A más de cuatro décadas de aquel triste septiembre de 1973, sectores de la sociedad chilena discuten si se trató de una “dictadura”, o es preferible referirse a aquel periodo como “régimen militar”. A primera vista bien pudiera parecer una discusión bizantina, una mera disquisición semántica sin mayor trascendencia. Sin embargo, el uso del lenguaje es una de las herramientas fundamentales en la construcción de la memoria y el imaginario de una sociedad. Por tanto, no estamos ante una cuestión baladí, por el contrario, es en el ámbito de lo simbólico donde cristaliza lo político.

Tras el asalto al poder, los militares golpistas iniciaron una tarea de limpieza que comenzó por el lenguaje. No se trataba de un cruento “golpe de estado” sino de un “pronunciamiento militar”, como si con tal eufemismo se pudiera lavar la sangre salpicada en las calles de Chile. Suele ocurrir que cuanto más deleznable es un acto, tanto más se le reviste de una interesada retórica que esconda su naturaleza. De este modo, cada documento y declaración de Augusto Pinochet adquirió el tono formal y mercurial como una manera de legitimar la ignominia.

Durante diecisiete años, los chilenos no solo fuimos rehenes por las armas sino, y principalmente, fuimos prisioneros del lenguaje. El nuevo poder se apropió del habla e impuso el silencio ante cualquier disidencia. Si toda dictadura se define como un gobierno que impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente, la dictadura del lenguaje puede entenderse como una regimentación simbólica que legitima en los signos una autoridad de facto. Por ello, toda dictadura vigila el lenguaje, lo administra y lo censura.

Cuando en el presente se plantea la dicotomía entre los términos “dictadura” y “régimen militar”, lo que está en juego es, justamente, la dictadura del lenguaje. Después de más de veinte años del llamado retorno a la democracia, la sociedad chilena sigue sometida no solo a la institucionalidad política y económica engendradas durante la dictadura sino, y muy especialmente, sigue sometida a la dictadura de los signos, verdadera “diglosia” en que la verdad es mentira y la mentira es verdad.

Se ha obligado a los chilenos a aceptar que la palabra “democracia”, por ejemplo, es la colusión naturalizada de poderes fácticos y políticos oportunistas, de la misma manera como aceptamos que el “desarrollo del país” no es otra cosa que el lucro y la codicia de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. La dictadura del lenguaje, es la alquimia perversa que prolonga simbólicamente el poder de los poderosos. Así, asistimos en nuestro país a la paradoja según la cual cualquier demanda social o reclamo democrático se convierte de inmediato en una amenaza a la misma democracia. La dictadura del lenguaje no es otra cosa que el lenguaje de la dictadura en un presente que aspira a la democracia.

Álvaro Cuadra es Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS

Los latinoamericanos deben compartir sus experiencias democráticas con otros países del sur del globo

Echad un buen vistazo a esta foto de 1970.

La mujer de 22 años en la foto está a punto de ser examinada por un grupo de inquisidores subtropicales,

Acaba de ser torturada, sometida a electrochoques y a waterboarding –lo que Dick Cheney llama “interrogatorio realzado”– durante 22 días.

Pero no claudicó.

La actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue torturada en 1970 por la junta militar del país. (Foto: Ricardo Amaral)

Hoy, esa mujer, Dilma Rousseff, es presidenta de Brasil, el perenne “país del futuro”, la séptima economía del mundo según la paridad del poder adquisitivo (sobre el Reino Unido, Francia e Italia), miembro del BRICS, y que ejerce un poder blando más allá de la música, el fútbol y la alegría de vivir.

Esta foto acaba de ser publicada, como parte de una biografía de Rousseff, exactamente cuando Brasil lanza finalmente una Comisión de la Verdad para establecer lo que realmente ocurrió durante la dictadura militar (1964-1985). Argentina, más avanzada, ya lo hizo y juzgó y castigó a sus propios inquisidores uniformados sobrevivientes.

Este sábado, Rousseff estará en Buenos Aires para la ceremonia de juramento de Cristina Fernández de Kirchner, reelegida como presidenta de Argentina. Los presidentes de esas dos naciones clave suramericanas son mujeres. Hay que decírselo a la junta de Tartaui en Egipto, o a esos parangones de la democracia en la Casa de Saud.

Estas cosas toman su tiempo

Es posible que los egipcios no sepan que a los brasileños les costó más de 21 años librarse de una dictadura militar. La inquebrantable Dilma de la foto es la contraparte en los años setenta de la generación Google actual que lucha por la democracia de El Cairo a Manama, de Aleppo a Arabia Saudí oriental.

Libertad es solo otra forma de decir que ya no hay nada que perder –excepto mucho tiempo-. En Brasil, la verdadera democracia estaba avanzando cuando fue aplastada por el golpe militar de 1964, activamente supervisado por Washington. El coma duró dos largas décadas.

Entonces, en los años ochenta, los militares decidieron apodar su “transición” a paso de tortuga hacia la democracia de “lenta, gradual y segura” –segura para ellos, por supuesto-. Pero fue la calle –al estilo de la plaza Tahrir– la que finalmente la aceleró a fondo.

El fortalecimiento de las instituciones democráticas tardó una década –incluida una recusación de un presidente por corrupción-.Y pasaron otros ocho años hasta que un presidente –el inmensamente popular Lula, a quien Obama reverenciaba como “el hombre” – allanó el camino a Dilma.

El camino fue largo hasta que uno de los países más desiguales del mundo –gobernado durante siglos por una elite arrogante y rapaz que solo miraba hacia el acaudalado Norte– finalmente consagrara la inclusión social como una cuestión básica de la política nacional.

El progreso de Brasil tuvo paralelos en muchos otros lugares de Suramérica.

Esta semana se alcanzó un clímax parcial cuando la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunió en Caracas. La CELAC comenzó como una flamante idea para la emergencia –en un nuevo sistema mundial, como diría Immanuel Wallerstein– de una nación latinoamericana integrada, basada en la justicia, el desarrollo sostenible y la igualdad. Dos hombres contribuyeron positivamente a este proceso, Lula y el presidente venezolano Hugo Chávez. Su visión convenció a todos, desde el presidente uruguayo Pepe Mujica –ex dirigente guerrillero– al presidente chileno Sebastián Piñera, un banquero.

Por lo tanto ahora, en medio de la agonía de todo el Norte atlantista, Latinoamérica surge con la posibilidad de una verdadera “tercera vía” (y olvidad la variedad de Tony Blair).

Mientras Europa –bajo el dictado del Dios del Mercado– prepara el mayor empobrecimiento de su propio pueblo, Latinoamérica acelera su camino hacia una mayor inclusión social.

Y mientras virtualmente cualquier latitud del Norte de África a Medio Oriente sueña con democracia, Latinoamérica puede realmente ofrecer al escrutinio los frutos bien merecidos de sus logros democráticos.

Mantened el rumbo, no habrá regalos

La CELAC es una poderosa apuesta por un vigoroso diálogo Sur-Sur. El organismo, en su etapa inicial, estará dirigido por Chile, Cuba y Venezuela.

El ex dirigente guerrillero tupamaro y presidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo bien claro en Caracas que inevitablemente el camino adelante hacia el sueño de la integración latinoamericana no será un jardín de rosas. Se librarán bastantes batallas ideológicas antes de que se conforme un proyecto político y económico de amplio alcance.

La CELAC complementa la UNASUR –la Unión Suramericana– dominada por Brasil. UNASUR todavía está en los inicios; por el momento es esencialmente un foro.

Y luego está MERCOSUR, el mercado común de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, pronto, Venezuela. En Caracas Dilma y Cristina han sellado su futura integración con Chávez.

El principal socio comercial de Brasil es China; antes era EE.UU. El número dos será Argentina, sobrepasando también a EE.UU. El comercio dentro del Mercosur está en auge y seguirá así con la incorporación de Venezuela.

Sin embargo, no faltan los problemas en el camino hacia la integración. Chile prefiere los acuerdos bilaterales. México mira en primera lugar hacia el norte, debido al NAFTA. Y Centroamérica se convierte prácticamente en una provincia estadounidense debido al CAFTA.

A pesar de todo, UNASUR aprobó recientemente un proyecto geopolítico estratégico crucial; una red de fibra óptica de 10.000 kilómetros, administrado por compañías estatales locales, para librarse de la dependencia de EE.UU.

Por el momento, al menos el 80% del tráfico internacional de datos en Latinoamérica pasa por cables submarinos a Miami y California, el doble del porcentaje en Asia y el cuádruple de Europa.

Los costes de Internet en Latinoamérica son tres veces más altos que en EE.UU. Cuesta hablar de soberanía e integración bajo condiciones semejantes.

Washington –que exporta tres veces más a Latinoamérica que a China– de hecho está, y seguirá estando, concentrado en otro sitio: en Asia, donde al gobierno de Obama le gusta promover la agenda del Siglo del Pacífico.

El hecho es que Washington –así como los derechistas latinoamericanos– no tiene nada que proponer a los pueblos latinoamericanos, sea política o económicamente. Por lo tanto es cosa de los latinoamericanos que perfeccionen sus democracias, progresen hacia la integración regional y conciban modelos socialdemocráticos alternativos al neoliberalismo de la línea dura.

Mediante uno de los trucos del ángel de la historia de Walter Benjamin, tal vez sea ahora el momento indicado de que los latinoamericanos compartan su experiencia con sus hermanos y hermanas de Medio Oriente en el Sur global.

El camino es ciertamente largo. Comienza con una mujer de 22 años que desafía a una dictadura. Y no hay marcha atrás.

Pepe Escobar es corresponsal itinerante de Asia Times. Su último libro es Obama Does Globalistan (Nimble Books, 2009).

En la transición de una oligarquía o una tiranía a una democracia… las personas se niegan a cumplir con sus contratos o cualesquiera otras obligaciones en razón de que es el tirano, y no el Estado, quien las contrajo.

Aristóteles.

Egipto debe unos 35 mil millones de dólares (o 210 billones de libras egipcias) en deuda externa, lo que impone sobre nosotros una carga anual de alrededor de 18 mil millones de libras egipcias. Estas deudas se acumularon bajo el régimen anterior de acuerdo con sus prioridades políticas y económicas. Estamos pagando esas deudas de nuestro propio bolsillo en vez de gastar en servicios sociales, sanidad o educación. Por ello, algunas organizaciones y activistas de la sociedad civil del interior y del exterior de Egipto han acordado que el 31 de octubre sea el día mundial para la cancelación de la deuda de Egipto. Se trata del inicio de una campaña popular que pretende eliminar dicha carga de los hombros del pueblo egipcio, que ni fue responsable en ningún modo de la decisión de asumir tales deudas, ni se le consultó nunca en la forma en que esos fondos se gastaron.

Condonar la deuda odiosa

Anti-Deuda, por el colectivo Taring Padi (justseeds.org)

La “deuda odiosa” es un concepto jurídico acuñado por el teórico Alexander Sack, ministro de Finanzas de Rusia en 1927, durante el periodo que siguió a la revolución rusa. El concepto pretende extender a contratos iniciados por el gobierno un principio jurídico que rige en los préstamos privados. Establece que para que cualquier deuda siga siendo legalmente vinculante debe servir a fines legítimos. En este contexto, las deudas odiosas se entienden como compromisos contraídos por un dictador o un gobierno ilegítimo en nombre de la nación a fin de enriquecer al gobernante (es decir, para engrosar sus cuentas bancarias personales y las de sus hijos) o para financiar la represión de su pueblo (a través, por ejemplo, de la adquisición de gas lacrimógeno o armas de fuego para francotiradores como los que se utilizaron para asesinar a los mártires de la revolución). Las deudas odiosas se asocian a menudo con el saqueo financiero en muchos ámbitos, tales como: la financiación de proyectos de inversión fallidos (como Toshka, el proyecto de fosfatos de Abu Tartour, el proyecto de hierro de Asuán, etc.); el respaldo a proyectos de desarrollo plagados de corrupción (tales como la privatización de tierras públicas y la promoción de contratos estatales con empresas privadas), así como el control de un déspota sobre los recursos de las arcas del Estado y su movimiento al servicio de sus asociados, entre empresarios y sus empresas, todo ello a costa nuestra.

