El contexto que vive la actual administración muy probablemente no es el idóneo para anunciar este tipo de propuestas. Sin embargo, pese a todas las críticas que pueda enfrentar el Poder Ejecutivo por esta decisión, hay que reconocer que es una decisión valiente, ya que hasta ahora las fuerzas políticas del país habían preferido abstenerse de emprender un proyecto de esta envergadura.

(Arte: Christopher Griffin)

Desde el punto de vista político de oposición. La convocatoria de una junta de notables, puede interpretarse como que la actual administración carece de personal calificado para analizar y proponer soluciones a los problemas que ha venido enfrentando desde ya hace dos años. Este ha sido el criterio del diputado Fishman quien lo tradujo como: “un grito desesperado de ‘¡ayúdenme!’ de parte del Poder Ejecutivo”. Además incrementa las odiosas comparaciones entre la actual administración y la del ex presidente Pacheco, lo que permite a la opinión pública y medios de prensa hacer comidilla del asunto.

Desde el punto de vista político de gobierno. Esta más que claro desde hace mucho tiempo, que el grave problema de gobernabilidad que afronta el país se encuentra estrechamente ligado a temas de orden constitucional y que más que un problema de los actores que se encuentren temporalmente en el poder, estamos ante un problema mayor ¡El sistema está agotado!

No obstante, la convocatoria de una Asamblea Constituyente no es un paso fácil que se pueda dar en ningún gobierno, se requieren pasos previos que puedan legitimar tal decisión ante la opinión pública y otras fuerzas políticas que puedan estar temerosas ante una decisión de este calibre. De modo que, la clase política necesita que la idea provenga de criterios técnicos y no políticos, que le brinden una mayor legitimidad y de paso evitar que sea satanizada ad portas, como muy probablemente sería, si proviene de un determinado gobierno o grupo político.

Mejor si no viene de políticos. La convocatoria de una nueva junta de notables para estos asuntos, es una estrategia inteligente que busca despolitizar un poco una decisión de semejante trascendencia, la cual tendrá mejor recepción si viene de un espacio neutro reconocido y de figuras provenientes de distintos sectores con una autoridad respetada por todos.

Esperemos que la revisión de análisis de propuestas ya existentes se traduzca en propuestas concretas que sean acatadas. De no ser así, será un nuevo paso en falso de la clase política que solo aletargará más decisiones que urge tomar.

Nota recomendada de El Financiero sobre el tema.Ver aquí.

Más allá de esta coyuntura que atraviesa la CCSS y de esa tan eventual como deseable reacción de parte de la sociedad costarricense, poco se discute sobre su razón de ser más allá de cierta idealización romántica que atribuye el porqué de la Caja al genio y la sensibilidad de sus creadores. En otras palabras, poco se habla de por qué y para qué existe la CCSS, y del motivo por el cual la misma clase política que la creó ahora se la come en confites.

La medicina moderna posee una vocación de control de la población desde su propia gestación. A contrapelo de la tesis según la cual la historia de la medicina europea es la historia de una progresiva individualización causada por su inscripción en las sociedades de mercado, lo cierto del caso es que la misma posee una vocación biopolítica y un afán de controlar las colectividades desde su nacimiento hasta nuestros días. En otras palabras, desde el siglo XVIII la medicina europea tiene como blanco el control de las poblaciones y, en esa medida, la salud se revela como un importante enclave para el ejercicio del poder sobre los cuerpos a nivel macro. No hay que esperar hasta finales del siglo XIX (cuando los sistemas médicos revelan una preocupación creciente por mantener niveles aceptables de salud entre las clases trabajadoras, con el fin de asegurar cierto nivel de producción) para rastrear diversas formas de poder ejercidas en nombre del bienestar físico de las poblaciones. Ya desde inicios del siglo XVIII se ejerce una medicina estatal en Inglaterra que intenta garantizar la salud pública. En ese mismo siglo, en Alemania, se desarrolla una medicina urbana que se traza como objetivo la centralización de la administración de la salud y que se arroga el derecho, así, de medicalizar las urbes. Estos distintos focos de desarrollo de la medicina social europea revelan el interés de los gobiernos y las clases dominantes de acceder, mediante el saber médico, al cuerpo de las poblaciones. Con dicho acceso, por cierto, la medicina asegura un control inusitado de las masas, primero en nombre de la fuerza del Estado, luego en nombre de la higiene pública y finalmente en nombre de la necesidad de producir riquezas.

Los efectos negativos de la medicalización de las sociedades contemporáneas, en esta medida, no son accidentes si se los mira en el marco del desarrollo histórico de la medicina moderna. El hecho de que hoy existan grandes concentraciones de poder de parte de las industrias farmacéuticas, de que se denuncie el autoritarismo de los médicos en los diagnósticos y los procesos curativos, o de que los Estados tengan la potestad de definir la legalidad o ilegalidad de los abortos, la fecundación in vitro y las demás prácticas propias de la esfera de lo privado, se explica cuando se repara en el hecho de que la medicina moderna nace con una vocación biopolítica desde sus comienzos. En una palabra, la medicina moderna, pese a sus avatares, sus cambios de rumbos y sus diferencias contextuales, tiene como uno de sus objetos de interés, ya desde su propio nacimiento, el control de las poblaciones y de los cuerpos.

En el caso latinoamericano, y específicamente en el caso costarricense, sin duda estos procesos tuvieron lugar de otra manera y probablemente con otra lógica. Sin embargo, de igual forma, la gestión de la salud también ha estado emparentada en nuestro contexto con la vigilancia de las poblaciones: control de la procreación, gestión de la calidad de vida según la extracción de clase, normalización de la sexualidad, etc. Por otra parte, en Costa Rica los discursos sanitarios e higienistas formaron parte de las metáforas del blanqueamiento tan bien descritas por Alexander Jiménez, y los discursos sobre salud pública continúan siendo evocados confusamente como parte de discursos homofóbicos y discriminatorios.

