La semana pasada hemos tratado del reto de alimentar a siete mil millones de personas. El incremento de la población mundial va a un ritmo creciente: en 1802 éramos mil millones; en 1927, 2 mil millones; en 1961, 3 mil millones; en 1974, 4 mil millones; en 1987, 5 mil millones; en 1999, 6 mil millones, y finalmente en 2011, 7 mil millones. En 2025, si no ocurre el calentamiento abrupto, seremos 8 mil millones, en el 2050, 9 mil millones, y en el año 2070, 10 mil millones. Hay biólogos como Lynn Margulis y Enzo Tiezzi que ven en esta aceleración una señal del fin de la especie, a semejanza de las bacterias cuando se colocan en un recipiente cerrado (capsula Petri). Presintiendo el fin de los nutrientes se multiplican exponencialmente y entonces, súbitamente, todas mueren. ¿Sería la última floración del melocotón antes de morir?

Independientemente de esta amenazadora cuestión, tenemos un desafío estimulante: ¿cómo gobernar 7 mil millones de personas? Es el tema de la gobernanza global, es decir, un centro multipolar con la función de coordinar democráticamente la coexistencia de los seres humanos en la misma patria y Casa Común. Esta configuración es una exigencia de la globalización, pues ésta implica el entretejido de todos con todo de dentro de un mismo y único espacio vital. Antes o después va a surgir una gobernanza global, pues es una urgencia inaplazable para afrontar los problemas globales y garantizar la sostenibilidad de la Tierra.

(Arte: Sue Coe)

La idea en sí no es nueva. Como pensamiento estaba ya presente en Erasmo y en Kant, pero adquirió sus primeros contornos reales con la Liga de las Naciones tras la Primera Guerra mundial, y definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial con la ONU. Ésta no funciona por causa del veto antidemocrático de algunos países que hacen inviable cualquier iniciativa global contraria a sus intereses. Organismos como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (GATT), de la Salud, del Trabajo, de las Tarifas y la UNESCO expresan la presencia de cierta gobernanza global.

En la actualidad, el agravamiento de problemas sistémicos como el calentamiento global, la escasez de agua potable, la mala distribución de los alimentos, la crisis económico-financiera y las guerras están pidiendo una gobernanza global.

La Comisión sobre Gobernanza Global de la ONU la define como «la suma de las distintas maneras como los individuos e instituciones administran sus asuntos comunes y resuelven intereses diversos de forma cooperativa. Incluye no solo relaciones intergubernamentales sino también organizaciones no gubernamentales, movimientos de ciudadanos, corporaciones multinacionales y el mercado de capitales global» (véase el sitio respectivo de la ONU por internet).

Esta globalización se da también a nivel cibernético, por medio de las redes globales, una especie de gobernanza sin gobierno. El terrorismo ha provocado una gobernanza de seguridad en los países amenazados. Hay una gobernanza global perversa que podemos llamar de gobernanza del poder corporativo mundial hecha por los grandes consorcios económico-financieros que se articulan de forma concéntrica hasta llegar a un pequeño grupo que controla cerca del 80% del proceso económico. Esto ha sido demostrado por el Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica (ETH) que rivaliza en calidad con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y ha sido divulgado entre nosotros por el economista de la PUC-SP Ladislau Dowbor. Esta gobernanza no se da mucho a conocer, pero a partir de la economía influye fuertemente en la política mundial.

Estos son los contenidos básicos de una gobernanza global sana: paz y seguridad, evitando el uso de la violencia resolutiva; combate contra el hambre y la pobreza de millones de personas; educación accesible a todos para que sean actores de la historia; salud como derecho humano fundamental; vivienda mínimamente decente; derechos humanos personales, sociales, culturales y de género; derechos de la Madre Tierra y de la naturaleza, conservada para nosotros y para las generaciones futuras.

Para garantizar estos mínimos, comunes a todos los humanos y también a la comunidad de vida, necesitamos relativizar la figura de los estados nacionales cuya tendencia será ir desapareciendo en nombre de la unificación de la especie humana sobre el planeta Tierra.

Igual que hay una sola Tierra, una sola Humanidad y un solo destino común, debe surgir también una sola gobernanza, una y compleja, que se haga cargo de esta nueva realidad planetaria y permita la continuidad de la civilización humana.

Leonardo Boff es teólogo y filósofo

Entrevista con el economista y marxista argentino Fernando Azcurra

Fernando Azcurra, marxista, economista, militante social atado a las luchas de la clase trabajadora argentina y del mundo, y académico universitario, recuerda sus 20 años cuando un obrero que lo salvó de una buena paliza en una asamblea sindical por hablar de más, luego se convirtió en su mentor político. También evoca su niñez y adolescencia en una villa miseria, mientras el entrevistador se pasea por los estantes agobiados de publicaciones.

Actualmente, Fernando trabaja concienzudamente en una producción sobre la obra del economista Piero Sraffa, autor de “Producción de mercancía por medio de mercancía”. Fernando Azcurra es un argentino sencillo y un intelectual orgánico llano y de risa fácil.

-Ante la inminente victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner a fines de octubre de este año, ¿cómo caracterizarías su proyecto económico?

“Se habla de heterodoxia, de progresismo, de nacionalismo popular. Son términos tendientes a establecer una frontera con los sectores más reaccionarios, con la ortodoxia y los intereses externos al país.”

-¿Por qué?

“Porque poner en el bolsillo de los trabajadores ingresos mediante las políticas sociales es construir demanda. Esa fuerza de demanda aparece como un estímulo para la inversión. Porque primero afirman que debe haber mercado para que los privados inviertan. Entonces el Estado destina recursos sobre todo, pero no solamente, al capital privado de la pequeña y mediana industria dirigido al mercado interno, con el fin de que pueda desarrollarse, acumular y expandirse. En buenas cuentas, el país está administrado por la pequeña burguesía democrática. Y políticamente, el gobierno precisa del apoyo de los trabajadores a través de las grandes centrales sindicales, independientemente del gusto de la burguesía y la izquierda. En materia ideológica, con las políticas sociales, se acallan los movimientos de resistencia, de protesta y de violencia más radicales. Por tanto, si la propia clase trabajadora no promueve a sus dirigentes, ese lugar lo ocupa ahora la pequeña burguesía, el kirchnerismo. Este no es un gobierno que se haya propuesto salir del sistema.”

-¿Y por qué se habla tanto de ‘burguesía nacional’ aquí?

“En la Argentina no existe burguesía nacional, en el sentido de que se haga cargo del mercado interno. Lo que denominan burguesía nacional es una burguesía concentrada que tiene la forma de las grandes corporaciones internacionales, como si fuera extranjera.”

-¿Y por qué se denomina al actual gobierno como ‘progresista’?

“En las últimas décadas el país fue controlado por el poder establecido a través de la dictadura militar, luego de Menem y De la Rúa –funcionales y funcionarios del capital financiero mundial-. Ellos endeudaron a Argentina y el Estado vendió sus empresas más importantes. Con los ‘K’ se privilegia el mercado y la producción interna. Se ejecutan medidas de reestablecimiento de cierta legislación social para los trabajadores, como la recreación de las convenciones paritarias. La orientación es diferente de los gobiernos anteriores. Por eso aparece esta política como un progresismo interno en el concierto internacional, aunque desde el punto de vista histórico, es retardatario porque finalmente sus objetivos son mejoras dentro del sistema. Esta administración no incentiva que los trabajadores asuman iniciativas políticas y desarrollen sus intereses. Está el ejemplo de las cooperativas de trabajadores, pero asignarle fondos a esas iniciativas sería plantear un ejemplo de empresa y de desarrollo de relaciones de producción antagónico al capital privado. No se les ofrece a los trabajadores la capacidad de resolución propia respecto de su labor y de las inversiones.”

-¿Cuál es el marco de relaciones de fuerzas mundiales dentro del cual surge el fenómeno ‘K’?

“El contexto en el que actuó Perón en la década del 50 del siglo pasado, fue mucho más desfavorable que el contexto en el que opera el kirchnerismo. Es decir, los ‘K’ están realizando una pequeñez respecto de lo obrado por Perón. En la actualidad existen relaciones de fuerzas mucho más beneficiosas para los trabajadores, para el progresismo profundo en serio, para tomar acciones contra el capital financiero, para efectuar expropiaciones. Hay en curso en la actualidad en el mundo del capital una guerra cambiaria, monetaria y comercial; también asistimos a la declinación de la importancia del dólar debido a la crisis; surge la constitución de nuevos bloques que comienzan a pensar en nuevas monedas y una política proteccionista de la que muy pocos economistas hablan. Es una situación muy parecida a la producida por la Depresión de los años 30’ del siglo anterior.”

-Pero no ha habido hasta el momento ninguna situación visiblemente revolucionaria en el globo como efecto de la feroz crisis económica…

“Todavía la clase trabajadora a nivel mundial se encuentra en una situación de reflujo. La caída del llamado ‘campo socialista’ fue un duro golpe para los asalariados del planeta. La URSS no era un buen padre, pero era un padre al fin. La clase trabajadora hoy, ideológica y políticamente está retrasada, y en muchos sitios sigue a los movimientos burgueses nacionalistas, o de la pequeña y mediana burguesías (como en Argentina). Se está frente a una depresión política y organizativa de la clase trabajadora.”

LA LUCHA CONTRA EL CAPITAL FICTICIO

-Tú eres uno de los intelectuales del mundo que plantea que el capitalismo financiero sería el que gobierna el resto de los momentos del capital. ¿Cómo se expresa ese dominio en Argentina?

“Fue lo que ocurrió durante la dictadura, con Menem y De la Rúa, que estalló el 2001 bajo la dirección de Domingo Cavallo, un cuadro formado en la Universidad de Harvard y en el gran mercado financiero de los EEUU para manejar el país a favor de las empresas norteamericanas y europeas. Es decir, convirtió a Argentina en un ámbito de explotación para luego girar al exterior todas las riquezas. Y ahora pasa que el predominio del capital financiero a escala mundial está cuestionado.”

-Se vincula el capital financiero con los bancos, los papeles y los bonos exclusivamente…

“Esos sólo son los instrumentos del capital financiero. Sin embargo, el imperialismo financiero es una nueva manera en que el proceso de producción y reproducción del capital industrial se encuentra totalmente subordinado a los dictados del gran capital financiero. No existe separadamente por un lado, capital industrial y, por otro, capital financiero. Este último es industrial y financiero al mismo tiempo. Es erróneo afirmar que se elimina X mercado y ya está. Para intervenir el capital financiero es imperativo controlar la bolsa de valores, los mercados, los mercados de futuro; es decir, todo aquello que implica el capital ficticio. Eso es enfrentar directamente el sistema, dando pasos ciertos hacia un proceso de cambio mundial. Por eso nadie lo plantea.”

-¿Y en Argentina existe algún tipo de regulación del capital financiero?