Un préstamo odioso es el que se extiende a un régimen que no representa a su pueblo, y que —con pleno conocimiento del prestamista— sirve para fines que no benefician al bien público. Así, algunos consideran como odiosos los préstamos que contribuyen al empobrecimiento de la sociedad. Ello se debe a que obligan a que la nación canalice todos sus recursos a pagar las deudas existentes, lo que limita la capacidad de la sociedad para desarrollarse.

Apoyándose en esta lógica, se propuso la idea de que tales préstamos se condonaran cuando cayera la dictadura o el régimen autocrático adeudado, como en el caso de Iraq tras la caída de Sadam Husein, y de Sudáfrica tras el fin del régimen del apartheid.

Desde un punto de vista legal, este concepto plantea un reto a un viejo principio del derecho internacional, concretamente a aquel que requiere que los Estados asuman la responsabilidad de los préstamos que fueron adquiridos por regímenes anteriores. Sin embargo, este principio ha sido invocado en numerosos casos históricos. Algunos se remontan al siglo XIX, sobre todo la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que confirmó la legalidad del impago de las deudas de Costa Rica a Gran Bretaña y Canadá por razones de que tales deudas fueron contraídas bajo el régimen dictatorial. Ecuador, sin embargo, proporciona un ejemplo más reciente de un modelo que ha prosperado.

Durante la década de 1970, Ecuador, como muchos otros países del Tercer Mundo, cayó presa de la trampa del endeudamiento externo a tasas de interés bajas que aumentaron rápidamente a partir de entonces. Así, debido al aumento de las tasas de interés de los bancos estadounidenses (del 6% en 1979 al 21% en 1981), la deuda externa de Ecuador se incrementó a más de doce veces su valor inicial: de 1.174 millones de dólares en 1970 a 14.250 millones de dólares en 2006. Además, sólo el 14% de la deuda externa adquirida entre 1989 y 2006 se dedicó a nuevos proyectos, mientras que el resto se destinó al pago de viejas deudas.

A raíz de la huelga general que derrocó al presidente Lucio Gutiérrez a mediados de la década anterior, se formó una comisión con el propósito de auditar la deuda del país. La comisión proporcionó al gobierno de Ecuador los fundamentos legales y políticos para su decisión de abstenerse de pagar sus deudas odiosas en noviembre de 2008. En junio de 2009, Ecuador llegó a un acuerdo que redujo su deuda externa en más de dos tercios. En concreto, en un acuerdo firmado con el 90% de sus acreedores internacionales, Ecuador debía pagar sólo 35 centavos por cada dólar que debía, permitiendo así al país librarse de esa carga. De hecho, el valor de los títulos de deuda se redujo drásticamente después de los hechos antes mencionados, lo que convirtió los pagos de la deuda en más baratos que antes.

Ecuador gestionó su batalla de una manera prudente e informada dando esperanza a todos los países del Tercer Mundo con voluntad política para librarse de la carga de la deuda odiosa. En la actualidad, la sociedad civil y los movimientos populares en Irlanda y en Grecia están organizando comisiones populares de auditoría de la deuda y están presionando para que se formen comisiones oficiales. Túnez ha puesto en marcha una comisión para auditar las deudas odiosas de Zine Abdine Ben Ali al objeto de conseguir que se condonen. Ello nos da aquí, en Egipto, más margen de maniobra para ejercer presión, coordinar esfuerzos y movilizar a la gente a fin de que se condonen las deudas del régimen de Mubarak.

Adam Hanieh, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, señala que aunque Egipto pagó 24,6 mil millones de dólares entre 2000 y 2009, el nivel de deuda se incrementó aproximadamente en un 15% durante el mismo período. En un artículo sobre las transformaciones en curso en la economía egipcia tras la revolución, Hanieh añade: “Estas cifras ponen de manifiesto la sorprendente realidad de que la relación financiera de Egipto con los préstamos occidentales de la economía global opera extrayendo la riqueza de los pobres de Egipto y redistribuyéndola a los bancos más ricos de Estados Unidos y de Europa”.

La deuda odiosa no es sólo un enemigo del pasado que atenta contra nuestras vidas y nuestro sustento sino también una carga para nuestro futuro. Deshacerse de ella es un imperativo económico, moral y legal. Sin embargo, es poco probable que la batalla se acabe en las instituciones financieras internacionales y en los bancos; podría exigir también una confrontación interna.

Todas las miradas en la deuda

“Abre los ojos, es tu bolsillo el que paga la deuda” es el lema de la Campaña Popular la Cancelación de las Deudas de Egipto que se lanzará el 31 de octubre para librar a nuestra revolución de una carga acumulada por un régimen que no representaba a los egipcios —una carga que sigue pesando sobre nuestros salarios, sobre nuestro nivel de vida, y sobre nuestras oportunidades de futuro. La campaña se pondrá en marcha en paralelo con iniciativas en Londres y Berlín en las que figurará la participación de movimientos de la sociedad civil y organizaciones de Gran Bretaña y Alemania. El lema citado anteriormente indica que establecer una comisión independiente para la auditoría de la deuda, junto con una campaña popular para que se cancele, no es el fin del camino. Más bien, constituyen el comienzo de un cambio radical en la manera de gestionar la política económica del país.

El problema en cuestión no es sólo que estemos pagando intereses de acreedores internacionales que superan el gasto en bienestar social para los 85 millones de egipcios en áreas como la salud. Más bien, el problema es la orientación de las políticas económicas del país, la falta de transparencia en la formulación de políticas económicas y la limitada oportunidad que tienen los ciudadanos de formular dichas políticas de acuerdo con sus intereses.

Condonar la deuda de Egipto a la Unión Europea fue la primera propuesta que avanzó Samir Radwan, quien sirvió como ministro de Economía tras la revolución. Esta reivindicación, sin embargo, cedió un par de semanas más tarde y fue reemplazada por todo lo contrario: más préstamos de las instituciones internacionales. Más adelante, se tomó la decisión de congelar el endeudamiento exterior pero a un precio muy alto para los pobres y para la economía; principalmente mediante un presupuesto de austeridad que privilegiaba los intereses de los ricos, tanto en términos de impuestos como en términos de las prioridades concedidas a los subsidios del gobierno. Este incidente nos dice que una cosa es cierta: si nosotros somos los responsables de pagar los préstamos de nuestro propio bolsillo, en el futuro, la decisión de pedir prestado a los prestamistas nacionales o internacionales debe estar sujeta a iniciativas de supervisión más amplias en las que tenga un papel más importante la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos civiles, ONG, grupos de protección al consumidor, sindicatos, y el público en general. Este ejemplo pone asimismo de manifiesto que la condonación de las deudas odiosas de la dictadura no tendrá lugar sin una confrontación con el orden económico que hemos heredado, una confrontación que no tendrá éxito sin la participación de la mayoría de los interesados.

Por lo tanto, la auditoría de la deuda puede ser una verdadera puerta de entrada para una economía más democrática que refleje las necesidades de la gente antes que las necesidades de lucro de unos pocos. Puede incluso desempeñar un papel para hacer frente a la influencia de la élite rica que se esconde en las trincheras que protegen esa economía junto a leales tecnócratas que sirven a sus intereses. Puede asimismo contrarrestar al liderazgo político, que utiliza la excusa de la deuda del régimen de Mubarak para ocultar y justificar la supresión de nuestro derecho a un salario justo, a un empleo adecuado, a los servicios sanitarios y de educación apropiados, y sigue usando el mismo lema fracasado: “¿De dónde queréis que os provea?”

[Este artículo se ha publicado originalmente en árabe en El-Shorouk . La traducción en inglés es de Hesham Sallam].

Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos.

“La familia de Fujimori se convirtió en una red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado”.

DIAGONAL: ¿Por qué se suele hablar de la “dictadura” de Fujimori?

CARLOS RIVERA: En primer lugar, por el autogolpe de Estado. Fujimori, con su famosa frase “disolver, disolver el Congreso de la República” cerró el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y expulsó a cerca de un 20% de jueces de todo el país, principalmente de Lima. Y a la semana, además de intervenir los medios de comunicación, ya había sustituido a todos los jueces por gente que ya sabía que iba a jugar un papel en favor del régimen. Ya en el año ‘92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, jueces, fiscales y para ocultar no sólo el hecho de haber roto el orden constitucional sino los crímenes que se habían estado cometiendo desde antes del golpe de Estado.

Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que consiguieron meter al ex dictador Alberto Fujimori en la cárcel. (Foto: Diagonal)

La semana pasada el periodista Gustavo Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hace su primer millón. Alberto Fujimori, recién electo, viaja a Japón para pedir donaciones para hacer colegios en Perú y todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción empiece en el año ‘92, como se ha sostenido, Fujimori llega con un plan criminal en el ‘90. En el juicio se vio muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado.

D.: ¿Se puede decir que la corrupción era la finalidad y no el efecto secundario?

C.R.: Sí, yo creo que sí. La corrupción comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda vuelta y traza un plan criminal con Vladimiro Montesinos y lo va ejecutando. Este plan criminal se ejecuta con dos bases: una es la promoción de Montesinos, que con el paso del tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado, no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la familia de Fujimori, desde los hermanos, las hermanas a los cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado.

D.: ¿Hay alguna estimación de cuánto fue robado?

C.R.: La procuraduría hace año y medio hizo un esfuerzo de estimar cuánto se había sustraído al Estado y habla de unos seis mil millones de dólares. Acá el sueldo mínimo es 550 soles, es decir, unos 200 dólares. Ésa es la investigación que hace la procuraduría, pero hay otra investigación que hace Alfonso Quiroz que acaba de publicar un libro en Nueva York que se llama Círculos Corruptos. Él estima que puede ser el doble. Según Fujimori, una pieza fundamental de su Gobierno era la modernización del Estado, que en buena cuenta significó la reducción del Estado por la privatización de empresas públicas. Veníamos de una desastrosa gestión del Gobierno de García en la administración del Estado y supuestamente todas las empresas tenían cifras en rojo y había que venderlas porque el Estado era un armatoste que no servía para nada. Eso en parte era cierto, pero también es cierto que había algunas empresas públicas que no tenían cifras en rojo y que igual se vendieron. Un ejemplo de eso fue el proceso de venta de AeroPerú, la línea de bandera peruana. Hasta ahora se sigue investigando si se vendió al precio que correspondía. ¿Cuánto dinero dio ese proceso de venta de empresas públicas? Entre 12 y 15 mil millones de dólares. Ese dinero fresco que entró al Estado peruano permitió esa política asistencialista que hoy es el origen de ese 20% de apoyo incondicional de Keiko Fujimori.

“Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero creo que es en realidad una suerte de regreso de los muertos vivientes”

“El regreso de los muertos vivientes”

D.: Keiko se presenta con un equipo de Gobierno similar al de su padre.