Esto no quiere decir que no debamos aspirar a un acceso universal a la salud, o que detrás de la salud pública haya siempre un interés maquiavélico por controlar el cuerpo y ponerlo al servicio del poder (pues en todo caso el poder no es una entidad compacta e inmóvil, perennemente localizable). Lo que quiere decir, por el contrario, es que en el caso de economías periféricas como la nuestra, los sistemas de salud también han ido de la mano con el control de las poblaciones, y que la salud, si bien hasta ahora había sido un derecho, también ha sido una vía de acceso al cuerpo para los regímenes del poder. En esta medida, la CCSS no es el resultado únicamente de la buena voluntad de gobernantes pasados, sino también el resultado de fuerzas históricas que han hecho de la salud un complejo enclave de administración de lo social. Es probable, por lo tanto, que el desfalco de la CCSS no se deba exclusivamente a la avaricia de aquellos que la han saqueado, sino a que con la adopción en pleno del modelo neoliberal en Costa Rica, la gestión de la salud se ha convertido en una tarea que ya no corresponde al Estado, sino a capitales transnacionales que, si bien continuarán llevando a cabo un control generalizado de la salud de la población, no lo harán más con aquellos sectores que no puedan pagar. Lo preocupante es que cuando la salud deja de ser una preocupación de los Estados, esos cuerpos que dejan de ser controlados, paradójicamente, corren el riesgo de morir. Después de todo, el biopoder no es otra cosa que, justamente, un poder de hacer vivir o de dejar morir.

La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.

(Foto: jaguardelplatanar / Flickr)

La Sala IV tiene, por ahora, dos opciones en torno a este tema: aceptar para estudio o rechazar la admisibilidad. De aceptarla, el proceso para decidir por el fondo si la acepta o no, podría demorar bastante tiempo.

Varios abogados del sector ambientalista que impulsaron los recursos legales contra la operación de la mina de Crucitas, entre los cuales están Bernal Gamboa, Edgardo Araya y Álvaro Sagot, consideraron que sólo la eventual admisión de la acción de Industrias Infinito provocaría un gran “caos” y un choque entre salas del Poder Judicial.

Pero, lo que más preocupa a los adversarios del proyecto minero es el cambio de posición, que según enfatizan, se manifiesta en observaciones que viene haciendo en sus votos de sentencias de la Sala Constitucional la presidenta del tribunal –Ana Virginia Calzada-, donde insiste en que las resoluciones de la instancia -aun cuando se declaren sin lugar- adquieren el estatus de “cosa juzgada”.

La inquietud de los abogados es mayor por cuanto las observaciones, según dijeron a UNIVERSIDAD, comenzaron a incluirse luego del  fallo de la Sala Primera, que dejó en firme -en noviembre- la sentencia emitida un año atrás por el Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la concesión a Industrias Infinito y obliga a esa compañía y al Estado costarricense, a reparar los daños ambientales ocurridos con el proyecto de minería a cielo abierto de Crucitas.

Este proceso de ejecución de sentencia arrancó el 30 de abril, con una audiencia a las que fueron convocadas las partes involucradas en el juicio (ver nota aparte “Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación”).

Los grupos y sus representantes ambientalistas consideran que la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la sentencia en el caso Crucitas no tiene ningún fundamento para su estudio en el tribunal constitucional, pues es un caso cerrado en las instancias correspondientes.

En el 2009, la Sala IV resolvió a favor de Industrias Infinito S.A. una acción interpuesta en su contra, al declarar que sus operaciones en el país no contravenían la Carta Magna costarricense.

No obstante, dejó el tema de la legalidad en manos de las instancias contenciosas, donde los grupos ambientalistas ganaron la batalla, luego de que la empresa fuera sindicada de haber incumplido requerimientos que exigía la legislación costarricense para la puesta en marcha de sus operaciones.

“Nosotros (los abogados ambientalistas) hemos presentado un recurso pidiendo a la Sala IV que declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Ese recurso no está haciendo fila, lo han  venido discutiendo y (hasta la semana pasada) los magistrados no llegaban a un acuerdo de qué hacer. Hay división de criterios”,  dijo el biólogo Jorge Lobo  a UNIVERSIDAD.

“Admitirlo y acogerlo sería un problema muy grave, porque prácticamente estaría anulando la sentencia contra Crucitas y eso provocaría un fuerte choque entre salas del Poder Judicial”, alertó.

Por su parte, el abogado Álvaro Sagot, uno de los luchadores contra la minería a cielo abierto, advirtió que la acción “no debe ser admitida, porque no hay un caso de plataforma o estudio, ya que la Sala Primera resolvió sobre el asunto”.

“Si no hay asunto pendiente, la Sala IV debió haberla rechazado de plano desde hace mucho tiempo”, insistió el abogado.

Por otro lado, Sagot consideró como “sumamente delicado” el argumento de “cosa juzgada” atribuido a Calzada, “porque a nivel internacional y para efectos de un eventual arbitraje (no descartado por Industrias Infinito), crea gran incertidumbre sobre el sistema de justicia costarricense, donde las salas ni siquiera se ponen de acuerdo”.

“Se dejaría la imagen de que la aplicación de justicia en Costa Rica es confusa” y si la acción es declarada con lugar “estallaría una revolución aquí”, comentó Sagot.

Posiciones similares expusieron a UNIVERSIDAD los abogados Edgardo Araya y Bernal Gamboa, quienes dijeron estar muy “extrañados” de las posiciones asumidas en los últimos años por la magistrada Calzada.

UNIVERSIDAD trató de conocer la opinión de la jurista, pero la oficina de prensa dijo que el caso aún sigue en trámite. Tampoco fue posible obtener una respuesta del abogado Juan Carlos Hernández.

“Está clarísimo que no caben acciones de inconstitucionalidad contra actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Estaríamos entonces hablando de casi un golpe de Estado y de un verdadero adefesio jurídico si la acción es admitida y declarada con lugar”, expresó Araya.

Gamboa por su parte, dijo que si la acción es admitida por la Sala IV “se estaría violando el artículo 55 de la ley de la Jurisdicción Constitucional y el 75 y diez de la Constitución Política”.

“Eso sería muy grave, porque no habría seguridad jurídica en Costa Rica”, agregó  Gamboa, quien al igual que  Araya, no descartó la posibilidad de acusar de “prevaricato” a los magistrados que eventualmente voten por la admisibilidad.

Los abogados consultados se mostraron extrañados de las razones por las cuales la Procuraduría General de la República no presentó como prueba ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia el informe elaborado por la Fundación Neotrópica, que calculó en $4.6 millones el valor de los daños ambientales provocados por los trabajos realizados en la mina de Crucitas.