“A raíz de la crisis de inicios de 2000, se estableció una reglamentación mediante la cual los capitales especulativos tienen que dejar una fracción de su valor inmovilizada durante un lapso antes de sacar antes de poder disponer de ellas libremente. Y como además el país no se ha podido endeudar por haber entrado en default, esto resultó favorable desde la perspectiva de la administración de la política económica. Esto es, Argentina se vio obligada a ‘arreglarse’ con lo propio, sin endeudarse. A ello hay que agregar que el país realiza su comercio exterior en un 90% con Brasil y China, lo que le ofrece autonomía respecto de Europa y EEUU a la hora de tomar decisiones relevantes.”

-¿Y qué ocurre con la industria sojera?

“La fuerte inversión en soja está provocando una alarmante desertificación, tal como la permisividad que existe en la extracción minera.”

-¿El pueblo argentino tiene alguna alternativa política distinta a Cristina Fernández que resulte viable y represente sus intereses de clase?

“Definitivamente, no. Al menos en este momento. La izquierda no peronista carece de base social, no es representativa. El pueblo argentino no se siente expresado por ninguna de esas fuerzas. Son, lamentablemente, expresiones minoritarias.”

Los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica y los desafíos del tiempo político actual

En el mapa geopolítico indo-afro-latinoamericano se observan día a día agigantados cambios y no todos de igual contenido, sentido y alcances; más bien podría afirmar que ellos responden a fuertes contradicciones y las recrean nuevamente en otra dimensión y tiempo, y con actores sociales y políticos hasta poco tiempo insospechados como tales.

Quiero relevar muy sucintamente primero, como se ha conformado este nuevo mapa a partir de la conformación de gobiernos que –para abreviar- denominaré aquí como populares. Estos gobiernos no surgieron de la nada, ni mágicamente por una buena campaña. En la base de los procesos actuales, con mayor o menor visibilidad según sean las posibilidades de cada lugar, está la acumulación emergida y construida en años de resistencia y luchas protagonizadas por los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos por los derechos humanos, por movimientos de mujeres, ecologistas, y también frecuentemente acompañados por gran parte de la izquierda organizada latinoamericana. En este gran crisol de culturas y riquezas de alternativas germinó la posibilidad de plantear opciones políticas para disputar gobiernos.

(Arte: mala pintura)

En Venezuela, de la mano de un militar honesto y bolivariano que se decidió a embanderar un proceso de cambio; con débiles raíces de organizaciones sociales, sindicales y de pobladores, este logró sin embargo tocar las fibras de la dignidad y convocar a las mayorías a la epopeya por la patria.

En Brasil, Lula, ex dirigente sindical de la CUT, siendo parte de un partido, el PT, supo construir estadualmente la posibilidad de llegar al gobierno nacional y contó por ello con un fuerte partido y engrasados mecanismos de funcionamiento; sin resolver su articulación con los grandes movimientos sociales del país, pero con diálogos construidos.

En Ecuador, surge un referente, Correa, luego de su destitución como Ministro. Debido al apoyo que ello despertó comenzó a nuclear a los dispersos fragmentos de la izquierda y la intelectualidad y logró erigir su programa en opción política para gobernar. Su mayor debilidad estuvo y aún está en su vinculación con los movimientos indígenas originarios, particularmente, con aquellos nucleados en la CONAIE.

En Paraguay, un Obispo católico se hace cargo de la búsqueda de un camino para romper con el dominio colorado.

En Uruguay, el histórico Frente Amplio, no solo supo ganar las elecciones sino sostenerse en el gobierno, afianzar sus propuestas y aportar a la unidad del continente.

En El Salvador y en Nicaragua y se logró retomar el rumbo de las luchas por la justicia social de la mano de gobiernos con marcada influencia revolucionaria de los ‘80, a través de la participación del Frente Farabundo Martí y del Frente Sandinista, respectivamente.

En Perú, recientemente, Un ex militar con inclinaciones nacionalistas y de justicia social, pudo articular un frente amplio con actores diversos de la sociedad y de la izquierda orgánica e intelectual y ha ganado las elecciones, abriéndosele ahora el abanico de desafíos de gobernar para sus objetivos siguiendo sus principios y los acuerdos establecidos.

En Bolivia, el gobierno que encabezan Evo Morales y Álvaro García Linera, es una resultante de las conquistas que fructificaron luego de enérgicas luchas sociales, indígenas, campesinas y de pobladores urbanos. En ellas se han ido formando articulaciones inter e intrasectoriales capaces de romper con la sectorialización de las luchas y sus actores-sujetos, para avanzar hacia ámbitos de articulación política que confluyen luego en la formación del MAS, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Con esa base, se presenta y gana las elecciones presidenciales en diciembre de 2005, y desde ahí hasta el presente.

Lo dicho es suficiente para evidenciar lo que centra mi interés en estas reflexiones: salvo en el proceso boliviano en el que se evidencia la activa y protagónica presencia de actores-sujetos que convergen hacia su constitución en actor-sujeto colectivo, en los otros casos, es notoria la ausencia protagónica de un actor o actores sociopolítico/s. Y si la (auto)construcción-constitución del sujeto político creador e impulsor de los cambios es la principal ausente en tales procesos, es también, por tanto, su principal debilidad interna.

Brasil, y tal vez Uruguay, Nicaragua y El Salvador, constituirían también excepciones por contar con un partido con capacidad de gobernar, pero tienen debilidad en su anclaje social y la necesidad de abrir las puertas a la articulación basada en la participación de los movimientos sociales populares para avanzar en la construcción de una voluntad y conducción colectiva social y política hacia transformaciones raizales democratizadoras.

El futuro-como los sujetos- se disputa y construye palmo a palmo en el presente

Lo dicho respecto de otros procesos latinoamericanos no significa que en la experiencia de Bolivia las cuestiones de organización y conducción social y política estén resueltas; el sujeto político colectivo continúa su proceso de (auto)construcción en las nuevas condiciones, es decir, sigue en la disputa por (auto)constituirse en el actor sociopolítico colectivo protagonista de las tareas y desafíos de este tiempo.

→La (auto)constitución del sujeto es permanente, es parte del caminar, por ello es importante tener presente que el haber constituido gobierno reclama como nunca antes “seguir en la disputa” de la construcción social, cultural, económica y política de lo nuevo, incluyendo a los actores-sujetos en el proceso de cambio y transformación que es y será siempre, a la vez y en primer lugar, un proceso de (auto)transformación. Se trata de una actitud y condición constante, pues las situaciones concretas -así como los desafíos-, son y serán siempre diferentes; lo nuevo emergerá una y otra vez junto con las tareas a realizar en pos de las transformaciones, con el caminar.

Habitualmente se piensa que cambian las realidades pero no así los actores y sus conciencias; o sea, al parecer habría un momento en que se rompe la relación entre realidad, experiencias sociales y conciencia sociopolítica. Y –supuestamente, por ello, a pesar de los cambios que tienen lugar en la realidad social por ejemplo, cuando se constituyen gobiernos populares , desde el plano analítico y político suele tratarse a los actores-sujetos partícipes de tales logros , refiriéndolos a su actuación y conciencia del tiempo anterior. Esto, además de que no les reconoce el protagonismo que los actores-sujetos tienen o deberían tener en el nuevo tiempo, en el tiempo de co-gobernar, impide comprender [y (auto)comprenderse] a los actores-sujetos en las nuevas interrelaciones sociales creadas por la nueva situación sociopolítica y económica y cultural. Se rechaza, de última, el hecho de que las nuevas coyunturas replantean permanentemente los intereses colectivos y sectoriales y disputan la conciencia, organización y acción de los actores-sujetos.

La instalación de un gobierno popular revolucionario supone la conformación de nuevas interrelaciones sociales y el surgimiento de nuevas contradicciones, conflictividades, afinidades e interacciones de fuerzas e intereses sociales, económicos, culturales y políticos acorde con la nueva realidad política e institucional, de conjunto, estas configuran un nuevo mapa sociopolítico que define nuevas tareas y desafíos a los actores sociales, ahora claramente confrontados en su matriz política o sociopolítica.

→La revolución es una construcción permanente y requiere esfuerzo político, formativo y organizativo consciente, autoconsciente. No hay linealidad, ni espontaneísmos; no se “darán” los cambios sociales, políticos, ideológicos y culturales; serán (o no) construidos colectivamente (por las mayorías). Tampoco hay garantías respecto de los resultados: el presente y el futuro se disputan palmo a palmo, día a día.

En tal sentido, vale ubicar a los gobiernos populares de Latinoamérica: pueden constituir una importante herramienta para abrir las puertas a los cambios desde abajo, promoviendo el protagonismo de los actores-sujetos. Pero si se toma a los gobiernos como el objetivo político central, la tendencia al acomodamiento, al conservadurismo de lo ya conquistado, puede hacer estragos arriba y abajo y dar por tierra a los objetivos sociotransformadores. No hay separaciones tajantes entre la gestión del gobierno, la administración y gestión del Estado y la participación política de las organizaciones sociales y los pueblos todos. Esta es en todo momento la clave revolucionaria del proceso. Promoverla, calificarla y estimularla es vital para ampliar-profundizar la potencialidad revolucionaria de los gobiernos populares, para que las reformas que promueven se profundicen hacia cambios raizales y no terminen empantanadas en los sinuosos tentáculos del poder hegemónico del capital. Hay que estar atentos y enfrentar a la cómoda sentencia que supone que “de algún modo se resolverá”.

→Los pueblos retoman su historia donde la han dejado en el proceso “natural” de su movimiento y acción social. Vale recordar que los movimientos sociales surgen, se consolidan y se desarrollan por razones defensivas de sobrevivencia sectorial en principio y avanzan hacia conciencia y acción política colectivas en momentos de extrema agudización de la lucha por la sobrevivencia. En ella se abren las compuertas de la conciencia sectorial a lo colectivo, pero no es un estadío permanente. Al cesar la situación extrema, al resolver lo que originariamente se identificó como “el objeto causal” de la situación de exclusión, al sentir, por ejemplo, que ahora ya “se es gobierno”, se produce una suerte de relajación política y reacomodamiento a lo nuevo, donde lo colectivo pareciera separarse nuevamente de las problemáticas sectoriales y lo defensivo sectorial vuelve a ocupar un lugar importante en los movimientos sociales otrora altamente políticos. Esto, en casos extremos, abre paso a la resurgencia de lo corporativo. Es lo que se evidencia en determinados conflictos sectoriales recientes en Bolivia, en Ecuador… protagonizados por movimientos indígenas, de campesinos, por sindicatos, etcétera. Es el movimientos contradictorio del proceso de cambios por lo que, lejos de acusar un déficit insuperable, marca la “naturalidad” de la circularidad del proceso social. Por otra parte, refuerza los llamados a no dejar los procesos a merced del espontaneísmo y la desorganización política, convoca a ejercer la acción política formativa práctica, para estimular la superación política de las limitaciones del pensamiento sectorial corporativo, y crecer todos y todas en protagonismo. Esto es parte de la construcción de la conducción política colectiva del proceso revolucionario. Es lo que, en ese sentido, define la necesidad e importancia del trabajo político así como sus modalidades y contenidos.

¿Lucha de clases o vía pacífica?