C.R.: Más que similar, yo diría que es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero en realidad es una suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana mayor del fujimorismo, los golpistas del ‘92, son los que han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama. Es cierto que tuvo problemas con Montesinos, pero él fue pieza clave en el golpe de Estado y en la consolidación del golpe en los años siguientes. Las principales defensoras de Fujimori en materia de crímenes contra los derechos humanos, que eran Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, han vuelto y dos de ellas ya son nuevamente congresistas. Incluso el publicista principal de Fujimori, Edgardo Daniel Borobio, es el que de alguna manera le hace la campaña a Keiko. La hija de Fujimori empezó la campaña diciendo que ella se distanciaba de su padre, que ella es diferente, que no obstaculizará a la justicia… Pero en la última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a los ‘90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo fue bueno y no hay ninguna autocrítica. Es la mejor evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente Alberto Fujimori.

D.: ¿Qué consecuencias tendría la elección de Keiko para los juicios de derechos humanos?

C.R.: Sería un desastre. Lo que no nos deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años, sino de diez… Todo está muy fresco. Tan fresco que el 15 de abril pasado se entregó a la justicia Juan Carlos Hurtado Miller, el ex primer ministro de Fujimori, tras haber pasado diez años prófugo. Y hay muchos juicios que todavía no han culminado. Fujimori acaba de cumplir dos años de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está bastante fresco en la memoria, pero creo que, desgraciadamente, no de todos los peruanos. Creo que el fujimorismo llega con una agenda contra los derechos humanos. No hay una autocrítica en el fujimorismo ni en Keiko, que sigue defendiendo que su papá es inocente. Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno aprista liquidar todos los casos de violaciones de derechos humanos, se presenta de vicepresidente. Si alguien quiere saber cuál va a ser la política de derechos humanos de Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de los miembros de la plancha presidencial o de los principales voceros del fujimorismo.

“Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado”

La histórica lucha por los derechos humanos

D.: ¿Cómo surge la lucha por los derechos humanos en el Perú?

C.R.: La historia del Instituto de Defensa Legal ha estado vinculada desde sus inicios al proceso de violación de los derechos humanos en el Perú y el propio conflicto armado de las década de los ‘80 y los ‘90. El conflicto interno ha atravesado varios momentos. Una primera etapa es el inicio del proceso de violencia, entre 1982 y 1983, en la que muy pocos entendían a qué fenómeno se estaba enfrentando el Perú. Este discurso, un tanto mesiánico, de Sendero Luminoso; la reacción igual de violenta e igual de desinformada por parte de las Fuerzas Armadas… En esos años se inicia el proceso de militarización de la zona central y sur, de Ayacucho, Huancavelica, Junín, que abre un proceso desbocado de violaciones masivas a los derechos humanos. En los años 1984 1985, aparecen los primeros casos de desaparición forzada, primero contados, luego de manera masiva. Y de ahí un salto cualitativo y cuantitativo hacia una masificación de la violencia con el primer Gobierno de Alan García [1985-1990]. Ese momento coincide con la consolidación de las organizaciones de derechos humanos como grupos básicamente de denuncia. Aparece el IDL, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y comienza a formarse lo que hoy es la Coordinadora de Derechos Humanos. A pesar de que ya en ese momento hay una acusación de que las ONG son una fachada de la subversión, hay un deslinde radical sobre eso, con una condena firme frente a Sendero Luminoso y frente al MRTA. Y eso es lo que marca la actuación de las organizaciones de derechos humanos desde ese momento. De todas formas hubo persecución. En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión y todo lo que sonara a crítica, a denuncia o a exigencia de cambio en la estrategia contrasubversiva de tierra arrasada era asumido como parte del discurso de la subversión.

“En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión”

D.: ¿Qué sucede con el primer Gobierno de Alan García?

C.R.: Con Alan García hay una consolidación del fenómeno subversivo, ya no como un fenómeno de “abigeos” [cuatreros, ladrones], tal como los definió Fernando Belaúnde al inicio de su segundo Gobierno, sino como un fenómeno de carácter nacional. Sendero obtiene sus principales logros políticos y militares al final del Gobierno de Belaúnde y fundamentalmente con el Gobierno de Alan García. Por un lado, consolida su presencia en otras zonas del país, en el centro y el oriente del país. Hacia finales del Gobierno de Alan García, Sendero llega a Lima, convertida en el eje de la guerra. En los años ’88, ’89 y ’90 el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, empieza a hablar de que estábamos a punto de llegar al equilibrio estratégico, una cosa que asustó mucho. Guzmán lo presentó como un logro, una victoria política de Sendero el hecho de haber salido de la selva para abarcar otros territorios, pero en realidad con el paso de los años, uno se da cuenta, como señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en realidad era producto de la derrota política de Sendero ante las rondas campesinas.

D.: ¿Cómo cambia esta estructura represiva con el Gobierno de Alberto Fujimori?

C.R.: Fujimori es otra etapa, desde el punto de vista militar, político y de la inteligencia. A las Fuerzas Armadas les cuesta diez años entender el fenómenos subversivo y por tanto crear su estrategia. Hay un famoso manual contrasubversivo del año ‘89, que es en realidad la definición del pensamiento, la doctrina y la propuesta del Ejército frente a la subversión. Fujimori asume esa estrategia, la lidera y le incorpora elementos de política. Y le incorpora el aparato de inteligencia como el núcleo central de toda esa estrategia. Fujimori abre una etapa totalmente diferente. Si bien es cierto que en términos estadísticos hay un decrecimiento de las violaciones de derechos humanos, no es por que haya una negación de la estrategia anterior, sino porque se produce una suerte de perfeccionamiento en la identificación del enemigo, que es el eje central de la estrategia en ese momento. No es una estrategia para derrotarlo moralmente, como decían algunos, sino que quiere identificar los canales de información, los cuadros orgánicos y quiénes son los dirigentes para eliminarlos. Y cuando hablo de eliminación hablo de eliminación sumaria, de la utilización del método de la desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial, ésos son los métodos. Aquí no hay eufemismo que quepa. Eliminar es eliminar a una persona físicamente, sacarla de la faz de la tierra. Ésa es la estrategia de Fujimori.

D.: ¿Los grupos paramilitares ya habían existido con Alan García?

C.R.: No al nivel del grupo Colina. Con Alan García nace un grupo paramilitar, que es el Rodrigo Franco. Pero el grupo Colina en la etapa de Fujimori no es un grupo paramilitar, sino un destacamento del Ejército, que responde de manera orgánica a las decisiones políticas y militares de la nueva estrategia contrasubversiva. Ahí hay un cambio sustancial. La nueva estrategia se diferencia claramente de la anterior en varios elementos. Uno es el rol que el propio Fujimori cumple, la famosa frase -“Yo soy un comandante de verdad”- que se escuchó en un juicio es un dato revelador de cuál era la posición que Fujimori quería ocupar en relación a Belaúnde.

“En el año 2000 la Corte Interamericana de DD HH emite una sentencia en el caso de la matanza de Barrios Altos, por la que anula la ley de amnistía” Matar no es gratis

D.: ¿Cómo se empieza a desmontar el aparato de impunidad que impedía juzgar los crímenes?

C.R.: En el año 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en el caso de la matanza de Barrios Altos [en 1991 el grupo Colina entra en una fiesta y asesina a 15 civiles], que determina el reinicio de las investigaciones. El caso estaba no solamente cerrado por la justicia militar sino que también tenía en sus manos la famosa ley de amnistía. Tenía todos los candados habidos y por haber. Fue un logro muy importante. Es la sentencia de la Corte la que ordena al Estado peruano que se abra una investigación por el caso [y declara que la ley de amnistía “carecía de efectos jurídicos”]. El Estado peruano no tuvo otra opción que abrir una investigación como consecuencia del mandato interamericano. Aparecía como el primer caso que se abría por mandato de una instancia supranacional.

Entre 2001 y 2003, la Comisión de la Verdad y Reparación cumplió un papel sumamente importante y transcendental, un antes y un después en el tema de los derechos humanos en el Perú. La Comisión se convirtió en el principal impulsor de la búsqueda de verdad y justicia en el país. Nosotros en esa época pensábamos que en un país con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que la justicia avance. Pero ahora que es posible hacer un balance, en ese tema, el más difícil, más conflictivo y más crítico, es en el que más se ha avanzado. En los tres o cuatro años siguientes se produce un fuerte impulso al proceso de judicialización, en 2004 se crea el subsistema penal de derechos humanos -recomendado por la Comisión de la Verdad- y se inician muchas causas teniendo como evidencia los informes de la Comisión. Entre 2005 y 2007 se logra consolidar una suerte de jurisprudencia pro derechos humanos. Se emiten múltiples resoluciones sobre el tema de la prohibición de las amnistías. Más allá de la sentencia de la Corte Penal Interamericana, se habla de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se habla de inexistencia de cosa juzgada en aquellos casos que habían sido tramitados por la justicia militar, se niega la competencia de la justicia militar en esos temas y se produce una incorporación masiva del derecho internacional a la jurisprudencia peruana… Hacia el año 2006 y 2007 podríamos hablar de consolidación del proceso de judicialización.

“La sentencia del caso Castillo Paez sentaba un precedente: se afirma que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente” D.: ¿Qué sentencias fueron las más importantes?

C.R.: Existen dos sentencias que marcan un precedente y que van a servir para más adelante: Castillo Paez, que es un caso de un estudiante desaparecido en octubre de 1990 y el caso Chuschi, con la desaparición de autoridades civiles y comunales en esa localidad de Ayacucho [ambas por parte del Ejército]. En la sentencia de Castillo Paez, de marzo de 2006, hay una declaración sobre la naturaleza jurídica del crimen de desaparición forzada, cosa que nunca había ocurrido en el Perú, por un cuestión muy concreta, nunca antes se había juzgado un caso de desaparición forzada. La sentencia sentaba un precedente: se afirma que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente a la vez que la culpabilidad es demostrada a través de un prueba indiciaria, cosa que jamás se había hecho en el Perú en materia de derechos humanos. En lo que respecta al caso Chuschi, es la sentencia que de manera más clara habla de que en el Perú hubo una violación sistemática de los derechos humanos y que crímenes como el de Chuschi son crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, por esos tiempos hay un elemento que empieza a jugar un papel fundamental, el de la política. Alejandro Toledo termina su Gobierno en 2006 con una crítica nada sutil a la judicialización de los crímenes contra los derechos humanos. Llega Alan García y ese discurso poco sutil gira y se vuelve una política de Estado. Es innegable que Alan García llega al Gobierno con una agenda política que tenía como uno de sus principales aspectos combatir el proceso de judicialización. A él lo afectaba directamente y afectaba a su vicepresidente, Luis Giampetri. En su momento se le llamó “la plancha del Frontón” porque ambos estaban implicados [en la matanza de los penales de 1986]. García asume el 28 de julio de 2006 y la primera semana de septiembre dicta un decreto otorgando defensa legal a los perpetradores de violaciones de los derechos humanos, una cosa un poco extraña y pagada por el Ministerio de Defensa. Y a partir de ese momento se arma una confrontación que tiene como objetivo ablandar a los jueces y fiscales. Y lo logran. Hay un cambio, en la cantidad de gente procesada y la cantidad de gente condenada o absuelta. El año pasado hicimos una estadística sobre gente procesada y luego sentenciada y sacamos una conclusión que nos asustó: a finales del año pasado había un 85% de absoluciones. Pero lo que más nos asustó es que ha habido un cambio en la jurisprudencia y que ese cambio es debido al discurso político. Tú puedes decir que hemos perdido los juicios porque la defensa fue sustancialmente mejor, pero eso no ha sido así, porque hemos participado en muchos juicios y porque ya el contenido de las resoluciones dan cuenta de que hay un juego de arbitrariedades y hemos hecho un listado, como de veinte razones, por las que un juzgado de derechos humanos no puede firmar una sentencia así.

