en los sindicatos, era promover la radicalización de estos con el fin de que los obreros tomaran las riendas de la economía, expropiando a los patrones y socializando la riqueza. Los principales recursos del anarcosindicalismo son el sabotaje, la huelga y la acción directa. Este concepto se relacionaba con la resolución de los problemas a partir de sus afectados directos, sin intermediarios ni representantes externos. Esta forma de actuar, negaba la formación de políticos profesionales y el parlamentarismo, por ser estos una manera de “representación indirecta” de los trabajadores.

Esta fue la corriente que se desarrolló de forma prioritaria en América Latina, durante el siglo XIX y XX, teniendo un impacto mayoritario en Argentina, Uruguay, Brasil y México, en donde el anarquismo fue la corriente principal dentro del movimiento obrero hasta después de la Primera Guerra Mundial.

En Costa Rica, se siguió una tendencia similar a los demás países latinoamericanos, en donde la presencia anarquista se puede rastrear a través de la migración europea, el desarrollo del movimiento obrero y la divulgación de la literatura y la cultura impresa de los intelectuales. Esto demuestra, que nuestro país no estuvo ajeno a los procesos de radicalización política que se dio en otros lugares, por lo que es falsa esa idea de que Costa Rica siempre ha sido pacífica, democrática y moderada.

Parte de estos impactos se pueden encontrar en el desarrollo de una cantidad importante de revistas, periódicos y bibliotecas populares, mutualidades y sindicatos, así como en centros de cultura popular como el Centro de Estudios Sociales Germinal, fundado en 1912 por obreros, artesano e intelectuales radicalizados. El libro que presentamos hoy, desarrolla la historia de este Centro, a través del aporte de algunos de sus miembros como: Joaquín García Monge, Omar Dengo, José María Zeledón, Elías Jiménez Rojas y Carmen Lyra. La educación racionalista, la promoción del sindicalismo y la formación de una cultura política crítica, fueron parte del repertorio de este Centro.

Invitamos a todas las personas interesadas en conocer parte de esta actividad política, a leer el libro La Semilla Que Germina, que pretende ser una primera aproximación y síntesis a este rompecabezas que todavía está por armar que se llama Anarquismo. Muchas Gracias.

José Julián Llaguno Thomas es politólogo, docente de la Universidad de Costa Rica, colaborador del Colectivo Rizoma y de Acracia Editores.

(Art: Nidal El Khairy)

In those first minutes, they’ll be stunned. Eyes fixed in a thousand-yard stare, nerve endings numbed. They’ll just stand there. Soon, you’ll notice that they are holding their arms out at a 45-degree angle. Your eyes will be drawn to their hands and you’ll think you mind is playing tricks. But it won’t be. Their fingers will start to resemble stalactites, seeming to melt toward the ground. And it won’t be long until the screaming begins. Shrieking. Moaning. Tens of thousands of victims at once. They’ll be standing amid a sea of shattered concrete and glass, a wasteland punctuated by the shells of buildings, orphaned walls, stairways leading nowhere.

This could be Tehran, or what’s left of it, just after an Israeli nuclear strike.

Iranian cities — owing to geography, climate, building construction, and population densities — are particularly vulnerable to nuclear attack, according to a new study, “Nuclear War Between Israel and Iran: Lethality Beyond the Pale,” published in the journal Conflict & Health by researchers from the University of Georgia and Harvard University. It is the first publicly released scientific assessment of what a nuclear attack in the Middle East might actually mean for people in the region.

Its scenarios are staggering.  An Israeli attack on the Iranian capital of Tehran using five 500-kiloton weapons would, the study estimates, kill seven million people — 86% of the population — and leave close to 800,000 wounded.  A strike with five 250-kiloton weapons would kill an estimated 5.6 million and injure 1.6 million, according to predictions made using an advanced software package designed to calculate mass casualties from a nuclear detonation.