Procuradora Ambiental: El Estado no obstaculiza reparación

La procuradora ambiental de la Procuraduría General de la República, Gloria Solano, dijo a UNIVERSIDAD que el Estado de Costa Rica quiere cumplir, a la mayor rapidez, con las responsabilidades y las reparaciones que estableció la sentencia de Crucitas en  contra de Industrias Infinito S.A.

A continuación, se ofrece un extracto de una entrevista realizada a Solano:

Ustedes solicitaron al  MINAET hacer un estudio sobre el impacto ambiental provocado por Industrias Infinito en Crucitas. Ya fue elaborado por la Fundación Neotrópica y aprobado por el MINAET. ¿Qué piensan hacer con ese estudio, no lo presentaron como parte de las pruebas ante el Tribunal de Ejecución de Sentencia?

-Tras quedar confirmada la sentencia del Tribunal Contencioso, empezamos a pedir información para cumplir lo antes posible con el proceso, porque no había razones para rechazar la reparación de los daños.

Empezamos desde diciembre a reunir información, y todas las gestiones. La sentencia del tribunal establece una serie de órdenes a cumplir por parte del Estado, algunas compartidas con el codemandado. Entonces nos dimos a la tarea de iniciar las gestiones y una de esas es el informe técnico que se solicitó.

¿Cuál era la necesidad de encargar ese estudio a MINAET?

-Nosotros como abogados teníamos la necesidad de saber qué había ocurrido, cómo había quedado la  zona. Por eso le pedimos al ministro René Castro que nos rindieran un informe técnico. El único requerimiento es que fueran funcionarios que no hubieran tenido participación en la tramitación del caso, que no existiera conflicto de intereses.

El ministro decidió contratar a una Fundación, la Neotrópica, esta elaboró el informe y nosotros recibimos una versión acabada del trabajo, unos días antes de la audiencia del 30 de abril.

Estábamos revisándolo; hay cosas que no entendíamos; había unas dudas y entonces queremos aclararlas, que nos expliquen algunas cosas técnicas, pues somos abogados y no expertos en temas ambientales. Se presentará en su momento.

Mas, sin embargo, lo anterior tan solo tiene una validez relativa. Igual hay que reconocer que, como pueblo, nos hemos acomodado al discursito hegemónico, no tan solo con mansa complacencia, sino incluso con indisimulada vanidad y presunción. Entonces, por ejemplo, andamos convencidísimos de que somos un pueblo blanco-casi-europeo, pacífico y muy educado (¡la Suiza de Centroamérica!). No niego que algunas de esas cosas tienen su dosis de verdad; el problema está en no percatarse de los múltiples manchones que ensucian esa túnica presuntamente inmaculada. Si hasta nos tragamos con llamativa facilidad la rueda de carreta que inventó el siniestro OAS, según la cual, y sin falla ni interrupción, somos democracia desde 1889.

Nuestro concepto de patriotismo va siendo más y más light conforme pasa el tiempo. Nos sale, pero ya con tinte patriotero, cuando a Ortega y sus muchachos les da por ponerse a talar árboles y abrir diques en Isla Calero. Justo es reconocer que, sin embargo, a veces tenemos arrebatos de lúcido patriotismo. Por ejemplo, respecto del nefasto y devastador proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas. E imposible olvidar que, contra la amenaza y el chantaje, hubo un 48% de valientes electores costarricenses que votamos contra el TLC. Y, sin embargo, impasibles dejamos pasar los procesos de apropiación de muchas riquezas naturales por parte de capitales extranjeros, y muy poquita gente levanta la voz contra lo abusivos regímenes de privilegio con que se beneficia a tales inversores.

La verdad es que, hoy día, este pueblo se siente patriota casi solamente cuando juega “la sele…”, o sea, “el equipo de todos” (así, sin inclusión de género). Por supuesto, me refiero a la selección nacional masculina mayor de fútbol. Ninguna otra es “la sele”. La selección femenina es solo eso: la selección femenina, no “el equipo patrio”. De ahí que las hazañas de Bryan Ruíz convoquen muchísima más atención que las Hazañas –así con mayúscula- de Shirley Cruz. O sea, claramente a la patria se le asigna rostro de hombre heterosexual y presuntamente blanco. En concreto el rostro de las estrellas masculinas del  fútbol. Digamos que no es una forma muy inclusiva y democrática de imaginar la patria.

Pero, en fin, acontece que cuando juega “la sele” todo mundo se vuelve patriota apasionado, incluidas La Nación y Repretel y Coca Cola ¿Ven por qué digo que nuestro patriotismo es cada vez más light? Incluso sucede que, más y más, va tomando la forma de mercancía para la publicidad y el consumo.

Podría decirse que construimos nuestra identidad como si fuera una especie de narrativa poblada de personajes hermosos e historias de luminosa redención: democracia, paz, blancura, educación…y las jornadas gloriosas de “la sele”.

Y como cultivamos con tal ahínco la paz, la democracia y la educación, de forma consecuente cuidamos de la naturaleza con especial fruición y esmero y nos afanamos con inagotable amor por lograr la más plena observancia y validez de los derechos humanos en todas sus múltiples expresiones. No por nada somos “el país más feliz del mundo”.

Por estos días, la presidenta Chinchilla estará de gira por Europa, lo cual incluye una visita destinada a besarle el anillo al Papa. De Hija Predilecta de la Virgen a Santo Padre, lo que ahí se dará es un efluvio de bendiciones que perpetuarán por saecula saeculorum nuestra devoción por la naturaleza y los derechos humanos.

Así, doña Laura viajará por Europa dando cumplimiento al cometido heredado de quienes la precedieron en el sillón más visible de la élite y el poder: reafirmar frente al mundo nuestros lauros como país blanco y europeo; pacífico, democrático y educado; amante de la naturaleza y los derechos humanos. La hará muy bien porque, finalmente, se trata de una escuela de muy vieja data. Hace ya muchos años las élites ticas aprendieron a montar el teatro y jugar la mascarada ante el mundo. Y también hace mucho que ese mundo se tragó el cuento. La Presidenta será aplaudida, y en su persona toda Costa Rica recibirá el tributo.