Un ejemplo de esto es el caso Parcco y Pomatambo en el que la fiscalía o la parte civil tienen que demostrar el crimen con un documento, cosa que en ningún lugar del mundo vas a lograr, sino que llegan en algún momento a asumir el discurso político de los militares. En la sentencia de noviembre del año pasado de de este caso la sentencia de la sala de lo penal nacional dice que el crimen de 12 personas que fueron detenidas, conducidas a un lugar determinado, torturadas, asesinadas y descuartizadas es simplemente un exceso del jefe de la patrulla. Eso es asumir el discurso más político de los militares. Ellos primero lo niegan, pero cuando hay una evidencia de los crímenes, dicen que es un exceso del militar que participó.

“Hay un proceso muy peligroso entre los jueces del sistema penal de derechos humanos al que yo no encuentro otra explicación que no sea la política” Alberto Fujimori a la cárcel

D.: ¿Qué repercusiones ha tenido la sentencia a Fujimori en 2009?

C.R.: La mayor repercusión se ha producido fuera de Perú. Hemos tenido noticias de que hay muchos tribunales, sobre todo en Colombia y otros países de América, que están comenzando a utilizar la sentencia. Pero en el caso peruano, el Tribunal de Derechos Humanos no ha mencionado jamás la sentencia, y eso que desde que se condenó a Fujimori se han emitido media docena de resoluciones, en diferentes casos. Y no solamente no se menciona sino que se comienza a argumentar contra la sentencia. Hay un proceso muy peligroso entre los jueces del sistema penal de derechos humanos al que yo no encuentro otra explicación que no sea la política. Entre las primeras sentencias y las actuales siguen siendo más o menos los mismos jueces y ahora comienzas a tener sentencias en las que un juez, que años atrás emitió una determinada sentencia, últimamente emite dictámenes en contra de lo que él mismo escribió.

La sentencia del caso a Fujimori dijo que en este tipo de crímenes no era probable pedir prueba escrita o documentos que den cuenta de las órdenes criminales. En la sentencia se dice que normalmente en estos planes las órdenes son verbales y clandestinas. Hay tres sentencias recientes en las que se les pide a la fiscalía y a la parte civil que no han demostrado porque no hay parte documental. Te dice que el testimonio del familiar de la víctima no es confiable porque tiene un interés en el resultado del proceso. Oye, ¿pero no es así en Bosnia, en Ruanda o en cualquier otra parte del mundo? El familiar es el que tiene interés. ¿Cómo no lo pueden tomar en cuenta como testimonio válido? El tercer elemento dice que un general del Ejército no puede ser sentenciado de manera condenatoria porque dice que no se ha demostrado que emitiera una orden escrita y porque no estaba en el lugar de los hechos. ¿Y desde cuándo el mando militar tiene que estar con el soldado ejecutando su orden? En realidad hay una jurisprudencia que ha ido con el ánimo de desmontar la doctrina que estableció el caso Fujimori y que nos preocupa porque ya lindan con la falta de pasividad o de imparcialidad.

D.: Aun así, es un hecho histórico para los organismos de derechos humanos…

C.R.: Es un hito histórico de la justicia peruana. Nos hubiese gustado que la sentencia a Fujimori hubiera marcado un antes y un después en lo judicial y en lo político. La conclusión que se puede sacar es que en lo judicial no ha marcado ese hito. En la única sentencia en la que se menciona es en la sentencia que se emitió el año pasado en el caso de La Cantuta. En el lado de la política, su hija está pasando la segunda vuelta y podría ser la próxima presidenta de la República.

“Hay un elemento con el que Fujimori no contaba que era que el juicio iba a ser televisado, que fue un elemento decisivo para el cambio de la opinión pública” D.: En Perú, ¿crees que los juicios han ayudado a un cambio de conciencia entre los peruanos?

C.R.: Yo estoy seguro de que sí ha ayudado a muchísima gente, no sólo el dato de que Fujimori fue condenado, sino que hay un elemento con el que Fujimori no contaba que era que el juicio iba a ser televisado, que fue un elemento decisivo para el cambio de la opinión pública. Y te encuentras hasta ahora con taxistas que te reconocen y te felicitan. Hay muchos que me han dicho que no se perdían ninguna audiencia del juicio, que se regresaban a sus casas para verlo. Eso te da una satisfacción inmensa porque hicimos pedagogía sin que nadie se lo hubiera propuesto.

D.: ¿Qué anécdotas recuerdas del juicio?

C.R.: La primera sería que decidimos entre los abogados no saludar a Fujimori. Cuando supimos que iba a ser un juicio televisado, nos dimos cuenta de la envergadura del caso. Primero que tienes que prepararte como nunca te has preparado en tu vida y además es un juicio en el que no solamente lo que dices es importante sino también los gestos. El hecho de no saludarlo en ninguna de las 161 oportunidades fue importante. Él insistió hasta la tercera o cuarta ocasión y de ahí ya entendió que había una distancia que su saludo no iba a romper. El hecho simbólico de que la sala principal de audiencias tuviera dos columnas: los familiares y las ONG por un lado y por otro lado, separados, los congresistas de Fujimori, su familia, los políticos cercanos… Eso fue algo difícil de llevar porque evidentemente en ese tema no había posibilidad de reconciliación. Otra cosa que marcó el juicio fue el arribo del fiscal Avelino Guillén, que no estaba previsto. Al inicio el fiscal iba a ser José Antonio Pelaez. Pero ahí hay un cambio, que obedece a una decisión política del Ministerio Público, de que sea el fiscal Guillén. Ése fue un cambio sustancial: al comenzar a interrogarlo, Pelaez lo llamó “presidente Fujimori”. Lo primero que le dice el fiscal Guillén es “acusado, siéntese bien, usted está en una sala de audiencias”. Él estaba sentado normal, sentía que el grito de “¡Yo soy inocente!” que había pegado en la primer audiencia había atarantado a los jueces. Y el fiscal recompone las piezas en el interior del juicio. Por la cara que pone Fujimori cuando le dicen se ve que se da cuenta por primera vez de que está en un juicio.

D.: ¿Sabías que la resolución iba a ser condenatoria?

C.R.: Cientos de periodistas nos preguntaban y decíamos que sí, porque las evidencias que se teníamos decían que él era responsable. Pero, como en todos los juicios, la sentencia se va viendo al final. Al final estábamos mucho más convencidos de que iba a ser condenatoria, porque habíamos visto un juicio en el que era evidente que habíamos derrotado a la defensa. El propio abogao de Fujimori, César Nakasaki, decía: “Ustedes considerarán que me están goleando, pero yo creo que aquí están ustedes ganando como un 3-2”. Yo creo que la defensa fue aplastada en el término más jurídico. Ninguno de los argumentos de Nakasaki fue recogido, a pesar de que es un tipo hábil.

D.: Además del caso Fujimori, también llevasteis el caso de la matanza en la cárcel del Frontón [donde más cien senderistas fueron fusilados tras un motín en 1986].

C.R.: En el tema del Frontón se produjo un logro muy importante. Nosotros llevamos el caso desde el año ‘87. Hemos transitado todo lo que se puede transitar en términos de mecanismos de impunidad: juicios militares, juicios secretos, falta de información, leyes de amnistía, injerencia política, resoluciones irregulares… todo lo que uno se pueda imaginar ocurrió en el caso del Frontón. A pesar de todo eso, en 2005 se logra abrir el proceso judicial. Es cierto que sólo contra los perpetradores materiales, no contra los que dieron las órdenes. Finalmente Alan García, Luis Giampietri y Agustín Mantilla, que son los principales responsables, y los mandos militares están simplemente como testigos. El juicio sigue abierto, en etapa de instrucción, la primera etapa en el proceso penal peruano. La estrategia del abogado Carlos Tapia, candidato este año al Congreso por el fujimorismo y expulsado de la lista porque tenía un pasado medio fascistoide, fue obstruir y obstaculizar el proceso. Desde mi punto de vista fue un error, porque si el juicio del Frontón se hubiese sentenciado en el Gobierno del presidente García, que está ahora terminando, es probable que una sentencia absolutoria no hubiera desentonado con las sentencias que en general están saliendo, es decir, absoluciones. Creo que ahí a la defensa le ha salido el tiro por la culata, porque ahora el juicio se hará con el nuevo Gobierno, sea el de Fujimori o el de Humala, pero en todo caso no será con el de García. En este caso, después del de Fujimori, es donde más ha intervenido la política.

D.: ¿Qué otros éxitos crees que ha habido en la lucha contra la impunidad en estos últimos años?

C.R.: Yo creo que a estas alturas, el hecho de que haya 70 casos abiertos por violación a los derechos humanos es muy notable, sobre todo porque varios de ellos indican la forma sistemática en la que se cometían estos crímenes. El caso de los desaparecidos de la Universidad del Centro, un caso muy importante que da cuenta de crímenes cometidos entre 1990 y 1993, demuestra que a pesar de que había cuatro jefes militares, los cuatro desarrollaban la misma política, algo que confirma que hubo una decisión superior y del Estado para que eso se ejecute. Y ya ni se diga de los crímenes del destacamento Colina. En los casos de Barrios Altos y de la Cantuta, dirigidos por este grupo, hubo condenas el año pasado y en 2008. Es cierto que se demoraron demasiado en juzgarse, pero son hechos notables.

Otro caso sumamente importante son los crímenes sexuales en las bases de Malta y Vilca en Huancavelica y el caso de una joven universitaria de apellido Montesa. Los dos casos los estamos manejando nosotros y han tenido sus complejidades. ¿Cómo se demuestra un crimen de violación sexual cometido hace 20 o 25 años? Ahí hay mucha doctrina sobre el hecho de que es un crimen contra la humanidad, pero el tema probatorio es el tema más importante. Nos ha costado entre seis y siete años lograr la judicialización. En el caso de Malta y Vilca, donde unas 30 mujeres fueron violadas en el lapso de diez años, la Comisión de la Verdad dice que es posible identificar que hay un patrón generalizado de la violación sexual como método de tortura. En 2009 se abre el caso Malta y Vilca y hace un mes se ha logrado la judicialización del caso de la universitaria Montesa. En ambos casos se ha conseguido que se calificaran los delitos como crímenes contra la humanidad. Más allá de ese éxito en lo jurídico, en realidad no sabíamos que el caso de Malta y Vilca es el primer caso en la región en el que un sistema de justicia nacional somete a la justicia un crimen de violación sexual y lo identifica como crimen de lesa humanidad. Suponíamos que en Guatemala y Colombia, donde también se utilizó como método, existirían casos semejante. Fue ingrata la sorpresa cuando nos dispusimos a buscar jurisprudencia y no había ningún caso. Por lo tanto Malta y Vilca se convierte en el primer caso en la región. Eso es un éxito notable, porque no solamente es un forma de reparar a las víctimas sino que se convierto en un aporte en el Perú y en América.

Los acuerdos económicos con las dictaduras árabes de Oriente Próximo y el norte de Africa explican el silencio internacional

Las revueltas no sólo desafían a la represión de los regímenes: también al implícito apoyo occidental a los tiranos mediante la economía

“Es la economía, estúpido!”. La famosa frase James Carville, asesor de Bill Clinton durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca en 1992, sirve para responder las preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué el insoportable silencio internacional ante los legítimos levantamientos de poblaciones que exigen libertad, dignidad económica y personal y democracia? ¿Por qué se han tolerado durante décadas los abusos a los derechos humanos de las dictaduras aliadas de Occidente que han generado la actual revolución que recorre el mundo árabe, desde Marruecos hasta Arabia Saudí? ¿Qué explicaba las visitas de Estado a regímenes dictatoriales y cleptocracias, los abrazos y besos con los autócratas árabes, las bendiciones a sistemas de Gobierno en las antípodas de la legalidad? La respuesta son miles de millones de dólares y una estabilidad regional que ha beneficiado a Europa y Estados Unidos y su principal aliado regional, Israel, a cambio de la inseguridad de las poblaciones árabes.