→Desconocer u olvidar que los adversarios desalojados del poder político cuyos intereses socioeconómicos y culturales son afectados por los nuevos gobernantes, quienes –pasado el desconcierto inicial-, dedicarán sus energías, saberes y poderes a desestabilizar y subvertir el nuevo estado de cosas. Como escribí en algún momento: las revoluciones que transitan por esta vía no lo hacen en un “lecho de rosas”, quienes así lo piensan se hacen cargo del equivocado, prejuicioso y setentista relato de la “vía electoral” como sinónimo de “vía pacífica”, interpretando a esta como propia de un tiempo ausente de conflictos.

En las condiciones sociopolíticas actuales de los gobiernos populares se evidencia un crecimiento de la lucha por la hegemonía histórica por parte del poder y sus personeros. En tal situación, la disputa por “la cabeza” de la población se incrementa.

Es importante no subestimar la lucha político-ideológica, y redoblar los esfuerzos para atenderla simultáneamente con las otras actividades y responsabilidades nuevas que, ciertamente, debilitan a los movimientos sociales, indígenas, sindicales, ecologistas, campesinos, etc., por la migración de sus –de por sí escasos- cuadros a las esferas del gobierno y el Estado, mientras algunos fijan la mirada en los cargos públicos dando cauce a reclamos sectoriales y corporativos tras ellos: “Yo también quiero, nosotros también queremos”. En tales casos se trastocan –aunque coyunturalmente los objetivos históricos: ya no se trata de cambiar la sociedad sino “repartir la torta” y, consiguientemente, todos los que así se posicionan exigen tener lo que consideran “su parte”.

→La revitalización de la lucha de los adversarios por reconquistar el terreno perdido constituye una significativa amenaza de los procesos revolucionarios democráticos, pero también las grietas internas, la ausencia o escasez de articulaciones entre gobierno, Estado y pueblos, la auto-constitución de articulaciones entre los actores-sujetos que abrirán las puertas a convergencias políticas programáticas entre ellos.

→Los movimientos sociales, indígenas, campesinos, de mujeres, de jóvenes, etc., tienen una gran responsabilidad política y un desafío político central: dejar de ser actores demandantes y (auto)constituirse en sujetos políticos.

Esta situación ubica el quehacer de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido. Se trata también de asumirse como protagonistas centrales de los gobiernos y disponerse –en consecuencia , a (co)gobernar. Esto es: profundizar los procesos colectivos de articulación y construcción de poder propio en simultánea transformación de los espacios gubernamentales e institucionales del Estado y el gobierno, profundizando la disputa integral con el poder hegemónico del capital.

No es políticamente lógico resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego se rechaza asumir la responsabilidad de (co)gobernar en función de impulsar las transformaciones revolucionarias; con autonomía respecto a quienes gobiernan y a las estructuras gubernamentales-estatales, pero articulados a los representantes para (luchar por) participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para promover propuestas propias construidas desde abajo, en las comunidades, movimientos, sindicatos… El contenido popular de un gobierno no se desprende del currículo de quienes gobernantes, sino de su vocación y empeño para transformar radicalmente las instituciones gubernamentales-estatales abriéndolas a la participación protagónica de los de abajo. Esto es clave y para lograrlo se hace necesaria la concurrencia voluntaria y consciente de los movimientos sociales, indígenas, urbanos, etc., y de los pueblos todos. Hay variadas modalidades de involucramiento de los movimientos: como demandantes con reivindicaciones sectoriales corporativas, como ejecutores de tareas subordinados al gobierno-estado, como fuerzas de choque de la oposición, como espectadores críticos, o como protagonistas en disputa con lo viejo y creadores-constructores de lo nuevo, que se atreven a transitar por el terreno del conflicto propio de las disputas y acción política. Esto supone para ellos vivir en conflicto, hacerse cargo de la disputa por la construcción de un nuevo poder popular construido por el protagonismo de los de abajo, desde abajo y en todos los ámbitos de la vida social: gobierno, Estado y todo el cuerpo de instituciones sociales y políticas, así como en los diversos ámbitos de la vida social.

→Normalmente se analiza el conflicto como “una situación dada” en la que –externamente- intervienen los actores, sin embargo por el contrario , el conflicto existe porque es constituido por el accionar de los actores en función de intereses contrapuestos o contradictorios entre sí. Ello no quiere decir que los actores-sujetos puedan crear o manejar los conflictos a su antojo; subraya la participación genealógica de los actores-sujetos en el surgimiento, desarrollo y desenlace de los mismos. Esto rescata, por un lado, a los conflictos como la forma “natural” de existencia de lo político y –por tanto de la participación de los movimientos sociopolíticos en la disputa con el poder hegemónico del capital en busca de la construcción de su propio poder. Por otro, reubica a las contradicciones propias de los procesos revolucionarios como parte de los conflictos, que no se resuelven por decretos sino por las dinámicas concretas de las interacciones e interdefiniciones de los actores-sujetos concretos que pelean y discuten palmo a palmo con los agentes del poder hegemónico en búsqueda de la construcción de otro poder, otra hegemonía. Parten de posiciones de subordinación histórica a la hegemonía dominante del poder y –prácticas de resistencia, lucha y construcción de lo nuevo mediante , se van encaminando hacia la no-subordinación, fortaleciendo y desarrollando su propia hegemonía, aprendiendo a gobernar de modo diferente en la misma mediada que van gobernando, traspasando las fronteras político-institucionales impuestas por el aparato político institucional que responde a los intereses, las lógicas, y los protagonistas del poder del capital.

Romper ese círculo del poder es parte de las claves de los actuales procesos de cambio, tanto para quienes ocupan posiciones de gobierno, como para el conjunto de actores-sujetos sociopolíticos que promueven el cambio. Los caminos y los tiempos para ello se anudan a la batalla ideológico-cultural, política y organizativa necesaria para no quedar atrapados por las redes del poder, siendo arrastrados por la inercia cultural de la vieja política y sus prácticas fragmentarias, corporativas, jerárquicas, burocráticas y excluyentes.

Revalidar el protagonismo político alcanzado en las luchas contra el neoliberalismo, poniéndolo en sintonía con las condiciones, tareas y desafíos actuales, implica transformarlo en forma y contenidos. Hay que tener presente que no se trata de una actitud teórica; los sujetos se constituyen siempre en las luchas, en ellas pueden madurar y tomar conciencia de la importancia de articular sus reivindicaciones sectoriales con las de otros, profundizando en las raíces sociales de las mismas hasta llegar a poner de manifiesto los intereses comunes que estas representan. Es allí cuando sintetizando , lo social se torna político porque es consciente de que la disputa reivindicativa es, a la vez, una disputa de poder, una disputa política.

Lo reivindicativo, antes fragmentado sectorialmente y ahora articulado y proyectado en una nueva dimensión, se torna programático; los actores dispersos se constituyen en actor colectivo, sujeto político de su tiempo. Esta condición resulta raizalmente articulada a la acción de los actores-sujetos en el entramado de contradicciones del conflicto sociopolítico, en su capacidad de definirlo en sentido favorable a sus intereses, necesidades y aspiraciones. Pero no es una condición o estatus permanente. Es decir, si varía la situación sociopolítica, si se modifica la correlación de fuerzas, de poderes, si el protagonismo de los actores-sujetos en los conflictos políticos a favor de los cambios deja de ser interconstituyente (del conflicto y de su protagonismo), el actor colectivo puede retroceder como sujeto, atomizarse y desintegrarse como tal sujeto, es decir, puede de-constituirse como sujeto político. Caso contrario, no habría retrocesos, contramarchas, errores… La vida está llena de ellos, más aun los procesos raizalmente democratizadores como los que actualmente se disputan en Bolivia, y también –aunque en otras dimensiones en Ecuador, en Venezuela…

Los reclamos y las protestas son cuando menos , insuficientes en esta etapa, más aun las lamentaciones de lo que no se hace o no se consigue. Sin desestimar la importancia y vigencia de las movilizaciones de los actores sociales por sus reivindicaciones, al contrario, es tiempo de promoverlas y desarrollarlas, pero atendiendo siempre al contenido y la proyección política de estas en el conjunto de la problemática sociopolítica de este tiempo, que ya no tiene como objetivo a la protesta, sino a la protesta con propuesta, protagonizando los cambios, creándolos, impulsándolos y participando en sus realización, es decir, movilizándose para que los cambios se hagan realidad o se profundicen.

En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El quemeimportismo político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal, y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía.

Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados.

Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios, dogmas, contradicción y las limitaciones propias de su desarrollo, para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es importante no descuidar el trabajo de formación política intercultural descolonizadora.

Es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia

Superar la defensiva no es una decisión voluntaria. Supone dar cuenta, en primer lugar, de la nueva realidad sociopolítica, de las correlaciones de fuerzas y sus cambios: en sus características, interrelaciones, articulación, contradicciones y dimensiones; en segundo lugar, dar cuenta de las tareas y sus nuevos desafíos.

Vivir en las realidades abiertas por los gobiernos populares implica para los movimientos indígenas y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas con capacidad de propuestas y articulación intersectorial en aras de avanzar hacia la constitución del actor político colectivo.

Esto se entrelaza con el tránsito por caminos que hay que construir para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno, y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde abajo. En tales procesos de lucha por los cambios que se desarrollan simultáneamente con ellos , residen las contradicciones de las ventajas y los obstáculos para los cambios como así también las posibilidades de que los diversos actores sociales atomizados vayan reencontrándose a sí mismos como protagonistas de este nuevo tiempo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los adversarios políticos, lejos de estar debilitados, tiene ahora las mejores condiciones que nunca para dedicarse al estudio y observación de los errores y limitaciones de los movimientos y sus representantes, tienen los medios y los recursos. Y estando fuera de la administración del Estado en lo fundamental-, tienen todo el tiempo para socavar las bases del poder revolucionario en gestación. No están solos los movimientos y el pueblo construyendo su futuro, esta construcción se da en medio de una alta lucha política entre sectores que no descansan ni un segundo en llevar a delante la batalla por la recuperación del terreno perdido.

El proceso es a la vez constituyente e instituyente

No existe un ser ni un deber ser definidos a priori, no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos, no hay garantías de resultados exitosos ni situaciones irreversibles. Se trata de una lucha constante que tiene que apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso sus deficiencias y limitaciones, convocando a la voluntad sobre la base de la conciencia y el deseo, para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Pero esto no necesariamente es así, este camino está atravesado por las subjetividades, por apetencias, personalismos, celos y miradas de todos los matices tanto en los movimientos sociales como en gobernantes y funcionarios; es una lucha en tensión constante para no dejarse atrapar por las redes del poder y sus tentáculos de cooptación y absorción de los objetivos revolucionarios en unos y otros o en ambos. Es un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante.

El carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, y con ello, a los propios sujetos. Es decir, se trata de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores sujetos, resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, marcado por sus capacidades políticas, de conciencia y organización. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente. Precisamente por ello los actuales procesos democrático-revolucionarios que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman un creciente y renovado protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera.

Los primeros pasos resultan de alto valor simbólico positivo, visibilizando como ciudadanos de derecho y de hecho a amplios sectores de la población históricamente marginada, invisibilizada. Los cambios están marcados por el desarrollo de programas de gobiernos que -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente , buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente y avanzar.

