Declaraciones de EEUU sobre el veto ruso y chino ante la Resolución de la ONU sobre Siria: “Repugnante”, vergonzoso”, “deplorable”, “farsa”…

¿De verdad?

Un listado rápido sobre el uso del veto por EEUU en las Naciones Unidas –1972 a 2011- (Incluidas las resoluciones contra las décadas de atrocidades/violaciones, a menudo apoyadas/financiadas por EEUU)

(Arte: Carlos Latuff)

1972 Condena a Israel por matar a cientos de personas en Siria y el Líbano en ataques aéreos.

1973 Afirma los derechos de los palestinos y pide a Israel que se retire de los Territorios Ocupados.

1976 Condena a Israel por atacar a los civiles libaneses.

1976 Condena a Israel por construir asentamientos en los Territorios Ocupados.

1976 Pide la autodeterminación para los palestinos.

1976 Afirma los derechos de los palestinos.

1978 Insta a los miembros permanentes (EEUU, URSS, Reino Unido, Francia y China) a asegurar las decisiones de la ONU para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

1978 Critica las condiciones de vida de los palestinos.

1978 Condena las violaciones de los derechos humanos israelíes en los Territorios Ocupados.

1978 Pide a los países desarrollados que aumenten la cantidad y calidad de la ayuda al desarrollo para los países en vías de desarrollo.

1979 Pide el fin de toda colaboración militar y nuclear con el régimen de apartheid de Sudáfrica.

1979 Refuerza el embargo de armas contra Sudáfrica.

1979 Ofrece apoyo a todo el pueblo oprimido de Sudáfrica y a su movimiento de liberación.

1979 Pide negociaciones para el desarme y el cese de la carrera de armas nucleares.

1979   Pide el retorno de todos los habitantes palestinos expulsados por Israel.

1979 Exige que Israel desista de sus violaciones de los derechos humanos.

1979 Ordena un informe sobre las condiciones de vida de los palestinos en los países árabes ocupados.

1979 Ofrece asistencia al pueblo palestino.

1979 Discute la soberanía de los recursos nacionales en los territorios árabes ocupados.

1979 Pide protección para las exportaciones de los países desarrollados.

1979 Solicita enfoques alternativos dentro del sistema de las Naciones Unidas para mejorar el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

1979 Se opone al apoyo a la intervención en los asuntos externos o internos de los estados.

1979 Convoca una Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer.

1979 Solicita que se incluyan a las mujeres palestinas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer.

1979 Salvaguarda los derechos de los países en desarrollo en las negociaciones comerciales multinacionales.

1980 Exige a Israel el retorno de las personas desplazadas.

1980 Condena la política israelí respecto a las condiciones de vida del pueblo palestino.

1980 Condena las prácticas de derechos humanos en los Territorios Ocupados (3 resoluciones).

1980 Afirma el derecho de autodeterminación de los palestinos.

1980 Ofrece ayuda al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional.

1980 Intenta establecer un Nuevo Orden Económico que promueva el crecimiento de los países en desarrollo y la cooperación económica internacional.

1980 Endosa el Programa de Acción para la Segunda Mitad de la Década de las Naciones Unidas por la Mujer.

1980 Declaración de no usar armas nucleares contra estados no nucleares.

1980 Subraya que el desarrollo de las naciones y los individuos es un derecho humano.

1980 Pide el cese de todas las pruebas con explosivos nucleares.

1980 Pide la puesta en marcha de la Declaración para Garantizar la Independencia de los Pueblos y Países Coloniales.

1981 Promueve los movimientos cooperativos en los países en desarrollo.

1981 Afirma el derecho de todos los estados a elegir su sistema económico y social de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin interferencias exteriores en ninguna de sus formas.

1981 Condena las actividades de los intereses económicos extranjeros en territorios colonizados.

1981 Pide el cese de todas las explosiones de pruebas con armamento nuclear.

1981 Llama a la acción en apoyo de las medidas que impidan la guerra nuclear, pongan freno a la carrera de armamento y promuevan el desarme.