(Foto: AP)

El mérito de los manifestantes árabes que están poniendo en serios aprietos, cuando no derrocando, a sus regímenes es enorme. No sólo se enfrentan a un aparato de seguridad represor -lo que les condena, en caso de fracaso, a ser perseguidos y probablemente masacrados- sino también al mundo entero desde el momento en que los dictadores contra quienes se levantan están ligados con el resto de los países mediante vínculos difíciles de borrar: contratos comerciales que no entienden de ideología ni de moral.

Esa es la razón por la cual los documentos de las ONG denunciando torturas, represión, ausencia de libertades y elecciones amañadas nunca arrojaron la más mínima sombra sobre los regímenes amigos: Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes, el actual Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Mauritania, Omán, Qatar, Túnez, Yemen, Sudán, Marruecos… De hecho, consultando los informes redactados por las oficinas comerciales españolas en los citados países nadie desconfiaría de la legitimidad de los regímenes, y sobre todo nadie dudaría de los jugosos negocios que reportan a Estados Unidos o Europa. A costa, eso sí, de los excesos que se cometan contra sus poblaciones. Este es un resumen de lo que querían ver nuestros Gobiernos en Oriente Próximo y el norte de Africa y de lo que veían sus ciudadanos, por lo cual se están levantando en masa contra sus dictadores.

Arabia Saudí.- Con una economía dependiente de la exportación de crudo, Arabia Saudí depende de las exportaciones exteriores dada su escasa productividad en cualquier otro sector. Una circunstancia bien aprovechada por sus socios internacionales. Entre sus principales proveedores figuran EEUU (con negocios valorados en más de 13.600 millones de dólares en 2009) o China (10.800 millones en el mismo año) y de forma más modesta Francia (3.800), Italia (3.500) y Gran Bretaña (3.400). España figura entre los 10 principales países clientes con negocios por valor de casi 3.400 millones de dólares en 2009.
Asimismo, el pasado noviembre negociaba la venta de 200 carros de combate que le habría reportado 3.000 millones de euros, el mayor contrato de la industria armamentística española. ¿Para qué servirían esos carros? Las últimas actuaciones conocidas del Ejército de Arabia Saudí, un régimen wahabi [la versión más radical del Islam suní, que implica la segregación absoluta de sexos y relega a las mujeres a una condición de segunda clase] cuya fuente de jurisprudencia es la Sharia, han tenido como escenario Bahrein y Yemen. En el primero, activistas del reino denunciaron la entrada de militares saudíes para apoyar a la monarquía en la represión de las manifestaciones; en el segundo se produjo hace algunos meses, cuando el Ejército saudí atacó posiciones de los huthis, los rebeldes zaidíes [rama del chiísmo] situados en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí, en un ataque sectario.

En el país de la dinastía de los Saud, no sólo la pena de muerte está vigente (se realiza por decapitación y está en aumento, según las autoridades locales porque el crimen está en aumento) sino que también se aplican castigos corporales: las amputaciones de manos y pies por robo o la flagelación por delitos menores como “desviación sexual” -en referencia a la homosexualidad y la sodomía- y la embriaguez. La discriminación de las mujeres, que carecen de los más mínimos derechos -su situación es mucho más grave que en Afganistán- llega incluso a sus propias casas. No tienen derecho a votar ni a conducir, ni siquiera pueden caminar a solas sin un varón que les acompañe.  No hay libertad de culto, tampoco libertades sexuales ni libertad de reunión, prensa o de expresión. Los sindicatos están prohibidos, al igual que los partidos políticos. Como a sus socios europeos, a España parece importale poco semejantes minucias. Entre 1993 y 2008, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Arabia Saudí invirtió en España más de 70 millones de euros. Los habitantes de Arabia Saudí están convocados a protestas los próximos días 11 y 20 de marzo.

Argelia.- Como en el caso de Marruecos y Mauritania, en Argelia -gran productor de gas- España tiene amplios acuerdos de cooperación que incide positivamente en sus negocios.  El gobierno de Madrid es el cuarto país proveedor tras Francia (6144 millones de dólares), China (4.700) e Italia (3.700) con importaciones por valor de casi 3.000 millones de dólares anuales. A cambio, España importa gas argelino por valor de unos 3.900 millones de euros al año, siendo el tercer país cliente del régimen argelino. Entre sus exportaciones figuran aeronaves por valor de medio millón de euros.

Mientras los gobernantes se dan apretones de mano, el estado de emergencia que ha imperado en el país durante 19 años ha justificado detenciones irregulares, procesos judiciales dudosos, desapariciones forzosas, torturas, abusos policiales y restricciones en la libertad de expresión, de prensa y civiles. Desde 1993, se estima entre 30.000 y 40.000 el número de desaparecidos. Los argelinos llevan levantados contra su Gobierno desde el pasado diciembre, y exigen medidas contra el desempleo, la falta de vivienda, la inflación, la corrupción, la falta de libertades… Su primera victoria: la anulación del estado de emergencia que justificaba las detenciones irregulares de miles de personas desde hace décadas. Se estima que hay entre 30.000 y 40.000 desaparecidos.

Bahrein.- Este diminuto reino petrolífero poblado por casi el 70% de chiíes y gobernado por una dinastía suní desde hace dos siglos es un socio comercial privilegiado de Arabia Saudí -de ahí su enorme apoyo a la monarquía bahreiní, basado en interés económico y estratégico porque a Riad no le interesa un levantamiento popular que dé ideas en el interior del reino wahabi- pero también de Japón, Estados Unidos y Alemania por ese orden. A cambio, Bahrein exporta petroleo. Su población chií, mientras tanto, soporta una discriminación hacia los suníes que alcanza todas las esferas: no pueden acceder a puestos públicos ni ingresar en el Ejército, denuncian que sólo pueden acceder a las peores viviendas y cada vez que se han quejado en público han sido reprimidos. Las torturas son habituales en las cárceles como en otros países del Golfo Pérsico, así como el arresto arbitrario de disidentes políticos. Según los activistas, hay unos 400 presos políticos en las carceles del país. El país no llega al millón de habitantes. Las manifestaciones, reprimidas a sangre y fuego, han logrado por el momento la liberación de presos políticos y promesas de reformas democráticas.

Egipto.- Durante los 18 días que duró la revolución popular que derivó en la caída de Hosni Mubarak, apenas se escucharon críticas europeas y las escasas proferidas desde Estados Unidos sonaron a tibias. Examinemos por qué: el primer socio comercial de Egipto es la Unión Europea, que exportó bienes por valor de casi 18.000 millones de euros en 2009. De los países europeos Italia, Alemania, Francia y Reino Unido ocupaban los primeros puestos. España es el sexto exportador del país de los faraones. Estados Unidos, sin embargo, es la tercera potencia exportadora con negocios por valor de unos 5.300 millones de dólares en el citado año. Los informes de las ONG no podían competir con semejante volumen de negocios, por mucho que hablaran de torturas recurrentes, detenciones arbitrarias, violaciones en prisión para obtener confesiones y una total impunidad policial. Sin embargo, millones de egipcios vencieron su miedo y salieron a las calles tumbando la dictadura y haciendo Historia. Uno de los activistas que lanzaron las protestas, Wael Ghonim, lanzaba un mensaje inequívoco a Occidente tras su éxito. “No os habéis metido en 30 años. Por favor, no os metáis ahora”.

Emiratos Arabes Unidos.- El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha regresado de su gira por el Golfo eufórico por los acuerdos económicos comprometidos con los jeques de Emiratos pero sin mencionar las violaciones de los Derechos Humanos. En EAU -rico en gas y crudo- España ha cerrado negocios por valor de 1.900 millones de dólares sumándose así a países como China, Estados Unidos, Alemania o India, sus principales socios comerciales. A nadie le molesta que en los siete emiratos la mayoría de la población (se estima que el 80%) sean trabajadores asiáticos que carecen de derechos, muchos de los cuales son explotados y viven en condiciones infrahumanas. Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos denuncian la falta de protección y la discriminación que padecen. Además en los emiratos las instituciones no son elegidas de forma democrática, y la libertad de expresión y prensa se encuentran con numerosas dificultades.

Kuwait.- Mientras Zapatero se paseaba por Emiratos y Qatar, el rey Juan Carlos estrechaba la mano del Sheikh Sabah al Ahmad al Jaber, el emir de Kuwait, un monarquía supuestamente constitucionalista donde el primer ministro es el sobrino de Al Jaber y donde éste elige la composición el Gobierno. Sus familiares ocupan los principales puestos del poder. No existen partidos políticos aunque se toleran organizaciones ideológicas en el Parlamento electo, que puede ser disuelto -como ha ocurrido ya en cinco ocasiones- por antojo del emir. Estados Unidos, Japón, Alemania y China son sus principales socios comerciales; los hidrocarburos su gran baza. Con Washington tiene una principal relación que explica la existencia de bases norteamericanas en territorio kuwaití. Suficiente para que nadie alce la voz a causa de las violaciones de los Derechos Humanos como las que citaba Amnistía Internacional en su informe de 2009. “Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación y abusos y exigían protección de sus derechos. En algunos casos se procedió a su expulsión por haber participado en manifestaciones masivas. El gobierno prometió mejorar sus condiciones. Se procesó a periodistas. Se denunció un caso de tortura. Había al menos 12 personas condenadas a muerte, pero no se tuvo noticia de ninguna ejecución”. Las protestas en Kuwait, muy minoritarias, se han saldado con decenas de heridos. La próxima cita ha sido convocada el 8 de marzo.

Libia.- Petróleo y gas. Desde que Muammar al Gaddafi fue desclasificado como líder terrorista en 2002 y añadido a la categoría de socio occidental, los negocios con la dictadura libia -40 años de tiranía- se dispararon haciendo caso omiso de la represión interna y de la ausencia total de democracia. Gaddafi resultaba demasiado generoso para ser cuestionado cuando invertía 2.000 millones de dólares en Canadá o 30.000 en Estados Unidos. Ahora, el uso de aviación militar contra manifestantes que exigen el final de la tiranía obligan a reaccionar a los dirigentes internacionales. Italia y Alemania son sus grandes socios comerciales, España es el tercer país cliente: importa principalmente petróleo y gas. Entre 1993 y marzo de 2008, invirtió 189,36 millones de euros en Libia. Las exportaciones españolas en material de defensa aumentaron un 7.700% en 2008.

Marruecos.- Las violaciones de Derechos Humanos, principalmente relacionadas con el Sahara Occidental, nunca salen a relucir -ni siquiera en los episodios más violentos- con el socio marroquí, buen amigo de España y aliado de la Unión Europea y Estados Unidos. Entre sus principales socios comerciales figuran Francia, EEUU, Suecia, Alemania y España. Como con Argelia y Mauritania, Madrid mantiene amplios acuerdos de cooperación con Rabat que incluyen la venta de armas y material defensivo. Se estima que España es el principal país proveedor del reino alauí después de Francia, y su mercado representa la principal fuente de exportaciones españolas de todo Africa. En 2009, Marruecos recibió 30 millones de euros en vehículos militares españoles. El régimen de Rabat fue inicialmente comprensivo con los manifestantes, que el pasado 20 de Febrero salieron a las calles para exigir reformas democráticas y económicas, para luego actuar con contundencia ante cualquier atisbo de protesta.