Y, sin embargo, con Serrat uno podría recordar que nuestros ríos ya no cantan. Pero al menos en su inconsciencia, ellos no sentirán la humillación. Distinto es para quienes oirán discursos gloriosos sobre derechos humanos, sabiendo que a diario se violentan los suyos.

Es el dolor centenario de pueblos indígenas cuyos derechos culturales y autonomía siguen siendo ignorados. Es el atropello que viven cotidianamente trabajadores y trabajadoras a quienes se les niega el derecho a la sindicalización independiente. Son las mujeres invisibilizadas o las parejas que, no pudiendo tener hijos, se les niega el derecho a criar una familia. Son los niños y niñas de la calle; las juventudes desempleadas y sin oportunidades; las personas mayores en abandono; el estigma contra las personas afrodescendientes; la explotación y el desprecio que sufre la población migrante. Es la violencia machista que asesina mujeres y gais y personas transgénero.

Son las minorías sexualmente diversas a quienes se les repite una y otra vez “ustedes no son prioridad de nada” que es tanto como decir: ustedes en esta sociedad no son más que un desecho repugnante.

Y tratando de evitar malentendidos, diré para cerrar: Costa Rica y su pueblo tienen grandes logros históricos de los cuales enorgullecerse. Y, sin embargo, estos nunca serán completos, ni serán realmente sinceros, hasta tanto no se redima las deudas históricas acumuladas contra esa Costa Rica invisible, jamás mencionada en los discursos del poder.

A muchos les pareció difícil de creer la razón que se dio en la Casa Presidencial sobre el motivo de la destitución de Jiménez. La explicación fue que el ministro había denunciado ante el Ministerio Público a dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad  (CONAVI) por recibir presuntamente dádivas de  empresas contratistas de la carretera. Se dijo que se le destituía por responsabilidad política, pero a muchos la medida les recordó la práctica medieval de cortarle la cabeza al mensajero que traía malas noticias.

Diputados de oposición plantearon la necesidad de investigar los hechos para encontrar a los responsables, tras recordar que desde meses atrás se venían haciendo denuncias y las autoridades del Gobierno las conocían y no actuaron.

Entre las denuncias se mencionaba que la ruta se construía sin planificación ni control, sin diseños ni planos de la ruta y de puentes, sin estudios de impacto ambiental, y que se estaban rellenando humedales y nacientes.

También que se pagaba el trabajo por horas de maquinaria que estaba parada, que las vagonetas viajaban con la mitad de la carga de su capacidad, y se iban a guardar a decenas de kilómetros para aumentar la cuenta de horas trabajadas, y se estaban haciendo arreglos a caminos de fincas privadas, entre otras anomalías.

El diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), envió el 24 de enero una lista de preguntas relacionadas con irregularidades denunciadas, y que el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta, se negó a contestar aduciendo que el decreto de emergencia que ordenó la construcción declaraba la información como “confidencial”, por lo que no se podía dar a la luz pública.

Céspedes presentó entonces el 21 de febrero un recurso de amparo que la Sala Constitucional acogió, y ordenó al CONAVI entregar la información, la cual al cierre de esta edición aún no había sido suministrada.

Según han relatado operarios de la obra, Acosta solía visitar la obra, junto con Manuel Serrano, el ingeniero a cargo del proyecto, y Franco Ramírez, quienes supuestamente eran los que se encargaban de hacer los pagos a los contratistas.

Estos dos últimos eran hasta el lunes pasado, los únicos dos funcionarios del CONAVI suspendidos para investigación por las presuntas irregularidades.

Acosta fue suspendido el lunes 14 como jefe de la unidad ejecutora de los proyectos de obra vial financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Había sido traslado a ese puesto pocos días antes de la destitución de Jiménez.

La suspensión la anunció la presidenta Laura Chinchilla durante los actos inauguración de los trabajos de ampliación de la sección Cañas-Liberia, de la carretera Interamericana Norte, donde se contempla una inversión de alrededor de $150 millones, como parte del primer crédito de $300 millones concedidos por el BID en el marco del convenio de financiación por $850 millones.

El nuevo director ejecutivo de CONAVI, José Luis Salas, declaró a la prensa que solo dos funcionarios se encargaron de pagar las facturas a las constructoras de la trocha y presumía que Acosta era el último en firmar los desembolsos.

Una alta fuente involucrada en el quehacer del MOPT, comentó que si Acosta autorizó los pagos es porque tenía el “visto bueno de arriba”.

La exviceministra López declaró al diario La Nación que nunca tuvo relación directa con la trocha, y que la junta directiva del CONAVI no estaba enterada de cómo se manejaban los trabajos del proyecto. Ahí la unidad ejecutora respondía a una comisión de alto nivel, que era la que realizaba las obras y decía  cómo se invertían los recursos, aseguró.

Dijo que en marzo hubo una reunión donde se quejaron de la situación y se puso por escrito.

Ahora se sabe -por fuentes del MOPT que estuvieron al tanto de la situación-, que cuando a la viceministra la alertaron de que se hablaba de irregularidades y que le podría recaer responsabilidad, convocó a reunión en junta directiva del CONAVI, llamó al auditor, y allí propuso parar las obras, lo que efectivamente se acordó, a sabiendas de que les “podía costar la cabeza”, según se comentó en ese momento.

Cuando se anunció en marzo la suspensión de la obra, se dijo que era porque se habían agotado los ¢10.000 millones presupuestados, y que se necesitaban ¢15.000 millones más para reanudar las obras.

Ahora se dan diferentes cifras respecto a los fondos gastados. El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, afirmó que se habían gastado ¢19.500 millones, de los que ¢17.000 millones fueron fondos propios del MOPT y CONAVI, que fue designada como la unidad ejecutora del proyecto, y el resto fue aportado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), a partir de abril.

Otras fuentes hablan de gastos por el orden de ¢29.000 millones, y que cerca del 50% habrían sido percibidos por 10 de las cerca de 35 empresas encargadas de los trabajos en la calle fronteriza y rutas de acceso. Por otra parte,  un grupo de estas empresas se quejaron de que aún les deben ¢16.000 millones.

