Desde Panamá  siguen llegando las noticias del heroico conflicto y resistencia que han presentado los pueblos indígenas a los planes de saqueo, recolonización y depredación de los grandes capitales de las industrias extractivas imperialistas en ese país. El Gobierno de Martinelli que apuntala a esos capitales no ha escatimado la represión brutal tras esos propósitos. Paralelo a ello y en atención a la gran demanda de recursos energéticos que requieren las grandes industrias, se impulsan proyectos de construcción de grandes represas hidroeléctricas que por sí mismas también conllevan irreparables atropellos al medio ambiente y a los derechos territoriales, económicos, sociales, históricos y culturales de esas comunidades. Es notorio pues, que esta estrategia de implantación de grandes proyectos mineros e hidroeléctricos a expensas de los derechos y la autonomía de pueblos indígenas y no indígenas, se ha convertido en receta común de cuanto régimen o gobierno de signo derechista o progre-izquierdista tenemos en América Latina. El caso en comentario de Panamá con Martinelli es elocuente. Pero no lo son menos los casos de los pueblos mapuches y la Hidroaysen en Chile bajo el gobierno de Piñera, de las regiones de Cajamarca en Perú bajo el gobierno de Ollanta Humala, ni qué decir la prolongada resistencia de los pueblos amazónicos bajo los gobiernos Lula-Dilma, del entreguismo a los grandes capitales de la minería a cielo abierto bajo el gobierno del exguerrillero Pepe Mujica en Uruguay, o -ni más ni menos- que el caso de los pueblos indígenas del Tipnis en Bolivia bajo el gobierno de su “hermano” Evo Morales.  

Estamos de acuerdo: Una crisis en común (Arte: cooperativa Taring Padi / Justseeds)

Acá en Costa Rica no es distinto. La voracidad capitalista de estos consorcios de las industrias hidro-extractivas se ha expresado en grandes proyectos mineros, hidroeléctricos y de exploración y explotación petrolera, mismos que hasta el momento no han prosperado tanto en razón de la resistencia histórica de las comunidades y los movimientos sociales, como de las aberraciones y contradicciones del régimen en su ordenamiento jurídico administrativo-ambiental, que ha hecho aflorar por cierto toda la corrupción que suelen conllevar esas iniciativas. Es decir, una combinación de la lucha en las calles y en los mismos antros judiciales del sistema, ha dado al traste momentáneamente a todos estos planes de recolonización y depredación. Tales han sido los casos de los planes petroleros en las zonas costeras e indígenas de la Provincia de Limón y que hoy precisamente se pretenden revivir en esa y otras regiones del país, o aquel caso de la represa de Boruca en los territorios de esa comunidad indígena y que hoy también se intenta revivir con el megaproyecto hidroeléctrico del Diquís que toca territorios indígenas y no indígenas en la misma Zona Sur del país, el caso del trágico proyecto minero de Bellavista en Puntarenas y que hoy también se pretende abrir paso bajo el alero del Gobierno de Laura Chinchilla, y qué decir del más reciente y emblemático caso de Crucitas derrotado luego de una larga resistencia de más de 18 años pese a contar con todo el apoyo y la corrupción de los últimos gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla.

Como se ve, en este punto no hay mayores diferencias en cuanto al fondo de la estrategia recolonizadora y depredadora del Capital y las grandes transnacionales de la industria eléctrica y extractiva hoy en Panamá, con el resto de América Latina y con el caso de Costa Rica en particular. Los planes imperialistas son idénticos desde en el discurso respecto al “desarrollo” hasta el miedo y el chantaje respecto a “las demandas energéticas”.

Por otro lado, hoy todos los sectores políticos de la izquierda “progre” y de los movimientos sociales, ambientalistas e indigenistas de carácter progresista en Costa Rica, nos manifestamos en justa solidaridad con los pueblos gnobes de Panamá que hoy resisten heroica y ejemplarmente el brutal vasallaje y atropello a sus derechos por parte de un gobierno y un régimen abiertamente neoliberal, derechista y testaferro de las grandes transnacionales. Mas debe abandonarse esa doble moral que impide hacer lo mismo con aquellos otros pueblos avasallados por regímenes y gobiernos supuestamente “progre-socialistas” de América Latina, no menos testaferros de las grandes transnacionales hidro-extractivas que el de Martinelli.

Los comunicadores independientes son fundamentales en momentos de conflicto. Los grandes medios son parte del sistema de poder y la mirada sobre crisis como la que vive Panamá suele ser parcializada. Orgun Wagua es un cineasta pero también es indígena. Sus fotos y sus videos han inundado las redes. Hemos hablado con él desde algún punto del territorio Ngäbe en la madrugada.

Al menos un asesinado, el compañero Jerónimo Rodríguez Tugrí, podrían ser más, decenas de heridos, centenares de detenidos, la imposición no declarada del estado de sitio en la zona, incluyendo el corte de las comunicaciones, ha sido el costo impuesto por  el gobierno de Ricardo Martinelli para despejar la vía Interamericana, bloqueada en varios lugares durante seis días por miles de habitantes de la comarca Ngabe-Buglé, en la República de Panamá. La demanda que moviliza al pueblo Ngabe-Buglé, dirigido por un organismo asambleario, la Coordinadora de Lucha, cuyos principales dirigentes son Rogelio Montezuma y la cacique comarcal Silvia Carrera, consiste en exigir la prohibición de la explotación minera y la construcción de nuevas hidroeléctricas en su comarca.

(Foto: Otramérica)

500 años de lucha contra el saqueo minero

El pueblo Ngabe-Buglé viene luchando desde el momento mismo de la Conquista contra los colonizadores ávidos de sus riquezas minerales. Cronistas como el padre De las Casas narran que el propio Cristóbal Colón en su cuarto viaje llegó a la vertiente caribeña de las actuales provincias de Veraguas y Bocas del Toro, donde habitaban, y siguen habitando, los miembros de esta etnia. Los europeos se impresionaron por el oro que portaban y Colón decidió establecer la primera colonia en Tierra Firme, Santa María de Belén, a orillas de la desembocadura del río Belén o Yebrá, como le llamaban sus habitantes originarios. Ante la violencia del despojo que intentaron, incluso secuestrándolo, el mítico cacique Quibián se fugó y organizó una liga de tribus contra los españoles, destruyendo Belén e hiriendo al propio hermano del almirante, Bartolomé Colón, en 1503.

En 1520-27, otros conquistadores como Gaspar de Espinosa y Pedrarias Dávila fueron derrotados por el legendario cacique Urracá,  en sus intentos de posesionarse sobre las minas de oro de Veraguas. Urracá los mantuvo en jaque, y llegó a sitiar la ciudad colonial de Natá, en lo que se llamó “La batalla de las razas”.  La mayoría de las descripciones del genocidio de los españoles contra los indígenas de América, que relatara el padre De las Casas, se refieren a hechos ocurridos en el Istmo de Panamá. Aunque de esas crónicas salieron las “Leyes de Indias” que intentaban frenar el genocidio, los encomenderos hicieron poco caso de ellas.

A fines del siglo XIX, siendo Panamá parte de Colombia, los abusos de los terratenientes y la propia Iglesia continuaban, bajo la forma de impuestos como el diezmo y de arrebatarles arbitrariamente sus tierras para fincas ganaderas. Esto motivó que otro gran líder indígena, el general Victoriano Lorenzo, aprovechara la Guerra de los Mil Días (1899-1902), narrada tantas veces por García Márquez, para transformar las demandas liberales por democracia en una guerra campesino indígena contra los terratenientes blancos de Penonomé y Natá.  La insurrección fue total, logrando Victoriano el control de todo el interior del país, salvo la ciudad de Panamá, a la que los “marines” yanquis protegieron militarmente. Victoriano fue traicionado por liberales y conservadores, asesorados por Estados Unidos (Pacto del Acorazado Wisconsin), siendo fusilado poco antes de la imposición de los Tratados de 1903, que cuya consecuencia fue la separación de Colombia y la Zona del Canal.