Omán.-En esta monarquía absoluta sin partidos políticos y cuyo sultán, Qabus al Said, derrocó a su padre en golpe de Estado en 1970, los hidrocarburos son la clave de sus excelentes relaciones internacionales. Emiratos, India, Estados Unidos y China son sus principales socios comerciales, entre quienes se cuenta en mucha menor medida España, quien entre 1993 y 2008 ha invertido unos 38 millones de euros en la economía del sultanato. Según la ONG Frontline, los activistas de Derechos Humanos en Oman “sufren hostigamiento, detención arbitraria y torturas al ser interrogados. Cientos de académicos, periodistas y comentaristas fueron detenidos en arrestos masivos, e incomunicados sin ningún tipo de asistencia legal. Omán es signatario de tres de los siete tratados fundamentales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Las organizaciones independientes de derechos humanos no pueden operar dentro del país”. Las protestas en Omán han costado la vida a dos personas, y exigen respeto por los Derechos Humanos, reformas políticas y económicas que luchen contra la inflación y aumenten los sueldos y libertad de información.

Qatar.- Otro de los destinos del presidente Zapatero que dio importantes frutos económicos, con contratos apalabrados por valor de 3.000 millones de euros -más de 2.700 corresponden a inversiones en una empresa energética y otra de telecomunicaciones y 300 a una caja de ahorros-  y uno de los pocos países a salvo, por el momento, de las protestas. Anticipándose a cualquier contestación interna, el régimen de Qatar -una monarquía tradicional donde todas las decisiones recaen en la dinastía reinante- acaba de adelantar las elecciones municipales, un paso más en el lento proceso de reformas iniciado por el jeque Hamad ben Jalifa al Thani. Mantiene excelentes relaciones con todos los bandos, con Occidente, con el mundo árabe y con Irán, lo que le ha convertido en un mediador por excelencia en la región. Japón, Estados Unidos, Alemania e Italia son sus principales países proveedores y España es su séptimo país cliente. En materia de Derechos Humanos, las restricciones a la libertad de expresión -pese a haber creado Al Jazeera- son frecuentes, los activistas son habitualmente hostigados, Internet es vigilado y se acusa al régimen de Al Thani de no garantizar los derechos mínimos de los trabajadores extranjeros. No existen partidos políticos. Los qataríes están llamados a una manifestación a mediados de marzo.

Yemen.- Las protestas duran ya dos meses y son diarias: decenas de miles de yemeníes desafían cada día el despliegue de la Seguridad y también de los fieles del dictador Abdula Ali Saleh, 32 años en el poder, para exigir el final de la dictadura. Las primeras concesiones no tardaron en producirse ante la presión popular: Saleh renunció a la reforma constitucional que preparaba para permanecer en el puesto de forma vitalicia, luego renunció a que su hijo le sucediese, después anunció que no renovaría su mandato tras 2013, cuando éste expirará oficialmente, y ahora ofrece un Gobierno de unidad nacional que la oposición y los activistas rechazan. El dictador cada día está más solo: incluso su tribu, así como otros clanes determinantes del país más pobre de Oriente Próximo, le han retirado su apoyo. El principal clérigo yemení, Abdul Majid al Zindani, se ha unido a los manifestantes, que exigen su salida inmediata y la instauración de una democracia. Su riqueza también reside en los hidrocarburos, y sus principales socios comerciales son China, India, Emiratos y Estados Unidos, con quien mantenía estrechas relaciones militares que permitieron bombardeos secretos norteamericanos contra supuestos objetivos de Al Qaeda que se atribuyó el propio Saleh, según se desveló mediante las filtraciones de Wikileaks. En materia de Derechos Humanos, las torturas, la represión, la falta de libertades, la detención arbitraria de disidentes y la colaboración con el programa de rendiciones extraordinarias norteamericano -el secuestro de ciudadanos que son interrogados en terceros países para permitir el uso de torturas en la obtención de confesiones- es algo habitual. Se estima que unas 30 personas han muerto ya en las manifestaciones.

Túnez.- Los 20 años en el poder de Ben Ali le dieron el poder sobre la economía tunecina y forjaron vínculos con Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos entre otros países occidentales en forma de contratos. La cleptocracia fue derrocada por el movimiento popular revolucionario que estalló tras la inmolación de un joven de provincias extendiéndose por todo el norte de Africa y Oriente Próximo. Los motivos económicos -el alto desempleo, el alza de los precios, la escasez de vivienda- se combinaron con una población educada y hastiada por la corrupción del régimen, pero como en el resto de las protestas las violaciones de los Derechos Humanos, desde la represión policial hasta la discriminación o la falta de libertades, también jugaron un papel.

1. Hay dos maneras de no entender o de no querer entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo árabe. La primera consiste en afirmar que lo que piden los pueblos insurrectos es “democracia”, el tipo de democracia que conocemos en Europa o en Estados Unidos y que el Imperio ha exportado por las armas a Iraq y Afganistán. Esta postura intenta cerrar cuanto antes y con las menores consecuencias posibles el momento revolucionario. De lo que se trata es de que ese poder constituyente, manifestación de un sujeto histórico intermitente y evanescente como es todo sujeto revolucionario, desaparezca del escenario para dejar paso al orden normal de las cosas. En los expresivos términos de Jacques Rancière, se trata de que la política, la siempre traumática salida a escena de los excluidos, de los no representados y no contados, deje paso a la gestión de lo representable, que él denomina con histórica precisión “policía”.

(Arte: Baracutey112 / flickr)

Nosotros vivimos en ese fantasma que se autodenomina Occidente en un reino apolítico de la gestión, en un Estado de policía que denominamos “democracia”, pero que describe mucho mejor Alain Badiou con su término “capital-parlamentarismo”. Cuando la multitud sale a la calle y crea en Túnez y en Egipto un espacio público político que antes no existía y cuando la dinámica misma de ese espacio público transformada en poder constituyente expulsa a los tiranos neocoloniales que gestionaban policialmente sus países, ciertamente hay un impulso democrático. Ahora bien, ese impulso democrático es político, manifiesta una voluntad de incluir a los excluidos, de representar lo hasta el momento irrepresentable.

Una revolución es siempre un acto imposible que deviene real. El orden policial es el cálculo y gestión de los posibles, de tal modo que nuestras “democracias” sólo son capaces de repetir incansablemente la misma cantilena capitalista mediante la exclusión efectiva de las mayorías sociales de los centros de decisión. El sistema de democracia representativa de partidos es así un formidable mecanismo que permite tener a la chusma -que es la mayor parte de la población- a raya, pues en el capitalismo democrático, sólo se representan, sólo tienen voz, los sectores sociales que no ponen en peligro el sistema de explotación. Que no se desconsuele la “disidencia” cubana, resulta tan difícil en la democrática Europa cuestionar de manera efectiva el orden capitalista como hacer propaganda a favor del capitalismo en Cuba. Son cosas de la lucha de clases que, en cada caso, define el orden de lo posible. La política, cuya expresión más visible es la revolución, rompe con un orden de posibles imposibilitantes afirmando incondicionalmente que lo que ayer era inconcebible pasa a ser una realidad efectiva. Lo posible no es la condición “realista” de la novedad y del “progreso”, sino la repetición de lo mismo. Sólo la exigencia propiamente política de lo imposible crea la verdadera novedad.

Los procesos abiertos en el mundo árabe pueden así evolucionar en dos direcciones: o bien se encaminan a consolidar la representación de los nuevos sectores sociales que han emergido en las revoluciones en curso, o bien se cierran mediante una rápida normalización “democrática”. La primera opción conduce inevitablemente a una toma de distancia de los países árabes en revolución con respecto al orden capitalista mundial, que puede tomar la forma abierta de una revolución socialista o, como mínimo, la de una contestación radical del oden neoliberal. En la América Latina actual tenemos ejemplos de ambos tipos de procesos y de sus combinaciones. Efectivamente, las dictaduras neocoloniales del mundo árabe perpetúan un sistema de dominación y de dependencia impuesto por el orden capitalista mundial. La famosa “imposibilidad” de la democracia en el mundo árabe no es sino la incompatibilidad de cualquier forma de democracia con la necesaria supeditación de los pueblos a un orden neocolonial. Las dictaduras tunecina y egipcia, pero también el resto de los regímenes árabes, son instrumentos de la dominación neocolonial europea y estadounidense. Son los antiguos regímenes coloniales gestionados por “personal indígena”. De ahí que la ruptura con las tiranías suponga necesariamente, si quiere consolidarse como tal, una ruptura con el lugar neocolonial que corresponde a estos países en la organización capitalista del planeta. Esto lo comprendieron muy rápidamente los revolucionarios cubanos que derribaron la tiranía de Batista y tuvieron que radicalizar sus objetivos democráticos y nacionalistas iniciales comenzando un largo proceso de salida del capitalismo.

2. La segunda manera de no querer entender lo que está pasando consiste en considerar que todo es resultado de una vasta conspiración imperial. Algunos sectores de la izquierda lo afirman, considerando que unos pueblos que no son dirigidos por organizaciones de izquierda tienen que estar manipulados por el imperialismo. Los que sostienen esta hipótesis afirman además que, mediante estas revoluciones orquestadas que se parecerían a las revoluciones “de colores” de Europa del Este y de la antigua URSS, Europa y los EEUU obtendrían una remodelación política del norte de África y del Oriente Medio favorables a sus intereses. Extraña idea, pues cabe preguntarse cómo se puede defender mejor los intereses del capital a nivel mundial y los del orden neocolonial en su propia región de lo que lo hicieran personajes como Mubarak o Ben Alí, cuyas alabanzas como dirigentes moderados y buenos gestores económicos fueron cantadas por todos los dirigentes occidentales y por el FMI hasta el momento mismo en que sus pueblos los derribaron. La situación abierta por los procesos en curso es demasiado peligrosa para el orden capitalista mundial para que esa hipótesis de la conspiración pueda tomarse en serio. Ciertamente, en un proceso abierto nada está decidido y puede darse una relativa vuelta atrás, pues todo depende de la correlación de fuerzas, pero ello no quiere decir que deba descartarse una evolución de estos procesos hacia una definitiva ruptura con el orden neocolonial. Recuérdese que cuando triunfaron los revolucionarios cubanos en 1959 se planteaban exactamente las mismas disyuntivas, hasta que estos comprendieron que una democracia en Cuba significaba necesariamente una ruptura con el capitalismo dependiente y, en último término, con el capitalismo sin más.

Resultan sumamente alarmantes algunas reacciones latinoamericanas ante los acontecimientos del norte de África. En primer lugar, la tibieza con la que los medios de los gobiernos de izquierda acogieron los procesos revolucionarios de Túnez y de Egipto. Puede comprenderse que países que los Estados Unidos han puesto en el Eje del Mal teman un zarpazo del Imperio y que vean la oleada revolucionaria del mundo árabe como un proceso de “normalización democrática” de la región que podría extenderse a los procesos políticos latinoamericanos en ruptura con el neoliberalismo y el capitalismo. Sin embargo, la hipótesis de una serie de “revoluciones de colores” manipuladas desde Washington no se sostiene. Ver con recelo desde La Habana, Caracas o Managua los procesos revolucionarios en curso, peor aún, defender, como ha hecho Daniel Ortega, a un personaje impresentable como Muamar El Gadafi, sanguinario “kapó” árabe de los campos de exterminio europeos para emigrantes clandestinos en suelo libio y notorio compañero de orgías y negocios de Silvio Berlusconi, es hacer un gigantesco favor al Imperio en la difícil situación que hoy atraviesa.