Un funcionario del MOPT aseguró que el problema es que se habían presupuestado ¢10.000 millones, pero gastaron más del doble y por el desorden con que eso se manejó no se sabe realmente a cuánto llegan los gastos.

Para el diputado Luis Fishman, queda mucho por investigar y que no es simplemente  porque se fue el Ministro del MOPT que la indagación se acaba.

En su opinión, se necesita conocer cuánto se ha gastado en la frontera norte, porque no es solo la trocha. El Decreto de Emergencia, No. 36.440, habla también de la posibilidad de gastar ¢3.242 millones en equipo de infraestructura, suministros y servicios para la Policía de Fronteras por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Se habla de ¢1.300 millones de parte del ICE para unas torres. Al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se le autorizaron gastos por ¢5.641 millones  para equipo, mobiliario de oficinas, bodegas, vehículos y equipos de comunicación.  Todo suma ¢11.000 millones, lo que aunado a los fondos para la trocha, estaría llegando al orden de ¢42.000 millones, puntualizó Fishman.

COMISIÓN

Al cierre de esta edición no había sido posible conocer quiénes integran la mencionada comisión de alto nivel, encargada de dirigir el proyecto de la trocha. A María Lorena López cuando le preguntaron en la mencionada entrevista quiénes integraban dicho grupo, expresó que había que preguntarles a Jiménez y a Acosta.

Lo que sí se supo es que directivos del CONAVI visitaron el proyecto en compañía de Carlos Espinach, un influyente empresario al que se considera como un importante consejero de la presidenta Chinchilla, y no se sabe en qué condición lo hizo, pues se desconoce que ocupe cargo público alguno.

Trascendió también que en la Casa Presidencial se ha instalado un grupo que trabaja supuestamente en una reestructuración del MOPT y en proyectos de infraestructura, en cuenta los que se financiarán con los créditos  del BID. Son consultores contratados por el BID, con sueldos de hasta $12.500 al mes, con fondos no reembolsables aportados por la institución.

Según funcionarios del MOPT, de ese grupo que funciona en la Presidencia se giran instrucciones al Ministerio y de ahí se solicitó la destitución de Jiménez y López.

Uno de los integrantes del equipo es el ingeniero Federico Baltodano, quien era el representante de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada en la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), junta que autorizó el cobro de peajes en la vía a Caldera, sin estar concluidas las obras.

Baltodano también fue el fiscalizador del polémico contrato con la empresa Alterra en la administración del Aeropuerto Juan Santamaría, donde hubo reiteradas denuncias públicas sobre negligencias de las autoridades públicas para hacer cumplir a la empresa importantes obligaciones del contrato.

Con Baltodano trabaja la ingeniera Hadda Muñoz, quien era la gerente de la concesión vial San José-Caldera, y unas de las personas investigadas penalmente por la Fiscalía,  en relación con la puesta en servicio anticipada de esa carretera. Muñoz también fungió simultáneamente como gerente de la  concesión San José-Ramón, entregada a las mismas empresas que integran Autopistas del Sol, y que luego de cinco años no se ha iniciado y se encuentra suspendida.

A pesar de que no se ha puesto ni una piedra en el proyecto, se pagaron más de $2 millones a la empresa contratada para la fiscalización de las obras, CACISA, que era también la empresa fiscalizadora cuando se puso en servicio San José-Caldera. Desde febrero pasado esa empresa, cuyo presidente es José Manuel Sáenz -un exdirectivo del  CONAVI-, fiscaliza la trocha fronteriza, y desde antes tiene también la fiscalización de otros proyectos (ver gráfico).

Valga recordar que el ingeniero encargado de la trocha fronteriza ahora suspendido, Manuel Serrano, fue denunciado penalmente por la Defensoría de los Habitantes, en relación con la puesta en servicio anticipada de la carretera San José-Caldera.

Serrano integró la Comisión para la Autorización de Puesta en Servicio (CAPS), que inspeccionó y autorizó la operación de esa ruta, y cuyos integrantes fueron denunciados por la Defensoría en marzo del 2011.

A su vez, una comisión de expertos o notables nombrada por la presidenta Chinchilla para investigar el manejo de la concesión, concluyó también en marzo del 2011 que debían seguirse procedimientos disciplinarios a los miembros de la CAPS. Asimismo, que había que investigar el papel de la empresa CACISA. Aunque el Ministro Jiménez anunció entonces que se investigaría a los funcionarios, nunca  más se volvió a mencionar.

Por su parte, la comisión legislativa que investigó las concesiones del Estado costarricense, también denunció el año pasado a la gerente del proyecto y los miembros de la CAPS -entre otros- ante el Ministerio Público, que tiene bajo investigación a los funcionarios por los mismos hechos.

CORTINA

El exdiputado Mario Quirós, abogado que sigue de cerca las contrataciones de obra pública, consideró que la destitución del ministro Jiménez y el decreto que ahora anuncia la Presidenta para asegurar la ética de los funcionarios que contratan obra, son cortinas para tapar a los responsables de la manera desastrosa como se ha manejado lo de la trocha.

Los responsables están en la Casa Presidencial, que supieron oportunamente de las irregularidades, y de las declaraciones de la viceministra que planteó el asunto en la directiva del CONAVI en marzo. Eso se conoció en la Casa Presidencial, de donde fueron a visitar la zona pero volvieron diciendo no estaba pasando nada, dijo Quirós.

La Casa Presidencial le hace un “cortocircuito” al CONAVI, y crea una comisión ad hoc de la cual todavía no han sido capaces de decir quiénes la integran y son los que manejan la emergencia que declararon. Ahora tienen que asumir la responsabilidad política y penal que ellos tienen por el pésimo manejo de este asunto, afirmó.

Recordó que al declarar emergencia para hacer la obra, se suspenden todos los procedimientos de contratación y los controles, de modo que quedan a discrecionalidad de los funcionarios. Entonces viene una improvisación tras otra, no hay controles, ni planos ni diseños de la ruta, ni de puentes, alcantarillas y desagües. Aunque se aduzca  que no había que cumplir requisitos, porque se trata de una emergencia, ¿dónde están las buenas prácticas de ingeniería que se deben seguir en cualquier caso?, cuestionó Quirós.

Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, dijo que ante el Colegio no hay ingenieros inscritos como encargados de la trocha, ni se han presentado planos.