En tal sentido, la construcción de hegemonía popular resulta central. Y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada simultáneamente con la construcción de una democracia raizal que abra el horizonte a la participación multidimensional de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en actor colectivo, sujeto de su historia.

Aunado a ello, es vital fortalecer/desarrollar el instrumento político, la conducción política colectiva del proceso, capaz de coordinar y potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios, construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social.

Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política de los actores sociopolíticos, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva, abriendo espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades.

La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo, y no un dogma apriorístico establecido –desde fuera de las luchas de los pueblos por alguna vanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.

El debate estratégico está abierto en cada proceso que apuesta a cambiar la realidad en este continente, protagonizado por actores-sujetos que van construyendo caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema mundo a la vez que -como señala Mészáros-, lo van rediseñando “más allá del dominio del capital”.

La presidenta Laura Chinchilla sufre fracturas en su gabinete como consecuencia de su enfrentamiento con el “arismo”, afirman analistas.

El enfrentamiento entre dos claros bloques de poder económico y político, dentro y fuera del Partido Liberación Nacional (PLN), serían la explicación de fondo de los cambios y renuncias que sufrió recientemente la administración de la presidenta Laura Chinchilla en catorce meses de gestión.

(Arte: Banksy)

El distanciamiento con el expresidente Óscar Arias y su hermano Rodrigo Arias, la pérdida de capital político y la falta de rumbo claro son los factores que enmarcan la crisis que vive el Gobierno, y que suman las numerosas salidas de ministros, viceministros y altos jerarcas, coinciden analistas consultados por UNIVERSIDAD.

Incluso, algunos de ellos son de la tesis de que la renuncia de la mediática y popular ministra de Salud, María Luisa Ávila, forma parte de la estrategia que el sector del “arismo” prepara para reagruparse de cara a la campaña electoral y mostrar que Chinchilla no fue capaz de gobernar sin ellos, por cual se requiere del regreso del “capitán” para darle rumbo al barco.

Confrontación de bloques

El analista político y exintegrante del PLN, Luis Guillermo Solís, ahora en las filas del Partido Acción Ciudadana, afirmó que la presidenta Chinchilla ha tenido problemas para “conjuntar sus propias tropas” y ejercer un liderazgo que le permita neutralizar la influencia de los hermanos Rodrigo y Óscar Arias, de quienes se ha distanciado.

“Chinchilla llega a la Presidencia con el apoyo y la tutela de Arias, luego toma distancia de él en una serie de decisiones, las diferencias se agravan y profundizan, y luego hay una pugna que tiene que ver con intereses contrapuestos, ligado a sectores estratégicos de la economía nacional”, comentó Solís.

Para Solís, hay una confrontación de bloques económicos dentro y fuera de Liberación Nacional, lo cual se puso de manifiesto en la discusión sobre la apertura de la telefonía y las telecomunicaciones; y que ahora se vería en la discusión sobre la apertura propuesta en las leyes de electricidad.

“No puedo identificar claramente los sectores, pero sí están y explican la confrontación que se da de manera muy evidente en los ataques y defensas al Gobierno. Creo que la élite económica del país se ha confrontado, y esos son grupos que ejercen tutelajes dentro de PLN y otros que influyen desde afuera”, aseguró.

Solís ve en las actuales circunstancias una intensión del “arismo” de mostrar a la administración Chinchilla como un gobierno débil, dubitativo y sin liderazgo; de la misma manera en que lo hizo con el expresidente Abel Pacheco, para mostrarse como los “líderes fuertes” que pueden salvar al país.

“Ahora hay diferencias, la más obvia es que Abel Pacheco no era del PLN, mientras que en este caso Laura Chinchilla sí es del mismo partido que los Arias, fue su ministra y vicepresidenta, por lo que no es fácil sacudirse la responsabilidad política”, consideró.

Solís opinó que es evidente que la presidenta Chinchilla no tiene los “apoyos políticos” que le permitan gobernar a gusto, mientras que los cambios en su gabinete no dejan de ser más que simples “acomodos”, puesto que no implican un cambio de rumbo en la dirección del Gobierno.

“La presidenta se queda sola”

El politólogo y profesor universitario, Francisco Barahona, dijo a UNIVERSIDAD que la actual crisis del Gobierno pasa sobre todo por su falta de rumbo, pues “la mesa no estaba servida” para la presidenta Chinchilla, como lo afirmó al terminar el gobierno el expresidente Oscar Arias.

“Doña Laura pensó que al heredar el gobierno de don Óscar, el rumbo estaba fijo y tenía que darle esa continuidad, por lo que estructuró el gabinete, incluyendo a varios ministros de Arias”, recordó.

“Chinchilla, por ser solidaria con la persona que impulsó su carrera presidencial, calla problemas como el déficit fiscal, y ante la sorpresa de que las que cosas no son como ella creía, cae en una inacción que crea decepción en el pueblo elector, con serias contradicciones a lo interior del gabinete”, apuntó.

En criterio de Barahona, estas contradicciones internas se podrían ver reflejadas en más salidas de ministros, y señaló a las jerarcas de Agricultura y Planificación como “candidatas” a dejar sus puestos en los próximos meses.

“No hay crisis porque cambien los ministros, sino porque no da la impresión de que haya una orientación precisa y que hay decisiones que son combatidas a lo interior del Consejo de Gobierno”, afirmó.

El politólogo considera evidente que tanto la ministra Ávila como la mayoría de los actuales diputados del PLN serán parte de la campaña presidencial de Rodrigo Arias en 2014; pero no considera que las aspiraciones del “arismo” se puedan ver favorecidas con los actuales problemas del Gobierno.

Barahona consideró que, pese a la popularidad de la ministra Ávila, su salida no es tan relevante en el tanto la mandataria solo realiza un acomodo de fichas que no tiene mayor impacto en la opinión pública, y los criterios negativos hacia el Gobierno no cambiarán solo con un cambio de ministros.

Enemistad con el arismo

El analista Víctor Ramírez aseguró que los cambios en un gabinete no son un problema, pero en el caso de la administración Chinchilla, aún son consecuencia de los problemas heredados del gobierno anterior, como es el caso de la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Ramírez considera evidente la confrontación y el “abandono” entre el actual gobierno y la tendencia del “arismo”, la cual se refleja en la fractura del gabinete, sobre todo por los problemas heredados por la anterior administración.

Para Ramírez, el “arismo” no puede eludir la responsabilidad en la actual situación del país, y dudó que la popularidad de María Luisa Ávila pueda traer réditos electorales si se le llega a cuestionar por su responsabilidad en la crisis de la CCSS.

“Yo no creo que en estos momentos que María Luisa Ávila ni nadie así tenga una gran fuerza, lo que muestran las encuestas que todos los políticos vienen para el suelo. A la ministra le preguntaría qué hizo estos cinco años para evitar la crisis en la Caja”, afirmó.

Ministra Ávila no asume su responsabilidad en crisis de la Caja

El directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Agustín Páez, aseguró que las divergencias entre la presidenta Laura Chinchilla y su ministra de Salud, María Luisa Ávila, son solo “una cortina de humo” de la funcionaria, para retirarse como “la heroína que tiene todas las respuestas”.

Paéz aseguró que en su criterio personal, Ávila propuso una “solución imposible e inconstitucional”, pues el Ministerio de Salud no podía intervenir la CCSS directamente, ya que esta institución cuenta con autonomía de “administración y gobierno”, garantizada por la Constitución Política.

“Ella (la ministra) es rectora del sector Salud por ley, pero la CCSS es autónoma por Constitución. Ella puede diseñar las políticas que quiere seguir y coordinarlas con la CCSS, pero toda la implementación de las políticas la tiene la CCSS”, afirmó Páez.

Paéz señaló que Ávila no hace mención a que en el periodo 2006-2010, el Gobierno firmó algunos de los convenios “más nocivos” para la CCSS, ni asume sus responsabilidades en el dictado de políticas para evitar y solventar la crisis.

El médico indicó que la ministra se retira en momentos en que se vienen cuestionamientos para el Ministerio de Salud por la compra de vacunas contra el Neumococo que se decidió sin tener el quórum necesario en la Comisión Nacional de Vacunación, según se señala en un informe de la Contraloría General de la República; así como por el uso de fondos en el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.

“Esto es una cortina de humo en la que ella se aleja del escenario dejando a doña Laura en una posición incómoda, porque es una renuncia intempestiva de una figura mediáticamente muy popular, en un momento en que hay que tomar  decisiones muy complejas”, expresó.

Para Páez, otro error de Ávila fue el tratar de terminar la huelga de la CCSS “a la fuerza” con órdenes sanitarias, en momentos en que la Junta Directiva de la CCSS negociaba con los sindicatos para llegar a un acuerdo.

“Ella ahora ha pretendido usar órdenes sanitarias para todo, las órdenes sanitarias no son para eso. Las huelgas las tiene que dirimir la Junta Directiva de la CCSS. Es claro que la ministra pretende arrogarse potestades que no le corresponden”, expresó.

Páez indicó que “la historia apenas comienza a escribirse” y en los próximos meses se conocerán algunos de los errores cometidos por el Ministerio de Salud en este periodo.

Ambientalistas rechazan llegada de René Castro al MINAET

Organizaciones ambientalistas se han manifestado molestas por el traslado del hoy ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), pues consideran que no mejorará la situación del medio ambiente en el país.

Heidy Murillo, vicepresidenta de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECÓN), aseguró que el principal temor respecto a Castro tiene que ver con su posición sobre la exploración y explotación petrolera.

“En su gestión anterior como ministro, fue Castro quien impulsó el tema de la exploración petrolera. Ahora será él quien defina el futuro del contrato con la petrolera Mallon, por lo que no vemos que haya una mejoría para el ambiente con su nombramiento”, afirmó Murillo.

Murillo consideró motivo de preocupación la actuación que tuvo el Canciller en el tema de Isla Calero, pues opinó que su gestión fue muy deficiente para proteger el humedal del Caribe Norte.

También, la organización ambientalista COECOCEIBA manifestó su descontento por la llegada de Castro, y recordó su gestión durante el gobierno de José María Figueres (1994-1998) como una “triste trayectoria”.

“Abrió espacio en el país a dos de las más grandes industrias contaminantes del mundo, la minería y la actividad petrolera. Durante su gestión, el país fue testigo del aumento de concesiones de exploración y explotación minera”, indicó la organización.

Para el analista político Francisco Barahona, el movimiento de Castro al MINAET es clara evidencia del compromiso político que tiene la presidenta Chinchilla con quien fuera su jefe de campaña, pese a los errores que cometió como Canciller.

Barahona considera que Castro puede ser foco de un nuevo conflicto para el Gobierno, si llega a autorizar la exploración y explotación petrolera en la zona norte.

El estallido de la larvada crisis financiera y administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) significó un golpe más para la credibilidad del Gobierno de Laura Chinchilla, aunque atenuado hasta cierto punto por la huelga que desvió la atención, consideraron analistas.

Al mismo tiempo se abrió una oportunidad para empezar a solucionar los múltiples problemas de la Caja, institución clave del estado social de derecho de Costa Rica.