Ngabe-Buglés la fuerza de trabajo agrícola

Los miembros de esta etnia, vulgarmente llamados por la élite gobernante “cholos” o “guamíes”, han sido por más de cien años la fuerza de trabajo barata para el sector agrícola panameño. Son la mano de obra esencial en las bananeras, en la zafra del azúcar y en la cosecha del café, también en la limítrofe Costa Rica donde emigran para trabajar. Pese a su importante aporte económico, reciben los peores salarios, a más de la discriminación racista. Hoy por hoy, según cifras oficiales son el grupo más pobre del país, entre quienes la pobreza sobrepasa el 90% y la pobreza extrema al 80% de sus habitantes. Mayormente habitan la cordillera del centro – occidente de Panamá, a donde fueron desplazados desde los llanos por la industria agrícola y ganadera. Ahora resulta que viven en cerros poco productivos para la agricultura, pero cargados de ricos yacimientos de cobre y oro codiciados por las transnacionales mineras.

Una verdadera revolución estremece al pueblo Ngabe-Buglé

Esta es la tercera vez en dos años que el pueblo Ngabe-Buglé pone en jaque al gobierno empresarial de Ricardo Martinelli. La primera fue en julio de 2010, cuando se pretendió imponer un conjunto de leyes bajo una sola (Ley Chorizo) que, entre otras cosas, pretendía debilitar los sindicatos obreros cortando los descuentos de las cuotas de los trabajadores, modificaba la legislación ambiental para facilitar proyectos sin estudio de impacto ambiental y permitía a los policías acusados de violar los derechos humanos seguir en el cargo sin sanciones. En esa ocasión, el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Co. (SITRACHILCO), de la transnacional norteamericana United Brands (Chiquita), y los sindicatos de las bananeras independientes, convocaron una huelga en la región de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. En aquella ocasión la movilización fue duramente reprimida, a costa de diez muertos y centeneras de heridos, pero no pudo ser derrotada. Por el contrario, desembocó en la primera huelga general nacional de la última década. La ley tuvo que ser parcialmente derogada.

De más está decir que la dureza de aquella represión, en la que la policía disparaba perdigones a la cara de los obreros bananeros, la mayoría de la etnia Ngabe-Buglé,  hubo unos cincuenta lesionados en la vista, se traslució con claridad la actitud racista del propio Martinelli, su ministro de seguridad pública, José Raúl Mulino, y los jefes policiales. Incluso en conferencia de prensa, el presidente y su ministro, llegaron a hablar despectivamente de que el movimiento estaba compuesto por “indios borrachos” y otras expresiones inaceptables, que en cualquier país civilizado hubieran significado la destitución y enjuiciamiento de ambos por racismo y violación de los derechos humanos.

La lucha contra la minería en 2011

El segundo momento de lucha del pueblo Ngabe-Buglé fue en enero-febrero de 2011, cuando el gobierno intentó imponer un nuevo Código Minero que facilitaba la exploración y explotación minera en todo el país, e inclusive la participación en el negocio minero de empresas estatales (coreanas y canadienses), algo que prohíbe la Constitución Política.  Al igual que ahora, decenas de miles de indígenas de la etnia, convocados por la Coordinadora de Lucha, bajaron a la Interamericana y la cortaron por varios días y, ante el repudio que había recibido el gobierno por la represión de 2010, Martinelli se vio obligado a ceder, derogando el Código Minero y firmando un acuerdo por el cual se comprometía a suspender toda explotación minera e hidroeléctrica en la comarca, en particular del yacimiento cuprífero de Cerro Colorado en el que habitan miles de familias.

El gobierno tuvo que negociar y pactar con el movimiento. Aunque reprimió acciones de solidaridad en Panamá y arrestó y expulsó del país a los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato.

Nuevamente la lucha contra la minería en 2012

En febrero de 2012, nuevamente convocados por la Coordinadora de Lucha, miles de personas salieron de las comunidades comarcales para cortar la Interamericana ante la pretensión del gobierno de revivir el Código Minero, sin incluir el artículo 5, en el que se pactó la prohibición de minas e hidroeléctricas en la comarca. Durante seis días se mantuvo cortada la carretera, en varios puntos del occidente del país, quedando varados centenares de camiones de carga, pasajeros, quedando desabastecida la ciudad de Panamá de productos agrícolas y la provincia de Chiriquí de combustible. Para justificar la represión, tanto el gobierno panameño como el de Laura Chinchilla de Costa Rica, falsearon los hechos para insinuar que los indígenas habían secuestrado a turistas de aquel país, quienes en realidad quedaron varados en la carretera.

Para preparar la represión, que finalmente se desató el domingo 5 de febrero al amanecer, se cortaron dos días antes las comunicaciones con la zona del conflicto, se cercó el área y se prohibió llevar agua y alimentos a quienes protestaban, pese a que había familias enteras con niños pequeños, se negaron a enviar emisarios al diálogo mediado por la Iglesia católica, y se lanzó una campaña mediática para culpar al movimiento de las grandes pérdidas económicas. Pese a ello, el gobierno no ha logrado su propósito, pues desde la tarde del domingo se desataron marchas y protestas de solidaridad, tanto en la ciudad de Panamá, como en Colón y Changuinola, donde los sindicatos amenazan con otra huelga. Así como cortes de apoyo de otras etnias indígenas, como los kunas y los emberás, quienes han cortado la interamericana al oriente del país, en dirección al Darién. Las manifestaciones han recibido respaldo de la ciudadanía que salía a los balcones goleando pailas o tocando sus bocinas en apoyo a la lucha y en repudio de las acciones represivas del gobierno.

Los inconfesables intereses detrás del negocio minero y las hidroeléctricas

En estos momentos se encuentra en plena explotación la mina de oro de Cerro Petaquilla, en la provincia de Coclé, y está próxima a iniciar otra de cobre y oro en Donoso, provincia de Colón. Pero Cerro Colorado, ubicado más al occidente, dentro de los límites de la comarca Ngabe-Buglé, es uno de los mayores yacimientos del continente americano y ha estado en la mira desde los años setenta, pero la resistencia indígena y la caída de los precios internacionales hizo desistir por dos décadas a las codiciosas mineras y sus socios nacionales.

Sin embargo, el economista Alessandro Ganci (“Las razones de la minería”) señala que los aumentos de los precios internacionales han renovado la codicia por los minerales. Según Ganci, el precio internacional de la onza de oro anda por los US $ 1.723,50, o sea, US $ 55.410,00 el kilogramo. Mientras que el precio del cobre está en US $ 8.58 por kilo. De manera que, Cerro Colorado con una reserva de cobre estimada en 17.360 millones de kilogramos de cobre podría significar a los precios actuales una riqueza de US $ 148.949 millones!!

Y agrega. “La inversión aproximada es de 3.500 millones y las “regalías estatales” constituyen un pírrico 2 – 4 % del total. Con al menos 40 años de explotación la inversión inicial quedaría saldada en 2 -3 años. A razón de 3.100 millones por año”. Estos numeritos explican la disposición del actual gobierno de reprimir para quedarse con la tajada del cobre de los Ngabe-Buglés, igualito que los conquistadores de hace 500 años. Codicia compartida por todos los sectores empresariales panameños quienes no tuvieron empacho en reunirse la noche del 5 de febrero, consumada la represión, en la Presidencia de la República con Martinelli para darles su bendición.

Lo mismo podría decirse del lucrativo negocio de la producción de energía hidroeléctrica, manejado por empresas extranjeras en asocio con prominentes políticos panameños, como la ex presidenta Mireya Moscoso y el propio Martinelli. El falso alegato del gobierno y los empresarios es que prohibir las hidroeléctricas conllevaría pagar más por energía eléctrica producida por petróleo. Pero la legislación actual permite a los dueños de las hidroeléctricas facturar a precios de la producida por combustibles fósiles.

Otras comunidades indígenas también están amenazadas, como los kunas y emberás-woaunam, pues por etos días se otorgará la concesión para explorar y explotar cuatro bloques yacimientos petroleros en la región de Darién.

El mito del “progreso”. ¿Progreso para quién?

El colmo del cinismo de la clase dominante panameña es pretender presentar sus intereses crematísticos como si fueran los intereses de la nación, culpando a los indígenas de “impedir el progreso” del país. Cualquier persona medianamente educada sabe que los países con mayores riquezas minerales poseen las poblaciones en mayor miseria, que además padecen cruentas guerras civiles incentivadas por voraces intereses imperialistas. Para ejemplo, basta con mirar la historia de Bolivia, o los países del centro de África. Y el que dude que vea la película “Diamantes de sangre”.