Estimates of the civilian toll in other Iranian cities are even more horrendous.  A nuclear assault on the city of Arak, the site of a heavy water plant central to Iran’s nuclear program, would potentially kill 93% of its 424,000 residents.  Three 100-kiloton nuclear weapons hitting the Persian Gulf port of Bandar Abbas would slaughter an estimated 94% of its 468,000 citizens, leaving just 1% of the population uninjured.  A multi-weapon strike on Kermanshah, a Kurdish city with a population of 752,000, would result in an almost unfathomable 99.9% casualty rate.

Cham Dallas, the director of the Institute for Health Management and Mass Destruction Defense at the University of Georgia and lead author of the study, says that the projections are the most catastrophic he’s seen in more than 30 years analyzing weapons of mass destruction and their potential effects.  “The fatality rates are the highest of any nuke simulation I’ve ever done,” he told me by phone from the nuclear disaster zone in Fukushima, Japan, where he was doing research.  “It’s the perfect storm for high fatality rates.”

Israel has never confirmed or denied possessing nuclear weapons, but is widely known to have up to several hundred nuclear warheads in its arsenal.  Iran has no nuclear weapons and its leaders claim that its nuclear program is for peaceful civilian purposes only.  Published reports suggest that American intelligence agencies and Israel’s intelligence service are in agreement: Iran suspended its nuclear weapons development program in 2003.

Dallas and his colleagues nonetheless ran simulations for potential Iranian nuclear strikes on the Israeli cities of Beer Sheva, Haifa, and Tel Aviv using much smaller 15-kiloton weapons, similar in strength to those dropped by the United States on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945.  Their analyses suggest that, in Beer Shiva, half of the population of 209,000 would be killed and one-sixth injured.  Haifa would see similar casualty ratios, including 40,000 trauma victims.  A strike on Tel Aviv with two 15-kiloton weapons would potentially slaughter 17% of the population — nearly 230,000 people.  Close to 150,000 residents would likely be injured.

These forecasts, like those for Iranian cities, are difficult even for experts to assess.  “Obviously, accurate predictions of casualty and fatality estimates are next to impossible to obtain,” says Dr. Glen Reeves, a longtime consultant on the medical effects of radiation for the Defense Department’s Defense Threat Reduction Agency, who was not involved in the research.  “I think their estimates are probably high but not impossibly so.”

According to Paul Carroll of the Ploughshares Fund, a San Francisco-based foundation that advocates for nuclear disarmament, “the results would be catastrophic” if major Iranian cities were attacked with modern nuclear weapons.  “I don’t see 75% [fatality rates as] being out of the question,” says Carroll, after factoring in the longer-term effects of radiation sickness, burns, and a devastated medical infrastructure. 

According to Dallas and his colleagues, the marked disparity between estimated fatalities in Israel and Iran can be explained by a number of factors.  As a start, Israel is presumed to have extremely powerful nuclear weapons and sophisticated delivery capabilities including long-range Jericho missiles, land-based cruise missiles, submarine-launched missiles, and advanced aircraft with precision targeting technology.

The nature of Iranian cities also makes them exceptionally vulnerable to nuclear attack, according to the Conflict & Health study.  Tehran, for instance, is home to 50% of Iran’s industry, 30% of its public sector workers, and 50 colleges and universities.  As a result, 12 million people live in or near the capital, most of them clustered in its core.  Like most Iranian cities, Tehran has little urban sprawl, meaning residents tend to live and work in areas that would be subject to maximum devastation and would suffer high percentages of fatalities due to trauma as well as thermal burns caused by the flash of heat from an explosion.

Iran’s topography, specifically mountains around cities, would obstruct the dissipation of the blast and heat from a nuclear explosion, intensifying the effects.  Climatic conditions, especially high concentrations of airborne dust, would likely exacerbate thermal and radiation casualties as well as wound infections.

Nuclear Horror: Then and Now

The first nuclear attack on a civilian population center, the U.S. strike on Hiroshima, left that city “uniformly and extensively devastated,” according to a study carried out in the wake of the attacks by the U.S. Strategic Bombing Survey.  “Practically the entire densely or moderately built-up portion of the city was leveled by blast and swept by fire… The surprise, the collapse of many buildings, and the conflagration contributed to an unprecedented casualty rate.”  At the time, local health authorities reported that 60% of immediate deaths were due to flash or flame burns and medical investigators estimated that 15%-20% of the deaths were caused by radiation.