Desconfiar de las revoluciones árabes, apoyar, aun sea tibia y ambiguamente, a las tiranías neocoloniales que oprimen a sus pueblos es prestar el flanco a una brutal ofensiva imperial. Lo que hoy ocurre en el mundo árabe no es la continuación de la “democratización” de Iraq o de Afganistán “por otros medios”, sino una serie de genuinos procesos revolucionarios con todas sus posibilidades y riesgos. En Cuba derribaron a Mubarak hace algo más de 50 años, en Venezuela expulsaron a Ben Alí hace ya más de un decenio. Hace falta la torva imaginación de la colaboradora de PRISA en Cuba Yoaní Sánchez para sugerir que los dirigentes de su país se aferran a “las posesiones materiales que alcanzaron con el poder: las piscinas, los yates, las botellas de whisky, las abultadas cuentas bancarias y las mansiones por todo el territorio nacional.” Yo personalmente no tengo noticia de esas posesiones materiales ni conozco a nadie que las haya visto. De lo que se trata es de crear una imagen de Cuba comparable a las de las tiranías norteafricanas en las que unos dirigentes corruptos se han enriquecido sin límite a costa de la población. El problema de Yoaní es que cualesquiera que sean los errores que sin duda han cometido la dirección revolucionaria y el gobierno de Cuba, y de los que como ciudadana tiene derecho a quejarse, esa casta oligárquica neocolonial que ella imagina no existe hoy en Cuba. Esto explica también el fracaso de los repetidos llamamientos de la “oposición” cubana a organizar manifestaciones contra el gobierno, espléndidamente ilustrado por el blog de Enrique Ubieta. Que los blogueros y los grandes grupos de prensa del anticomunismo no se equivoquen de período histórico: en Cuba Mubarak fue derrocado un ya lejano 1 de enero de 1959.

Esta semana nos dedicamos a analizar los sucesos en el medio oriente, y las repentinas revueltas populares que amenazan todo régimen monárquico y dictatorial en la zona.

Intermedio musical: Banda: Voivod | Canción: Mr clean | Disco: Katorz | País: Canadá

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*El lenguaje utilizado en esta sección puede contener un vocabulario ofensivo para algunas personas

(Arte: Cai Baolie)

Reflexiones actuales e intempestivas con ocasión de la caída de algunas tiranías

La relación entre el poder político y la violencia siempre ha sido problemática, pues todo poder político se basa, por brutal que sea en una apariencia de derecho, al tiempo que mantiene siempre dispuesto a intervenir el puño de hierro de los aparatos represivos. Por otra parte, en sus inicios, todo poder echa sus raíces en la violencia, al menos en el sentido elemental de que no se conoce ninguno que haya surgido de un consenso racional y del libre consentimiento de todos los individuos; y donde no hay libre consentimiento, siempre existe algún grado de coacción y de violencia. Las teorías del pacto social siempre sirvieron para ocultar este hecho y dar una apariencia de continuidad entre el orden jurídico-político constituido y sus orígenes. Así, el derecho establece retroactivamente la ficción de que siempre ha existido y de que el ordenamiento jurídico-político vigente ha estado “siempre-ya” basado en el derecho. Esa intemporalidad del derecho nadie la ha expresado mejor que Jean-Jacques Rousseau cuando sentaba como principio metodológico del Contrato Social el lema: “Dejemos de lado todos los hechos”.

La ficción jurídica de la intemporalidad del derecho tiene una importante función ideológica y contribuye a que también en el eje temporal se produzca la saturación del orden social que caracteriza al discurso jurídico. Para el derecho todo debe ser derecho: todas las situaciones del presente, pero también el propio origen del ordenamiento jurídico. Por ello es importante ocultar por todos los medios el trauma inicial: el momento inaugural de no-derecho en que se funda todo derecho. Frente a la saturación jurídica, el “todo debe ser conforme a derecho”, cuyo broche es la idea de Estado de derecho, esto es la identificación del Estado con el derecho (Kelsen), el materialismo jurídico de Maquiavelo, Spinoza o Marx ha afirmado el fundamento no jurídico del derecho, o, en otros términos, su continuidad rigurosa con las correlaciones de fuerza que rigen el orden natural. Para el materialismo jurídico, el origen del derecho no es jurídico, como tampoco lo es el fundamento del propio derecho. El derecho está siempre determinado -sobredeterminado- por realidades no jurídicas, sin que la recíproca pueda afirmarse: el derecho no determina en su totalidad las realidades no jurídicas.

De lo anterior se deduce la necesidad de que en toda sociedad que se presente como un orden jurídico saturado, como ocurre en las sociedades capitalistas, que se declaran Estados de derecho, la pregunta sobre el origen del ordenamiento jurídico, esto es sobre el origen del soberano que dicta el ordenamiento, sólo deba contestarse en términos siempre ya jurídicos. Cualquier intento de romper el círculo vicioso del derecho mediante una reconstrucción de su origen histórico y de su fundamento material efectivos se convierte automáticamente en un discurso subversivo. Afirmar que el fundamento del Estado es la lucha de clases, que el Estado, incluso el Estado de derecho es siempre y sólo un aparato de dominación de clase como afirma el marxismo, o, que la correlación de fuerzas es el fundamento de toda soberanía como sostiene Spinoza, es romper la saturación propia del discurso jurídico, introduciendo un elemento extrajurídico no retraducible en términos jurídicos.

Afirmaba Kant en sus Principios metafísicos del derecho que: « El origen del poder político es inescrutable desde el punto de vista práctico para el pueblo que está sometido a él; es decir que el súbdito no debe razonar prácticamente σobre este origen, como sobre un derecho controvertido (jus controversum) con respecto a la obediencia que le debe. Porque, puesto que el pueblo, para juzgar válidamente el poder soberano de un Estado (summum imperium) debe ya ser considerado reunido bajo una voluntad legislativa universal, no puede ni debe juzgar de otra manera más que como agrade al poder soberano existente.[....] Porque si el súbdito que investiga hoy este último origen quιsiese resistir a la autoridad existente debería ser castigado con toda razón, expulsado o desterrado (como proscrito- vogelfrei-, exlex) en nombre de las leyes de esta autoridad. Una ley que es tan santa (inviolable) que aun es un crimen en la práctica ponerla en duda, y por consiguiente impedir su efecto por un solo instante, es concebida de tal suerte que no debe ser mirada como procedente de los hombres, sino de algún legislador muy grande, muy íntegro y muy santo [...] »(I. Kant, Principios metafísicos del derecho Segunda parte, XLIX, Observación general). Esta prohibición de investigar el origen del poder va acompañada para quien ose infirngirla de la terrible sanción que supone la muerte civil. El curioso en materia histórica se declarará “vogelfrei”, lo cual significa que podrá ser matado sin delito por cualquiera y que su cuerpo no será enterrado, quedando entregado a los pájaros. En derecho germánico antiguo la declaración de un individuo como “vogelfrei”, es una condena de exclusión total del orden social equivalente a la declaración de “homo sacer” en Roma. Quien explora lo extrajurídico queda así arrojado a lo extrajurídico, a los pájaros y a las fieras. La santidad de la ley sólo se reconoce como tal si va acompañada de estas amenazas y maldiciones para quienes la transgredan.

Kant no es, sin embargo, tan ingenuo o tan conformista como algunos kantianos, pues reconoce que una revolución triunfante puede ser origen de un poder legítimo, por mucho que su fundamento y origen se encuentren en la violencia: « si sucede una revolución y se establece una constitución nueva -afirma Kant en los Principios metafísicos del derecho-, la injusticia de este principio y de su realización, no puede dispensar a los súbditos de la obligación de someterse al nuevo orden de cosas como buenos ciudadanos, y no pueden dejar de obedecer honestamente a la autoridad soberana que está entonces en el poder. » En otros términos, y de manera no muy alejada de los planteamientos de Maquiavelo en el Príncipe, Kant reconoce que, de manera retroactiva, la violencia -victoriosa- se puede legitimar a sí misma como fundamento del derecho y que, a partir del este origen puede inaugurarse una nueva ficción de orden jurídico saturado, esperando, probablemente, que el tiempo borre la memoria de la violencia fundadora.

En estas últimas semanas, estamos viviendo un proceso como el que describía Kant a propósito de la revolución francesa, pero al revés, un proceso de deslegitimación retroactiva. Después de haber apoyado durante décadas a toda una serie de regímenes de los países árabes calificándolos como “países árabes moderados” y “amigos de occidente”, alabando sus progresos hacia la democracia y sus resultados económicos, los Estados Unidos y la Unión Europea han tenido que reconocer que son regímenes tiránicos y despóticos, que son “dictaduras”. Las insurrecciones populares que están teniendo lugar en Túnez y Egipto han hecho ya un milagro, que las potencias occidentales digan lo que nunca habían dicho: que los regímenes de Ben Ali y de Mubarak son dictaduras, regímenes basados en la violencia. Al igual que la violencia revolucionaria quedó legitimada por la victoria de la revolución, los regímenes amigos de occidente en el norte de África se ven deslegitimados y reconocidos como los despotismos que siempre han sido gracias a la eficaz pedagogía de las poblaciones insurrectas. De este modo, para el Occidente acostumbrado a ocultar e ignorar el fundamento del poder de sus regímenes amigos y aliados, sólo habrán sido dictaduras retrospectiva o retroactivamente. Cuando caigan, o mejor cuando derribemos a su vez al norte del Mediterráneo a las propias dictaduras capitalistas occidentales que se presentan como Estados de derecho, nos percataremos de lo que siempre habían sido.

Fotografía de un líder previo de la Hermandad Musulmana en Egipto (Foto: Dominic Nahr / Wall Street Journal)

Un millón de personas marchó por las calles en El Cairo este martes, un millón más marchará hacia el palacio presidencial egipcio en Heliópolis el próximo “Viernes de la Partida”. El grafiti más común –pintado también sobre los tanques Abrams estadounidenses de color caqui– así como la consigna más popular, sigue siendo “el pueblo quiere que caiga el sistema”. Parece que el ejército ha elegido su lado, afirmando tácitamente que “no recurrirá a la fuerza contra nuestro gran pueblo”.

Con el barril Brent de petróleo rompiendo la barrera de los 100 dólares por primera vez desde septiembre de 2008, los temores crecientes sobre el flujo del petróleo por el Canal de Suez, bancos, escuelas y la bolsa cerrados, comités populares dirigiendo la seguridad, la quema de sus uniformes por algunos policías que se suman a las protestas y filas de activistas, manifestantes y blogueros gopeando con furia los teclados para transmitir la palabra (antes de que el presidente Hosni Mubarak tuviera la “valentía” de cerrar el último servidor de Internet en funcionamiento), la revolución egipcia puede estar acercándose a la fase final.

La estrategia del faraón y su “sucesor”, Omar “el torturador suave”, Suleiman de utilizar al ejército para intimidar, y luego recuperar la calle, sólo podría tener éxito si el Nilo se tiñera de sangre esta semana. Parece poco probable. A pesar de todo esta implacable dictadura militar hará todo lo posible por aferrarse al poder.

Tal como lo ve la multiforme calle egipcia, no se trata de que, como señala de modo tan curioso el Wall Street Journal, “tal vez la nueva fase sea feliz para Washington”. A esas masas en la Plaza Tahrir (Plaza Liberación) que protestan arriesgando sus vidas no les importa un rábano, lo mismo que no les importa un rábano la seguridad de los suministros de petróleo a Occidente o la seguridad de Israel. Se trata de Egipto, no de EE.UU.

El domingo, el presidente de EE.UU., Barack Obama instó a un dócil “cambio en el gobierno de Egipto”, mientras las calles gritan “¡fuera el dictador!”. Al-Jazeera tuvo que salir con un editorial en el que recuerda a todos que la definición de “reforma” de Obama simplemente no puede significar el mismo régimen corrupto/represor con un retoque.