1981 Insta a las negociaciones para prohibir el uso de armas químicas y biológicas .

1981 Declara que la educación, el trabajo, la atención sanitaria, la nutrición adecuada, el desarrollo nacional, etc., son derechos humanos.

1981 Condena a Sudáfrica por atacar a los países vecinos, condena el apartheid e intenta reforzar las sanciones (7 resoluciones).

1981 Condena un intento de golpe de estado de Sudáfrica en las Seychelles.

1981 Condena a Israel por su comportamiento con los palestinos, sus políticas contra los derechos humanos y el bombardeo de Iraq (18 Resoluciones).

1982 Condena la invasión israelí del Líbano (6 resoluciones entre 1982 y 1983).

1982 Condena el tiroteo de un soldado israelí contra once musulmanes que se encontraban en un santuario de Jerusalén.

1982 Apela a Israel para que se retire de los Altos del Golán ocupados en 1967.

1982 Condena el apartheid y exige el cese de la ayuda económica a Sudáfrica (4 resoluciones).

1982 Exige el establecimiento de una Carta Mundial para la protección de la ecología.

1982 Establece una conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado.

1982 Prohíbe las pruebas nucleares y ampara las negociaciones y un espacio exterior libre de armas nucleares (3 resoluciones).

1982 Apoya un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones.

1982 Prohíbe las armas químicas y bacteriológicas.

1982 Insta al desarrollo del derecho internacional.

1982 Protege contra productos lesivos para la salud y el medio ambiente (2 resoluciones).

1982 Declara que la educación, el trabajo, la atención sanitaria, la alimentación adecuada y el desarrollo nacional son derechos humanos.

1982 Insta al desarrollo de los recursos energéticos de los países en vías de desarrollo.

1983 Resoluciones acerca del apartheid, armas nucleares, economía y derecho internacional (15 resoluciones).

1984 Condena el apoyo a Sudáfrica en sus políticas respecto a namibia y otras.

1984 Insta a la acción internacional para eliminar el apartheid.

1984 Condena a Israel por ocupar y atacar el sur del Líbano.

1984 Resoluciones acerca del apartheid, armas nucleares, economía y derecho internacional (18 resoluciones).

1985 Condena a Israel por ocupar y atacar el sur del Líbano.

1985 Condena a Israel por el uso excesivo de la fuerza en los territorios ocupados.

1985 Resoluciones acerca de cooperación, derechos humanos, comercio y desarrollo (3 resoluciones).

1985 Medidas a emprender contra actividades nazis, fascistas y neo-fascistas.

1986 Pide a todos los gobiernos (incluido el de EEUU) que respeten el derecho internacional.

1986 Impone sanciones económicas y militares contra Sudáfrica.

1986 Condena a Israel por sus acciones contra los civiles libaneses.

1986 Insta a Israel a que respete los lugares santos musulmanes.

1986 Condena a Israel por secuestrar en el aire un avión comercial libio.

1986 Resoluciones sobre cooperación, seguridad, derechos humanos, comercio, manipulación de los medios, medio ambiente y desarrollo (8 resoluciones).

1987 Llama a Israel para que cumpla los Convenios de Ginebra en su trato a los palestinos.

1987 Llama a Israel a dejar de deportar a los palestinos.

1987 Condena a Israel por sus acciones en el Líbano (2 resoluciones).

1987 Llama a Israel a retirar sus fuerzas del Líbano.

1987 Insta a la cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes.

1987 Exige el cumplimiento de los dictados de la Corte Penal Internacional acerca de las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua y pide el fin del embargo comercial contra Nicaragua (2 resoluciones).

1987 Recoge una serie de medidas para impedir el terrorismo internacional, estudiar la política subyacente y las causas económicas del terrorismo, convoca una conferencia para definir el terrorismo y diferenciarlo de la lucha de los pueblos por su liberación nacional.