Witnesses “stated that people who were in the open directly under the explosion of the bomb were so severely burned that the skin was charred dark brown or black and that they died within a few minutes or hours,” according to the 1946 report.  “Among the survivors, the burned areas of the skin showed evidence of burns almost immediately after the explosion.  At first there was marked redness, and other evidence of thermal burns appeared within the next few minutes or hours.”

Many victims kept their arms outstretched because it was too painful to allow them to hang at their sides and rub against their bodies.  One survivor recalled seeing victims “with both arms so severely burned that all the skin was hanging from their arms down to their nails, and others having faces swollen like bread, losing their eyesight. It was like ghosts walking in procession…  Some jumped into a river because of their serious burns. The river was filled with the wounded and blood.”

The number of fatalities at Hiroshima has been estimated at 140,000.  A nuclear attack on Nagasaki three days later is thought to have killed 70,000.  Today, according to Dallas, 15-kiloton nuclear weapons of the type used on Japan are referred to by experts as “firecracker nukes” due to their relative weakness.

In addition to killing more than 5.5 million people, a strike on Tehran involving five 250-kiloton weapons — each of them 16 times more powerful than the bomb dropped on Hiroshima — would result in an estimated 803,000 third-degree burn victims, with close to 300,000 others suffering second degree burns, and 750,000 to 880,000 people severely exposed to radiation. “Those people with thermal burns over most of their bodies we can’t help,” says Dallas.  “Most of these people are not going to survive… there is no saving them.  They’ll be in intense agony.”  As you move out further from the site of the blast, he says, “it actually gets worse.  As the damage decreases, the pain increases, because you’re not numb.”

In a best case scenario, there would be 1,000 critically injured victims for every surviving doctor but “it will probably be worse,” according to Dallas.  Whatever remains of Tehran’s healthcare system will be inundated with an estimated 1.5 million trauma sufferers.  In a feat of understatement, the researchers report that survivors “presenting with combined injuries including either thermal burns or radiation poisoning are unlikely to have favorable outcomes.”

Iranian government officials did not respond to a request for information about how Tehran would cope in the event of a nuclear attack.  When asked if the U.S. military could provide humanitarian aid to Iran after such a strike, a spokesman for Central Command, whose area of responsibility includes the Middle East, was circumspect.  “U.S. Central Command plans for a wide range of contingencies to be prepared to provide options to the Secretary of Defense and the President,” he told this reporter.  But Frederick Burkle, a senior fellow at the Harvard Humanitarian Initiative and Harvard University’s School of Public Health, as well as a coauthor of the just-published article, is emphatic that the U.S. military could not cope with the scale of the problem.  “I must also say that no country or international body is prepared to offer the assistance that would be needed,” he told me. 

Dallas and his team spent five years working on their study.  Their predictions were generated using a declassified version of a software package developed for the Defense Department’s Defense Threat Reduction Agency, as well as other complementary software applications.  According to Glen Reeves, the software used fails to account for many of the vagaries and irregularities of an urban environment.  These, he says, would mitigate some of the harmful effects.  Examples would be buildings or cars providing protection from flash burns.  He notes, however, that built-up areas can also exacerbate the number of deaths and injuries.  Blast effects far weaker than what would be necessary to injure the lungs can, for instance, topple a house.  “Your office building can collapse… before your eardrums pop!” notes Reeves.

The new study provides the only available scientific predictions to date about what a nuclear attack in the Middle East might actually mean.  Dallas, who was previously the director of the Center for Mass Destruction Defense at the Centers for Disease Control and Prevention, is quick to point out that the study received no U.S. government funding or oversight.  “No one wanted this research to happen,” he adds.

Rattling Sabers and Nuclear Denial

Frederick Burkle points out that, today, discussions about nuclear weapons in the Middle East almost exclusively center on whether or not Iran will produce an atomic bomb instead of “focusing on ensuring that there are options for them to embrace an alternate sense of security.”  He warns that the repercussions may be grave.  “The longer this goes on the more we empower that singular thinking both within Iran and Israel.”