Estamos ante una situación revolucionaria clásica; los que están arriba no pueden imponer su voluntad como solían hacerlo, los muchos que están abajo se niegan a ser dominados como lo hacían. Infinitamente desconcertadas, las capitales de EE.UU. y Europa pueden agregar en el mejor de los casos cantos de fondo al revuelo de la calle. La calle quiere una vida política e institucional sólida y poder ganarse la vida decentemente en un entorno menos corrupto. Y resulta que es imposible bajo las reglas inmutables del juego: el sistema de “nuestro” dictador apoyado por el Occidente industrializado.

Entre sonsas teorías conspirativas como que la revolución egipcia está financiada por el lobby judío, la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., el financiero estadounidense George Soros, o todos juntos, a la calle egipcia no puede importarle menos si el faraón decide o no “dirigir una transición ordenada”; no aceptará nada menos que su pasaje sin retorno, tal vez para abrazar a sus amigos en la Casa de Saud. Especialmente ahora que la calle ha visto cómo, con Suleiman, Mubarak está imitando al Shah de Irán en 1978, cuando instaló a Shapour Bakhtiar como primer ministro (y no funcionó).

Hablad con la Esfinge

El futuro camino sensanto apunta a una alianza cívica egipcia dominada por todos los sectores opuestos al régimen (virtualmente todos los del país) y el componente inevitable, el ejército. Por mucho que sectores del establishment en Washington y los medios corporativos de EE.UU. hayan estado elucubrando frenéticamente, no existen condiciones objetivas para una toma del poder islamista; es simplemente estúpido.

Washington puede estar a punto de dar luz verde a Mohamed El-Baradei –crucialmente apoyado por la Hermandad Musulmana-. Pero ni siquiera la Esfinge de Giza sabe si esto será suficiente para la calle.

El-Baradei es una persona extraña y creíble. Durante los duros años del faraón estuvo en el extranjero. No es pusilánime, y se mantuvo firme estoicamente con respecto a Irán contra el gobierno de George W. Bush como jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica. El-Baradei, galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2005 en realidad puede emerger como “puente” antes de unas elecciones libres y limpias, una nueva constitución y un nuevo orden en Egipto.

Pero no hay evidencia de que vaya a urdir una política económica muy diferente de la del usual engaño del “ajuste estructural” del Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial, con muchas sospechosas privatizaciones mezcladas con ese mantra nebuloso de Davos: “buena administración”. Si es así, la calle tenderá a enfurecerse realmente, de nuevo.

Por el momento, no hay mucha evidencia de que Egipto pueda seguir el camino de Irán en 1979. La izquierda secular estuvo a cargo del gobierno post revolucionario de Irán (en Egipto, la izquierda está diezmada por la represión). Irán sólo se convirtió en una república islámica meses más tarde, después de un referendo nacional (si eso sucediera, los egipcios apoyarían abrumadoramente una república secular). La perspectiva más probable, positiva, es que en 2012 Egipto, políticamente, pueda parecerse más a Turquía.

Esto nos deja con la candente pregunta sin respuesta que está por encima de todas: ¿cuál será el papel post revolucionario de la Hermandad Musulmana (HM)?

Hermanos al rescate

La HM provoca un miedo total en todo Occidente porque el régimen de Mubarak siempre la asimiló efectivamente con al-Qaida. Es ridículo.

La HM fue fundada por Hasan al-Banna en el puerto de Ismailia en 1928 –luego se trasladó a El Cairo-. Su preocupación inicial fue concentrarse en servicios sociales, estableciendo mezquitas, escuelas y hospitales. Durante las últimas décadas, la HM logró convertirse en la fuerza política fundamentalista más importante del mundo suní. También es el mayor partido disidente de Egipto, con 88 escaños de los 454 de la cámara baja del Parlamento.

La HM no apoya la violencia –aunque lo hizo en el pasado, hasta los años setenta-. El aura de violencia se relaciona sobre todo con el legendario Sayyid Qutb, considerado por muchos como padre espiritual de al-Qaida. Qutb, crítico literario que había estudiado en EE.UU., se unió a la HM en 1951 y se separó años más tarde.

Las ideas de Qutb eran radicalmente diferentes de las de al-Banna –especialmente su concepto de una “vanguardia” que tiene más de Lenin que de El Corán-. Estaba convencido de que la democracia era “un fracaso” en el mundo islámico (a diferencia de la abrumadora mayoría de los egipcios en la actualidad, que luchan por la democracia; la HM, además, participa plenamente en la sociedad civil y política.) Qutb ni siquiera se califica como el pensador islamista moderno más influyente; el Islam político dominante, personificado por la autoridad del imam de al-Azhar en El Cairo, lo refutó despiadadamente.

Contrariamente a la propaganda neoconservadora estadounidense, la HM tampoco tuvo nada que ver con los movimientos fascistas en la Europa de los años treinta o con partidos socialistas (en realidad está a favor de la propiedad privada). Es sobre todo un movimiento nativo urbano, de la clase media baja, tal como lo define el profesor de la Universidad de Michigan, Juan Cole. Incluso antes de la revolución, la HM estaba comprometida con el derrocamiento del régimen de Mubarak, pero pacífica y políticamente.

La Hermandad Musulmana iraquí, fundada en los años treinta en Mosul, ahora es el Partido Islámico Iraquí y un protagonista político importante que siempre ha mantenido un diálogo con Washington. Y en Afganistán, el partido Jamiat-I Islami fue inspirado por la HM.

La HM ciertamente no rechaza la tecnología y la innovación intelectual.

Está verdaderamente por todas partes en las calles de la revolución egipcia, pero con mucho cuidado de no mostrar una actitud “descarada”. Según el portavoz Gamel Nasser, se considera sólo un pequeño sector de la revolución. Y la revolución tiene que ver con el futuro de Egipto, no del Islam.

Algunos podrán argumentar una vez más que es lo mismo que lo que decían los mulás en Teherán en 1978/1979. Indudablemente el shah fue depuesto pràcticamente por todos los sectores de la sociedad, incluido el Partido Comunista. Entonces los teócratas se hicieron cargo, violentamente. Según sus antecedentes, durante las últimas tres décadas, no existe evidencia de que la HM tendría el alcance necesario para intentar la misma acción.

A los extranjeros les cuesta imaginar lo brutal que ha sido la máquina de represión de la policía estatal de Mubarak. El sistema se basa en 1,5 millones de policías, cuatro veces la cantidad de miembros del ejército. Sus salarios se pagan en gran parte con los 1.300 millones anuales de “ayuda” de EE.UU., que también ha servido para reprimir duramente a la clase trabajadora y en general a cualquier organización progresista.

Esta situación ha existido desde mucho antes de Mubarak. La historia formulará preguntas directamente al fantasma del ex presidente Anwar Sadat. Éste creó una “trifecta” para hacer que sus políticas intifah (puertas abiertas) funcionaran; el FMI le aconsejó que creara una economía rudimentaria de exportación, manipuló la religión para extraer fondos de Arabia Saudí y así aventajó a la HM, y obtuvo miles de millones de dólares de EE.UU. por llegar a un acuerdo con Israel. La inevitable consecuencia crucial de todo esto es que fue un monstruoso Estado policial dedicado, entre otras joyas represivas, a una lucha brutal contra las organizaciones de la clase trabajadora.

Y este es el antídoto para al-Qaida

Incluso mientras la devastaban durante las décadas de Sadat y Mubarak, la HM por lo menos conservó una estructura. En las elecciones libres y limpias, la HM ciertamente conseguiría por lo menos un 30% de los votos.

A los medios corporativos globales les vendría bien desplazarse a la central de la Hermandad Musulmana en El Cairo, en El Malek El Saleh, y aprender algo. El nuevo jefe de la HM, Mohamed Badie, se preocupa más del área social que de la política. Sobre la posibilidad de que Egipto acabe siendo un Estado islámico, insiste en que la decisión será “del pueblo”.

A diferencia de Badie, Sherif Abul Magd, profesor de ingeniería en la Universidad Helwan y jefe de la HM en Giza, fue mucho más locuaz al hablar con el periódico italiano La Stampa. Tuvo cuidado de destacar que los manifestantes no deberían oponerse a los militares. Subrayó que “nuestro pueblo ya controla las calles”.

Sobre todo bosquejó la estrategia de la HM para la próxima etapa; a un primer ministro interino deberían agregarse cinco jueces para establecer un comité presidencial encargado de reescribir la constitución y luego de convocar a elecciones para el Parlamento y la presidencia.

Magd fue inflexible: “Un Estado islámico no está en conflicto con la democracia, pero el pueblo debería poder elegirlo”. Washington ya lo sabe, pero en todo caso se alarmará porque la HM no cree en ese famoso cadáver geopolítico: el proceso de paz israelí-palestino; “la paz es imposible sin un acuerdo con Hamás”. En cuanto a al-Qaida: “actualmente sólo es una invención de la CIA para justificar la guerra contra el terror”.

La calle árabe sabe –y en gran parte aprueba– que la HM se ha opuesto permanentemente a los acuerdos de Camp David de 1978 y no reconoce a Israel. Estratégicamente, la HM ha comprendido que es contraproducente destacarse ahora; otra cosa es en el futuro. El punto crucial es que la HM se opone firmemente a la violencia contra los civiles, y por lo tanto rechaza con firmeza a al-Qaida. Una HM que rechaza la violencia y que es muy activa en la política civil en Egipto posiblemente no asustará a Occidente. Como partido establecido del Islam político, la HM podría ser el mejor antídoto para fanáticos al estilo de al-Qaida.

Al contrario de lo que dicen las sirenas alarmistas de derecha, ningún “fervor islámico” envuelve a Medio Oriente. Al contrario, lo que se ve actualmente es mucha corrupción moral, que para colmo está del lado equivocado de la historia.

La posición de Israel se explica por sí misma, desde el Jerusalem Post que describe la revolución egipcia como “el peor desastre desde la revolución de Irán”, hasta un columnista del periódico Ha’aretz que vocifera que Obama traicionó a “un presidente moderado egipcio que se mantuvo leal hacia EE.UU., promovió la estabilidad y alentó la moderación”.

En cuanto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, telefoneó a Mubarak para decirle cuánto lamenta todo este lío; y luego ordenó a sus matones que impidieran que los palestinos manifestaran su apoyo a la democracia en Egipto.

No cabe duda, con la HM como parte de un gobierno egipcio, un gobierno egipcio verdaderamente soberano, el tratado de paz entre Israel y Egipto será volverá a negociar (la HM está a favor de un referendo). Y así llegamos al meollo de la cuestión. Después de esta revolución, los intereses de EE.UU. e Israel posiblemente no podrán converger, ni siquiera como una ilusión óptica.

No es una revolución antiestadounidense; es una revolución contra un régimen apoyado por EE.UU. Un gobierno post Mubarak legítimo y soberano posiblemente ya no podrá ser un títere de Washington, con todas las implicaciones regionales que esto significa. Y eso va mucho más allá de la HM. Tiene que ver con el corazón milenario del mundo árabe que posiblemente está al borde de un drástico cambio radical.

Pepe Escobar es autor de “Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War” (Nimble Books, 2007) y “Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge”. Su último libro es “Obama does Globalistan” (Nimble Books, 2009).

In recent weeks, popular uprisings in the Arab world have led to the ouster of Tunisian dictator Zine El Abidine Ben Ali, the imminent end of Egyptian President Hosni Mubarak’s regime, a new Jordanian government, and a pledge by Yemen’s longtime dictator to leave office at the end of his term. We speak to MIT Professor Noam Chomsky about what this means for the future of the Middle East and U.S. foreign policy in the region. When asked about President Obama’s remarks last night on Mubarak, Chomsky said: “Obama very carefully didn’t say anything.” “Obama very carefully didn’t say anything. … he is doing what U.S. leaders regularly do whenever a favorite dictator is in trouble, try to sustain him, hold on. If at some point that becomes impossible, switch sides.”