1987 Resoluciones acerca del periodismo, la deuda internacional y el comercio (3 resoluciones).

1987 Se opone a la acumulación de armas en el espacio.

1987 Se opone al desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva.

1987 Se opone a las pruebas nucleares (2 resoluciones).

1987 Propuesta para el establecimiento de una “Zona de Paz” en el Atlántico Sur.

1988 Condena las prácticas israelíes contra los palestinos en los Territorios Ocupados (5 resoluciones entre 1988 y 1989).

1989 Condena la invasión estadounidense de Panamá.

1989 Condena a las tropas estadounidenses por saquear la residencia del embajador nicaragüense en Panamá.

1989 Condena el apoyo de EEUU al ejército de la Contra en Nicaragua.

1989 Condena el ilegal embargo de EEUU a Nicaragua.

1989 Se opone a la adquisición de territorio por la fuerza.

1989 Exige la solución al conflicto árabo-israelí basada en las anteriores resoluciones de la ONU.

1990 Envía tres observadores del Consejo de Seguridad de la ONU a los Territorios Ocupados.

1995 Afirma que la tierra que Israel se ha anexionado en Jerusalén Este es territorio ocupado.

1997 Exige a Israel que deje de construir asentamientos en Jerusalén Este y en otros territorios ocupados (2 resoluciones).

1998 Exige a EEUU que ponga fin a su embargo contra Cuba (8 resoluciones entre 1992 y 1999).

2001   Envío de observadores desarmados a Cisjordania y la Franja de Gaza.

2001 Establecimiento de la Corte Penal Internacional.

2002 Renovación de la misión para el mantenimiento de la paz en Bosnia.

(Fuente resoluciones anteriores:

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/geoff/UNresolutions.htm )

(Fuente resoluciones posteriores:

http://www.krysstal.com/democracy_whyusa03.html )

2002 Condena el asesinato de un trabajador británico de la ONU por las fuerzas israelíes. Condena la destrucción del almacén del Programa Alimentario Mundial.

2003   Condena la decisión del parlamento israelí de “eliminar” al presidente electo palestino, Yaser Arafat.

2003 Condena la construcción de un muro por Israel sobre tierra palestina.

2003 Exige el fin de los 40 años de embargo de EEUU a Cuba.

2004 Condena el asesinato del dirigente de Hamas, el Sheikh Ahmad Yasin.

2004 Condena la incursión y los asesinatos israelíes en Gaza.

2004 Establece que la producción y procesamiento de los materiales para el armamento deberían estar bajo control internacional.

2006 Exige el fin de las incursiones y ataques israelíes contra Gaza.

2007 Exige el fin del embargo financiero contra Cuba.

2007 Exige el uso pacífico del espacio sideral.

2007 Exige que se elabore una convención contra la discriminación de la mujer.

2007 Sobre los derechos de la infancia.

2007 Sobre el derecho al alimento.

2007 Sobre la aplicación de los Convenios de Ginebra acerca de la protección de los civiles en tiempos de guerra.

2007 Pide que se proteja la climatología global.

2007 Pide que el Océano Índico sea declarado zona de paz. Pide que el Sureste Asiático esté libre de armas nucleares.

2007 Exige que se reconozca el derecho de autodeterminación para el pueblo palestino, además de diversas resoluciones acerca de los palestinos y sus derechos.

2008 Pide que se avance en la elaboración de un tratado sobre el comercio de armas.

2008 Prohíbe el desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva.

2008 Intenta garantizar que los estados sin armas nucleares no sean atacados o amenazados con armas nucleares.

2008 Previene el desarrollo de una carrera de armamentos en el espacio sideral y exige transparencia en las actividades en dicho espacio.

2008 Pide que se reduzca la disposición operativa de los sistemas de armas nucleares y prohíbe las armas nucleares.

2008 Pide el fin del uso de uranio empobrecido en el armamento.

2008 Aborda el tema del comercio ilegal de armas pequeñas.

2008 Exige que el Asia Central y el Hemisferio Sur estén libres de armas nucleares. Previene la proliferación de armamento en Oriente Medio.

2008 Exige un tratado global que prohíba las pruebas nucleares. Hace un llamamiento por un mundo libre de armas nucleares.