Pero en Panamá la desfachatez de Martinelli y su gobierno no tienen límite, pues al derogarse el Código Minero, por la lucha del año pasado, en un cálculo frío de los diputados oficialistas, no restituyeron varios artículos del código anterior con lo cual ha resultado que en estos meses explotaciones multimillonarias, como Petaquilla, no están pagando ni un solo centavo de regalías al Estado panameño!!!

Ahora, que dicen revivir el proyecto repudiado hace doce meses, para cobrar las regalías, han reducido a la ridiculez los cargos que deben pagar las empresas mineras. Otro economista, William Hughes (“Panamá: poder oculto en la minería”) ha denunciado que los impuestos que deben pagar las empresas extractoras de piedra y cascajo están siendo reducidos de 300 dólares a 75 y 100 por kilogramo, y la extracción de cobre y oro, que pagaban 10 y 20 mil dólares por kilo, ha sido rebajada a 300 y 450 dólares el kilo, en el nuevo proyecto. En el mismo sentido, la “finaza de garantía”, que para el primer caso era de 50 dólares por hectárea se la baja a 10 centavos de dólar por hectárea; y en el caso de los metales se la baja de 200 dólares a 25 centavos por hectárea.

Queda evidenciado que Martinelli, su gobierno y las mineras están  saqueando la propiedad y los derechos del conjunto de la nación para beneficio (“progreso”) de los dueños de este negocio, sacrificando los intereses y derechos, no sólo de los Ngabes-Buglés, sino de todo el país.

Basta de burlas, que Martinelli respete la ley

El Movimiento Popular Unificado (MPU), los sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, los ambientalistas, la sociedad civil y la dirigencia de la Coordinadora de Lucha Ngabe-Buglé exigimos algo simple: que Martinelli y su gobierno respeten su compromiso formalizado en los acuerdos firmados el año 2011 que prohíben la minería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley.

Decimos basta de burlas y mentiras. El gobierno panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la propia Ley 41 de 1 de julio de 1998 sobre tierras comarcales, y el Convenio 169 de la OIT, que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que la explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en acuerdo con las comunidades y las autoridades naturales de la comarca.

Como Martinelli y los intereses capitalistas que defiende no cumplirán por las buenas con los mínimos derechos que la legislación establece, está demostrado, debemos seguir movilizados en solidaridad con la lucha del pueblo Ngabe-Buglé, hasta imponer un gobierno popular en el que se respete la vida humana y la naturaleza.

Olmedo Beluche es sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido Alternativa Popular (PAP)

El actual Gobierno de Panamá tiene un triste historial en cuanto al respeto de los derechos humanos o en fidelidad a la verdad. Pero el domingo 5 de febrero y las horas previas serán recordados como un punto de inflexión. En Panamá está abierta una crisis sin precedentes, hay un civil muerto y decenas de heridos a manos de la Policía.

Este domingo ha sido triste en Panamá. Numerosos ciudadanos han escrito a Otramérica mostrado su rabia, las redes sociales han destilado impotencia. El Gobierno desató desde las 6 a.m. la represión contra los indígenas Ngäbe que mantenían cortada la vía Interamericana desde el pasado martes. Las mentiras de la versión oficial, la preparación de la acción policial (que incluyó el corte de todas las comunicaciones policiales en la zona), los ataques a miembros de la Iglesia católica o, incluso, a la Defensora del Pueblo (favorable en inicio a la intervención policial) han marcado un día funesto para las libertades y los derechos humanos en el país.

Jerónimo Montezuma, muerto de un tiro por la policía. (Foto: Suntracs)

La reacción solidaria con los Ngäbe reprimidos se ha multiplicado en Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, Veraguas y la ciudad capital. Para el lunes 6 de febrero ya hay diversas convocatorias. La noche comienza en tensa calma, con la carretera semiabierta al tráfico, un inmenso dispositivo policial y los manifestantes tratando de reagruparse y cerrando parcialmente en otros puntos.

Ha tenido que haber un muerto para que los medios internacionales comerciales miraran a Panamá, pero ahora ya es un hecho. Otramérica ha acompañado el proceso de la lucha antiminera de los Ngäbe desde hace tiempo y el 5 de febrero se lo hemos contado así:

(hora de Panamá)

8:35 p.m. El presidente Martinelli, que se negó a reunirse con los líderes de los manifestantes, se encontró con empresarios mineros, turísticos, dueños de medios de comunicación y otros representantes del sector privado explicándoles el “operativo” que ha provocado una grave crisis social en el país.

8:26p.m. Nos informan de otro herido grave: Félix Villlanero, ingresado en David. Algunos vecinos de Chiriquí nos informan de que hay varios manifestantes heridos escondidos en la montaña por temor a ser detenidos si bajan a los centros de atención sanitaria. La Policía sigue sin permitir que nadie visite a los heridos en el hospital de David y no dan información sobre su estado.

7:58 p.m. A esta hora indígenas Ngäbe han cerrado la carretera entre Cerro Punta y Volcán y hay informes de que se han tomado la estación de Cerro Punta (Chiriquí). Mientras, ciudadanos solidarios con los Ngöbe protestan con pitos y pailas en Vía Argentina (Ciudad de Panamá). La entrada a Bocas del Toro también está cerrada por los manifestantes. También se dio una manifestación espontánea en la tarde en Boquete (Chiriquí).

7:35 p.m. Contradicciones gubernamentales. Mientras el ministro de Seguridad Pública le ha dicho a la agencia EFE que es imposible negociar con los Ngäbe: “No hay un ejercicio de diálogo (…) no hay posibilidad de diálogo, al menos en los próximos días”; el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, asegura en Telemetro: “Queremos decirle a los grupos indígenas que nos digan a donde quieren que nosotros vayamos, se le manda el transporte que sea y si hay que ir a cualquier lado estamos dispuesto a hacerlo”. Mientras la Policía sigue en su tarea represiva.

7:24 El nombre de la víctima mortal confirmada sería Jerónimo Rodríguez Tugri -no, Jernónimo Montezuma-. Así lo informa la viuda.

7:15 p.m. El viernes en la noche, cuando se cortaron todas las comunicaciones celulares desde Viguí (Veraguas) a Horconcitos (Chiriquí), las compañías telefónicas infromaron que fue “orden de la autoridad competente”. El sábado, el ministro de Seguridad Pública, Jose RaúlMulino dijo que el Gobierno no tenía nada que ver y que la telefonía estaba afectada por el sabotaje a varias torres de telecomunicación. Hoy ha vuelto a cambiar la versión y aseguró que, ante las sospechas de posibles sabotajes, el Gobierno, con la colaboración de las compañías, decidió cortar la comunicación “para opacar un poco toda la coordinación política y manipulación política de grupos de extrema izquierda y partidos políticos de oposición, que de acuerdo a información de inteligencia y suministrada a la Procuraduría están particpando activamente”.

6:45 p.m. Los enfrentamientos en Las Lomas de David dejan a un indígena Ngäbe muy mal herido con herida de bala. Así lo informa el diario La Estrella, quien afirma que fue trasladado a la ciudad de David en estado muy grave.

6:17 Reporte con más heridos confirmados: Catalino Villar (Oma), Clemente Rodrèiguez (Loro), Algemiro Gonsalez (Guabo/mono), Bladimir Palacios (soloy), Maximo Cueva (Cerro Iglesia), Reynaldo Santo (Chami), Alfredo Andrade (cerro iglesia), Benito Guerra (Jobo), Vilma Rodriguez (Loro), Ramiro Guerra (Chami), Pedro Guerra (Bocas del T.), Javier Montezuma (camaron), Onèsimo Santos (susama), Aises Guerra (chami), Elisabeth Flores (chami).

6:06 p.m. Desde la comunidad de San Félix nos relatan cómo la policía militarizada avanzó desde el cruce con la carretera Interamericana hasta la población. Han entrado más allá de la iglesia católica y han tirado gases lacrimógenos junto al hospital. La situación ha sido tan grave que algunos de los enfermos han debido ser evacuados en ambulancia. Una de nuestras fuentes en el terreno nos describe: “Están sacando a la gente de sus casas, han arrestado a niños, es terrible”.