De momento, la crisis ya causó la primera baja política, en la figura de Eduardo Doryan, quien la semana pasada anunció que renunciaba a la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para defenderse de las acusaciones “nada veladas” en su contra atribuyéndole responsabilidad por la debacle del Seguro Social.

Doryan fue presidente ejecutivo de la CCSS durante el anterior Gobierno de Óscar Arias, cuando se disparó el desequilibrio financiero de la institución, según el informe de una comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conocido hace dos semanas y que abarcó el período 2005-2010.

El analista político Víctor Ramírez dijo que Doryan no renunció sino que “le pidieron la renuncia”, y está bien para que dé la cara y haya explicaciones, porque la situación es muy grave, tal y como refleja el informe de la OPS.

El documento identificó un insostenible aumento del gasto en la institución, cuyos disparadores principales fueron la creación de plazas, aumentos salariales por encima de la inflación y el pago de incapacidades, guardias y horas extras a los funcionarios.

EL informe de la OPS dice –apuntó Ramírez- que la institución viene atravesando una situación financiera delicada que puede poner en riesgo su sostenibilidad y hay un gran deterioro de la situación de liquidez. Contiene cifras duras, como el enorme crecimiento de la planilla entre el 2005 y 2010, que es básicamente el gobierno de Óscar Arias, un aumento en el ingreso de 16,4% en estos años y un aumento del gasto de un 20.9%, y la insostenibilidad financiera podría llegar a ser la suma de ¢313.000 millones en el 2015.

Este es otro plato con hormigas en la “mesa servida” que le dejó Arias a Chinchilla, como el déficit fiscal, la concesión de la carretera a Caldera, la minera en Crucitas y otros que son investigados, señaló.

Manuel Rojas, sociólogo y académico universitario, consideró que la caída de Doryan es un golpe más para la credibilidad de la Presidenta, quien dijo que no iba a buscar culpables porque su interés era buscar solución de los problemas, pero luego dejó entrever un cambio y Doryan cayó. Eso perjudica su imagen porque denota que es una mujer que no habla claro en los momentos indicados, y por otro lado Doryan es una figura fuerte de su partido y era como la presencia de la administración anterior en el actual Gobierno para impulsar la “modernización” del ICE, comentó.

Sin embargo, en su criterio, el deterioro de la imagen del Gobierno se vio atenuado por una huelga inoportuna, que sacó del foco de atención el meollo de los problemas de la Caja que preocupan a la mayoría de la población costarricense.

Por su parte, Ramírez consideró que fue una huelga irresponsable, para defender algunos privilegios de los empleados de la institución, que la mayoría de los costarricenses no iban a apoyar, tal es el caso de las incapacidades como salario, y que la Procuraduría General de la República (PGR) ya dijo en el 2000 que era ilegal.

“Esto colabora a que todos veamos que la Caja está realmente en una seria crisis, y debe ser la oportunidad para que se empiece a resolver los problemas que tiene la Caja y son muchos en todos los campos”, dijo.

Son problemas que no se resuelven poniéndole más  plata a la institución, ni siquiera congelando plazas y salarios como parece que es la solución a corto y mediano plazo al menos. “Pero ha de venir una cirugía mucho más profunda con un gran debate nacional, porque aquí hay grandes intereses internos y externos, sanos y malsanos, que tienen visiones distintas de lo que la Caja debe ser”, advirtió Ramírez.

Lizbeth Quesada, exdefensora de los Habitantes y médica de profesión, señaló que en la CCSS se necesita una reorganización administrativa porque está fallando su gestión. Hay que meter el bisturí y cada uno debe asumir una cuota de sacrificio. La pregunta es si el Gobierno va a asumir el costo político de las medidas que se deben tomar, cuestionó.

En lo inmediato, la Caja tendrá que reducir el gasto, porque ya no tiene de dónde obtener más recursos; lo que significa que deberá determinar cuáles son las prioridades para la  salud de los costarricenses y enfocar ahí el gasto.

Hay que terminar con el abuso en las incapacidades de los funcionarios, las compras de servicios privados que alimentan la medicina privada y hacer que el Gobierno y los patronos morosos le paguen a la Caja lo que le deben, apuntó.

Por otro lado, la exdefensora dijo que hay muchas interrogantes alrededor de la renuncia de Doryan y las redes sociales, las organizaciones y la gente en general deben pedirle cuentas.

Si bien es cierto que no es el único culpable, pues desde hace tiempo los gobiernos vienen haciendo arreglos de pago y dejando de pagarle a la Caja, su obligación como presidente ejecutivo era con los usuarios y con el pueblo de Costa Rica, y no taparle al presidente de la Republica la verdadera situación de la Caja.

La pregunta es por qué se quedó callado sobre la verdadera situación, y decía que el “Seguro estaba seguro” y todo iba bien, si los aumentos salariales y los casi 11.000 empleados que metió iban a crear un déficit en la institución.

“Lo que pasa es que si hubiera dicho en ese momento cuál era la verdadera condición de la Caja probablemente doña Laura no llegaría al poder con Liberación Nacional, y por eso se quedó callado, pero el que caya otorga”, afirmó Quesada.

Para la exdefensora uno de los mayores problemas de la CCSS es la intromisión política a través de una presidencia ejecutiva nombrada por el Poder Ejecutivo, que toma decisiones políticas y no técnicas.

La presidenta de la República no nombra a la rectora de la Universidad de Costa Rica, que tiene autonomía por mandato constitucional, pero sí nombra a la presidenta ejecutiva de la Caja, a la que igualmente la Constitución le otorga autonomía, señaló Quesada.

El médico Agustín Páez, quien es directivo de la Caja en representación del sector laboral, dijo que el informe de la OPS puntualiza cosas importantes de lo que ha ocurrido en estos años y señala la necesidad de hacer cambios. El documento está más centrado en los gastos, que en los ingresos que se han dejado de pagar a la institución.

Lo que se ve es que hay un gasto grande, sobre todo en incapacidades y disponibilidades, que hay problemas de gestión y se puede trabajar más eficientemente, que algunas de las personas nombradas no han tenido en sus puestos un seguimiento para asegurarse que tienen la productividad que la institución necesita.

Dijo que hay que hacer una gestión del gasto más eficiente, pero lo más importante es asegurarse que la Caja recibe los ingresos suficientes para poder hacer las cosas que tiene que hacer. Páez señaló en ese sentido, que desde los años 70, 80 y 90 el Gobierno,por diferentes mecanismos, le fue restando recursos a la Caja que hubieran sido decisivos y la institución estaría mucho mejor, aun cuando hubiera que hacer reformas.

La huelga que paralizó algunos servicios de clínicas y hospitales durante cuatro días, y solo consiguió un acatamiento parcial de los funcionarios, fue levantada el sábado pasado tras un acuerdo firmado por los sindicatos y la administración en que se convino, entre otros puntos, que a los que participaron se les rebajará en dos tractos los días no trabajados, y las partes seguirán discutiendo el tema de las incapacidades.

Investigación

De momento, el remezón en la Caja lo que va dejando es la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa, con participación de la sociedad civil, para investigar las causas y responsabilidades de la crisis de la CCSS, propuesta por la diputada Carmen Granados, del Partido Acción Ciudadana.

Por otro lado, en la CCSS se nombró una comisión de consultores para analizar la situación de la entidad y proponer soluciones. El grupo está integrado por los economistas Fernando Naranjo, gerente del Banco Nacional; Paulo Sauma, quien fue directivo de la Caja en el gobierno de Arias; Rafael Carrillo, expresidente de la Unión de Cámaras de la Empresa Privada,  y la socióloga Juliana Martínez. Todos, excepto Martínez, son personas afines al Partido Liberación Nacional.

El diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dijo que con la comisión legislativa esperan entrarle a fondo a las causas del deterioro de la seguridad social.

“El propósito es que destapemos la corrupción que ha venido desmantelando la Caja todos estos años, que les  entremos a los problemas estructurales del seguro de salud, ver quién está aportando, quién no está pagando, la deuda de los patronos irresponsables, y el pago de los trabajadores independientes, donde los aportes son muy inferiores a los ingresos reales, especialmente los profesionales liberales. Igualmente la deuda millonaria del Estado, recuperar la autonomía de la Caja, despolitizar esta institución, los gastos superfluos en toda la burocracia administrativa”, enumeró Villalta.

La comisión tiene cuatro meses prorrogables por otros cuatro meses, un tiempo mínimo para sacar un informe con propuestas de reformas que ayuden a rescatar la seguridad social, enfatizó el legislador.

De acuerdo con un análisis de la Defensoría de los Habitantes publicado la semana pasada, los patronos morosos le deben a la CCSS ¢142.211 millones, y el 95% de esa deuda corresponde a empleadores inactivos, lo que dificulta el cobro.

De los más de 18.000 patronos registrados, 37 acumulan el 21.2% de la deuda, lo que representa ¢29.864 millones. Estos números llevan a preguntarse cómo es que la Caja permite que se acumule tal número de cuotas sin pagar con montos tan elevados, dice el informe, basado en las cuentas entregadas a la Defensoría por la propia CCSS.

Diversos sectores han venido denunciado por años la existencia de un grupo de patronos intocables vinculados al poder político que deben miles de millones a la Caja pero las deudas se mantienen sin cobrar.

Una táctica empleada es declarar las empresas morosas inactivas para seguir operando con otro nombre y que no les puedan cobrar. La Caja ha declarado muchas de esas cuentas incobrables, a pesar de que la ley establece la responsabilidad solidaria del grupo económico al que pertenecen y faculta a la institución para cobrar.

El economista Mario Devandas dijo que ha preguntado a la Caja cuál es el protocolo para declarar incobrables las deudas y no ha sido posible que le digan cuál es, y debería existir un protocolo, porque de lo contrario cualquiera se declara inactivo y no paga la obligación con la seguridad social (ver nota “Contabilidad oculta…”).

La semana pasada la fracción legislativa del PAC publicó una lista de patronos que deben millones a la Caja y que fueron contribuyentes de la campaña de Laura Chinchilla (ver recuadro.)

Sala IV ordena al Estado pagar a la Caja

Mario Devandas afirmó que “la contabilidad de la CCSS está diseñada para ocultar la información”, por lo que aparecen cifras diferentes en los informes que se han dado, pero que “buceando” en los estados financieros de la entidad él ha concluido que la deuda acumulada de todo el sector público con la institución suma ¢728.000 millones.

Se encuentra por ejemplo una partida que dice “cuotas a cobrar a instituciones”, y uno lo toma como un cobro que hay que hacerle al sector público, pero cuando se va al análisis de las cuentas de ese rubro se encuentra que hay empresas privadas ahí metidas junto con el Ministerio de Educación y otros, entonces es una mescolanza donde cuesta obtener la información, dijo Devandas quien durante años ha estudiado la situación de la Seguridad Social.

Los ¢728.000 millones no incluyen los ¢147.000 millones que la Caja tiene consignados como incobrables, y que aunque en la auditoría interna se ha hecho la observación de que esa partida no puede pasar por incobrables porque son sumas que debe el Estado por ley, en la contabilidad de entrada ya hay ¢147.000 millones menos, señaló Devandas.