2008 Exige que se elabore un tratado que contenga los derechos de la infancia.

2008 Condena la discriminación racial.

2008 Afirma la soberanía de los palestinos sobre los Territorios Ocupados y sus recursos.

2008 Afirma el derecho de los palestinos a la autodeterminación.

2008 Exige que Israel pague el coste de limpiar una fuga de petróleo frente a la costa del Líbano provocada por sus bombardeos.

2008 Pide un nuevo orden económico mundial.

2008 Establece el derecho al desarrollo de todas las naciones.

2008 Establece el derecho a una alimentación adecuada.

2008 Establece el respecto ante el derecho a la libertad universal de desplazamiento y la importancia vital de la reunificación familiar.

2008 Acerca de los desarrollos de la tecnología de la información para la seguridad internacional.

2008 Diversas resoluciones acerca de Palestina, su pueblo, sus propiedades y las prácticas israelíes en Palestina, incluidos los asentamientos.

2009 Exige que se ponga fin al largo ataque de 22 días de duración de Israel contra Gaza.

2011 Exige que se detenga la construcción de los ilegales asentamientos israelíes en Cisjordania.

2011 Exige que Israel cese de obstruir el movimiento y el acceso de los equipos, vehículos y suministros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

2011 Exige el cese completo e inmediato de todas las actividades de construcción de asentamientos israelíes en todo el Territorio Ocupado Palestino, incluida Jerusalén Este y el Golán sirio ocupado.

 It Can’t Happen Here

Exclusive: New Iranian Commando Team Operating Near U.S.

(Tehran, FNA) The Fars News Agency has confirmed with the Republican Guard’s North American Operations Command that a new elite Iranian commando team is operating in the U.S.-Mexican border region. The primary day-to-day mission of the team, known as the Joint Special Operations Gulf of Mexico Task Force, or JSOG-MTF, is to mentor Mexican military units in the border areas in their war with the deadly drug cartels.  The task force provides “highly trained personnel that excel in uncertain environments,” Maj. Amir Arastoo, a spokesman for Republican Guard special operations forces in North America, tells Fars, and “seeks to confront irregular threats…”

The unit began its existence in mid-2009 — around the time that Washington rejected the Iranian leadership’s wish for a new diplomatic dialogue. But whatever the task force does about the United States — or might do in the future — is a sensitive subject with the Republican Guard.  “It would be inappropriate to discuss operational plans regarding any particular nation,” Arastoo says about the U.S.

(Image: Jared Rodriguez / t r u t h o u t; Adapted: zoutedrop, hoder)

Okay, so I made that up.  Sue me.  But first admit that, a line or two in, you knew it was fiction.  After all, despite the talk about American decline, we are still on a one-way imperial planet.  Yes, there is a new U.S. special operations team known as Joint Special Operations Task Force-Gulf Cooperation Council, or JSOTF-GCC, at work near Iran and, according to Wired magazine’s Danger Room blog, we really don’t quite know what it’s tasked with doing (other than helping train the forces of such allies as Bahrain and Saudi Arabia).

And yes, the quotes are perfectly real, just out of the mouth of a U.S. “spokesman for special-operations forces in the Mideast,” not a representative of Iran’s Republican Guard.  And yes, most Americans, if they were to read about the existence of the new special ops team, wouldn’t think it strange that U.S. forces were edging up to (if not across) the Iranian border, not when our “safety” was at stake.

Reverse the story, though, and it immediately becomes a malign, if unimaginable, fairy tale.  Of course, no Iranian elite forces will ever operate along the U.S. border.  Not in this world.  Washington wouldn’t live with it and it remains the military giant of giants on this planet.  By comparison, Iran is, in military terms, a minor power.