También nos confirman que hace dos horas se ha podido ver a Alberto Montezuma, sobre el que había informaciones graves, en buen estado de salud. La confusión se ha producido porque el que herido de gravedad es otro líder de la zona, el cacique tradicional de Nole Duima Francisco Miranda, herido en la cabeza.

5:38 p.m. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino, confirma la muerte de jerónimo Montezuma pero niega que las balas salieran de agentes de la Policía. El balance oficial del Gobierno, hasta el momento es de al menos 32 indígenas y 7 policías resultaron heridos, mientras que, 41 fueron detenidos. El presidente, Ricardo Martinelli, no se ha dirigido a los medios y ha utilizado su medio preferido de comunicación, Twitter, para decir que el problema con los “indígenas NO es la minería sino las hidroeléctricas”.

Mientras, la policá se enfrenta a los estudiantes y sindicalista que manteneían cerrado el acceso a la ciudad de David desde las 3 de la tarde.

5:31 p.m. EL rector de la Universidad de Panamá suspende todas las actividades del centro para evitar mañana protestas estudiantiles.

5:20 p.m. El reporte parcial de víctimas que ha podido consolidar hasta ahora AEVE, es:

MUERTOS

Jerónimo Montezuma (confirmado)

Francisco Miranda (por confirmar)

DESAPARECIDOS

Hugo Stainer (ciudadano británico que atendía a los heridos)

HERIDOS

Lucía Acosta, Francisca Carpintero, Claudio Santos, Jiménez Justo, Eduin Camarena, Marilín Abrego, Julio Agrante, Ana Santos, Leonel Cedeño, Anel Girón, Ismael Santos, Catalino Bejerano y el bebé de un año Angel Gallardo.

ARRESTADOS

Evangelina Javillo (HR de Viguí), Luis Muñoz (Unachi)

5:15 p.m. En la frontera entre Panamá y Costa Rica, en el sector de Sixaola-Guabito, ha sido rodeada de policías. Esto dejaría a los manifestantes que están en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, completamente encerrados por la Policía.

5:13 p.m. Fuentes presentes nos confirman que hay al menos 6 heridos graves en el hospital de Santiago, Isaac González del Suntracs gravemente herido, Luis Muñoz, Presidente de los estudiantes en UNACHI detenido, y Martín Garay con 18 perdigones y herida en la cabeza.

5:00 p.m. Un grupo numeroso de indígenas y latinos están protestanto en la Plaza Catedral de Panamá, cerca de la presidencia. Pueden verlo aquí.

4:40. Los indígenas Emberá han cumplido con su llamado y han cerrado la carretera Panamericana en Piriatí e Ipetí de Chepo y esperan hacerlo en más puntos en las próximas horas. Hay varias vigilias convocadas a lo largo y ancho del país en solidaridad con los indígenas Ngäbe

4:30 p.m. (hora Panamá)

El Gobierno de Panamá ha decidido que las armas puedan a la razón. En las últimas horas la fuerza de choque de la policía (militarizada) ha desplegado un uso excesivo de la fuerza en Viguí, Tolé, San Félix, Las Lajas e, incluso en la ciudad de David, capital de Chiriquí.

Las autoridades reconocen la muerte de Jerónimo Montezuma, de 18 años, por impacto de bala (solo los policías están armados), pero las autoridades tradicionales Ngäbe-Buglé hablan de más víctimas fatales. Hay decenas de heridos a los que no se les está dando atención médica y varios ingresados en estado grave en el hospital de David, donde la policía no permite la entrada de familiares ni de organizaciones sociales. De hecho, un periodista de La Prensa, Eduarado Espinosa, fue retenido por la Policía varios minutos por tratar de tomar fotos cerca del cuartel de David. En esta ciudad las autoridades han desplegado antimotines en diversos puntos.

Alberto Montezuma, uno de los dirigentes tradicionales más importantes del pueblo Ngäbe está gravemente herido y hay varias autoridades detenidas

La reacción de los manifestantes sigue siendo de resistencia, la estación policial de San Félix, punto neurálgico de la protesta, ha sido incendiado y el de Tolé tomado. Además han vuelto a cerrar la carretera Interamericana en Horconcitos y en San Lorenzo.

Mientras, los confusos reportes que llegan de la zona hablan de represión directa contra cualquier civil. Hay un ciudadano británico detenido y varias mujeres en paradero desconocido. Hay que recordar que el Gobierno cortó todas las comunicaciones de telefonía celular en la zona desde el jueves en la noche.

La represión comenzó en la madrugada y la muerte de Jerónimo ya ha sido reconocida por las autoridades, aunque la Policía, con alta dosis de cinismo ha pedido “a la población no caer en su buena fe ante las campañas de desinformación adelantadas por grupos y organizaciones involucradas en esta situación de orden público”.

La Defensora del Pueblo, Patria Portugal y parte de su equipo de trabajo fue agradedida en el área cercana al aeropuerto de la ciudad de David, provincia de Chiriquí por un comisionado de la Policía, según informó su equipo de prensa. Portugal estaba tratando de convencer al comisionado de la Policá para que le quitara las esposas a un grupo de nueve niños Ngäbe y fue agredida.

Diversos sectores en Panamá ha reaccionado en apoyo a los manifestantes ngäbe. Estudiantes y sindicalistas han cortado los accesos a la ciudad de David y los pueblos originarios Emberá y Waunnan han hecho un llamado a bloquear la provincia de Darién.

This week’s Supreme Court hearing in the Julian Assange case has profound meaning for the preservation of basic freedoms in western democracies. This is Assange’s final appeal against his extradition to Sweden to face allegations of sexual misconduct that were originally dismissed by the chief prosecutor in Stockholm and constitute no crime in Britain.

The consequences, if he loses, lie not in Sweden but in the shadows cast by America’s descent into totalitarianism. In Sweden, he is at risk of being “temporarily surrendered” to the US where his life has been threatened and he is accused of “aiding the enemy” with Bradley Manning, the young soldier accused of leaking evidence of US war crimes to WikiLeaks.

The connections between Manning and Assange have been concocted by a secret grand jury in Alexandria, Virginia, which allowed no defence counsel or witnesses, and by a system of plea-bargaining that ensures a 90 per cent conviction. It is reminiscent of a Soviet show trial.

The determination of the Obama administration to crush Assange and the unfettered journalism represented by WikiLeaks is revealed in secret Australian government documents released under freedom of information which describe the US pursuit of WikiLeaks as “an unprecedented investigation”. It is unprecedented because it subverts the First Amendment of the US constitution that explicitly protects truth-tellers. In 2008 Barack Obama said, “Government whistleblowers are part of a healthy democracy and must be protected from reprisal.” Obama has since prosecuted twice as many whistleblowers as all previous US presidents.

With American courts demanding to see the worldwide accounts of Twitter, Google and Yahoo, the threat to Assange, an Australian, extends to any internet-user anywhere. Washington’s enemy is not “terrorism” but the principle of free speech and voices of conscience within its militarist state and those journalists brave enough to tell their stories.

“How do you prosecute Julian Assange and not the New York Times?” a former administration official told Reuters. The threat is well understood by the New York Times, which in 2010 published a selection of the WikiLeaks cables. The editor at the time, Bill Keller, boasted that he had sent the cables to the State Department for vetting. His obeisance extended to his denial that WikiLeaks was a “partner” — which it was — and to personal attacks on Assange. The message to all journalists was clear: do your job as it should be done and you are traitors; do your job as we say you should and you are journalists.

Much of the media’s depiction of Bradley Manning illuminates this. The world’s pre-eminent prisoner of conscience, Manning remained true to the Nuremberg principle that every soldier has the right to a “moral choice”. But according to the New York Times, he is weird or mad, a “geek”. In an “exclusive investigation”, the Guardian reported him as an “unstable” gay man, who got “out of control” and “wet himself” when he was “picked on”. Psycho-hearsay such as this serves to suppress the truth of the outrage Manning felt at the wanton killing in Iraq, his moral heroism and the criminal complicity of his military superiors. “I prefer a painful truth over any blissful fantasy,” he reportedly said.

The treatment handed out to Assange is well-documented, though not the duplicitous and cowardly behaviour of his own government. Australia remains a colony in all but name. Australian intelligence agencies are, in effect, branches of the main office in Washington. The Australian military has played a regular role as US mercenary. When prime minister Gough Whitlam tried to change this in 1975 and secure Australia’s partial independence, he was dismissed by a governor-general using archaic “reserve powers” who was revealed to have intelligence connections.

WikiLeaks has given Australians a rare glimpse of how their country is run. In 2010, leaked US cables disclosed that key government figures in the Labor Party coup that brought Julia Gillard to power were “protected” sources of the US embassy: what the CIA calls “assets”. Kevin Rudd, the prime minister she ousted, had displeased Washington by being disobedient, even suggesting that Australian troops withdraw from Afghanistan.

In the wake of her portentous rise ascent to power, Gillard attacked WikiLeaks as “illegal” and her attorney-general threatened to withdraw Assange’s passport. Yet the Australian Federal Police reported that Assange and WikiLeaks had broken no law. Freedom of information files have since revealed that Australian diplomats have colluded with the US in its pursuit of Assange. This is not unusual. The government of John Howard ignored the rule of law and conspired with the US to keep David Hicks, an Australian citizen, in Guantanamo Bay, where he was tortured. Australia’s principal intelligence organisation, ASIO, is allowed to imprison refugees indefinitely without explanation, prosecution or appeal.

Every Australian citizen in grave difficulty overseas is said to have the right to diplomatic support. The denial of this to Assange, bar the perfunctory, is an unreported scandal. Last September, Assange’s London lawyer, Gareth Peirce, wrote to the Australian government, warning that Assange’s “personal safety and security has become at risk in circumstances that have become highly politically charged”. Only when the Melbourne Age reported that she had received no response did a dissembling official letter turn up. Last November, Peirce and I briefed the Australian Consul-General in London, Ken Pascoe. One of Britain’s most experienced human rights lawyers, Peirce told him she feared a unique miscarriage of justice if Assange was extradited and his own government remained silent. The silence remains.

Solo caben judíos en Israel, la “ciudad en medio de la selva”

Siempre vuelven a lo mismo. La semana pasada el Parlamento israelí actualizó un ley de hace 59 años que originalmente pretendía impedir que cientos de miles de palestinos volvieran a las casas y tierras de las que los expulsaron durante el establecimiento de Israel.

El propósito de la draconiana Ley de Prevención de la Infiltración de 1954 era encerrar a cualquier palestino que lograra escurrirse más allá de los francotiradores que protegían las fronteras del nuevo Estado. Israel creía que solo un castigo salvaje y la disuasión podían asegurar el mantenimiento de la abrumadora mayoría judía que acababa de crear mediante una campaña de limpieza étnica.

(Arte: Nidal El Khairy)

Seis décadas después Israel vuelve a basarse en la ley de infiltración, esta vez para impedir una supuesta nueva amenaza a su existencia: la llegada cada año de varios miles de desesperados africanos demandantes de asilo.

Como hizo con los palestinos hace muchos años, Israel ha criminalizado a estos nuevos refugiados, en este caso por huir de la persecución, la guerra o el colapso económico. Ahora pueden encerrar a familias enteras durante tres años, sin juicio, mientras se prepara e impone una deportación, y los israelíes que les ofrezcan ayuda se arriesgan a penas de prisión de hasta 15 años.

Al parecer la intención de Israel es encarcelar al mayor número posible de esos refugiados y disuadir a otros de seguir sus pasos.

Para arreglárselas, los funcionarios han aprobado la construcción de un enorme campo de detención, gestionado por el servicio carcelario de Israel, que albergará a 10.000 de esos inoportunos forasteros. Será la mayor instalación de detención del mundo, según Amnistía Internacional, será tres veces mayor que la siguiente en tamaño que está en el mucho más populoso y amante de la retribución divina Estado de Texas en EE.UU.

Los críticos israelíes de la ley temen que su país esté incumpliendo el deber moral de ayudar a los que huyen de la persecución, traicionando al hacerlo las propias experiencias de sufrimiento y opresión del pueblo judío. Pero el gobierno israelí y la gran mayoría de legisladores que apoyó la ley –como sus predecesores en los años cincuenta– han llegado a una conclusión muy diferente de la historia.

La nueva ley de infiltración es la última de un conjunto de políticas que fortalecen el estatus de Israel como primer “Estado búnker” del mundo, destinado a ser lo más étnicamente puro posible. La expresión más famosa de este concepto la hizo el ex primer ministro Ehud Barak, actual ministro de Defensa, que calificó a Israel de “una ciudad en medio de la selva”, relegando a los vecinos del país a la condición de animales salvajes.

Barak y sus sucesores han estado convirtiendo esta metáfora en realidad física, sellando lentamente su Estado del resto de la región a un coste astronómico, subsidiado en gran parte por dinero público estadounidense. Su objetivo en última instancia es hacer que Israel sea tan resistente a la influencia exterior que nunca necesite hacer concesiones para la paz, como la aceptación de un Estado palestino, a las “bestias” de alrededor.

La expresión más tangible de esta mentalidad ha sido un frenesí de construcción de muros. Los más conocidos son los erigidos alrededor de los territorios palestinos: primero Gaza, luego las áreas de Cisjordania que Israel no quiere anexar, o por lo menos no todavía.

La frontera norte ya es una de las más militarizadas del mundo, lo que sufrieron a gran precio el verano pasado los manifestantes libaneses y sirios cuando docenas de ellos murieron a tiros al acercarse o invadir las cercas. E Israel tiene una propuesta preparada para otro muro a lo largo de la frontera con Jordania, que en gran parte ya se ha minado.

La única frontera restante, la de 260 km. con Egipto, se está cerrando con otro muro descomunal. Los planes se decidieron antes de las revoluciones árabes del año pasado, pero han ganado nuevo ímpetu con el derrocamiento del dictador egipcio Hosni Mubarak.

Israel no solo ha avanzado mucho en los muros del búnker; también trabaja continuamente en la creación del techo. Tiene tres sistemas de defensa de misiles en diversas etapas de desarrollo, incluyendo el que lleva el nombre revelador de “Cúpula de Hierro”, así como baterías de Patriot estadounidenses estacionados en su suelo. Se supone que los sistemas de interceptación neutralizarán cualquier combinación de ataques de misiles de corto y largo alcance que puedan lanzar los vecinos de Israel.

Pero hay un defecto en el diseño de este refugio, que es obvio hasta para sus arquitectos. Israel se está encapsulando con algunos de los propios “animales” que supuestamente deben estar excluidos de la ciudad: no solo los refugiados africanos, sino 1,5 millones de “árabes israelíes”, descendientes de los pocos palestinos que evitaron la expulsión en 1948.

Ha sido el principal motivo de la continua corriente de medidas antidemocráticas del gobierno y el Parlamento que se convierte rápidamente en un torrente. También es el motivo de la nueva exigencia de la dirigencia israelí de que los palestinos reconozcan la “judeidad” de Israel; sus obsesiones con la lealtad y el creciente atractivo de propuestas de intercambio de poblaciones.

Ante el ataque legislativo, el Tribunal Supremo de Israel se ha hecho cada vez más cómplice. La semana pasada, mancilló su reputación al respaldar una ley que desgarra familias al negar a decenas de miles de palestinos con ciudadanía israelí el derecho a vivir con sus cónyuges palestinos en Israel, “limpieza étnica” por otros medios, como señaló el destacado comentarista israelí Gideon Levy.

A principios de los años cincuenta, el ejército israelí mató a miles de palestinos desarmados que trataban de recuperar propiedad que les habían robado. Tantos años después, Israel parece no menos determinado a mantener a los no judíos fuera de su preciosa ciudad.

El Estado búnker casi está terminado y con él el sueño de los fundadores de Israel está a punto de convertirse en realidad.

Jonathan Cook ganó el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página web es www.jkcook.net.

In case you missed it, President Barack Obama has signed a death knell for the Bill of Rights. It’s a hell of a way to begin a year many believe will mark the end of the world.

The National Defense Authorization Act (NDAA) makes a mockery of our basic civil liberties. It shreds the intent of the Founders to establish a nation where essential rights are protected. It puts us all at risk for arbitrary, indefinite incarceration with no real rights to recourse.

The Act authorizes a $626 billion dollar defense budget (which does not include the CIA, special ops, various black box items, etc). Obama’s signing statement says it does address counterterrorism at home and abroad as well as Defense Department modernization, health care costs and more.

But it also includes Sections 1021 and 1022, bitterly opposed by the American Civil Liberties Union and Human Rights Watch, among many others. The New York Times urged Obama to veto the bill because of them. The UK-based Guardian said NDAA 2012 allows allows for indefinite detention of US citizens “without trial [of] American terrorism subjects arrested on U.S. soil, who could then be shipped to Guantanamo Bay.” The Kansas City Star was equally blunt, stating that the NDAA is “trampling the bill of rights in defense’s name.”

Section 1021 reasserts the President’s authority to use the military to detain any person “who was part of or substantially supported al-Qaeda, the Taliban, or associated forces that are engaged in hostilities against the United States or its coalition partners.” It also includes the military’s power to detain anyone who commits a “belligerent act” against the U.S. or its coalition allies under the law of war. Despite widespread public pressure, Obama did not veto the bill. In his signing statement he said: “I have signed this bill despite having serious reservations with certain provisions that regulate the detention, interrogation and prosecution of suspected terrorists.”

Citing the Authorization for Use of Military Force (AUMF) passed by the United States Congress on September 14, 2001, the NDAA states that those detained may be detained “without trial, until the end of the hostilities authorized by the [AUMF].” The NDAA also allows trial by military tribunal, or “transfer to the custody or control of the person’s country of origin,” or transfer to “any other foreign country or any other foreign entity.” This last practice is known as “rendition.”

It’s been been widely documented that the United States has used rendition as a way to let individuals be tortured outside of U.S. soil. “Extraordinary rendition”—used during the second Bush administration—is the kidnapping and transfer of individuals to a third country for purposes “enhanced interrogation,” otherwise known as torture.

An amendment to the NDAA offered by Senator Mark Udall forbidding the indefinite detention of U.S. citizens failed by a vote of 37-61. A compromise amendment to preserve current law concerning the detention of U.S. citizens and lawful resident aliens within the United States proposed by Senator Dianne Feinstein passed, but only sparked more controversy. Feinstein insisted the reference to current law meant that U.S. citizens could not be indefinitely detained, while Senators Carl Levin and John McCain argued that it does allow indefinite detention. Senator Levin cited the Supreme Court as stating that: “There is no bar to this nation’s holding one of its own citizens as an enemy combatant.”

Section 1022 of the NDAA deals with the “Requirement for military custody.” Section 1022 requires that all persons arrested and detained under Section 1021, including those detained on U.S. soil whether held indefinitely or not, will be in the custody of the United States Armed Forces. Thus, Section 1022 of the NDAA 2012 clearly allows the U.S. military the option to arrest and indefinitely detain U.S. citizens.

The ACLU stated that, “The statute contains a sweeping worldwide indefinite detention provision…[without] temporal or geographic limitations, and can be used by this and future Presidents to militarily detain people captured far from any battlefield.” Civil libertarians are calling for the specific repeal of Sections 1021 and 1022, asking elected officials to come out in favor of this repeal. Civil libertarian activists are also calling on local governments to pass ordinances and statutes declaring their municipalities and states “Bill of Rights Enforcement Zones” or “Rendition-free Zones.”

The ACLU believes that “the breadth of the NDAA’s detention authority violates international law because it is not limited to people captured within the context of an actual armed conflict as required by the laws of war.” Sections 1021 and 1022 pose a threat to U.S. citizens on U.S. soil who may be seized and held indefinitely because of so-called “belligerent acts.”

For a long while we have been hearing apocalyptic predictions about the end of the world through solar flares, natural disasters, invasions from outer space and the like. All that is believed to be slated for December, 2012.

But what most of the nation doesn’t realize is that the end of our basic civil liberties, in place since the December, 1791, ratification of the Bill of Rights, has already taken place.

Travelers to Cuba and music lovers are familiar with the song “Guantanamera”— literally, the girl from Guantánamo. With lyrics by José Martí, the father of Cuban independence, Guantanamera is probably the most widely known Cuban song. But Guantánamo is even more famous now for its U.S. military prison. Where “Guantanamera” is a powerful expression of the beauty of Cuba, “Gitmo” has become a powerful symbol of human rights violations—so much so that Amnesty International described it as “the gulag of our times.”

That description can be traced to January 2002, when the base received its first 20 prisoners in shackles. General Richard B. Myers, chairman of the Joint Chiefs of Staff, warned they were “very dangerous people who would gnaw hydraulic lines in the back of a C-17 to bring it down.” We now know that a large portion of the 750 plus men and boys held there posed no threat to the United States. In fact, only five percent were captured by the United States; most were picked up by the Northern Alliance, Pakistani intelligence officers, or tribal warlords, and many were sold for cash bounties.

(Arte: Banksy)

The Guantánamo story starts in 1903, when the U.S. Army occupied Cuba after its war of independence against Spain. The Platt Amendment, which granted the United States the right to intervene in Cuba, was included in the Cuban Constitution as a prerequisite for the withdrawal of U.S. troops from the rest of Cuba. That provision provided the basis for the 1903 Agreement on Coaling and Naval Stations, which gave the United States the right to use Guantánamo Bay “exclusively as coaling or naval stations, and for no other purpose.”

In 1934, President Franklin D. Roosevelt signed a new treaty with Cuba that allows the United States to remain in Guantánamo Bay until the U.S. abandons it or until both Cuba and the United States agree to modify their arrangement. According to that treaty, “the stipulations of [the 1903] agreement with regard to the naval station of Guantánamo shall continue in effect.” That means Guantánamo Bay can be used only for coaling or naval stations. Additionally, article III of the 1934 treaty provides that the Republic of Cuba leases Guantánamo Bay to the United States “for coaling and naval stations.” Nowhere in either treaty did Cuba give the U.S. the right to utilize Guantánamo Bay as a prison camp.

It is no accident that President George W. Bush chose Guantánamo Bay as the site for his illegal prison camp. His administration maintained that Guantánamo Bay is not a U.S. territory, and thus, U.S. courts are not available to the prisoners there. But, as the Supreme Court later affirmed, the United States, not Cuba, exercises exclusive jurisdiction over Guantánamo Bay. Amanda Williamson, a spokeswoman in the Red Cross’ Washington office, noted that prisoners at Guantánamo “have been placed in a legal vacuum, a legal black hole.” Amnesty International went further, noting an obvious gap between U.S. rhetoric and practice: “Given the USA’s criticism of the human rights record of Cuba, it is deeply ironic that it is violating fundamental rights on Cuban soil, and seeking to rely on the fact that it is on Cuban soil to keep the U.S. courts from examining its conduct.”

Although the Convention Against Torture, a treaty the United States has ratified, forbids the use of coercion under any circumstances to obtain information, prisoners released from Guantánamo have detailed assaults, prolonged shackling in uncomfortable positions, sexual abuse, and threats with dogs. Mustafa Ait Idr, an Algerian citizen who was living in Bosnia when he was sent to Guantánamo, charged that U.S. military guards jumped on his head, resulting in a stroke that paralyzed his face. They also broke several of his fingers and nearly drowned him in a toilet. Mohammed Sagheer, a Pakistani cleric, claimed the wardens at Guantánamo used drugs “that made us senseless.” French citizen Mourad Benchellali, released from Guantánamo in July 2004, said, “I cannot describe in just a few lines the suffering and the torture; but the worst aspect of being at the camp was the despair, the feeling that whatever you say, it will never make a difference.” Benchellali added, “There is unlimited cruelty in a system that seems to be unable to free the innocent and unable to punish the guilty.”

Australian lawyer Richard Bourke, who has represented many of the men incarcerated at Guantánamo, charged that prisoners have been subjected to “good old-fashioned torture, as people would have understood it in the Dark Ages.” According to Bourke, “One of the detainees had described being taken out and tied to a post and having rubber bullets fired at them. They were being made to kneel cruciform in the sun until they collapsed.” Abdul Rahim Muslimdost, an Afghan who was released from Guantánamo in April 2005, said he suffered “indescribable torture” there.

U.S. and international bodies have verified reports of torture and abuse. Physicians for Human Rights found that “the United States has been engaged in systematic psychological torture of Guantánamo detainees” at least since 2002. FBI agents saw female interrogators forcibly squeeze male prisoners’ genitals and witnessed detainees stripped and shackled low to the floor for many hours. In February 2006, the United Nations Human Rights Commission reported that the violent force-feeding of detainees by the U.S. military at Guantánamo amounts to torture.

The very existence of the Guantánamo prison camp harms America’s international reputation. A January 2005 editorial in Le Monde concluded, “The simple truth is that America’s leaders have constructed at Guantánamo Bay a legal monster.” Moreover, it has created more enemies of the United States. Writing for the New York Times, Somini Sengupta maintained that Guantánamo Bay has been a setback in the war on terror insofar as it has “emerged as a symbol of American hypocrisy.”

The list of Guantánamo critics is a long one. Archbishop Desmond Tutu dubbed it a stain on the character of the United States. Former U.N. Secretary General Kofi Annan said the United States must close the camp as soon as possible. The Economist called for the facility to be dismantled, described the treatment of the prisoners there as “unworthy of a nation which has cherished the rule of law since its very birth,” and claimed it “has alienated many other governments at a time when the effort to defeat terrorism requires more international co-operation in law enforcement than ever before.” The National Lawyers Guild, Association of American Jurists, Inter-American Commission on Human Rights, and Amnesty International have all called for closing the prison camp and releasing or charging prisoners with criminal offenses in accordance with international legal norms.

In addition to legal and political problems with Guantánamo, there are enormous human costs to consider. Attorney Joseph Margulies has been to death row in six states and watched his client be executed. But as he noted, “I have never been to a more disturbing place than the military prison at Guantánamo Bay. It is a place of indescribable sadness, where the abstract enormity of ‘forever’ becomes concrete: this windowless cell; that metal cot; those steel shackles.”

Indeed, Army Col. Terry Carrico, the first warden at Guantánamo, complained that when he was there, the men were held in “basically outdoor cages,” adding, “It’s what you would normally find in a veterinarian’s facilities to hold animals.” Carrico said “very few” of the men imprisoned during his tenure had useful intelligence. He favors closing Guantánamo, but doubts that will ever happen.

President Barack Obama said a year ago that he was committed to closing Guantánamo because it was a symbol that was “probably the No. 1 recruiting tool” on terrorist websites. But Obama signed the National Defense Authorization Act (NDAA), which bars any transfer of detainees to U.S. prisons, even for trial. The act also restricts the President’s authority to transfer detainees to other countries. Of the 171 men remaining at Guantánamo, 89 have been cleared for release by a review conducted by the CIA, FBI, military, and Department of Homeland Security. But those men will likely die at Guantánamo because Obama refused to put the brakes on Congress’s use of the issue as a political football in the NDAA.

In a recent op-ed in The New York Times, Harvard lecturer Jonathan M. Hansen wrote, “It is past time to return this imperialist enclave to Cuba,” adding, “It has served to remind the world of America’s long history of interventionist militarism.”

Obama should heed Hansen’s words. For the abiding presence of the Guantánamo gulag is not simply illegal and immoral. It also continues to be a symbol of U.S. hypocrisy, and makes us a target for more terrorist attacks.

Marjorie Cohn is the immediate past president of the National Lawyers Guild and a professor at Thomas Jefferson School of Law, where she teaches criminal law and procedure, evidence, and international human rights law. She lectures throughout the world on human rights and US foreign policy.

Attorneys Carl J. Mayer and Bruce I. Afran filed a complaint Friday in the Southern U.S. District Court in New York City on my behalf as a plaintiff against Barack Obama and Secretary of Defense Leon Panetta to challenge the legality of the Authorization for Use of Military Force as embedded in the latest version of the National Defense Authorization Act, signed by the president Dec. 31.

The act authorizes the military in Title X, Subtitle D, entitled “Counter-Terrorism,” for the first time in more than 200 years, to carry out domestic policing. With this bill, which will take effect March 3, the military can indefinitely detain without trial any U.S. citizen deemed to be a terrorist or an accessory to terrorism. And suspects can be shipped by the military to our offshore penal colony in Guantanamo Bay and kept there until “the end of hostilities.” It is a catastrophic blow to civil liberties.

I spent many years in countries where the military had the power to arrest and detain citizens without charge. I have been in some of these jails. I have friends and colleagues who have “disappeared” into military gulags. I know the consequences of granting sweeping and unrestricted policing power to the armed forces of any nation. And while my battle may be quixotic, it is one that has to be fought if we are to have any hope of pulling this country back from corporate fascism.

Section 1031 of the bill defines a “covered person”—one subject to detention—as “a person who was a part of or substantially supported al-Qaeda, the Taliban, or associated forces that are engaged in hostilities against the United States or its coalition partners, including any person who has committed a belligerent act or has directly supported such hostilities in aid of such enemy forces.”

The bill, however, does not define the terms “substantially supported,” “directly supported” or “associated forces.”

I met regularly with leaders of Hamas and Islamic Jihad in Gaza. I used to visit Palestine Liberation Organization leaders, including Yasser Arafat and Abu Jihad, in Tunis when they were branded international terrorists. I have spent time with the Revolutionary Guard in Iran and was in northern Iraq and southeastern Turkey with fighters from the Kurdistan Workers’ Party. All these entities were or are labeled as terrorist organizations by the U.S. government. What would this bill have meant if it had been in place when I and other Americans traveled in the 1980s with armed units of the Sandinistas in Nicaragua or the Farabundo Marti National Liberation Front guerrillas in El Salvador? What would it have meant for those of us who were with the southern insurgents during the civil war in Yemen or the rebels in the southern Sudan? I have had dinner more times than I can count with people whom this country brands as terrorists. But that does not make me one.

Once a group is deemed to be a terrorist organization, whether it is a Palestinian charity or an element of the Uighur independence movement, the military can under this bill pick up a U.S. citizen who supported charities associated with the group or unwittingly sent money or medical supplies to front groups. We have already seen the persecution and closure of Islamic charity organizations in the United States that supported the Palestinians. Now the members of these organizations can be treated like card-carrying “terrorists” and sent to Guantanamo.

But I suspect the real purpose of this bill is to thwart internal, domestic movements that threaten the corporate state. The definition of a terrorist is already so amorphous under the Patriot Act that there are probably a few million Americans who qualify to be investigated if not locked up. Consider the arcane criteria that can make you a suspect in our new military-corporate state. The Department of Justice considers you worth investigating if you are missing a few fingers, if you have weatherproof ammunition, if you own guns or if you have hoarded more than seven days of food in your house. Adding a few of the obstructionist tactics of the Occupy movement to this list would be a seamless process. On the whim of the military, a suspected “terrorist” who also happens to be a U.S. citizen can suffer extraordinary rendition—being kidnapped and then left to rot in one of our black sites “until the end of hostilities.” Since this is an endless war that will be a very long stay.

This demented “war on terror” is as undefined and vague as such a conflict is in any totalitarian state. Dissent is increasingly equated in this country with treason. Enemies supposedly lurk in every organization that does not chant the patriotic mantras provided to it by the state. And this bill feeds a mounting state paranoia. It expands our permanent war to every spot on the globe. It erases fundamental constitutional liberties. It means we can no longer use the word “democracy” to describe our political system.

The supine and gutless Democratic Party, which would have feigned outrage if George W. Bush had put this into law, appears willing, once again, to grant Obama a pass. But I won’t. What he has done is unforgivable, unconstitutional and exceedingly dangerous. The threat and reach of al-Qaida—which I spent a year covering for The New York Times in Europe and the Middle East—are marginal, despite the attacks of 9/11. The terrorist group poses no existential threat to the nation. It has been so disrupted and broken that it can barely function. Osama bin Laden was gunned down by commandos and his body dumped into the sea. Even the Pentagon says the organization is crippled. So why, a decade after the start of the so-called war on terror, do these draconian measures need to be implemented? Why do U.S. citizens now need to be specifically singled out for military detention and denial of due process when under the 2001 Authorization for Use of Military Force the president can apparently find the legal cover to serve as judge, jury and executioner to assassinate U.S. citizens, as he did in the killing of the cleric Anwar al-Awlaki in Yemen? Why is this bill necessary when the government routinely ignores our Fifth Amendment rights—“No person shall be deprived of life without due process of law”—as well as our First Amendment right of free speech? How much more power do they need to fight “terrorism”?