La suma tampoco incluye lo correspondiente a la Ley de Protección al Trabajador, según la cual se debe traspasar a la Caja hasta un 15% de las utilidades de las empresas públicas, pero en más de diez años de vigencia de la Ley nunca se ha aplicado.

La Unión de Empleados de la Caja (UNDECA)  presentó un amparo ante la Sala Constitucional, que le ordenó a la ministra de Trabajo hacer un reglamento para cobrar esos recursos que deben al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, pero la ministra lo incumplió. La organización presentó entonces otro amparo que la Sala declaró con lugar el pasado 1 de junio, y condenó al Estado al pago de daños y perjuicios en contra de la Caja.

La CCSS  debe estimar los daños y perjuicios y presentar el contencioso para que el Estado le pague. Aunque se ha dicho que serían unos ¢300.000 millones, la suma podría sobrepasar los ¢500.000  millones, considerando que se trata de las utilidades obtenidas por el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Crédito Agrícola, el INS, RECOPE y otras empresas del Estado, estimó el economista.

Por ello, Devandas dice que  la deuda puede ser de más de un millón de millones, aunque la Caja considera que son ¢420.000 millones.

El economista dice que hay recursos suficientes  para financiar a la Caja: están los ¢200.000 de la ley que traspasó los hospitales del Ministerio de Salud a la Caja, deuda que los gobiernos aceptaron pero que no se ha pagado. Están también las rentas de los hospitales que debían pasar a la Caja, como la de la Junta de Protección Social, que ingresa $160 millones de dólares (¢80.000 millones) anuales de la lotería. Además, están los recursos del Fondo de Asignaciones Familiares que se deben entregar al régimen no contributivo de la Caja.

Asimismo, hay una ley que establece un impuesto sobre bebidas alcohólicas y cigarrillos y un porcentaje tiene que pasar a la Caja, pero el Ministerio de Hacienda no se lo paga.

“Estamos ante una flagrante conducta ilegal del Poder Ejecutivo. El Estado está obligado por la Constitución y la ley a poner la plata que falta para sostener la seguridad social; el ministro de Hacienda está obligado a incluir las partidas en el presupuesto, y no pagar las cuotas es un delito, pero a nadie se ha llamado a cuentas por eso”, reclamó Devandas.

La Caja necesita una reingeniería total pero esto no va a ocurrir mientras las decisiones en esa institución sigan dependiendo de la Casa Presidencial.

Cuando se dice que ha fracasado la gestión administrativa de la Caja lo que hay que entender es que ha fracasado la gestión política y la figura de las presidencias ejecutivas. Por lo tanto, debemos dar una lucha por rescatar la autonomía que la Constitución establece para la Caja, que es una autonomía expresa en materia de gobierno y administración, remarcó el economista.

La huelga de los sindicatos de la Caja del Seguro Social, en busca de la defensa de derechos laborales y en defensa de la institución, sumida en una grave crisis financiera, es el espejo de una Costa Rica dirigida desde hace catorce meses por un gobierno que parece no encontrar el rumbo, dijo el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

“Si doña Laura Chinchilla quiere dar un golpe de timón, debe dar un frenazo al modelo neoliberal”, comentó el politólogo y exrector de la Universidad para la Paz, Francisco Barahona.

Otros  líderes sindicales consultados,  como Carlos Hernández, de APSE, Fabio Chaves, presidente de la Asociación de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE), Luis Chavarría, Secretario General de la Unión de Empleados de la Caja del Seguro Social (UNDECA) y Walter Navarro, de Acueductos y Alcantarillados, coincidieron también en alertar que el gobierno de la presidenta Chinchilla está activando una peligrosa “bomba social” debido a la “incapacidad” para administrar el país y por estar “sometida” a las políticas “neoliberales”.

En los últimos meses “hemos visto desfilar por las calles a productores, educadores, taxistas, transportistas, inspectores de tránsito, reclamos de policías, el llamado a  huelga en la Caja, hay pequeños empresarios turísticos desesperados, los aumentos salariales son miserables y se sigue con los intentos de privatización”, esto puede tornarse explosivo, dijo Vargas a UNIVERSIDAD.

La socióloga Montserrat Sagot  explicó que se trata de una coyuntura que puede conducir a una gran efervescencia social y “llevarnos a lo que se conoce como una democracia fallida”.

Mientras las últimas encuestas revelan que  la popularidad de la presidenta Laura Chinchilla se encuentra en claro desplome, el Gobierno ha tenido que enfrentar este año una veintena de acciones de protesta de grupos de presión, que no encuentran respuesta a sus demandas. Entre esas acciones, está la multitudinaria marcha del 10 de marzo contra la reforma fiscal, y un paro de educadores, realizado el 28 de junio, contra el proyecto para trimestralizar el curso lectivo.

“Doña Laura no ha encontrado un rumbo claro, vamos a ver si rectifica y eso tiene que pasar por aplicar un frenazo a la aplicación del modelo neoliberal, del Consenso de Washington, que es percibido ahora en el mundo entero como una receta fracasada”, dijo Barahona a UNIVERSIDAD.

Barahona dijo que si el Gobierno insiste en seguir por la vía tomada en el primer año, tendrá un rumbo de “colisión” con los intereses de las mayorías en Costa Rica. “Si no hay rectificación podría agravarse, sin la menor duda, el descontento social. Este descontento que comienza a observarse en las calles crecerá en la medida en que se le nieguen los elementos y respuestas a los sectores que reclaman”, añadió Barahona.

“El problema es que a estas alturas, un año después de la toma de posesión, queda en evidencia que hay poca posibilidad de cumplir con el plan de gobierno y que Chinchilla haga realidad las  promesas de campaña. Todo eso apunta a que Costa Rica podría convertirse en lo que se llama una democracia fallida. Son sectores sociales diversos que comienzan a sentir que la democracia se descompone y hay poco espacio para la construcción y participación ciudadana y para encontrar respuestas a las demandas de la ciudadanía”, dijo Sagot a UNIVERSIDAD.

Consideró que este escenario puede convertirse en una “bomba social”, pues hay “bastantes señales de descomposición de un sistema democrático que en el pasado fue bastante robusto”.

Por su parte, en declaraciones a UNIVERSIDAD, el secretario general de la ANEP criticó el modelo neoliberal al que a su juicio sigue aferrado el gobierno de la presidenta Chinchilla.

“El modelo económico impuesto por los últimos gobiernos y que se prolonga con el actual  tiende cada vez a golpear a sectores muy importantes que se sienten abandonados a su suerte, con rumbo hacia la pobreza, afectados por políticas públicas que ya no son inclusivas e inspiradas en el bien común sino marcadas por un grupo de poder económico muy reducido”, dijo Vargas.

“El sistema tributario es tremendamente injusto, hay una doble moral ambiental, no existe una conducción articulada del país ni un liderazgo convocante inspirador de que podemos vivir en una paz en la que quepamos todos. Sentimos que hay un gigantesco vacío conceptual, con la existencia de ‘repúblicas institucionales’, cada cual trabajando por su lado según los intereses a los que respondan”, agregó.

Vargas dijo que esta situación es muy peligrosa para el país,  porque “hay una bomba social, hay una candela de dinamita que alguien puede encender en un barril de pólvora debido al descontento social”, denunció. (Ver recuadro 1: Protestas que se avecinan)

“Hay una sensación de que cada vez somos  más los sectores que nos sentimos excluidos, relegados, invisibilizados, explotados y rumbo hacia la pobreza total”, afirmó.

Por su parte, el presidente de ASDEICE consideró también que el país está a las puertas de una grave efervescencia social si la presidenta Chinchilla no imprime un cambio de timón a su Gobierno. “Está en ciernes un conflicto social”, afirmó Chaves.

El secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA), Walter Navarro, dijo que el país está lleno de “demandas insatisfechas” y por eso los focos de desasosiego social. (Ver nota aparte: Trabajadores de AyA a paro el viernes)

Mientras tanto, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) espera que el ministro de Educación, Leonardo Garnier, dé marcha atrás con el proyecto dirigido a trimestralizar el curso lectivo.

Los gremios del sector realizaron una multitudinaria marcha el 28 de junio contra esa iniciativa y para  reiterar el rechazo a intentos por establecer un salario único en el gremio magisterial y reclamar otras reivindicaciones laborales.

“Estamos esperando la respuesta, pero si no son satisfechas adoptaremos las medidas que sean necesarias”, dijo a UNIVERSIDAD el Secretario General de APSE, Carlos Hernández.

La ANEP por su parte, estudia la posibilidad de convocar a paros o una huelga para expresar el rechazo al aumento salarial de 2,78% impuesto por el ministerio el Trabajo el 12 de julio.

El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, dijo que en Costa Rica se han venido acumulando una serie de problemas sociales, como vivienda, salarios, reducción de presupuestos en educación, salud, que incuban el descontento social y añadió que en esa dirección ha surgido la huelga indefinida convocada a partir del martes por los sindicatos de la Caja de Seguro Social.

Trabajadores de AyA a huelga el viernes

La Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (ASTRAA) irá a una huelga nacional este viernes, para exigir que a los trabajadores de la institución se les dote de uniformes, se cumpla con el pago de viáticos y horas extras, dijo a UNIVERSIDAD el secretario general del gremio, Walter Navarro.

“El país parece una olla a punto de explotar”, debido al descontento social y a la escasa respuesta del Gobierno, dijo el dirigente sindical.

“Hemos decidido convocar a esta huelga porque no encontramos respuesta de la institución a nuestras demandas”, explicó.

En medio del desasosiego social, en Siquirres vecinos bloquearon calles el lunes contra aumento de tarifas de agua.

Protestas anunciadas:

Los sindicatos de la Caja del Seguro Social convocan a huelga general indefinida.

Trabajadores de AyA van a huelga nacional.

Arroceros anuncian bloqueos en la zona sur.

Paperos y cebolleros organizan manifestaciones.

Vecinos de Atenas amenazan medidas de presión por instalación de puentes peatonales.

Parece que no da para más. El sistema político surgido luego de los acontecimientos bélicos entre costarricenses, acaecidos en 1948, muestra graves signos de agotamiento; generándose tensiones sociales de diversa naturaleza que han de seguir incrementándose, no solamente en cantidad sino en calidad; aunque por ahora (aunque no por mucho tiempo, pensamos nosotros), sin encadenamientos tácticos ni articulaciones estratégicas… Pero es cuestión de tiempo.

La crisis de nuestra sociedad, en pleno desarrollo, muestra diversas expresiones pero hay un denominador común entre ellas: es la sensación de una inmensa mayoría de la población de que está siendo excluida de los beneficios del crecimiento económico; beneficios éstos que por concentrarse cada vez en menos manos y grupos, atrofia por completo las aspiraciones legítimas de la gente por un desarrollo con equidad, con inclusión y justicia sociales.

(Arte: mala pintura)

La crisis de nuestra sociedad, como ya indicamos, tiene varias facetas, algunas de las cuales citaremos seguidamente, sin ningún orden lógico.

Veamos:

La fiscal-tributaria: un Estado al borde de la quiebra que se endeuda cada 24 horas en una inmensa cantidad de millones.

La de los partidos políticos: la gente se aleja cada vez más de éstos, especialmente cuando comprueba cómo se le sigue estafando cada cuatro años con promesas incumplidas.

La que se padece en los movimientos sindicales, sociales y populares: todavía con los efectos de la conmoción por los resultados del No al TLC, generándose grandes inconvenientes para una rearticulación renovada, a tono con estos tiempos de crisis y con un terreno abonado para un gran trabajo de promoción organizada de la indignación para la movilización con vocación de poder.

La crisis de legitimidad del sistema jurídico que presenta grandes de sus segmentos con fuerte penetración narco.

La crisis de la Caja, nuestra madre institucional, agredida por diversos flancos.

La crisis ecológica agravada por el doble discurso moral de protección a la naturaleza pero de fuerte inclinación extractivista a como dé lugar.

También tenemos una crisis de valores, potenciada por el hedonismo neoliberal del facilismo y del consumismo sin control, a tono con la perversa fórmula de “vales lo que tienes”; sin hablar de la crisis espiritual ante el vaciamiento de contenido solidario de una existencia colectiva que parece forzada a renegar del humanismo necesario e inherente a la búsqueda y promoción del bien común.

La crisis del empleo juvenil y del empleo adulto; así como la crisis de la deserción educativa juvenil e infantil por razones económicas y sociales.

La crisis de la inseguridad ciudadana, la de la violencia narco y la de la corrupción en todas sus formas.

Usted podrá agregar de su propia cosecha otras expresiones de la crisis que vive nuestra sociedad; pero que, digámoslo claro, solamente genera efectos negativos para las amplias mayorías populares que, un día sí y otro también, sienten el deterioro generalizado de sus condiciones de vida.

La sensación de estrujamiento, de arrinconamiento, de asfixia, de exclusión, de invisibilización de no pocos grupos y sectores amenazados de quedar sin tajada en el pastel de la acumulación; obliga a que haya un encuentro multisectorial e intergrupal en un mismo espacio para ver si es posible hacer “algo”, ante la angurria, la codicia y el desenfreno de quienes lo quieren “todo”, sin repartir nada.

La paradoja de la avidez codiciosa de la acumulación insaciable que muestran los deshumanizados grupos del poder económico-político real; es que está alimentando las condiciones para un encuentro de diversidades impensado hasta hace un tiempo; incluso, que podría superar la gran pluralidad de ciudadanía que vimos con ocasión del Movimiento Patriótico del No al TLC.

Hoy, ya no solamente quienes entendieron en su momento de qué se trataba la cosa en ese entonces, expresan condiciones para la indignación organizada; sino que la situación es mucho mejor ahora, cuando más grupos y sectores van quedando fuera producto de un sesgo aperturista aventurero que va a arrasar con actividades productivas y de servicios que otrora daban empleo y generaban inclusión social. Dos ejemplos: los traileros unitarios y los micropequeños y medianos empresarios turísticos. Si la lógica política que domina en el seno del Gobierno se matricula con los valores (mejor antivalores) de la acumulación financiero-bancaria de sesgo especulativo; el necesario contrapeso puede salir a partir de esos encuentros multisectoriales e intergrupales de amplios segmentos ciudadanos de nuestra sociedad que están siendo lanzados a la precariedad, al desempleo, a la quiebra, a la miseria, a la pobreza… y a la violencia.

La apuesta por la promoción de la indignación, para organizarla, sistematizarla y articularla con visión estratégica y con vocación de poder, es una bellísima provocación para rebelarnos contra el orden del desorden que solamente favorece “a la gente de arriba”. ¡Entrémosle!

Albino Vargas Barrantes es secretario general de la ANEP.

Asamblea Legislativa indagará a un ex funcionario y a dos ministros

El Gobierno de Costa Rica, encabezado por la Presidente Laura Chinchilla, enfrenta una serie de cuestionamientos por incumplimiento de deberes, corrupción, uso ilegal de fondos públicos, supuesta violación a la ley de Enriquecimiento Ilícito y tráfico de influencias, entre otros.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica indagará hoy jueves a los ministros del Exterior, René Castro; del Ambiente, Teófilo de la Torre, y al defenestrado ex presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Oscar Núñez, mientras que los productores de arroz solicitan la destitución de la ministra de Agricultura, Gloria Abraham.

A ello se le suma la piñata de aumentos salariales para cuatro altos funcionarios del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), entre ellos el presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, quien recibió aumentó de 45% mientras el Poder Ejecutivo pide contener el gasto y promueve un paquete tributario en la Asamblea Legislativa

El salario de Constenla Umaña pasó de casi ¢4.7 millones en abril, a más de ¢6.6 millones en mayo de 2011, denunció el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Diplomáticos “pega-banderas”

El caso más sonado es el nombramiento de 53 diplomáticos quienes habían destacado como activistas, primero, en la campaña “Si al TLC”, del referéndum para aprobar en el 2007 el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y posteriormente en la jornada electoral que concluyó con la elección de la Presidente Chinchilla en febrero del 2010.

Sobre el particular, como una especie de sahumerio, para alejar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, la fracción oficialista del Partido Liberación Nacional (PLN), logró que el canciller comparezca ante el plenario y no en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, por el pago con fondos públicos los salarios y otros gastos utilizados por esos funcionarios.

“En el gobierno de Chinchilla pueden caer todos sus ministros y funcionarios de confianza, pero nunca el Canciller, ya que este fue el Jefe de la Campaña Política y conoce todos los contactos y sobre las donaciones que llegaron, desde adentro y fuera del país”, dijo un experto en análisis político.

Añadió que “los diputados pueden llegar hasta vociferar y pedir la renuncia o destitución, pero no pasará nada. El Plenario no recomendaría una acusación o investigación penal contra el diplomático”.

Al Canciller se le cuestiona el nombramiento de sus colaboradores políticos, tras brincarse de una manera “legal” el protocolo que regula estas decisiones.

A 24 horas de su comparecencia ante el Plenario, dos funcionarios de la Cancillería fueron sacrificados, algo así como “echar cristianos a los leones para tapar la corrupción”. Una “diplomática en Francia fue despedida y un ex diputado oficialista, designado Cónsul en Panamá fue conminado a renunciar. (Ver: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=48355).

Ambiente y corrupción

Para este jueves, ante la Comisión Legislativa del Ambiente está citado por segunda vez en una semana, el titular del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Teófilo De La Torre, por el conflicto con funcionarios honestos de su dependencia, quienes se han destacado por combatir la corrupción.

Oscar Loza, Director de la Oficina de Planificación, fue separado de su cargo, pero reinstalado por orden de la Sala Constitucional, tras denunciar irregularidades en las oficinas del Minaet y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en Guanacaste.

Para hoy, De La Torre tiene como tarea responder más de una docena de cuestionamientos de los legisladores, tanto oficialistas como de oposición, por la protección a funcionarios corruptos.

Algunos son acusados por permitir construcciones ilegales en la Zona Marítimo Terrestre, recepción de sobornos, avalar tala de árboles en los últimos reductos de bosque tropical seco en Guanacaste, así como lucrar con los recursos de los Parques Nacionales, entre otros.

Viaje a México

Para hoy, la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, indagará a varios funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), incluyendo su ex presidente Ejecutivo, Oscar Núñez, por un viaje a México en compañía de una joven funcionaria de la entidad.

Núñez, quien renunció este lunes, es investigado por supuesto abuso de autoridad y de recursos públicos, al ordenar el traslado de una funcionaria de la sede del AyA en Tilarán, Guanacaste, para llevarla a un viaje a México, Distrito Federal.

La Presidencia Ejecutiva ordenó el traslado de la funcionaria desde Tilarán a San José para que participara en un supuesto taller de formación al que nunca acudió. En cambio cobró viáticos y viajó a México con su máximo jefe. Fotografías en centros turísticos y estadios dan cuenta del periplo, así como acuerdos de Junta Directiva y pago de viáticos.

Además, comparecerán Alcides Vargas, Auditor Interno del AyA; Litzy Barquero, Jefa de la Sucursal de Tilarán; Roosevelt Alvarado, Gerente de Servicio al Cliente AyA; Oscar Izquierdo, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva; y Nidia María Alfaro, la funcionaria que salió del país junto con Núñez Calvo.

Vargas, Barquero, Alvarado e Izquierdo comparecerán el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en sesión extraordinaria, mientras que Núñez y Alfaro, serán citados el jueves 30, en sesión ordinaria, a partir de la 1:15 de la tarde.

“A pesar de la desidia de Chinchilla, quien olvidó la firmeza y la honestidad que pregonó en campaña, los diputados de los partidos Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, Accesibilidad Sin Exclusión y Frente Amplio, exigirán cuentas y continuarán con la investigación, en defensa de los recursos públicos y la transparencia”, indicó un boletín de prensa de la opositora Alianza Parlamentaria por Costa Rica.

Agricultura

Por su lado, representantes del sector agropecuario exigen a Chinchilla Miranda, destituir de forma inmediata a la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta, “por su incapacidad para conducir la institución, canalizar las demandas del sector y hacerle frente a la crisis agropecuaria”.

La solicitud también es respaldada por la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC). Los diputados Jorge Gamboa Corrales, gerente de temas agropecuarios, y Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa, se reunieron con un grupo de productores en el Congreso, donde surgió la iniciativa.

En el encuentro participaron miembros de organizaciones como el Movimiento Nacional Agrario, Productores de Arroz, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UPA Nacional, el Centro Agrícola Cantonal de los Chiles y otros grupos del sector.

Gamboa Corrales responsabilizó directamente a la ministra Abraham Peralta por la falta de acciones concretas para afrontar los problemas del sector, y recordó que la funcionaria mintió sobre el financiamiento de la Política Arrocera Nacional, pues los bancos nacionales no aportarán el dinero que dijo tener garantizado.

“Separar del cargo a la ministra sería un primer paso para el Gobierno. Ella miente constantemente y cortó por completo los lazos de comunicación con las organizaciones agropecuarias. Sin la señora Abraham podríamos avanzar en la búsqueda de las soluciones que el país requiere”, señaló Gamboa.

Como ejemplo de la pésima gestión de la ministra de Agricultura y Ganadería señalaron la parálisis injustificada del Programa de Abastecimiento Institucional, única herramienta con la que cuentan muchas familias para comercializar sus productos.

Al descontento de muchos se sectores se suman el deterioro de los servicios de telefonía, de Salud, la pésima gestión vial y las concesiones que benefician a los aliados del gobierno en asocio con empresas transnacionales.

Una y otra vez, desde hace bastante tiempo, venimos escuchando a connotadas voces de la hegemonía política dominante, por medio de sus más sobresalientes representantes y rostros de los últimos gobiernos, acerca de que este país es “ingobernable”, que Costa Rica tiene serios problemas de “gobernabilidad” y que cuesta mucho la acción de “gobernar”.