Any Iranian forces on the Mexican border would represent a crossing of one of those “red lines” that U.S. officials are always talking about and so an international abomination to be dealt with severely.  More than that, their presence would undoubtedly be treated as an act of war.  It would make screaming headlines here.  The Republican candidates for the presidency would go wild.  You know the rest.  Think about the reaction when Attorney General Eric Holder announced that an Iranian-American used-car salesman from Texas had contacted a Mexican drug cartel as part of a bizarre plot supposedly hatched by senior members of the elite Iranian Quds Force to assassinate the Saudi ambassador in a Washington restaurant and possibly bomb the Saudi and Israeli embassies as well.

Though doubts were soon raised about the likelihood of such an Iranian plot, the outrage in the U.S. was palpable.  Secretary of State Hillary Clinton insisted that it “crosses a line that Iran needs to be held to account for.”  The Wall Street Journal labeled it “arguably an act of war,” as did Congressman Peter King, chairman of the House Homeland Security Committee.  Speaker of the House John Boehner termed it “a very serious breach of international behavior,” while House Intelligence Committee Chairman Mike Rogers swore that it crossed “a very dangerous threshold” and called for “unprecedented” action by the Obama administration.

On the other hand, no one here would claim that a U.S. special operations team edging up to the Iranian border was anything out of the ordinary or that it potentially crossed any lines, red or otherwise, or was a step beyond what the international community accepts.  In fact, the news, such as it was, caused no headlines in the press, no comments on editorial pages, nothing.  After all, everyone knows that Iranians would be the equivalent of fish out of water in Mexico, but that Americans are at home away from home in the Persian Gulf (as in most other places on Earth).

The Iranian “War” Against America

Nonetheless, just for the heck of it, let’s suspend the laws of political and military gravity and pile up a few more fairy-tale-ish details.

Imagine that, in late 2007, Iran’s ruling mullahs and their military advisors had decided to upgrade already significant covert activities against Washington, including cross-border operations, and so launched an intensification of its secret campaign to “destabilize” the country’s leadership — call it a covert war if you will — funded by hundreds of millions of dollars of oil money; that they (or their allies) supported armed oppositional groups hostile to Washington; that they flew advanced robot drones on surveillance missions in the country’s airspace; that they imposed ever escalating sanctions, which over the years caused increased suffering among the American people, in order to force Washington to dismantle its nuclear arsenal and give up the nuclear program (military and peaceful) that it had been pursuing since 1943; that they and an ally developed and launched a computer worm meant to destroy American centrifuges and introduced sabotaged parts into its nuclear supply chain; that they encouraged American nuclear scientists to defect; that one of their allies launched an assassination program against American nuclear scientists and engineers, killing five of them on the streets of American cities; that they launched a global campaign to force the world not to buy key American products, including Hollywood movies, iPhones, iPods, and iPads, and weaponry of any sort by essentially embargoing American banking transactions.

Imagine as well that an embattled American president declared the Gulf of Mexico to be off-limits to Iranian aircraft carriers and threatened any entering its waters with dire consequences.  In response, the Iranians promptly sent their aircraft carrier, the Mossadegh, and its battle group of accompanying ships directly into Gulf waters not far from Florida and then stationed a second carrier, the Khomeini, and its task force in the nearby Caribbean as support.  (Okay, the Iranians don’t have aircraft carriers, but just for a moment, suspend disbelief.)

And keep in mind that, in this outlandish scenario, all of the above would only be what we knew about or suspected.  You would have to assume that there were also still-unknown aspects to their in-the-shadows campaign of regime change against Washington.

Now, pinned to Iran, that list looks absurd.  Were such things to have happened (even in a far more limited fashion), they would have been seen across the American political spectrum as an abomination (and rightly so), a morass of illegal, illegitimate, and immoral acts and programs that would have to be opposed at all costs.  As you also know perfectly well, it is a description of just what we do know or suspect that the U.S. has done, alone or in concert with its ally Israel, or what, in the case of the assassination operations against nuclear scientists (and possibly an explosion that destroyed much of an Iranian missile base, killing a major general and 16 others), Israel has evidently done on its own, but possibly with the covert agreement of Washington.

And yet you can search the mainstream news far and wide without seeing words like “illegal,” “illegitimate,” or “immoral” or even “a very serious breach of international behavior” applied to them, though you can certainly find sunny reports on our potential power to loose destruction in the region, the sorts of articles that, if they were in the state-controlled Iranian press, we would consider propaganda.