Explicó que cuando se trata de declaratoria de emergencia, esos requisitos se pueden presentar después del inicio de las obras, pero, de todos  modos el Colegio está estudiando el decreto para ver cuáles son los alcances.

Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana y representante por la zona norte del país, recordó que desde octubre pasado -a los 22 días de haber arrancado la construcción de la carretera- él presentó las primeras denuncias,  que los mismos vecinos comentaban.

Entre otras numerosas denuncias, mencionó que tienen enterrada madera de los árboles cortados en la apertura de la trocha. También que las vagonetas viajaban hasta 80 km con la mitad de la carga que podían llevar, y la explicación era que los puentes no aguantaban, pero eso no es cierto, porque por ahí pasan camiones muy cargados.

Recordó que un vecino de la zona le ofreció entregarle copia de los cheques con que pagó por arreglos de caminos en su finca, y ahora sospecha que le hayan cobrado al  CONAVI por el mismo trabajo que él pagó.

Según el diputado, extraña la tardanza del Ministerio Público en allanar las oficinas del CONAVI para conseguir pruebas, “porque en estos temas hay verdaderos carteles mafiosos”, aseguró.

La frase de Paul Watson quedó capturada en Tiburón, en las garras del hombre (Sharkwater) donde Watson también dice: “Me parece increíble que el sistema judicial costarricense se ensañe tanto con nosotros y que defiendan una operación de pesca ilegal y más después de ver la cantidad de palanganeros que hay, incluidos los taiwaneses que pescan en Costa Rica. Y la justicia no solo no actúa contra este delito sino que están decididos a detener a cualquiera que intente interferir.”

La ficha técnica del documental en Wikipedia indica que fue lanzado en el 2007, que ha ganado 31 premios internacionales y que trata de lo siguiente:

“Sharkwater explora las más densas poblaciones de tiburones en el mundo, exponiendo la explotación y la corrupción de la industria de la caza de tiburones en la reserva marina de la Isla del Coco, Costa Rica y las Islas Galápagos, Ecuador. Stewart viaja con Paul Watson y su Shepherd Conservation Society, ya que estos se enfrentan a los cazadores furtivos de tiburones en Guatemala y Costa Rica. Entre las experiencias del grupo hay persecuciones en barco entre los cazadores furtivos y la policía, apisonado de barcos, la filmación con cámara ocultas de las instalaciones masivas de cercenamiento de las aletas de los tiburones, los sistemas judiciales corruptos y, finalmente, el intento de realizar contra ellos cargos de homicidio que fuerza a Stewart y Watson a huir de la policía. Stewart explora cómo la creciente demanda de sopa de aleta de tiburón en Asia está alimentando un comercio ilegal de tiburones”.

Sharkwater está disponible en YouTube (doblada al español) por lo que pueden verla aquí mismo. Si bien desde el punto de vista técnico es un poco flojo su verdadera importancia radica en el insumo y en el oportunismo: un documental sobre cómo los tiburones no son máquinas de muerte terminó conviritíendose en una denuncia global de nuestra contradictoria política verde y nuestro anecdótico sistema judicial.

Las salidas de figuras de gobierno en general (especialmente del Gabinete), se han vuelto pan de todos los días. Se contabilizan once bajas hasta la fecha y se pronostica que podrían venir más.

Una gran interrogante. A la mitad del camino, más de una tercera parte de los rostros que conforman el gabinete de la presidenta Laura Chinchilla cambió y, ante tanta salida, uno se pregunta ¿por qué mejor no anunciar una reestructuración completa del gabinete, después del riguroso análisis de las metas cumplidas a dos años de administración, en lugar de permitir que sigan saliendo figuras del Gobierno día con día, lo que hace ver a esta administración como si se desplomara en efecto dominó?

Las razones de tanta renuncia. Roces entre ministras y viceministras, poco músculo político y capacidad negociación, exposiciones innecesarias, declaraciones desafortunadas, erosión de los compromisos con los que se llego en mayo de 2010, personal sumamente técnico pero poco político, el no pago de impuestos, novatadas y también un poco de chambonada.

A varios les hicieron la cama y a otros, todavía en el Gobierno, se las están haciendo en estos momentos, al único al que se le solicitó su renuncia, lo vendieron tirándolo a los tiburones, para repuntar en las encuestas.

Mala escogencia de su equipo. Es claro, la selección de fichas del ajedrez de Laura Chinchilla no fue la correcta (tanto en ministros como en otros cargos), donde se impuso la improvisación en los nombramientos y la errónea creencia de que el que resultó bueno en un determinado puesto se podría desempeñar con éxito en otro. Esto obligó, cuando no a renuncias, a traslados y ajustes a lo interno del equipo de gobierno.

Un problema de fondo y forma. Muchos de los cambios han sido justificados y necesarios, pero no han logrado oxigenar lo suficiente la actual gestión.

No obstante, el anuncio de una reestructuración completa del Gabinete hubiera brindado mayores réditos ante la prensa y la oposición, quienes lo considerarían como un ejercicio responsable de la administración, que podría haberle permitido al gobierno tomar unas bocanadas de aire fresco y el impulso que tanto necesita.

Peligroso espacio para la gradería de sol. Empero, lo realmente preocupante del asunto es que ya casi nadie quiere ser parte de este Gobierno. Es más, ya casi nadie quiere desempeñar un cargo público, no vale la pena exponerse por un bajo salario a ser tildado de corrupto y que solo por deporte nacional le destrocen a uno la vida y su reputación.

El tema, según la jerga usual entre políticos y politólogos, tiene que ver con eso llamado “gobernabilidad”. Una acepción posible de este concepto es pensarlo como aquel proceso social y político de resolución de conflictos, toma de decisiones y construcción de acuerdos asentado en ciertos criterios mínimos de democracia y participación. En ese marco, los problemas se resuelven de forma que se procuran escuchar respetuosamente todas las voces y llegar a salidas que, en grado razonable, respeten los diversos intereses y visiones de mundo.

