The Great Deluge in Pakistan passed almost unnoticed in the United States despite President Obama’s repeated assertions that the country is central to American security. Now, with new evacuations and flooding afflicting Sindh Province and the long-term crisis only beginning in Pakistan, it has washed almost completely off American television and out of popular consciousness. No one yet knows just what kind of long-term instability the Pakistani floods are likely to create, but count on one thing: the implications for the United States are likely to be significant and by the time anyone here pays much attention, it will already be too late.

It was the status quo at its best, a mere procession of regional and US leaders before hungry cameramen. The leaders promised “not to spare any effort” and praised the undeniable altruism embedded in the very concept of “peace”. Israeli Prime Minister repeated the martyr-like emphasis of past Israeli leaders regarding the “painful” compromises and sacrifices required to defeat the many obstacles standing before them. Mahmoud Abbas – with his expired presidency over a corrupt Palestinian Authority - smiled, shook hands and spoke unconvincingly about his hopes and expectations. Needless to say, this latest round of peace talks is seriously lacking in legitimacy and goodwill.

Un desastre de dimensiones bíblicas: las inundaciones causadas por las profusas lluvias monzónicas de hace un mes han afectado a más de 17,2 millones de personas y matado a más de 1.500, de acuerdo con el organismo de gestión encargado del desastre de Pakistán. Los desastres por causas humanas (la guerra en Afganistán y su extensión dentro de Pakistán) son muy malos. Ahora el país debe afrontar su peor desastre natural nunca habido. La mayoría de gobiernos encontrarían dificultad para afrontar el desastre, pero el actual régimen está virtualmente paralizado, ya que nunca ha sido capaz de construir una infraestructura social para su pueblo.

El asesinato de 72 migrantes extranjeros asesinados en Tamaulipas ha puesto a la vista de la opinión pública nacional e internacional las condiciones de desamparo, segregación, abuso y riesgo que enfrentan los centro y sudamericanos indocumentados en su paso por México, y es pertinente formular algunas reflexiones al respecto. En la circunstancia presente, la persistencia en nuestro país de expresiones de racismo, xenofobia y maltrato contra los inmigrantes, por parte de autoridades y ciudadanos, se agrava por un panorama de violencia generalizada en el que se han potenciado los casos de vejaciones, abusos, secuestros y asesinatos contra los extranjeros indocumentados.

La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar. La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria. Esto quiere decir que se cae, totalmente, la “oferta” de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.

La “política” como actividad civil está desacreditada, abominada, denigrada –sin mayores posibilidades de arreglo, por lo que se ve– puesto que la mentira que encarna cada vez es más insostenible. Se habla de la actividad política como algo artero, mañoso, sucio, algo que conlleva una agenda oculta non sancta. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos y de profesionales de la política que conocemos no puede llevar sino a eso: es el arte (quizá es excesivo llamarlo así: quedémonos con práctica) que consiste en mantener el statu quo, mantener inalterable la estructura económico-social de base, manejando (mejor aún: manipulando) las grandes masas. Es decir: la mentira bien presentada.

El gobierno de Fernando Lugo se encuentra seriamente amenazado y las probabilidades de un “golpe institucional”, pérfida invención para sacarse de encima presidentes molestos como Zelaya en Honduras, se potenciaron en días recientes. La grave enfermedad que lo afecta y el riguroso tratamiento a que se verá sometido sirven en bandeja al desprestigiado Congreso paraguayo el pretexto para destituirlo “legalmente”. Si esto finalmente se concreta se produciría una gravísima regresión política que pondría abrupto fin a la primavera democrática vivida en los últimos dos años.

María Lourdes Afiuni es una jueza venezolana presa desde hace ocho meses, por haber decidido que un procesado fuese enjuiciado en libertad. La activista Ligia Bolívar dijo a IPS que el caso es emblemático porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "transmitió al Poder Judicial un mensaje muy claro en dos sentidos: el poder de condenar a una persona por cadena de radio y televisión, y que nadie se atreva a conceder el juicio en libertad a una jueza presa por haber hecho lo mismo". El banquero Eligio Cedeño llevaba dos años y 10 meses en prisión preventiva por cargos de corrupción cuando Afiuni le otorgó la libertad condicional, basada en que el código penal fija un límite de 24 meses para la reclusión sin sentencia.

A medida que se deterioraba la guerra en Afganistán, crecía la insurgencia. El caos social y la corrupción política del equipo de Hamid Karzai hacían parecer aún peor la ocupación extranjera a los ojos de muchos afganos, incorporando a una nueva generación de pastunes al combate, jóvenes que no habían formado parte del régimen desplazado. Son estos neotalibanes los que han organizado de manera efectiva la extensión de la resistencia, que, tal como mostraba el diagrama de ingenios explosivos improvisados revelado por WikiLeaks, llega prácticamente a cualquier parte del país. Esto no puede más que empeorar. Es hora de que Obama abandone todas las pretensiones utilizadas para justificar una guerra que sólo puede conducir a más muertes, pero no a una solución. Lo que hace desesperadamente falta es una estrategia de salida.

Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio.