El mundo contemporáneo es, sin duda alguna, víctima de una expoliación global planificada, cuyos antecedentes se pueden rastrear en la última década del siglo pasado, teniendo como primer escenario las naciones endeudadas de nuestra América. Desde entonces, los grandes centros de poder -manejados por quienes integran las grandes corporaciones transnacionales, siendo el caso más representativo el gobierno de George W. Bush, cuyos miembros provenían de las nóminas de algunas empresas petroleras- han impuesto sus condiciones a casi la totalidad del planeta, en un juego que pretende salvar las economías en crisis a cambio de concesiones que, en la práctica, significan hipotecar la soberanía y el futuro de muchos países. En todo ello, los grandes ganadores son las transnacionales, a tal punto que se han dado el lujo de colocar directamente en el poder en algunos países de Europa a personeros formados bajo sus directrices.

Esta situación coloca al planeta en un escenario de alta conflictividad social, como ha quedado evidenciado suficientemente con el movimiento de los indignados, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que da cuenta de las consecuencias desfavorables que tienen en las personas las medidas adoptadas por sus gobiernos en beneficio de los intereses de las grandes corporaciones. En este caso, ya poca gente da cuenta de los beneficios inherentes al capitalismo, pero tal cosa no significa que exista aún una conciencia revolucionaria que postule al socialismo como su contrapartida. Quizás ello pueda derivar más tarde en una lucha social que vaya transformando en política, cuestión ésta que pretende minimizarse alegando que son ajustes necesarios que se deben implementar para rescatar y consolidar las economías nacionales en bancarrota, quedándole a los ciudadanos la amarga convicción de ser manipulados por los grupos empresariales en connivencia con el estamento gobernante.

Ya en nuestra América la experiencia neoliberal demostró que a los empresarios sólo les importa disponer de mecanismos flexibles para la obtención segura y a corto plazo de mayores ganancias, dejando en la intemperie -literalmente- a familias enteras, cuyos ingresos económicos rozan los niveles de sobrevivencia. Esto se ha extendido a otros continentes, siendo ya una situación común en todo el mundo, asignando al sector privado de la economía un papel destacado como agente del desarrollo de cada país en llave con sus gobiernos, en lo que algunos han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo real y, hasta, capitalismo popular, buscando hacer menos visible el carácter depredatorio y anti-ecológico de tal sistema. Como lo hace ver C.K. Prahalad, en su libro La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado, “el compromiso activo de las empresas privadas con la base de la pirámide es un elemento esencial para la creación de un capitalismo incluyente en la medida en que la competencia del sector privado por dicho mercado fomenta la atención hacia los pobres como consumidores y crea opciones para ellos”. Ésta es la esencia real de tal preocupación empresarial: disponer de un mercado de consumo. Allí no entra ninguna otra consideración, así se esté a las puertas de un gran cataclismo mundial, como parecen estar animadas a provocarlo las transnacionales que controlan la economía global, en su empeño por tener en sus manos los recursos estratégicos de cada nación y obtener grandes ganancias, como lo han estado haciendo en los países árabes invadidos por el imperialismo gringo y sus aliados en las últimas décadas.

La ‘reeducación’ industrial vence con el modelo Spotify

La pelea por rentabilizar la producción cultural obstaculiza el debate sobre como potenciar el procomún o qué pone en crisis la figura individual creativa.

El movimiento de la cultura libre nació inspirado en parte por el auge sin precedentes del software libre (que ha demostrado que la militancia y el mercado no tienen por qué estar reñidos), y en parte como respuesta a la progresiva privatización de la cultura por parte de grandes corporaciones. Éstas, con poderosos lobbies, han conseguido de forma progresiva que los diferentes Estados secunden sus intereses instaurando regímenes de propiedad intelectual cada vez más restrictivos, como hemos comprobado con la reciente implementación de la ley Sinde.

En un momento histórico dominado por el crecimiento y hegemonía de los medios digitales y la centralidad del conocimiento como elemento productivo, corporaciones del entretenimiento y representantes de las industrias culturales han luchado por limitar el uso y acceso a sus productos reivindicando de forma exclusiva el valor económico de la cultura. De forma paralela hemos experimentado un drástico abaratamiento de los medios de producción y de las herramientas digitales. Muchas personas, con cierto bienestar económico, pueden filmar sus propias películas caseras, grabar sus discos, realizar collages, alterar fotografías, etc., dando pie a una auténtica cultura del remix cotidiano que pone en crisis la figura tradicional del o de la creadora.

Los movimientos en defensa de la cultura libre exigen el derecho a compartir y acceder a todas estas nuevas manifestaciones culturales. Denuncian la creciente privatización del acervo cultural. Han puesto de manifiesto los sistemas de control de los usuarios que construyen y navegan en internet o han denunciado las formas en que ciertas administraciones públicas han secundado los intereses de entidades de gestión en detrimento de los intereses generales de la ciudadanía.

La sostenibilidad cultural

De forma paralela, otra preocupación se ha impuesto en muchos de los foros y encuentros promovidos por la cultura libre. ¿Cómo hacemos sostenibles estas nuevas prácticas culturales? Esta pregunta busca responder a dos realidades: la de quienes crean contenidos y quieren vivir de su trabajo, y a las acusaciones de las industrias culturales que consideran que el intercambio de archivos empobrece a sus artistas. La voluntad de definir prácticas económicamente sostenibles ha dado pie a una de esas coaliciones estratégicas que debemos analizar con más detenimiento. Bajo el lema de “nuevos modelos económicos para la cultura”, los movimientos que defienden la cultura libre se han acercado peligrosamente a sujetos e ideologías liberales que en su afán por liberarse del Estado y sus diferentes administraciones abogan por dejar la cultura en manos del mercado.

Recientemente hemos sido testigos de una proliferación de encuentros y debates centrados en repensar los nuevos modelos económicos que sustentan las prácticas culturales. La lógica que representan es muy simple, la supuesta “piratería” y el fácil acceso a contenidos online van en detrimento de quien crea contenidos. Para solucionar esta situación hay que definir nuevos modelos que garanticen el acceso a contenidos a la par de generar cierta remuneración para sus creadoras. De esta manera, se desplaza un problema político a uno meramente técnico. Si el mercado es capaz de diseñar dispositivos que faciliten el acceso a contenidos previo pago, la ciudadanía se “reeducará” y dejará de incurrir en su legítimo derecho a la copia privada. De esta manera empiezan a sonar nombres de plataformas digitales como Netflix, Spotify, Jamendo, Filmin, etc., como soluciones a un problema mucho más complejo y multidimensional. Ha sido frecuente escuchar en estos encuentros críticas a las subvenciones públicas –menospreciadas en detrimento de la inversión privada–, una opción de financiación aparentemente mucho más lícita y loable.

Con facilidad se compara con la reconversión industrial para negar su vertiente política y disfrazarlo de una mera transformación económica, como si una cosa no supusiera automáticamente la otra. Lamentablemente, los nuevos modelos tienen poco de nuevo (patrocinios, financiación distribuida o la reducción del precio de los productos).

Estas soluciones temporales obstaculizan debates de más calado sobre la cultura como un procomún o que ponen en crisis la figura del o de la creadora para revelar la capacidad creativa de la sociedad. La necesidad de constituir comunidades fuertes con derechos, pero también con obligaciones, choca con la subjetividad liberal. Ésta quiere interactuar con los demás sin constricciones, y su deseo de disfrutar de bienes culturales se debe saciar al instante. Aquí se ven los límites de esta articulación estratégica.

Si en lugar de situar el mercado como solución, nos planteáramos la importancia de defender un procomún cultural caracterizado por un dominio público rico y accesible, el presente debate tomaría un cariz completamente diferente. Si en lugar de pensar en nuevos modelos de negocio, pensáramos en nuevos ecosistemas productivos vertebrados a través de comunidades responsables que definen las reglas de acceso y uso del procomún cultural, nos veríamos abocados a un debate más complejo que no busca sólo cambiar un modelo productivo, sino que obliga a repensar la propia base productiva. Es por ello que necesitamos desactivar la lógica liberal que domina la discusión, si realmente queremos pensar en sostenibilidad y en la cultura como un conjunto de elementos y valores económicos, sociales y culturales.

Jaron Rowan es integrante de YProductions y del Free Culture Forum

Desde el comienzo de la actual crisis económica global, el centro del análisis crítico y del odio público ha sido el capital especulativo. En la narrativa populista, fueron las impresionantes trampas de los bancos en una atmósfera de desregulación las que condujeron al colapso económico. La “economía financiera”, caracterizada como parasítica y mala, fue contrapuesta a la “economía real”, de la que se dijo que produce bienes reales y valor real. Los recursos fluyeron a actividades especulativas en las finanzas, resultando en una pérdida de dinamismo en la economía real y llevando finalmente a una contracción crediticia en el punto álgido de la crisis, causando bancarrotas y despidos masivos.

¿Pulpo-vampiro contra Galahad corporativo?

El principal villano en esta narrativa es Goldman Sachs. La imagen de este residente de Wall Street ha sido grabada en la mente pública por la descripción de Matt Taibbi de “un gran pulpo-vampiro envuelto alrededor de la cara de la humanidad, metiendo incansablemente su succionador de sangre en cualquier cosa que huela a dinero”.

En este informe, la antigua Némesis de los analistas progresistas, la corporación transnacional (CTN), se desplaza silenciosamente hacia el trasfondo. Por cierto, se considera parte de la economía real, como implica el término comúnmente utilizado de “corporación no financiera”. En contraste con el banco de inversiones que crea productos ficticios como los derivados, se dice que las CTN crean verdaderos productos como los iPad y los iPhone de Apple. Mientras se presenta a Goldman Sachs como un pulpo- vampiro, a  Apple se le presenta como como un Galahad corporativo con el que se puede contar para que satisfaga los deseos más descabellados del consumidor. En un sondeo, un 56% de los estadounidenses no asociaron nada negativo con Apple.

Una reciente serie en dos partes del New York Times sobre Apple, sin embargo, nos recuerda que las corporaciones transnacionales y su práctica de subcontratar puestos de trabajo son el centro de nuestras preocupaciones cuando se trata de la actual crisis económica. Y no se trata solo de corporaciones de “chimenea” como GM y Boeing que han transferido masivamente trabajo de EE.UU. a refugios de mano de obra barata en el extranjero, sino también de las involucradas en la industria del conocimiento. Por cierto, la mayor proporción de empresas con la estrategia de exportar puestos de trabajo pertenece a las industrias de la tecnología de la información y del desarrollo de software. Pero mientras HP y Dell se han asociado con la subcontratación, la hazaña de Apple en la fabricación  de productos que capturan la imaginación popular ha impedido que se le mancille con la imagen de exportador de mano de obra.

Apple y la subcontratación en el extranjero

Apple ganó más de 400.000 dólares en beneficios por empleado en 2011, más que Goldman Sachs o Exxon. Sin embargo, en los últimos años ha creado pocos empleos en su base y principal mercado dentro de EE.UU. Según el informe del Times: “Apple emplea a 43.000 personas en EE.UU. y 20.000 en el extranjero, una pequeña fracción de los más de 400.000 trabajadores estadounidenses de General Motors en los años cincuenta, o de los cientos de miles de General Electric en los años ochenta. Mucha más gente trabaja para contratistas de Apple: otras 700.000 personas diseñan, construyen y ensamblan iPads, iPhones y otros productos de Apple. Pero casi ninguna de ellas trabaja en EE.UU. Trabajan para compañías extranjeras en Asia, Europa y otros sitios, en fábricas en las que casi todos los diseñadores de productos electrónicos se basan para construir sus mercancías”.

La génesis de la crisis financiera, en los hechos, no se puede separar de las acciones estratégicas de protagonistas de la “economía real” como Apple. Su disposición a abandonar su base interior y su mercado interior fue una de las causas centrales de la crisis. La creación de crédito fue el vínculo central entre esta tendencia de la economía real y la dinámica de las finanzas. Antes de que examinemos este vínculo, sin embargo, es importante que consideremos algunos hechos sobre la subcontratación en el extranjero.

Se calcula que se eliminaron 8 millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera de EE.UU. entre junio de 1979 y diciembre de 2009. Un informe describe el sombrío proceso de la desindustrialización: “Mucho antes del colapso bancario de 2008, industrias estadounidenses tan importantes como las máquinas, herramientas, la electrónica de consumo, partes de automóviles, electrodomésticos, muebles, equipos de telecomunicaciones y muchos otros que otrora dominaron el mercado global sufrieron su propio colapso económico. El empleo en la manufactura cayó a 11,7 millones en octubre de 2009, una pérdida de 5,5 millones o un 32% de todos los empleos en la manufactura desde octubre de 2000. La última vez que trabajaron menos de 12 millones de personas en el sector manufacturero fue en 1941. En octubre de 2009, hubo más gente oficialmente desocupada (15,7 millones) que los que trabajaban en la manufactura.”

Subcontratación en el extranjero y estancamiento de la economía real

Esta devastación en el sector manufacturero, que involucró la eliminación de una cantidad masiva de puestos bien pagados en la manufactura, jugó un papel central en el estancamiento de ingresos, salarios y el poder adquisitivo en EE.UU. En las tres décadas antes del crac de 2008, señala Robert Reich, los salarios del estadounidense típico apenas aumentaron, y efectivamente bajaron en los años 2000.

El estancamiento de los ingresos planteó una amenaza a las empresas y al Estado. A las primeras, el lento crecimiento de la demanda se tradujo en sobreproducción y, por lo tanto, en la disminución de beneficios en el mercado crucial de las corporaciones. Para el Estado, planteó el espectro del aumento de los conflictos sociales y de la inestabilidad.

La amenaza de un mercado paralizado fue frustrada –temporalmente– por el sector privado mediante un aumento masivo del crédito por parte de los bancos, que rebajaron las condiciones de los préstamos y atrparon a los consumidores con múltiples tarjetas de crédito. Una gran parte de los fondos prestados procedían de China y otras economías asiáticas exportadoras de capital. El crédito mantuvo elevado el consumo y alimentó el boom en los años noventa y hasta mediados de la primera década del Siglo XXI.

Washington trató de evitar el resentimiento político adoptando una estrategia de “expansión populista del crédito”, es decir, haciendo que el crédito fácil para la vivienda estuviera disponible para grupos de bajos ingresos a través de Freddie Mac y Fannie Mae.

La estabilidad política no fue el único resultado de esta estrategia; además estuvo acompañada por una mayor rentabilidad del capital especulativo. Como escribe Raghuram Rajan: “Mientras más dinero del gobierno fluía al financiamiento o al apoyo de viviendas de bajos ingresos, el sector privado se sumó a la fiesta. Después de todo podía sacar las cuentas, y comprendió que las obligaciones políticas tras las acciones del gobierno no desaparecerían rápidamente. Con apoyo de las agencias, las hipotecas de alto riesgo serían realizables, y la vivienda de bajo coste aumentaría de precio. Bajo riesgo y alto rendimiento, ¿qué más podía desear el sector privado?”

La conexión Apple-China

La asimilación de las masas con la expansión del crédito colapsó con la implosión financiera de 2008. Actualmente, millones de estadounidense se encuentran sin trabajo y con terribles deudas. Pero, como indica la continua tasa de alto desempleo, la exportación de puestos de trabajo sigue sin tregua y China sigue siendo el destino preferido.

Parte del motivo por el cual el Sur de China mantiene su primacía como lugar de inversión es que los proveedores chinos, con subsidios del Estado, han establecido una cadena de suministro insuperable de fábricas contiguas, reduciendo radicalmente los costes de transporte, posibilitando el ensamblaje rápido de un iPad o iPhone, y satisfaciendo así en tiempo récord a los clientes de un mercado altamente competitivo.

Steve Jobs, el legendario fundador de Apple, jugó un papel clave en la creación de este sistema. Los ejecutivos de Apple cuentan que quería una pantalla de vidrio para el iPhone que no pudiera rayarse y que la quería en “seis semanas”. Un ejecutivo abandonó esa reunión, dice el Times, y reservó un vuelo a China. “Si el señor Jobs la quería perfecta”, recuerda, “no había otro sitio adonde ir”.

La superioridad en la economía de la cadena de suministro, no obstante, es solo una de las razones por las que Jobs y Apple favorecían China. El motivo central seguía siendo la mano de obra barata disciplinada por el Estado. Lo que emerge del informe del Times sobre las prácticas de Apple es que, a pesar de sus tajantes afirmaciones sobre su responsabilidad social, Apple negocia duro, y permite a sus contratistas “solo ganancias mínimas”. Por lo tanto, “los proveedores tratan frecuentemente de ahorrar en todo lo posible, reemplazar productos químicos caros por alternativas menos onerosas, o presionar para que trabajen más rápido y más tiempo. “La única manera de ganar dinero trabajando para Apple es ingeniárselas para hacer las cosas con más eficiencia o más baratas”, dijo el ejecutivo de una compañía que ayudó a poner en el mercado el iPad. “Y luego vuelven el año siguiente e imponen una reducción de precios de 10%”. No es sorprendente que una serie de proveedores de Apple hayan estado plagados de accidentes, incluidas explosiones, ya que, como describe un antiguo ejecutivo de Apple, “si se restringen los márgenes, se obliga a reducir la seguridad”.

Las consecuencias de severas reducciones de costes no han sido solo accidentes sino también protestas de los trabajadores. Algunos de ellos tomaron el trágico camino del suicidio, como los que ocurrieron en 2009 y 2009 en Foxcom, un gigantesco contratista corporativo tristemente célebre, mientras otros recurrían a acciones laborales espontáneas reprimidas violentamente por la administración y el Estado.

Los productos de Apple son los mejores de su categoría, distinguidos por su diseño, construcción y personalidad o “alma” superiores. Pero la marcha de la compañía a la supremacía en el mercado se ha logrado a un tremendo coste para los trabajadores estadounidenses y chinos. El iPad y el iPhone son obras maestras de ingeniería. Pero esos productos no son simplemente materiales. También encarnan las relaciones sociales de la producción. Son la expresión del matrimonio entre una empresa exigente que se ha convertido en la corporación de vanguardia de nuestro tiempo y lo que Slavoj Zizek ha llamado el “Estado capitalista ideal” de la actualidad: China, con la libertad que ofrece al capital junto con una capacidad sin igual de disciplinar a la mano de obra. No se puede dejar de estar de acuerdo con Jared Bernstein, un ex asesor económico de la Casa Blanca, cuando dijo al Times: “Si [el sistema de Apple] es el pináculo del capitalismo, deberíamos estar preocupados”.

El analista sénior de Foreign Policy In Focus, Walden Bello, es analista sénior del instituto Focus on the Global South basado en Bangkok y representante de Akbayan (Partido de Acción Ciudadana) en la Cámara de Representantes de las Filipinas.

Ever since the beginning of the current global economic crisis, the focus of both critical analysis and public odium has been speculative capital. In the populist narrative, it was the breathtaking shenanigans of the banks in an atmosphere of deregulation that led to the economic collapse. The “financial economy,” characterized as parasitic and bad, was contrasted to the “real economy,” which was said to produce real goods and real value. Resources flowed into speculative activities in finance, resulting in a loss of dynamism in the real economy and eventually leading to credit cutoff at the height of the crisis, causing bankruptcies and massive layoffs.

Vampire Squid versus Corporate Galahad?

The principal villain in this narrative is Goldman Sachs. The image of this Wall Street denizen has been etched in the public mind by Matt Taibbi’s description of it as “a great vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money.”

In this account, the old nemesis of the progressive analysts, the transnational corporation (TNC), slips quietly into the background. Indeed, it is seen as part of the real economy, as the commonly used term “non-financial corporation” implies. In contrast to the investment banks that create fictitious products like derivatives, TNCs are said to create real products like Apple’s nifty iPads and iPhones. While Goldman Sachs is pictured as a vampire squid, Apple is depicted as a corporate Galahad that can be relied on to deliver the consumer’s wildest desires. In one survey, 56 percent of Americans associated nothing negative with Apple.

A recent two-part series in the New York Times on Apple, however, reminds us that transnational corporations and their practice of outsourcing jobs are front-and-center when it comes to the current economic crisis. And it is not only “smokestack” corporations like GM and Boeing that have massively shifted work from the United States to cheap labor havens abroad, but also those involved in the knowledge industry. Indeed, the highest proportion of firms with an offshoring strategy belongs to the information technology and software development industries. But while HP and Dell have become associated with outsourcing, Apple’s prowess at turning out products that capture the popular imagination has kept it from being tainted with the image of being a labor exporter.

Apple and Outsourcing

Apple earned over $400,000 in profit per employee in 2011, more than Goldman Sachs or Exxon. Yet in the last few years, it has created few jobs in its home base and prime market, the United States. According to the Times account, “Apple employs 43,000 people in the United States and 20,000 overseas, a small fraction of the over 400,000 American workers at General Motors in the 1950s, or the hundreds of thousands at General Electric in the 1980s. Many more people work for Apple’s contractors: an additional 700,000 people engineer, build and assemble iPads, iPhones and Apple’s other products. But almost none of them work in the United States. Instead, they work for foreign companies in Asia, Europe and elsewhere, at factories that almost all electronics designers rely upon to build their wares. “

The genesis of the financial crisis, in fact, cannot be separated from the strategic moves of “real economy” actors like Apple. Their readiness to leave their home base and home market was one of the central causes of the crisis. The creation of credit was the central link between this trend in the real economy and the dynamics of finance. Before we examine this link, however, it is important to review some facts about outsourcing.

It is estimated that 8 million U.S. manufacturing jobs were eliminated between June 1979 and December 2009. One report describes the grim process of deindustrialization: “Long before the banking collapse of 2008, such important U.S. industries as machine tools, consumer electronics, auto parts, appliances, furniture, telecommunications equipment, and many others that had once dominated the global marketplace suffered their own economic collapse. Manufacturing employment dropped to 11.7 million in October 2009, a loss of 5.5 million or 32 percent of all manufacturing jobs since October 2000. The last time fewer than 12 million people worked in the manufacturing sector was in 1941. In October 2009, more people were officially unemployed (15.7 million) than were working in manufacturing.”

Outsourcing and Stagnation in the Real Economy

This decimation of the manufacturing sector, which involved the elimination a massive number of well-paying manufacturing jobs, played a central role in the stagnation of income, wages, and purchasing power in the United States. In the three decades prior to the crash of 2008, Robert Reich notes, the wages of the typical American hardly increased, and actually dropped in the 2000s.

This stagnation of income posed a threat to both business and the state. To the first, the slow growth of demand would translate into overproduction and, thus, diminished profits in the corporations’ key market. To the state, it posed the specter of rising social conflict and instability.

The threat of a stagnant market was thwarted—temporarily—by the private sector via a massive increase in credit creation by banks, who lowered lending standards and hooked millions of consumers into multiple credit cards, with a great deal of the funds lent sourced from China and other capital-exporting Asian economies. Credit kept consumption up and fueled the boom in the 1990s and the middle of the first decade of the 21^st century.

Washington tried to ward off political resentment by adopting a strategy of “populist credit expansion,” that is, making easy credit for housing available for low-income groups via Freddie Mac and Fannie Mae. Political stability was not the only outcome of this approach; it was accompanied by greater profitability for speculative capital. As Raghuram Rajan writes, “As more money from the government flooded into financing or supporting low income housing, the private sector joined the party. After all, they could do the math, and they understood that the political compulsions behind government actions would not disappear quickly. With agency support, subprime mortgages would be liquid, and low-cost housing would increase in price. Low risk and high return—what more could the private sector desire?”

The Apple-China Connection

Co-opting the masses with credit expansion collapsed with the financial implosion of 2008. Today, millions of Americans are both without jobs and in terrible debt. But, as the continuing high unemployment rate indicates, the export of jobs continues unabated, and China remains the favored destination.

Part of the reason South China retains its primacy as an investment site is that Chinese suppliers, with subsidies from the state, have established an unbeatable supply chain of contiguous factories, radically bringing down transport costs, enabling rapid assembly of an iPad or iPhone, and thus satisfying customers in a highly competitive market in record time.

Steve Jobs, the legendary founder of Apple, played a key role in creating this system. Apple executives recount his wanting a glass screen for the iPhone that could not be scratched, and his wanting it in “six weeks.” After one executive left that meeting, says the Times, he booked a flight to China. “If Mr. Jobs wanted perfect,” he recalled, “there was nowhere else to go. “

Mastery of the economics of the supply chain is, however, only one of the reasons Jobs and Apple favored China. The central reason continued to be cheap labor that is disciplined by the state. What emerges in the Times account about Apple’s practices is that, despite its protestations about being a socially responsible firm, Apple bargains hard, allowing its contractors “only the slimmest of profits.” Thus, “suppliers often try to cut corners, replace expensive chemicals with less costly alternatives, or push their employees to work faster and longer. “The only way you make money working for Apple is figuring out how to do things more efficiently or cheaper,” said an executive at one company that helped bring the iPad to market. “And then they’ll come back the next year, and force a 10 percent price cut.” Not surprisingly, a number of Apple suppliers have been plagued with accidents, including explosions, since, as one former Apple executive put it, “If you squeeze margins, you’re forcing them to cut safety.”

The consequences of severe cost-cutting have not only been accidents but also protests by workers. Some of them took the tragic route of suicide, such as those that occurred in 2009 and 2010 at Foxconn, a notorious, gigantic corporate contractor, while others resorted to spontaneous labor actions that were put down forcefully by management and the state.

Apple’s products are top of the line, distinguished by their superior design, engineering, and personality or “soul.” But the company’s march to market supremacy has been accomplished at tremendous cost to both American and Chinese workers. The iPad and iPhone are engineering masterpieces. But these commodities are not simply material. They also incarnate the social relations of production. They are the expression of the marriage between a demanding enterprise that has become the cutting edge corporation of our time and what Slavoj Zizek has called today’s “ideal capitalist state”: China, with the freedom it offers capital along with its unparalleled capacity to discipline labor. One cannot but agree with Jared Bernstein, a former White House economic adviser, when he told the Times, “If it’s [the Apple system] the pinnacle of capitalism, we should be worried.”

Foreign Policy In Focus columnist Walden Bello is senior analyst of the Bangkok-based institute Focus on the Global South and representative of Akbayan (Citizens’ Action Party) in the House of Representatives of the Philippines.

Nuestras Costas es una nueva producción audiovisual de ALBA SUD sobre la lucha de las comunidades costeras de Costa Rica por defender sus territorios frente a las presiones de la gran inversión turístico-residencial por medio de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios.

En Costa Rica durante muchos años las comunidades costeras han vivido casi en el abandono. En los últimos años sin embargo se han visto amenazadas por un modelo de desarrollo que ha privilegiado las grandes inversiones turístico-residenciales frente a las necesidades de las poblaciones que tradicionalmente han vivido en esos territorios, dedicadas a la pesca artesanal, la extracción regulada de huevos de tortuga o diversas modalidades de turismo. Ante este desafío unas sesenta comunidades de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se organizaron en un Frente Nacional de Comunidades Costeras y formularon una propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios. Esta ley actualmente está pendiente de discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa, después de que en octubre de 2011 fuera dictaminada favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente.Nuestras Costas es un reportaje de ALBA SUD realizado en co-producción con ACTUAR y la colaboración del Frente Nacional de Comunidades Costeras y CANTURURAL.El equipo técnico responsable de esta producción es:Realización, producción y guión: Ernest Cañada
Cámara, edición y audio: Ríders Mejía
Colaboración: Kyra Cruz, Yuri Montero y Luis Zúñiga de ACTUAR; Victoria Quirós y Wilmar Matarrita del Frente Nacional de Comunidades Costeras; Ronal Vargas de Cáritas – Pastoral Social de Guanacaste; Alam Ramírez y Salvador García de Alba Sud.
Música: Esteban Monge (versión instrumental de la canción “Como si existiera”)
Cámara auxiliar: Nel Llanos
Asistencia de edición: Núria Piera
Diseño gráfico: José Moltalvade Estudio JaEste reportaje forma parte del proyecto “Iniciativa de comunicación sobre cambio económico,  movilidad humana, turismo y gobernabilidad territorial en Centroamérica” co-ejecutado por ALBA SUD y Fundación PRISMA. También ha recibido el apoyo de la Diputación de Barcelona.

Haití tiene una larga historia de tutela. Tutela militar, chantaje económico, control financiero… El terremoto no sólo no modificó este estado de las cosas, sino que las profundizó. Los planes del presidente Martelly y del primer ministro Conille parecen dictados desde fuera y/o por el pasado duvalierista.

No vamos a profundizar otra vez en la dura historia reciente de Haití, sino que vamos a quedarnos con la fotografía de este instante. La comunidad internacional celebra la “estabilización democrática” del país. Es uno de los logros de la ayuda prestada. Esa alegría se funda en dos hechos: hay un presidente “elegido democráticamente” desde mayo de 2011 y, a pesar de no tener control del parlamento y de haber tardado cinco meses, desde octubre hay un primer ministro y un gobierno.

(Arte: Sue Coe)

¿Es así? ¿Gobiernan para los haitianos? ¿Quién toma las decisiones o quién las condiciona? Empecemos por las elecciones. La primera vuelta de los comicios se celebró en noviembre de 2010, entre escombros y con el cólera comenzando su imparable carrera de muerte. Se gastó un dineral (45 millones de dólares) y sólo se logró que votara un 22.7% del electorado. No era de extrañar. La mayoría de la población trataba de sobrevivir y el corrupto aparato estatal no generaba tampoco confianza como para ir a votar. Además, no se permitió el concurso del partido con más simpatizantes, el del presidente desterrado por Estados Unidos en 2004, Jean Bertrand Aristide. El país estaba tomado por tropas extranjeras, las decisiones las tomaba la comunidad internacional.

Ante los resultados comunicados por el Consejo Electoral Provisorio (CEP), que no gustaron ni a los ‘protectores’ ni a parte del electorado, especialmente a los seguidores del cantante pop Michel Martelly, la OEA, en base a las actas supuestamente fraudulentas, reordenó los resultados excluyendo de la segunda vuelta al candidato oficialista y entregando, en la práctica, la presidencia a Martelly, cuyo currículum según Francisco Peregil de El País se podría resumir así: “estudió hasta el Bachillerato, intentó sin éxito estudiar varias carreras y fue expulsado del Ejército de Haití por dejar embarazada a la hija de un general, aprendió a tocar de oído los teclados y se convirtió en el rey del ritmo kompa en su país”.

El presidente Martelly tomó posesión en mayo de 2011 y, al no contar con respaldo en la Cámara de Diputados ni en el Senado, controlados por el partido del ex presidente Préval, tardó cinco meses en armar gobierno Finalmente -de esto se habla poco-, el primer ministro de Haití, es Garry Conille, médico que fue asesor de Bill Clinton, el enviado especial de la ONU para Haití y el coordinador hasta ahora de todo el programa de reconstrucción del país. El senador Andrés Riché calificó el nombramiento como una “indecencia” y su compañero William Jeanty consideró que validaba la continuidad de la tutela exterior sobre el empobrecido país. Además de la fuerte influencia sobre Martelly que ejerce Estados Unidos, uno de sus principales asesores políticos es el español Antonio Sola, experto en elecciones vinculado al Partido Popular español y un personaje muy cercano al nuevo presidente de derecha de ese país, Mariano Rajoy. Quizá por eso, en su visita a España en julio de 2001, Martelly aseguró: “Es cierto que en Haití hay basuras amontonadas, escombros en las casas. Pero es un país riquísimo. Tenemos unas playas estupendas. Se puede crear un gran centro turístico. Ustedes me pueden decir es que no hay energía. Y es verdad. Pero eso, en vez de ser un problema es una oportunidad. Se puede crear un gran barrio que se llame España. Y después vendrán los franceses y querrán construir otro que se llame Francia, y después Estados Unidos. Y España será la dueña de la energía”.

¿Quíenes son?

Didier Dominique, dirigente de la Central Sindical Batay Ouvriye de Haití, hace acusaciones mucho más graves. Recuerda que Garry Conille es hijo de un macout duvalierista, que uno de los hijos de Duvalier está trabajando en el gabinete de Martelly [Nicolas Duvalier, de 28 años, es asesor personal de MArtelly], así como varios ex altos cargos del gobierno dictatorial de Baby Doc. Según el sindicalista Martell “aplica los mismos métodos de Duvalier, o sea, la fuerza y la dictadura. Por ejemplo, en el campo los duvalieristas regresan a recuperar sus tierras. Y, ahora, con la policía y la Minustah, los latifundistas de antes vuelven a hacer una contrarreforma agraria. La Minustah da apoyo al desalojo de los campesinos de sus tierras”.

Lo cierto es que, tal y como detallaba The Associated Press en noviembre, “un ex ministro y embajador de la dictadura es asesor cercano de Martelly. Y al menos cinco miembros de alto rango del gobierno, entre ellos el nuevo primer ministro, son hijos de personas que ocuparon cargos importantes durante el gobierno de Duvalier”.

Cuando Martelly se hacía llamar Sweet Micky, su nombre artístico, cantaba que los seguidores de Aristide olían “a mierda”, pero dirigía el club nocturno Le Garage y era buen amigo allá de altos mandos del ejército y de los paramilitares de Baby Doc. Ahora se reúne con Aristide y con Baby Doc Duvalier, después del regreso de ambos al país, el primero desde Sudáfrica (presidente democrático que fue expulsado por una invasión militar estadounidense) y el segundo desde Francia (a donde huyó en 1986 después de que EEUU le retirara su apoyo económico y militar). Los portavoces de Martelly dicen que “es hora de la reconciliación”. Algunos dicen que ha llegado la hora de la “reposición” de los viejos gobernantes.

No opinan igual las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos que exigen que se juzgue a Jean Claude Duvalier, Baby Doc, por crímenes de lesa humanidad. Tiene abiertos 18 procesos en Haití, pero paga un extraño arresto domiciliario, en una mansión de lujo de la que sale cuando quiere para reunirse con simpatizantes o para dar discursos en la universidad. “El entorno político está formado por duvalieristas”, se queja el economista Camille Chalmers.

El proyecto empresarial

Las decisiones de Martelly parecen agradar a dos de los elefantes de peso específico. Por un lado, Baby Doc y sus seguidores, a los que tiene contentos con la propuesta de formar un nuevo Ejército (abolido por Aristide en 1995) e indemnizar a los soldados destituidos desde la desaparición del cuerpo armado. Por el otro, Bill Clinton y el proyecto de Estados Unidos para Haití, con la obsesiva tarea de abrir parques industriales que alojen empresas maquileras que exportan a Estados Unidos. Clinton no sólo ha dirigido la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, sino que encabeza el Consejo Presidencial de Haití para el Crecimiento Económico (del que forman parte empresarios extranjeros como Denis O’Brien, CEO de Digicel Group).

De hecho, en noviembre pasado, Clinton, Martelly y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno, posaban sonrientes en la inauguración del Parque Industrial Caracol, un espacio para maquilas que ha despojado de sus tierras a unos 300 familias agricultoras y que se ha financiado con dinero de la cooperación. Por supuesto que uno de los primeros tramos de carretera restaurados tras el terremoto han sido los 80 kilómetros que unen Puerto Príncipe con la zona norteña donde está el parque Caracol.

Clinton, que no disimula su proyecto –ya propuso en 2009 una salida para Haití: maquilas y call centers-, celebró los dos años del terremoto lejos de os damnificados. Visitó, llevando de la mano al primer ministro, Conille, la nueva fábrica de la estadounidense Timberland donde, según el ejecutivo de la empresa Garet J. Brooks, los 150 trabajadores cobrarán 5 dólares al día (unos 120 dólares al mes), pero podrán visitar semanalmente a un médico o enfermera (unas botas Timberland modelo 2011 cuestan una media de 220 dólares, casi el doble de un mes del sueldo de las costureras haitianas).

¿Ejército para qué?

Martelly no ha logrado solucionar el problema de vivienda y de salud que sufren cientos de miles de haitianos, sólo controla el 1% de la cooperación internacional destinada a la reconstrucción y está obsesionado con atraer la inversión extranjera a toda costa, como se ha demostrado. En ese último afán ha contentado tanto a inversores como a los seguidores de Duvalier.

Laurent Lamothe, el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, explicaba a finales de noviembre las razones que justifican el nuevo ejército que arrancaría con 3.500 efectivos y un presupuesto de 95 millones de dólares: “Los empresarios quieren sentirse seguros, y sus edificios deben estar protegidos. A fin de que se sientan seguros, deben tener el personal para salvaguardarlos”. “Nadie invertirá en este país si no pueden conducir por las calles. Queremos mantener al pueblo haitiano seguro contra todo tipo de factores desestabilizadores. Estamos trabajando para encontrar la fórmula adecuada para disponer de una fuerza cuando la MINUSTAH abandone el país”.

Los críticos de Martelly ven el proyecto militar una reacción del presidente a la falta de control que tiene sobre la Policía, la respuesta a los reclamos de los ex soldados que, periódicamente, amenazan con revueltas en caso de que no les sean reconocidos sus salarios desde 1995, y un mensaje tranquilizador, como explicó su ministro de Exteriores, a los inversores extranjeros.

Ya sabemos un poco más de quién gobierna en Haití… también de para quién. El karma del pueblo haitiano no parece tener fin.

La oposición de las comunidades del norte de Perú a un proyecto que amenaza los recursos hidrológicos de la zona critica la política medioambiental de Humala.

El caso del proyecto Minas Conga en Cajamarca, en el norte de Perú, se ha convertido en un emblema que revela cuestiones de fondo sobre la gestión de conflictos socioambientales del gobierno de Ollanta Humala, 140 días después de que asumiera su cargo. El desenlace del proyecto Conga constituye un precedente sobre cómo se van a manejar los conflictos socioambientales bajo el nuevo Gobierno.

(Foto: Eduard Lozano / Diagonal)

De momento, tras más de un mes de protestas y decenas de heridos en las manifestaciones, el Gobierno ha encargado a peritos internacionales la emisión de un informe en los próximos 40 días que revise el estudio de impacto ambiental del proyecto, en especial en lo referente al agua. Según las comunidades que se oponen, el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Gobierno del anterior presidente, Alan García, a pesar de que en el mismo no hay un estudio del impacto hidrológico. Además, la población de la zona denuncia que el ingeniero del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el mencionado estudio trabajaba anteriormente para la Compañía Yanacocha.

La beneficiaria del proyecto es la minera Yanacocha, un consorcio formado por la estadounidense Newmont, que tiene el 51% de las acciones, la peruana Buenaventura, que participa con un 43%, y la Corporación Financiera Internacional, una institución que pertenece al Banco Mundial y posee el 5%. Yanacocha proyecta comenzar la extracción de oro y cobre a cielo abierto en dos lagunas al noreste de la capital de la provincia, lo que conllevará una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer seis millones de onzas de oro, valoradas en más de 12.000 millones de dólares, según informaba el medio conservador El Comercio.

A pesar de la oposición al proyecto, que llevó a la compañía a suspender las obras tras el bloqueo de carreteras y las movilizaciones de las comunidades indígenas, la Yanacocha no ha dado su brazo a torcer. El mapa de potencialidades de la zona elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) certifica que Cajamarca acumula el 80% de las reservas de oro del país (60 millones de onzas), lo que la convierte en la región minera más grande de Sudamérica.

La intención del consorcio minero es horadar dos tajos sobre la laguna Perol de dos kilómetros de diámetro por un kilómetro de profundidad y remover 2.000 toneladas de roca al día durante 17 años, según el medio Eco Portal. Esto producirá sequía y contaminación por cianuro, aguas ácidas y otros metales pesados a cinco nacimientos de ríos o cabeceras de cuenca, 682 manantiales, 102 pozos de agua para consumo humano y seis lagunas.

Esto sucede a pesar del hecho que las cabeceras de cuenca son consideradas por el Estado peruano como “ecosistemas frágiles o de alta vulnerabilidad” y cuentan por ello con protección legislativa. Además, en 2004 se decretó el área donde actúa Minas Conga como zona ambiental de prioridad para la conservación.

Desarrollo y pobreza

Hasta ahora, el presidente de la República, a pesar de las declaraciones del Ministerio de Ambiente y la renuncia del reconocido Viceministro José de Echave, defensor del medioambiente, se ha mostrado favorable a que el proyecto Conga de la Compañía Yanacocha prosiga. Humala argumenta que el proyecto traerá desarrollo económico, aguas de las lagunas desplazadas y la promesa de evitar su contaminación.

Por las experiencias de comunidades vecinas, el conocido como canon minero, una ayuda al desarrollo, no es un buen reclamo para unas comunidades que se encuentran entre las más pobres del país. En la práctica “ocho de cada diez pobladores viven en la pobreza”, apunta Eco Portal.

Los analistas centrados en la gestión de los conflictos plantean construir una agenda ambiental y social en torno a la actividad minera que determinaría las zonas donde se podría extraer minerales, dónde no y qué zonas son habitables, con una hoja de ruta.

Mientras tanto, el juego político está servido. Dada la declaración de estado de emergencia en la zona, que se mantuvo entre el 5 y el 15 de diciembre, y al haber militarizado el conflicto, Alejandro Toledo, expresidente del país y cabeza visible del partido Perú Posible, ha roto con su socio de Gobierno, Gana Perú, por lo que Humala tendrá que buscar nuevos apoyos en el Congreso para gobernar.

ENTREVISTA A SECUNDINO SILVA URQUÍA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE APOYO A CELENDÍN CAJAMARCA

“Humala prometió defender el medioambiente, pero ahora muestra una posición prominera”

DIAGONAL: ¿Cuál es la situación actual en Cajamarca, generada por el proyecto minero Conga?

SECUNDINO SILVA: La población de Cajamarca es víctima de más de 18 años de contaminación de su agua, suelo y aire, más otros abusos e irresponsabilidades de la empresa minera Yanacocha. Entre ellos están el envenenamiento, hasta hoy impune, de más 1.200 familias en Choropampa en el derrame de mercurio de 2000; el asesinato del campesino Isidro Llanos en Combayo, en 2006; y la agresión del pasado 29 de noviembre a los campesinos que defendían la laguna El Perol de Conga, con al menos dos heridos de bala que quedarán con invalidez de por vida.

El conflicto sigue sin solución porque el Gobierno tomó partido a favor de la inversión minera y dictó medidas represivas contra la lucha pacífica de la población de Cajamarca. Así, para sofocar la huelga indefinida iniciada el 24 de noviembre, decretó el estado de emergencia [que concluyó el 15 de diciembre]; luego pasó a detener temporal, arbitraria e ilegalmente a nuestros dirigentes, y a hostilizar activistas anti Conga. Últimamente, ignorando a los representantes del pueblo cajamarquino, el gobierno reclutó gente vinculada a Yanacocha, y alcaldes de distritos donde no está el proyecto, presentándolos como nuevos interlocutores.

D.: ¿Cómo están viviendo esta situación los cajamarquinos?

S. S.: El pueblo siente que el presidente Ollanta Humala le ha traicionado. Como candidato prometió apoyar la defensa del agro, la ganadería, el agua y medioambiente. Como presidente muestra una posición abiertamente prominera. Los cajamarquinos entendemos perfectamente que las observaciones del Ministerio del Ambiente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga prácticamente dicen que éste es inviable. Sin embargo, aceptamos un peritaje internacional serio, independiente y consensuado de una firma consultora, que paralelamente a la evaluación profesional del Estudio de Impacto Ambiental, audite los más de 18 años de labores extractivas de la Compañía Yanacocha.

D.: ¿Cree que la demora en la solución de este conflicto puede generar una nueva crisis gubernamental?

S. S.: Podría ser así. Ya generó una, en la que las posiciones dialogantes del Gobierno perdieron con la renuncia ética del primer ministro Salomón Lerner. El actual primer ministro, Óscar Valdés, entiende poco de civismo y nada de negociación de conflictos.

D.: El conflicto socioambiental por el proyecto Conga ¿tiene similitudes con otros casos en Perú?

S. S.: Sí, porque Conga no es el único proyecto minero ubicado en cabecera de cuenca hidrográfica [en el nacimiento de un río]. Es importante señalar que ejecutar el proyecto Conga u otros de ubicación similar es ilegal, ya que leyendo al artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos entendemos que no se debe hacer minería en las cabeceras de cuenca. Los daños o impactos a sus ecosistemas que generarían las actividades extractivas de la minería serían irreversibles.

D.: ¿Qué puede decir acerca de la opinión pública nacional e internacional en torno al proyecto Conga?

S. S.: Una de las tareas del colectivo que represento es posicionar las razones de resistencia del pueblo cajamarquino al proyecto Conga en la opinión pública limeña, nacional e internacional. Hacemos frente a una campaña mediática millonaria del gobierno y de la Compañía Yanacocha. A través de las redes sociales hemos recibido la solidaridad de la juventud universitaria, de muchos colectivos sociales nacionales y extranjeros, de personalidades de todo el mundo.

—-

CRISIS MINERA EN PERÚ

24 DE NOVIEMBRE Campesinos e indígenas inician un paro y cortan carreteras contra el proyecto. La Compañía Yanacocha suspende la actividad pero el paro continúa hasta que el proyecto sea declarado inviable.

5 DE DICIEMBRE Tras un día de negociación, Ollanta Humala decreta el estado de emergencia en cuatro provincias del departamento de Cajamarca, que quedan bajo vigilancia policial y militar.

11 DE DICIEMBRE Dimite el primer ministro Salomón Lerner por sentir cuestionada su autoridad por parte del presidente durante las negociaciones en Cajamarca. Ese mismo día diez ministros renuncian a sus cargos.

15 DE DICIEMBRE Humala propone un peritaje internacional al Proyecto Conga. El procedimiento: el Gobierno pide al Banco Mundial una lista de consultores y elige. Tres días después se levanta el estado de emergencia en la zona.

“Postgrados: el mejor camino para el éxito” , “¡Triunfe en la vida: obtenga su título de post grado!”, “ No hay pretextos: no dejes de invertir en ti; la educación paga, y paga con creces” …, frases como estas hoy día no nos parecen raras. Al contrario: en tanto parte de una incuestionada cotidianeidad, son una invitación a darles el mayor crédito, a valorarlas, endiosarlas incluso. La lógica actual prácticamente obliga a quienes ya tienen un diploma de estudios terciarios a cursar estudios de post grado universitario para ingresar al mercado laboral (¿triunfar en la vida?).

Pero si leemos, por ejemplo, que “Los post grados deberán fomentar el pensamiento crítico, la conciencia reflexiva, la capacidad de movilización de cuerpos teóricos para el análisis de situaciones complejas, la argumentación y capacidad de debate fundamentados [por lo que es necesaria] una docencia que supere el nivel disciplinar y la visión teórico-academicista a favor de estrategias docentes problematizadoras que motivan y desarrollan capacidades para el fortalecimiento de las virtudes indagativas” (Raúl Zepeda et alia, “Diagnóstico de necesidades de formación de recurso humano a nivel de post grado”, Guatemala, 2008), ello, sin dudas, no será lo dominante en las estrategias de promoción mercadológicas habituales. O incluso, ni siquiera se lo mencionará.

¿Estrategias de promoción mercadológicas en el ámbito de la educación? Sí, así como suena, definitivamente. Cada vez más, en forma creciente, la cosmovisión que se impone en un mundo globalizado desde la lógica del capital hace de la educación dos cosas: 1) un fetiche, y 2) un redituable negocio.

“Las palabras ‘ educación’ e ‘inversión’ van de la mano, pues se trata de destinar dinero en ti para mejorar como profesional y aportar lo mejor de tus conocimientos en tu centro laboral” : invocaciones por el estilo han pasado a ser moneda corriente, no se cuestionan. El prejuicio que anida allí hace de la educación la presunta vara mágica que podrá solucionar todos los problemas del mundo. La educación, de ese modo, es considerada como pasaporte sin más para un mejoramiento en la calidad de vida, pero siempre desde la óptica individualista. Si uno se prepara, si uno “invierte en sí mismo” –y los post grados serían el punto máximo en esa “inversión”– el “éxito” estaría asegurado esperándonos a la vuelta de la esquina.

Esta tendencia, presente desde siempre en el ideario de la libre empresa, se potenció a niveles inimaginables en las pasadas décadas de capitalismo salvaje sin anestesia (eufemísticamente llamado neoliberalismo), cuando cae la opción de una sociedad no-capitalista y se esfuman, al menos temporalmente, los sueños de justicia y equidad. Desde el triunfo casi absoluto del gran capital luego de la Guerra Fría, el catecismo en juego hace del individualismo la clave del “triunfo” en la vida. En ese sentido, la educación formal sería su instrumento por excelencia.

Existe allí, por supuesto, una visceral formulación ideológica, por lo que no hay que perder nunca de vista que con educación y sólo con ella no es posible el desarrollo. Estamos ante una falacia. Por el contrario, la educación es parte de un complejo conjunto de facetas. El desarrollo de un pueblo no pasa por salidas individuales, por “salvamentos” personales. Un graduado universitario con su título de post grado bajo el brazo (maestría, doctorado, hoy día ya también post doctorado) está en mejores condiciones para afrontar el mercado de trabajo que un analfabeto, o que alguien que apenas tiene un nivel medio; pero la historia con mayúscula, la de los pueblos o de los países, no se escribe en términos individuales. Por el “éxito” individual de un (o unos cuantos) graduado(s) con diploma de post gado, infinitamente muchos más no llegan ni cerca de un aula universitaria. Si pensamos en el desarrollo, la educación, sin restarle importancia por supuesto, va de la mano simultáneamente de otros aspectos: de la salud, de un crecimiento económico equitativo, de justicia social y respeto al medio ambiente, entre otros.

¿Qué significaría entonces “salvarse” en términos individuales con un título de maestría o doctorado en un mar de pobreza? La trampa ideológica es más que evidente. Argentina, por ejemplo, es uno de los países en Latinoamérica con mayor tasa de graduados universitarios; ¿de qué le sirvió ello ante la caída estrepitosa que se dio en su situación económica a partir de los planes neoliberales de las últimas décadas? Algunos universitarios se habrán podido reacomodar; otros marcharon al extranjero (“inversión” perdida para el país, obviamente), pero a nivel general el país experimentó un dramático cambio negativo en su composición social pese al alto nivel educativo de su población (para el momento de la entrada en vigencia de los planes de achicamiento del Estado se tenía casi un cero por ciento de analfabetismo). Otro tanto sucedió en los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética: el alto nivel educativo de sus poblaciones no impidió la catastrófica situación que se vivió con el paso al capitalismo.

Por todo ello puede decirse que la educación, por sí misma, no es la palanca mágica que saca de la pobreza. Tiene que darse una combinación de factores: ¿es posible “salvarse” con una maestría o un doctorado en un universo de pobres sin mayores salidas? Es más que evidente que la invocación en juego no tiene el más mínimo sentido crítico ni solidario: es un ramplón mandamiento clasemediero. ¿Salvarse de qué: de no ser un “triunfador”?

Además, para decirlo en clave de “éxito” empresarial, muchos de los íconos de “triunfadores” de la libre empresa de los últimos años, sin dudas endiosados, no terminaron nunca estudios universitarios, y mucho menos post grados –independientemente que ya famosos y en el pináculo de su gloria, se les concedieran doctorados honoris causa por razones más bien políticas–. Así, los magnates –por cierto sumamente exitosos vistos desde la lógica de acumulación del capital– Aristóteles Onassis, Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, no exhiben ningún diploma de universidad alguna.

En adición, mirando desde la antípoda del “lucro”, también puede decirse que numerosos intelectuales y pensadores dejaron huella indeleble sin título universitario y muy lejos de los post grados: Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, José Saramago, Nelson Mandela, Eduardo Galeano.

Por supuesto que todo ello no es una invocación a no estudiar, o no avanzar cada vez más en el conocimiento. ¡De ningún modo! Lo que sí resulta imperioso es situarse en una posición crítica ante lo que parece ser una ola que todo lo barre y no se cuestiona. Hoy pasó a ser un lugar común la quasi imperiosa necesidad de contar con post grados para poder ingresar en el mercado laboral si ya se tiene un diploma universitario de grado. Y ahí entra en juego el segundo elemento digno de destacarse: la educación, cada vez más en sintonía con el espíritu dominante (triunfo omnímodo de la ideología neoliberal individualista) pasó a ser un jugoso negocio.

En un mundo donde todo, absolutamente todo, puede devenir un bien comercializable (el conocimiento, la salud, el deporte, las energías, la religión, el sexo), ¿por qué no habría de serlo también la educación superior, los post grados? Con el fin de la Guerra Fría la idea de un Estado benefactor, un Estado que aún dentro de la lógica de mercado cumplía con su papel de satisfactor de algunas necesidades básicas, fue extinguiéndose. Por eso pudimos llegar al endiosamiento acrítico de la libre empresa y a la increíble (¿absurda, paradójica, ininteligible?) idea de “socialismo de mercado”, tal como preconiza hoy el gigante chino.

La educación superior y las funciones ligadas a ella (la investigación pura, la producción de conocimiento de vanguardia, la élite intelectual), de relativo bien social pasó a ser mercadería pura y descarnada. Hoy día, ya como tendencia global generalizada, los post grados son su expresión más elocuente: la universidad pública depende en forma creciente de la venta de sus servicios al mercado como una mercadería más, en tanto que los presupuestos estatales para el sector de post grado brillan por su ausencia. Se podría decir que en las universidades públicas, los post grados son su obligado sector privado. En las universidades privadas eso ni siquiera se discute.

En un primer momento, sin ingenuidad incluso, podríamos estar tentados de ver este avance fabuloso de los post grados como una buena noticia que hablaría del mejoramiento sustancial en la calidad educativa de las poblaciones: a mayor porcentaje de graduados post universitarios, mejores sociedades. Pero la ecuación no necesariamente funciona así. Se esconde allí otro mito ideológico, similar al que ve en la educación pura, o en la tecnología pura, supuestas llaves maestras para el presunto desarrollo. Algo así como, por ejemplo, el internet o cualquier tecnología de punta: “si se dispone de los prodigios técnicos de avanzada, el desarrollo viene por añadidura”. En esa lógica, entonces: “a mayor cantidad de maestros o doctores, sociedades más avanzadas, con mayor investigación, con más sentido crítico”. La evidencia empírica no lo demuestra. O hasta incluso puede ir en sentido contrario.

La explosión de post grados que vemos en estos últimos años (muchos de ellos –alrededor de un 20%– en línea, acorde a las posibilidades tecnológicas actuales) ha ido privatizando buena parte de los servicios de las universidades públicas con, en muchos casos, cuestionables niveles académicos (una maestría o un doctorado, por su solo título no forzosamente implica excelencia educativa). Esa explosión de graduados de post grados podría llevar a pensar en una feliz apertura y profundización de los saberes, un espíritu indagativo cada vez más acucioso; la experiencia demuestra que en muchos casos se cursan post grados casi como una “exigencia administrativa”: el mercado manda. El espíritu crítico y la excelencia académica no están asegurados con los diplomas.

Estamos, en todo caso, ante la privatización neoliberal que encontró allí un interesante nicho de mercado, inexplotado hasta la fecha. La casi obligatoriedad de post grados para cualquier profesional joven no implica un seguro mejoramiento en la investigación científico-técnica de un país ni en la calidad de los servicios que llega a las grandes masas de población. Y para todos aquellos que, con el esfuerzo del caso, logran terminar de pagar y graduarse en un post grado, no es cierto que con su recién obtenido título tengan asegurado un “futuro venturoso” por delante.

Valgan aquí las demoledoras palabras del mexicano Fernando Buen Abad Domínguez (en “ El Capitalismo, su «Educación» y sus «Educadores»” ): “ La maquinaria “educativa” financiada por la burguesía, en todos sus niveles y extensiones, (y con excepciones honrosas) es una maquinaria de guerra ideológica empeñada en sistematizar, en las aulas, los modos y los medios para amaestrar personas, para inocular la ideología de la clase dominante disfrazada con “prestigio científico” y para hacer tragar a los pueblos la “dignidad culterana” de las más vergonzosas teorías pseudocientíficas, y los más bochornosos exorcismos al capitalismo. Diariamente un ejército de “educadores” serviles infesta los espacios “académicos” (públicos o privados) para hacer creer a los “estudiantes”, gracias a un salario mayormente mediocre, que el “saber”, autorizado por las oligarquías y sus instituciones, es la verdad revelada que los conducirá a un futuro de “bienestar” a cambio de entregar su cerebro con docilidad y servilismo. Espejismos del cuentapropismo académico parasitario y decadente. Y lo avalan con títulos de pre-grado, grado, post-grado… el fetichismo de los títulos académicos” .

Sin ningún lugar a dudas: bienvenido todo esfuerzo investigativo, toda profundización del conocimiento, cualquier espíritu de superación intelectual. Pero cuidado con las ilusiones y los espejitos de colores. La universidad tiene una misión histórica que cumplir, y no es precisamente la de “vender títulos-pasaporte al éxito”: la universidad, los universitarios, los científicos e intelectuales están llamados a ser la conciencia crítica de las sociedades. Si eso lo hemos olvidado en estos años de ultraliberalismo, no está de más recordarlo.

Los hechos sobre la cooperación en Haití tras el terremoto son escandalosos. A pesar de la falta de transparencia con la que se gestionan las investigaciones logran mostrar un entramado de negocios privados, colonialidad en su gestión, falta de eficacia y discriminación. Un desastre es una “buena oportunidad”… de negocios.

(Segundo de cuatro reportajes especiales a dos años del terremoto que arrasó Haití)

La ONG Intermon Oxfam concluye que dos años después del terremoto de Haití “más de 519.000 personas viven todavía en tiendas de campaña y bajo lonas en 758 campamentos; la mitad de los escombros siguen sin haberse recogido; el cólera se ha cobrado miles de vidas y representa una amenaza muy importante para la salud pública; pocos haitianos tienen acceso a servicios básicos; la mayor parte de la fuerza laboral está desempleada o subempleada; el 45 por ciento de la población se enfrenta a la inseguridad alimentaria; y las elecciones, seguidas de una confrontación política entre el presidente electo y el Parlamento, han impedido que avance la reconstrucción”. Es parte de su informe El Lento Camino hacia la Reconstrucción. Según relatan las noticias sobre el informe de Oxfam, la ONG del Norte global explica que las elecciones de principios de año y el posterior enfrentamiento entre el presidente y el parlamento “han impedido la reconstrucción” y es hora de recuperar tiempo perdido y hacerlo involucrando a todas las partes.

Es decir, la culpa, al final del paseo, es de los haitianos. Pero resulta que Oxfam peca de omisión -voluntaria o involuntaria- en su informe o, lo que sería peor, de una mirada colonial imperdonable. La ONG insiste en que 7 de cada 10 dólares que entran al país proceden de la cooperación no denuncia que 9 de cada 10 dólares de la cooperación son manejados por ONGs, organizaciones gubernamentales o empresas privadas extranjeras. Es decir, que el Gobierno y las organizaciones de Haití apenas rozan el 1% de las donaciones destinadas a Haití (unos 3.600 millones de dólares en estos dos años si se suma la ayuda humanitaria y la ayuda a la reconstrucción). Tampoco cuenta que 1.556 millones de dólares han sido gastados desde enero de 2010 en pagar a los cuestionados militares de la Misión de Estabilización de Haití de la ONU.