En Costa Rica eso dejó de ser así hace muchos años, al menos desde 1984 con el inicio de la estrategia neoliberal de reestructuración económica, apertura externa y desmantelamiento del Estado. No quiere decir que en la etapa anterior –la de estrategia desarrollista, de Estado interventor y de bienestar- funcionara un arreglo democrático plenamente inclusivo, pero sí es claro que aquel modelo poseía, desde el punto de vista socioeconómico, capacidades de integración e inclusión muy superiores, lo que además favoreció la legitimidad del sistema de institucionalidad democrática.

Para formarse una idea del modo como esto cambia con el advenimiento de la hegemonía neoliberal, uno podría remitirse a los textos de Eduardo Lizano que, 20-25 años atrás, fundaron ideológica y programáticamente la versión criolla de la contrarreforma neoliberal. En esos escritos se postulaba explícitamente que ese modelo conllevaba ganadores y perdedores, y que eso era inevitable. Un caso en que ese principio quedó formulado con especial claridad y crudeza, fue el del campesinado que produce alimentos para el mercado interno. Simplemente se les condenaba, sin atenuantes, a la desaparición. En cambio, ese mismo economista, en sendos artículos publicados en La Nación hacia 1984, recomendaba facilitar que los exportadores hicieran “clavos de oro”.

A lo largo de este ya dilatado período, la estrategia neoliberal ha experimentado diversos cambios. Intel (1997-1998) marca una reorientación importante; la aprobación del TLC con Estados Unidos (2007) una profundización sustancial. El enorme peso que adquiere el capital extranjero –en especial el especulativo- desde 2005 introduce también algunas modificaciones interesantes.

Pero, con todas sus mutaciones, una constante del programa neoliberal es su incapacidad para propiciar el diálogo y la negociación y, correlativamente, su incapacidad para incluir. Las cosas se hacen de una determinada forma sin admitir fórmulas de transacción. Esto lleva al conflicto y cierra cualquier posible negociación razonable.

A todo esto, el TLC con Estados Unidos representa un punto culminante. En ese tratado se empaquetaron contrarreformas neoliberales de amplio alcance en una propuesta de “todo o nada”, blindada contra cualquier posibilidad de diálogo y negociación. Perdedores y ganadores quedaban así perfectamente deslindados.

Pero la propuesta neoliberal es excluyente no solo desde el punto de vista de su racionalidad política inherente. Lo es igualmente desde su desempeño socioeconómico concreto. La desigualdad, la pobreza, la creciente polarización y violencia social son resultados coherentes con el hecho de que las políticas tienden a configurarse según un juego claramente definido de “ganadores-perdedores”.

Durante los ochentas y noventas la gobernabilidad que permitió llevar adelante este proyecto, se construyó con base en la férrea hegemonía del bipartidismo, el cual subordinaba toda la institucionalidad pública a los intereses económicos que sostenían el modelo neoliberal. Para el común de la gente quedaba la práctica clientelar y corruptora que permitía comprar conciencias y acallar disgustos.

En el nuevo siglo el bipartidismo se derrumba. Y aunque el escenario político adquiere mayor complejidad, se observa, sin embargo, un intento por establecer una especie de “dictadura de partido único”. Claramente lo han intentado los Arias y, en su momento, la coyuntura del TLC les facilitó esas intenciones, ya que ello propició una férrea coalición de poderes económicos, políticos y mediáticos alrededor de OAS.

Pero casi de inmediato vino el impacto de la crisis mundial, cuyas consecuencias han trascendido ampliamente los efectos percibidos en los índices oficiales del PIB y el empleo. La crisis ataca una institucionalidad pública debilitada gravemente al cabo de casi tres decenios de subrepticio pero sistemático ataque. Explotan entonces las debilidades que se arrastraban de tiempo atrás.

Y con un agravante: el poderoso incentivo corruptor inherente a una ideología que realza como valores supremos el individualismo egoísta, la búsqueda irrestricta del peculio personal y la ostentación del poder y la riqueza material.

No creo que el Estado esté hoy bajo control de un grupo dedicado sistemáticamente al saqueo de los recursos públicos y el favorecimiento de sus negocios privados, según una simplista tesis conspirativa que goza de múltiples adhesiones. Si así fueran las cosas, serían mucho más simples. La cuestión es bastante más compleja. Y si bien el PLN actúa como centro motriz de la corrupción, las redes y manifestaciones de esta última lo trascienden y desarrollan su propia autonomía, incluso en espacios que no son solamente los del sector público.

En ese contexto gobierna por primera vez una mujer. Y posiblemente acontece que sea a ella a la que le toca presenciar el desmoronamiento del modelo neoliberal construido por los seis pantalonudos que la antecedieron durante los últimos 28 años.

Acaso doña Laura ni su partido logren entenderlo. Obsérvese el acuerdo con el PASE y los fundamentalistas pentecostales para el control de la Asamblea: tiene todos los rasgos de una política clientelar, basada en la satisfacción de las vanidades y ambiciones de políticos de feos antecedentes y reaccionaria propuesta ideológica. Reitera en otro nivel una práctica corruptora de décadas.

Pero, sobre todo, ello claramente advierte que, ante el colapso político, social e institucional que enfrenta el modelo neoliberal, el partido que lo ha liderado por décadas no logra articular ninguna respuesta creíble.

Dicha acción es reprochada por representantes de pueblos indígenas y de especialistas en materia legal, quienes critican a la institución agraria.

La acción N° 11-000646-1028-CA se interpuso ante la Sala Constitucional el pasado 19 de abril, y en ella explícitamente se invocó la inconstitucionalidad de esta ley, al aducir vicios durante el procedimiento de aprobación del proyecto en la década de los setentas.

El reclamo del IDA surge en razón de que luego de más de 30 años de vigencia de la ley, esta institución cubre los costos de indemnización de las expropiaciones a personas no indígenas que se encuentran asentadas en comunidades resguardadas por la jurisdicción.

Debido a lo anterior, Rolando González explicó a UNIVERSIDAD que ante las dudas que hay por la forma en que fue aprobado en su momento este proyecto, la institución debe velar por sus competencias jurídicas. “Como administrador de una institución no puedo estar girando plata cuando tengo una duda legal sobre la pertinencia o no del giro”, acotó.

El jerarca puntualizó que recientemente le fue entregado un estudio técnico, elaborado desde el año 2010 por el departamento legal del IDA, en el cual se detectaron presuntas irregularidades a la hora de dictaminar y aprobar la ley en el seno de la Asamblea Legislativa.