Even if Iran were someday to build several small nuclear weapons, their utility would be limited.  After all, analysts note that Israel would be capable of launching a post-attack response which would simply devastate Iran.  Right now, Israel is the only nuclear-armed state in the Middle East.  Yet a preemptive Israeli nuclear strike against Iran also seems an unlikely prospect to most experts.

“Currently, there is little chance of a true nuclear war between the two nations,” according to Paul Carroll of the Ploughshares Fund.  Israel, he points out, would be unlikely to use nuclear weapons unless its very survival were at stake. “However, Israel’s rhetoric about red lines and the threat of a nuclear Iran are something we need to worry about,” he told me recently by email.   “A military strike to defeat Iran’s nuclear capacity would A) not work B) ensure that Iran WOULD then pursue a bomb (something they have not clearly decided to do yet) and C) risk a regional war.”

Cham Dallas sees the threat in even starker terms.  “The Iranians and the Israelis are both committed to conflict,” he told me.  He isn’t alone in voicing concern.  “What will we do if Israel threatens Tehran with nuclear obliteration?… A nuclear battle in the Middle East, one-sided or not, would be the most destabilizing military event since Pearl Harbor,” wrote Pulitzer Prize-winning national security reporter Tim Weiner in a recent op-ed for Bloomberg News.  “Our military commanders know a thousand ways in which a war could start between Israel and Iran… No one has ever fought a nuclear war, however. No one knows how to end one.”

The Middle East is hardly the only site of potential nuclear catastrophe.  Today, according to the Ploughshares Fund, there are an estimated 17,300 nuclear weapons in the world.  Russia reportedly has the most with 8,500; North Korea, the fewest with less than 10.  Donald Cook, the administrator for defense programs at the U.S. National Nuclear Security Administration, recently confirmed that the United States possesses around 4,700 nuclear warheads.  Other nuclear powers include rivals India and Pakistan, which stood on the brink of nuclear war in 2002.  (Just this year, Indian government officials warned residents of Kashmir, the divided territory claimed by both nations, to prepare for a possible nuclear war.)  Recently, India and nuclear-armed neighbor China, which went to war with each other in the 1960s, again found themselves on the verge of a crisis due to a border dispute in a remote area of the Himalayas.

In a world awash in nuclear weapons, saber-rattling, brinkmanship, erratic behavior, miscalculations, technological errors, or errors in judgment could lead to a nuclear detonation and suffering on an almost unimaginable scale, perhaps nowhere more so than in Iran.  “Not only would the immediate impacts be devastating, but the lingering effects and our ability to deal with them would be far more difficult than a 9/11 or earthquake/tsunami event,” notes Paul Carroll.  Radiation could turn areas of a country into no-go zones; healthcare infrastructure would be crippled or totally destroyed; and depending on climatic conditions and the prevailing winds, whole regions might have their agriculture poisoned.  “One large bomb could do this, let alone a handful, say, in a South Asian conflict,” he told me.

“I do believe that the longer we have these weapons and the more there are, the greater the chances that we will experience either an intentional attack (state-based or terrorist) or an accident,” Carroll wrote in his email.  “In many ways, we’ve been lucky since 1945.  There have been some very close calls.  But our luck won’t hold forever.”

Cham Dallas says there is an urgent need to grapple with the prospect of nuclear attacks, not later, but now.  “There are going to be other big public health issues in the twenty-first century, but in the first third, this is it.  It’s a freight train coming down the tracks,” he told me. “People don’t want to face this.  They’re in denial.”

Nick Turse is the managing editor of TomDispatch.com and a fellow at the Nation Institute.  An award-winning journalist, his work has appeared in the Los Angeles Times, the Nation, and regularly at TomDispatch. He is the author most recently of the New York Times bestseller Kill Anything that Moves: The Real American War in Vietnam (The American Empire Project, Metropolitan Books). You can catch his conversation with Bill Moyers about that book by clicking here. His website is NickTurse.com. You can follow him on Tumblr and on Facebook.