Para tener una mirada más centrada sobre la realidad, nos asomamos al artículo de Bill Quigley y Amber Ramanauskas Siete lugares a donde fue y no fue el dinero del terremoto publicado en BahiaNoticias y traducido por Alicia Vega. En él se resumen las principales investigaciones sobre el destino de las donaciones a Haití. Publicamos un extracto revelador:

• El mayor receptor individual de dinero del terremoto de EE.UU. fue el gobierno de los EE.UU.. Lo mismo es válido para las donaciones de otros países.
• Inmediatamente después del terremoto, los EE.UU. asignó $ 379 millones en ayuda y envió tropas integradas por 5000 soldados.
• The Associated Press descubrió que de los $ 379 millones en dinero inicial de EE.UU. prometido a Haití, la mayoría no era realmente dinero que iba directamente a Haití, o en algunos casos ni siquiera indirectamente. Se documentó en enero de 2010 que treinta y tres centavos de cada uno de estos dólares para Haití se le dio en realidad directamente de retorno a los EE.UU
• Cuarenta y dos céntimos de cada dólar se fue a organizaciones no gubernamentales privadas y públicas como Save the Children, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y  la Organización Panamericana de la Salud
• El Enviado Especial de la ONU para Haití, informó que de los $ 2.4 mil millones de financiación humanitaria, el 34 por ciento fue reemblsado de nuevo a los propios entes donantes civiles y militares para la respuesta al desastre, el 28 por ciento se le dio a las agencias de las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales (ONG) para determinados proyectos de la ONU, el 26 por ciento fue entregado a los contratistas privados y otras organizaciones no gubernamentales, un 6 por ciento se presentó como servicios en especie a los beneficiarios, el 5 por ciento a la comunidad internacional y las sociedades nacionales de Cruz Roja, un 1 por ciento se presentó al gobierno de Haití, cuatro décimas de un  1 por ciento de los fondos se destinaron a organizaciones no gubernamentales de Haití.
• El Centro para la Investigación Económica y Política, la fuente más favorable para obtener información precisa sobre este tema, analizando todos, los 1.490 contratos adjudicados por el gobierno de los EE.UU. después del terremoto de enero 2010 hasta abril de 2011; encontró que sólo 23 contratos fueron para empresas haitianas.
• La Cruz Roja Americana recibió más de $ 486 millones en donaciones para Haití. Se dice que dos tercios del dinero fue invertido en los esfuerzos de socorro y recuperación, aunque los detalles específicos son difíciles de conseguir. El consejero delegado de la Cruz Roja Americana tiene un sueldo de más de 500.000 dólares al año.
• Hay un  contrato conjunto de $ 8,6 millones entre la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) con la empresa privada CHF para la remoción de escombros en Puerto Príncipe. CHF es una empresa de desarrollo internacional políticamente bien conectada con un presupuesto anual superior a los $ 200 millones, cuyo CEO cobró $ 451.813 en 2009.
• Los presidentes George W. Bush y Bill Clinton anunciaron una iniciativa para recaudar fondos para Haití el 16 de enero de 2010. A partir de octubre de 2011, el Fondo había recibido $ 54 millones en donaciones. Se ha asociado con varias organizaciones haitianas e internacionales. Aunque la mayor parte de su trabajo parece ser admirable,  ha donado $ 2 millones para la construcción de un  hotel de lujo haitiano de $ 29 millones.
• Aprovechando el desastre, Lewis Lucke, un coordinador de ayuda de alto rango de USAID, se reunió dos veces en su calidad de USAID con el Primer Ministro haitiano inmediatamente después del terremoto. Él renunció a la agencia y fue contratado por 30.000 dólares al mes por una corporación de Florida Ashbritt (ya conocida por su gran oferta no otorgada en Katrina) y un socio próspero de Haití para presionar para los contratos de desastre. A Ashbritt y sus socios haitianos se les concedió antes 10 millones de dólares sin contrato de oferta. Lucke, dijo que él desempeñó un papel decisivo en la obtención de otro contrato de $ 10 millones del Banco Mundial y otro más pequeño a partir de CHF Internacional antes de que su relación terminara.
• A casi dos años después del terremoto, menos del 1 por ciento de los $ 412,000,000 en fondos de EE.UU.  destinados específicamente a las actividades de reconstrucción de la infraestructura de Haití se habían gastado por la USAID y el Departamento de Estado de EE.UU. y sólo un 12 por ciento incluso fue obligado de acuerdo con un informe de noviembre 2011 de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE.UU.
• El Miami Herald señaló que a partir de julio de 2011, de los $ 3.2 mil millones en proyectos aprobados por la CIDH sólo cinco habían completado un total de $ 84 millones. La Comisión Interina de Recuperación de Haití (CIDH), que fue duramente criticada por los haitianos y otros desde sus inicios, ha sido en efecto suspendida ya que su mandato terminaba a finales de octubre de 2011. El Fondo de Reconstrucción de Haití se creó para trabajar en conjunto con la CIDH, así que mientras su pareja está suspendida, no está claro cómo se puede avanzar.

Mucho se dice de Costa Rica como país líder en protección del ambiente. Nuestros políticos no se cansan de hacer lobby para promocionar, ante la inversión extranjera, las maravillas naturales y lo avanzado de los ticos en este campo. Se utilizan mecanismos como los pagos por servicios ambientales y la creación de nuevos impuestos, con el pretexto de mitigar el impacto de las actividades industriales y comerciales. Pero ¿tiene resultados reales el abordaje mercantil de la problemática ambiental o se trata solo de falsas soluciones?

En la actualidad, las políticas públicas y los tratados internacionales en temas ambientales no pasan de ser una suma y resta que convierte en mercancías los recursos naturales. Un ejemplo de mercantilización de las responsabilidades ambientales es la que se esconde tras el discurso de la carbono neutralidad que plantea equiparar la emisión y la absorción del gas carbono de la atmósfera. La “c-neutralidad” crea el mito de la compensación que, obviando principios físicos y químicos elementales, pretende simplificar el tema de la contaminación y el uso irracional de los recursos, hasta convertirlo en créditos y transacciones bancarias entre empresas y gobiernos. El desacreditado discurso de “paz con la naturaleza” que maneja el oficialismo costarricense, claramente enmarcado en esta perspectiva, tiene el sospechoso interés de reducir la discusión de temas ambientales a una cuestión de mercados de carbono y “compensaciones”.

El reciclaje es otra gran mentira corporativa en relación al ambiente. Si bien reduce la contaminación por desechos sólidos, es altamente exigente en cuanto a recursos (tecnología, mano de obra, agua y energía). Además ha mostrado ser inaplicable para gran cantidad de materiales de uso cotidiano. Sin embargo resultó un excelente negocio, una licencia para seguir inundando el mundo de basura y que continúe el impulso consumista, sin que se dé un análisis crítico acerca de los impactos de la producción de bienes y servicios. Se debe reciclar, pero más importante aún, se debe reducir drásticamente la producción innecesaria de desechos.

Otro de los productos que se promocionan desde el discurso político es el falso “ecoturismo”. Cierto que existen iniciativas para desarrollar proyectos turísticos respetuosos del ambiente, pero la propaganda engañosa del turismo masivo hace difícil distinguir los esfuerzos auténticos del mero oportunismo mediático. El turismo en general es una actividad de servicio sujeta a la demanda, por lo que depender de ésta es colocar a la economía del país en una posición vulnerable. Quienes ofrecen el turismo como un salvavidas económico para la población, curiosamente son aliados de los sectores político empresariales que han orquestado el desmantelamiento sistemático del sector agrícola costarricense en los últimos 30 años, lo que sin duda constituye una seria amenaza para la soberanía alimentaria del país.

Estos tres ejemplos de supuesta responsabilidad ambiental (c-neutralidad, reciclaje y ecoturismo) son parte de la llamada economía verde, que tan solo pretende maquillar el desastre capitalista y acaparar un mercado más: el de supuestas soluciones ecológicas que son científicamente falaces. Su único sustento se encuentra en las estrategias de mercadeo que buscan aumentar las ganancias y lavar la conciencia de consumidores preocupados por el deterioro ambiental.

Los políticos de la economía verde quieren ser carbono neutrales y reciclarlo todo. Presumen de los avances de su pequeña Costa Rica, como pioneros en la protección del ambiente, y venden a su país como un excepcional paraíso de playas vírgenes y bosques lluviosos. Eso sí, nunca tomarían medidas que limiten mínimamente la inversión extranjera o el “libre” comercio. Siguen repitiendo dogmáticamente el estribillo de “estimular los mercados”, aunque esto signifique arriesgar el futuro de los recursos esenciales para las comunidades.

Mientras tanto, el planeta espera los resultados de una nueva cumbre mundial, donde las calificadas misiones internacionales viajarán en vuelo directo de primera clase y debatirán con los eruditos del ambiente para proponer un mundo mejor, mientras pintan de verde los letreros de Texaco y Walmart; donde mozos analfabetos servirán salmón de Alaska y se beberá agua embotellada de Noruega; donde se recostarán los expertos del cambio climático en mecedoras de ébano y las enviadas diplomáticas lucirán, el día de la gala, sus diamantes de Botswana, enchapados en plata peruana y oro de la mina sudafricana.