El IDA argumenta que en 1975 la junta directiva del Colegio de Abogados presenta ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa para dotar de títulos de propiedad a indígenas poseedores de tierras dentro de las áreas de dominio público del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO, hoy IDA), dicho proyecto fue remplazado por otro texto dictaminado posteriormente como la Ley indígena, en su momento iniciativa de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

CRÍTICAS AL IDA

Representantes de pueblos indígenas han recibido con extrañeza la mencionada acción legal del IDA.

Hugo Lázaro, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré -en el Pacífico sur-, señaló que la tenencia de tierra de los indígenas es baja, y culpó de esto a la inacción de las instituciones responsables de realizar  la recuperación de espacios en los territorios indígenas.

Criticó que “el Estado una vez más trata de incumplir sus obligaciones adquiridas, dejando a los indígenas en una situación de mayor desamparo”.

“El IDA viene actuando a rabietas, sin pensar en las consecuencias políticas que le podría traer esta acción”, censuró Lázaro.

La Ley Indígena no es la primera vez que se lleva a consulta ante la Sala Constitucional, ya que en anteriores ocasiones los magistrados han rechazado acciones que buscaban dejar sin efecto los alcances de esta ley. Por eso, el indígena Geyner Blanco cree que lo más conveniente es que una vez más esta Sala rechace la acción: “uno esperaría que la Sala mantenga una línea”, comentó.

A su parecer, de ser acogida la acción interpuesta por el IDA, desestabilizaría la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, y violentaría la cohesión cultural de los pueblos; “se podría perder el acceso a muchos sitios de importancia cultural, fundamentales para la identidad”, advirtió.

Mientras tanto, el abogado y experto en legislación indígena, Rubén Chacón, es del criterio que desde años atrás el IDA ha buscado la manera de desligarse de sus compromisos con las comunidades de los aborígenes, y ahora esta institución encontró un aliado político que se prestó para tomar esta acción.

“Desde hace 15 años el IDA viene afirmando que nada tiene que ver con el tema indígena, pero lo que pasa es que los presidentes ejecutivos nunca han logrado concretar ese criterio oportunista”, criticó Chacón.

Por su parte, el director ejecutivo de CONAI, Víctor Hernández, expresó su preocupación por una posible resolución de la Sala Constitucional que abriría las puertas a las empresas nacionales e internacionales, que pretenden extraer los recursos de los territorios indígenas.

En su opinión, “hay una serie de empresas transnacionales que están haciendo fila para la extracción minera, maderera; sin la ley indígena las comunidades quedarían a la intemperie, y todo estos que están haciendo fila desean que la ley indígena desaparezca”.

Paradójicamente, el 19 de abril -fecha en la que el IDA interpone la acción de inconstitucionalidad- se conmemoró  el “Día del Aborigen Costarricense”, por lo que las intenciones de la institución son vistas como una provocación a las luchas reivindicativas de los sectores indígenas del país.

En este sentido, el presidente del IDA, Rolando González, adujo que esto era una “lamentable coincidencia”, al tiempo que opinó que “jamás han buscado acciones para perjudicar a las comunidades indígenas, pero igual sería impropio permitir actos lesivos en contra del IDA, y contra las comunidades campesinas que se nutren de los fondos de la institución”.

Para el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Rey Curré, Hugo Lázaro, la “agresión” recibida por parte del Estado mediante la acción de inconstitucionalidad presentada por el IDA, podría dificultar procesos de diálogo iniciados en zonas del país donde se pretende desarrollar proyectos dentro de territorios indígenas.

Y es que con la reciente visita al país de James Anaya, relator especial en temas indígenas de la Organización de Naciones Unidas, se promovió la necesidad de generar un ambiente de confianza que propicie los mecanismos de consulta en comunidades aborigen como Térraba, donde el megaproyecto hidroeléctrico que impulsa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inundaría al menos mil hectáreas en manos indígenas.

“Costa Rica se comprometió a actuar de buena fe, sin embargo no lo cumple, por lo que las comunidades indígenas en el sur del país podrían actuar de manera más beligerante”, afirmó Lázaro.

TIERRAS EN MANOS DE OTROS

Por otro lado, de las 350.000 hectáreas en posesión de las 24 comunidades indígenas, cerca del 40% de estas tierras -más de 130.000 hectáreas- están en posesión de personas no indígenas.

El proceso de recuperación -según el presidente del IDA- ha sido continuo, aunque en esta administración no se han destinado fondos para la expropiación en territorios indígenas.

Los datos aportados por la institución reflejan que desde el 2003 y hasta el 2009, el IDA ha desembolsado la suma de ¢1.074.033.218, recobrando cerca de 735 hectáreas en comunidades como Rey Curré, Cabagra, Abrojos-Montezuma, Térraba (Puntarenas),  Zapatón (San José), y Tayní (Limón).

Sin embargo, la lentitud de procedimientos ha provocado que comunidades indígenas prefieran llevar este tema a los estrados judiciales; el caso más reciente se vislumbró en el Tribunal Contencioso Administrativo en Goicoechea, y mediante una histórica sentencia emitida por ese tribunal en setiembre del año anterior, se ordenó al Estado la expropiación de cerca de 4.500 hectáreas de tierras indígenas en Kekoldi, Talamanca, y que están en manos de personas externas al territorio. En este juicio figuraban como demandados el IDA y la CONAI.

El abogado defensor de la comunidad indígena de Kekoldi durante este proceso, Danilo Chaverri Barrantes -del Centro Justicia y Derecho-, no dudó en advertir que la acción del IDA es una respuesta a este tipo de proceso de recuperación de tierras, que han iniciado en algunas otras comunidades, como Bajo Chirripó y Cabécar de Talamanca.

“¿Cómo es posible que 34 años después de aprobada esa ley ahora están exigiendo que se cumpla y venga el IDA diciendo que esa ley es inconstitucional?”, reprochó Chaverri.

Los abogados Danilo Chaverri y Rubén Chacón son del criterio de que el IDA con esta acción interpuesta en la Sala Constitucional estaría haciendo de Procuraduría General de la República (órgano defensor del Estado). Ambos juristas consideran que el IDA debe cumplir la ley, no impugnarla.