Fear is the psychological weapon of choice for totalitarian systems of power. Make the people afraid. Get them to surrender their rights in the name of national security. And then finish off the few who aren’t afraid enough. If this law is not revoked we will be no different from any sordid military dictatorship. Its implementation will be a huge leap forward for the corporate oligarchs who plan to continue to plunder the nation and use state and military security to cow the population into submission.

The oddest part of this legislation is that the FBI, the CIA, the director of national intelligence, the Pentagon and the attorney general didn’t support it. FBI Director Robert Mueller said he feared the bill would actually impede the bureau’s ability to investigate terrorism because it would be harder to win cooperation from suspects held by the military. “The possibility looms that we will lose opportunities to obtain cooperation from the persons in the past that we’ve been fairly successful in gaining,” he told Congress.

But it passed anyway. And I suspect it passed because the corporations, seeing the unrest in the streets, knowing that things are about to get much worse, worrying that the Occupy movement will expand, do not trust the police to protect them. They want to be able to call in the Army. And now they can.

To read Chris Hedges’ legal filing aimed at overturning a new law that would allow the indefinite detention of U.S. citizens deemed terrorism suspects, click here. To read the law itself, click here.

Zedillo, como Salinas y Fox, no tienen fuero, así que pueden ir a la cárcel por asesinatos y robos

1. El ex presidente Ernesto Zedillo –pensando que los mexicanos somos idiotas- alega tener inmunidad por el hecho de haber sido jefe del Poder Ejecutivo (1994-2000) ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de decenas de indígenas en la iglesia de la población de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997. Es obvio para todo el mundo que no es un recurso legal válido, ya que el fuero no sirve para proteger a funcionarios que ya dejaron el cargo ni en el caso de delitos de lesa humanidad, señalaron activistas de derechos humanos y especialistas en asuntos jurídicos. La inmunidad presidencial –aunque no se ha logrado desaparecer para siempre- sólo es válida mientras el funcionario está en el cargo, pero una vez que lo deje, puede ser llamado a cuentas por cualquier tipo de acusación. El “brother” que nunca tenía “cash”, el que vendió FFCC y luego se convirtió en su destacado miembro de administración en EEUU, sí puede ir a la cárcel.

Acteal, por José Hernández Delgadillo

2. Lo raro y dudoso es que sólo Zedillo esté en estos momentos sufriendo este trance, cuando todos los expresidentes –y presidentes- en particular los neoliberales y privatizadores Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, deberían estar en la cárcel por asesinatos, desfalcos, por hipotecar a la nación y provocar más miseria en la población mayoritaria. Pero suenan a risa estas acusaciones sobre estos tipos que parecen tener fuero vitalicio porque nunca un expresidente o presidente de México –a pesar de decenas de acusaciones fundamentadas y justas- ha pisado la cárcel. Salinas y Zedillo se “autoexiliaron” de México viviendo un sexenio en Europa o los EEUU. También el expresidente Elías Calles fue expulsado del país por el presidente Cárdenas en los años treinta por el hecho de estar metiéndose en política y por hacer grandes negocios a la sombra del enorme poder que aún tenía. Pero nada más porque hay “respeto presidencial”.

3. Zedillo, siendo presidente (1994-2000) logró encarcelar al hermano de Salinas acusado (con enorme cantidad de pruebas) de desfalcador y asesino, orillando al expresidente al exilio mientras Zedillo gobernó. Pero luego regresó de Europa -tan campante- que desde entonces sigue manejando tras bambalinas, pero también de manera abierta, la política nacional porque quienes siguen como legisladores manejando al PRI, incluso muchos del PAN en el gobierno, fueron de su círculo de amigos favorecidos. Quizá Zedillo piensa que estando gozando sus riquezas y trabajando en diversas empresas fuera de México gana más dinero se aleja de las posibles acusaciones en su contra; se olvida Zedillo que estando México tendrá más cobertura porque todos los políticos y empresarios que favoreció en su sexenio –sobre todo los panistas que recibieron la Presidencia con su apoyo- le devolverán su presencia, como ha sucedido con Salinas. Se espera su regreso.

4. El gobierno de Zedillo, a pesar de todo, aplicó la política neoliberal y privatizadora del sexenio salinista que le antecedió. Lo mismo hicieron los panistas Fox y Calderón en sus respectivos seis años de gobierno. Los grupos económicos beneficiados fueron los mismos aunque los banqueros: Cabal Peniche, Ángel Rodríguez y Jorge Lankenau hayan sido chivos expiatorios. Sustituyó a Donaldo Colosio asesinado siendo candidato, pero nada cambió. Con De la Madrid (1982-88) el PRI abrió de par en par sus puertas a los empresarios, se hizo mucho más derechista y comenzó a negociar gobiernos con el PAN. En el gobierno de Salinas (1988-94) el PAN fue introducido con Alvarez, Cevallos y Castillo hasta Los Pinos obligando al PRI a transformarse definitivamente en derechista con el nombre de “Solidaridad” y en el gobierno de Zedillo –mediante una gran cantidad de acuerdos- el PRI derechista le entregó casi sin chistar, la Presidencia al PAN.

5. Zedillo, después del desplome económico de diciembre de 1994 –del que él y Salinas fueron culpables- aplicó una política restrictiva siguiendo las órdenes del llamado “Consenso de Washington” y del Fondo Monetario Internacional. Incrementó el IVA de 10 al 15 por ciento, mantuvo la política de “topes salariales” absolutamente inferiores a la inflación y continuó reduciendo o frenando las inversiones presupuestales en salud y educación. Siguió la apertura comercial, el TLCAN, nuevos acuerdos de Libre comercio con Europa, justifica las privatizaciones pasadas y se emprenden nuevas privatizaciones (Ferrocarriles, aeropuertos, puertos, comunicación satelital, petroquímica, incluso presenta la iniciativa para privatizar la generación y comercialización de energía eléctrica. Privatiza pensiones del IMSS y se crean las afores, asimismo se mantiene la apertura indiscriminada al capital extranjero. Así que Fox y Calderón sólo se han dedicado a profundizar la privatización.

6. ¿Cómo iba Zedillo a permitir que el movimiento zapatista extienda su influencia y que el EZLN se fortalezca? Por eso el presidente preparó una trampa en Aguascalientes, Chi apas –quizá acordada con los panistas que tenían a Lozano Gracia en la Procuraduría General de la República- para apresar y asesinar a los líderes indígenas y a su principal dirigente, tal como la emboscada que el presidente Carranza organizó en 1919 en el estado de Morelos logrando engañar y asesinar al fin al líder campesino Emiliano Zapata. Zedillo no pudo, pero no dejó de cercar con decenas de miles de soldados la zona de rebeldía indígena y de organizar a paramilitares que los estén provocando de manera continua. En ese contexto se registró ese salvaje asesinato de 45 indígenas aquel 22 de diciembre cuando se encontraban en un templo en pleno rezo. A Zedillo, mucho más que hoy, le importó un bledo las acusaciones y las protestas por el fuero presidencial de que hacía gala.

7. De mi parte todos ellos, ex presidentes y el mismo Calderón deberían estar en la cárcel y no cobrando sus millones de pesos de compensación por el hecho de haber sido presidentes. Bastaría con ver si con sus políticas redujeron la pobreza del pueblo o la incrementaron, si por sus políticas erróneas, equivocadas o asesinas, murieron personas inocentes. ¿Cómo es posible que partidos y políticos que durante muchos años han demostrado hasta la saciedad que son corruptos y corruptores, represores y asesinos sigan en el poder y el pueblo hambriento no haga nada para liberarse? Bueno, para eso sirven los medios de información, la escuela, la iglesia y esa terrible jerarquía que impone la sumisión desde el hogar. Así que Salinas, Zedillo, Fox y Calderón pueden seguir riéndose con carcajadas porque el México, quizá en América Latina toda, la justicia del pueblo tendrá que esperar muchas décadas más.