Indudablemente que este asunto de la “gobernabilidad” ó de la “ingobernabilidad” merece un abordaje de mucho cuidado, aunque por lo general se cree que es un tema reservado para los y las especialistas en Ciencias Políticas, en Sociología, en Economía, en Derecho y en otros campos profesionales análogos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la “gente de abajo”, que es en la cual nos ubicamos quienes nos desenvolvemos en la acción sindical, la ingobernabilidad puede ser abordada desde varios ángulos aunque queremos resaltar tres para efectos de nuestro comentario de hoy.

Primero. Los partidos políticos, con honrosas excepciones (muy raras por cierto), formulan sus plataformas de propuestas y plantean sus programas de gobierno sin la más mínima disposición de honrar tales planteamientos con acciones concretas, ya sea que estén en el Gobierno (Poder Ejecutivo) y/o en el parlamento, o en las municipalidades. Divorcio notable entre lo que se dice (escribe) y lo que se hace llegados al poder. Es por ello que enormes segmentos ciudadanos se han venido decepcionando paulatinamente llegándose a niveles de incredibilidad en la política partidista muy altos.

Segundo. Desde hace tiempo, los beneficios del crecimiento económico nacional se vienen distribuyendo de manera cada vez más inequitativa, alimentando el crecimiento de la desigualdad ya no solamente imposibilitando que salgan de la pobreza miles y miles de compatriotas; sino que se va llevando a la misma a los otrora poderosos sectores de las capas medias costarricenses, que habían sido sumamente mayoritarios dentro de la estructura social del país.

La anterior circunstancia obliga al despliegue de un conjunto de acciones y de decisiones de política pública que requieren de una fuerte organización y movilización ciudadanas para obligar a la clase política gobernante (la oficialista y la opositora), a impulsar directrices, decretos y leyes que modifiquen, radicalmente, la actual estructura de distribución inequitativa de la riqueza y su perverso sesgo de alta concentración que estamos viendo, sintiendo y sufriendo.

En este ámbito resulta sumamente alentador la homilía oficial de la Iglesia Católica, pronunciada este pasado PRIMERO DE MAYO, en la Iglesia La Merced, con motivo del Día Internacional de la Clase Trabajadora, avalando un clamor sostenido hace ya bastante tiempo desde las banderas sindicales que enarbolamos, en cuanto a que el crecimiento de la desigualdad es el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy.

Sabemos que otras confesiones religiosas cristianas, como la Iglesia Luterana, tienen planteamientos sociales en igual dirección, lo cual nos lleva a levantar la consigna de que es posible una lucha social activa contra la desigualdad, invocando, también, elementos fundamentales del Humanismo Cristiano.

Tercero. Debemos transformar nuestra institucionalidad democrática de corte representativo hacia una de carácter participativo, dándole plenitud de vida política al postulado constitucional del artículo 9 de nuestra Carta Magna actual que dicta que “el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”.

Resaltamos la categoría política de “participativo” porque, entonces, debemos obligar a la gestación, al impulso, a la concreción real de una serie de transformaciones en la institucionalidad para que el pueblo, la gente, la sociedad civil organizada, se meta de lleno en la cosa pública y cambie el rumbo del país hacia una profunda democracia social de amplia base.

Ahora que en el denominado “primer Poder de la República” una inusitada alianza de partidos de oposición está en el control de la Asamblea Legislativa, podrían tomar decisiones estratégicas que acerquen al parlamento al seno del pueblo, impulsando leyes que atajen y reviertan el crecimiento de la desigualdad; leyes que empiecen a darle contenido real al concepto de “gobierno participativo” de que habla nuestra Constitución Política; leyes que adecenten la acción política para que la ciudadanía se involucre de lleno en la toma de las grandes decisiones que nos competen a todos y a todas si queremos, en verdad, una sociedad de democracia social plena con plena reivindicación de la largamente postergada, humillada, expoliada, explotada, estafada “gente de abajo”, especialmente su más grande componente: la clase trabajadora en su amplio concepto.

Pero para ello, para todo ello, la movilización ciudadana, bajo el concepto de Democracia de la Calle, resulta estratégicamente vital. Tal es el desafío para la “gente de abajo”.

Albino Vargas Barrantes es Secretario General de la ANEP

Abajo el Golpe de Estado Parlamentario

Ante la imposibilidad de contar con los votos suficientes y encubrir votos negociados bajo cuerda con algunos diputados de “oposición” para tomarse el Directorio Legislativo , el Gobierno y su partido, el PLN, han perpetrado un “golpe” legislativo  reeligiendo al candidato oficialista Luis Gerardo Villanueva con 26 votos (el mínimo es 29) y sin haber  quórum pues el “bloque de oposición” se había retirado del recinto como protesta por el cambio que los oficialistas hicieron en el procedimiento  de voto al tratar de obligar a hacer la elección del  Directorio primero con una urna y luego  en el podio y con control de cámaras.

Gerardo Villanueva ha declinado en su nombramiento “amañado” y ha habido una serie de negociaciones para repetir la elección insistiendo el PLN en modificar el procedimiento para garantizar el encubrimiento de los votos “traidores” de  “oposición” que han negociado para tener los votos necesarios para garantizarse la reelección.

Coro político, por Cai Baolie

La resistencia del Gobierno y el PLN de no aceptar perder el control del Directorio Legislativo los ha llevado a echar mano del mismo recurso que utilizaron en el Referéndum sobre el TLC  con el “Memorándum Casas- Sánchez” y han violentado los procedimientos reglamentarios establecidos para ganar a como haya lugar.

No está claro qué perspectivas tendrá esta crisis en términos coyunturales. No está claro si habrá una nueva elección y si ésta será negociada en los procedimientos o si la Asamblea Legislativa entrará en un “lock out” o parálisis hasta que se quiebre el bloque opositor y consigan restablecer el quórum y garantizarse un bloque oficialista en el Directorio de este primer poder del régimen burgués. O que la pretendida “Alianza por Costa Rica” se haga del Directorio o lo negocie con el PLN y negocie como lo ha anunciado es su voluntad con Laura Chinchilla. Lo cierto es que hay una división profunda en la burguesía y una crisis del régimen que toca más abiertamente hoy al Poder Legislativo.

El Gobierno se resiste a pesar de su extremada debilidad, a concretar un Pacto social y busca preservar el grueso de su política y proyectos con acuerdos o Pactos específicos mientras la “oposición”, especialmente el PAC y Frente Amplio, tratan de que se establezca un Acuerdo Nacional o Pacto social habida cuentas que el PLN no tiene mayoría, el Ejecutivo se debate en una crisis de gobierno con la caída de varios Ministros clave (Presidencia y Seguridad Pública), el desprestigio de las Concesiones de Obra  Pública (Caldera y la Platina) la pérdida del proyecto de privatización de los puertos de Limón y la estrepitosa pérdida del Proyecto minero Crucitas, y que a esto se suma la división interna entre  los sectores de Laura Chinchilla y el figuerismo  y el Arismo que controla el PLN.

La crisis capitalista mundial se ha instalado localmente y  ha hecho estancar la economía y repercutido en sectores importantes como los exportadores. El problema del déficit fiscal y la  contracción en los servicios públicos y en la actividad privada aunada a la frustración de reactivación vía las aperturas de mercado (TLC) y atracción de inversiones que favorezca a toda la burguesía y no solo a los mejor conectados como los sectores que representa Arias y el grupo SAMA, ha hecho saltar el nerviosismo y la pelea por garantizarse por parte de cada sector burgués su sobrevivencia.

Pero la burguesía sabe que para recuperarse y encarar la crisis capitalista debe enfilar baterías contra los trabajadores y el pueblo y esto no es posible con un gobierno débil ya castigado por el pueblo al no darle al PLN la mayoría de diputados para garantizarse el control del Gobierno y régimen  y solo darle el apoyo a una Presidenta que solo trata de arbitrar tanto internamente como con la oposición a duras penas. La burguesía en estas condiciones está dividida en un sector que cree que con el aval del control del Ejecutivo y una fracción que en componendas con el Movimiento Libertario antes con el Pacto “LILI” que se pinchó o con el concurso de diputados de “oposición” que se vendan al mejor postor, puede llevar adelante las políticas de favorecimiento a un sector de la burguesía y de los planes antiobreros y antipopulares.

Los otros sectores burgueses piensan que es hora de un gran Acuerdo y cogobernar para que no solo un sector se favorezca y para que los planes antiobreros y antipopulares sean atemperados o mitigados y tengan real eficacia en su aplicación. Entre estos sectores están fuera de la Asamblea Legislativa, las burocracias sindicales y campesinas  y de las organizaciones sociales y las rectorías de las Universidades Públicas que insisten en aferrarse a los despojos del Estado Social de Derecho que todavía la burguesía no ha rematado y que garantiza para ellos la mejor manera de preservar el régimen burgués y las fuentes de sus privilegios.

Hay que aclarar que la “oposición”  no tiene ni un ápice de progresivo. Para muchos sectores de izquierda, especialmente del Frente Amplio pero inclusive  sectores más a la izquierda de este, cualquiera que le gane a Liberación es un avance  y le endilgan a este bloque que une libertarios con neoestalinistas y socialcristianos con socialdemócratas variopintos un carácter antiliberacionista que no tiene. Son sobradas las declaraciones de este bloque opositor de llamar al diálogo y de ofrecerle el mejor respaldo para que Laura Chinchilla pueda hacer Gobierno. No es que son un bloque sin principios porque a pesar de las diferencias “ideológicas” todas las expresiones del los partidos en la Asamblea Legislativa son burgueses o pequeñoburgueses que defienden el sistema y a la burguesía y no representan a la clase trabajadora ni son expresión alguna de la independencia política de los trabajadores caso del FA de Merino. En tal sentido son proclives a acuerdos para el sostén del régimen burgués todos.

Pese a ello, la decisión de violentar el derecho democrático burgués y una de sus instituciones consumando un “golpe de estado parlamentario”  debe ser  condenada y enfrentada. Condenamos el golpe parlamentario, exigimos que se respete el mecanismo reglamentario establecido para la elección del Directorio y es más exigimos que la votación no sea secreta y sea abiertamente pública.

La burguesía está en crisis. Su gobierno e instituciones están en crisis. Lo que procede es “Que se Vayan Todos” y se adelanten las elecciones sobre la base de la libre participación de todo partido, organización o presentación individual de candidatos en elecciones generales. Los socialistas creemos firmemente que no es la Alianza burguesa “por Costa Rica” sino la “Alianza de los trabajadores, campesinos, sectores populares” la que puede sacar al país de la crisis sobre la base de un Programa que resuelva las necesidades de estos sectores como : Trabajo para todos, salarios adecuados al costo de vida real, control de los trabajadores de los precios y tarifas, tierra para el que la trabaja y apoyo financiero y asesoría técnica para los campesinos pobres y medios, educación pública gratuita y costeada por el Estado desde preescolar hasta la misma universidad, salud pública de calidad sin filas ni biombos y con eficiencia para todos y todas, moratoria de la deuda interna y externa para que el estado tenga los recursos para este plan. Los socialistas creemos que solo un Gobierno de los trabajadores para construir una sociedad de los trabajadores puede resolver los problemas de los mismos trabajadores y del pueblo.