While the other three presidential candidates were baying for Iranian blood at a recent Republican debate, it was left to Ron Paul, the ultimate outsider, to point out the obvious: that the latest round of oil sanctions being imposed by Washington and just agreed to by the European Union, meant to prohibit the sale of Iranian oil on the international market, was essentially an “act of war,” and that it preceded recent Iranian threats (an unlikely prospect, by the way) to close the Strait of Hormuz, through which much of the planet’s oil flows.

And keep in mind, the covert war against Iran is ostensibly aimed at a nuclear weapon that does not exist, that the country’s leaders claim they are not building, that the best work of the American intelligence community in 2007 and 2010 indicated was not yet on the horizon.  (At the moment, at worst, the Iranians are believed to be working toward “possible breakout capacity” — that is, the ability to relatively “quickly” build a nuclear weapon, if the decision were made.)  As for nuclear weapons, we have 5,113 warheads that we don’t doubt are necessary for our safety and the safety of the planet.  These are weapons that we implicitly trust ourselves to have, even though the United States remains the only country ever to use nuclear weapons, obliterating two Japanese cities at the cost of perhaps 200,000 civilian deaths.  Similarly, we have no doubt that the world is safe with Israel possessing up to 200 nuclear weapons, a near civilization-destroying (undeclared) arsenal.  But it is our conviction that an Iranian bomb, even one, would end life as we know it.

Added to that fear is the oft-cited fact that Iran is run by a mullahtariat that oppresses any opposition.  That, however, only puts it in league with U.S. allies in the region like Bahrain, whose monarchy has shot down, beaten up, and jailed its opposition, and the Saudis, who have fiercely repressed their own dissidents.  Nor, in terms of harm to its people, is Iran faintly in a league with past U.S. allies like General Augusto Pinochet of Chile, who launched a U.S.-backed military coup against a democratically elected government on September 11, 1973, killing more than died in the 9/11 attacks of 2001, or the Indonesian autocrat Suharto on whom the deaths of at least half a million of his people are usually pinned.

Washington At Home in the World

Here, then, is a little necessary context for the latest round of Iran-mania in the U.S.: Washington has declared the world its oyster and garrisons the planet in a historically unique way — without direct colonies but with approximately 1,000 bases worldwide (not including those in war zones or ones the Pentagon prefers not to acknowledge).  That we do so, unique as it may be in the records of empire, strikes us as anything but odd and so is little discussed here.  One of the reasons is simple enough.  What’s called our “safety” and “security” has been made a planetary issue.  It is, in fact, the planetary standard for action, though one only we (or our closest allies) can invoke.  Others are held to far more limiting rules of behavior.

As a result, a U.S. president can now send drones and special operations forces just about anywhere to kill just about anyone he designates as a threat to our security.  Since we are everywhere, and everywhere at home, and everywhere have “interests,” we may indeed be threatened anywhere.  Wherever we’ve settled in — and in the Persian Gulf, as an example, we’re deeply entrenched — new “red lines” have been created that others are prohibited from crossing.  No one, after all, can infringe on our safety.

In support of our interests — which, speaking truthfully, are also the interests of oil — we could covertly overthrow an Iranian government in 1953 (starting the whole train of events that led to this crisis moment in the Persian Gulf), and we can again work to overthrow an Iranian government in 2012.  The only issue seriously discussed in this country is: How exactly can we do it, or can we do it at all (without causing ourselves irreparably greater harm)?  Effectiveness, not legality or morality, is the only measurement.  Few in our world (and who else matters?) question our right to do so, though obviously the right of any other state to do something similar to us or one of our allies, or to retaliate or even to threaten to retaliate, should we do so, is considered shocking and beyond all norms, beyond every red line when it comes to how nations (except us) should behave.

This mindset, and the acts that have gone with it, have blown what is, at worst, a modest-sized global problem up into an existential threat, a life-and-death matter.  Iran as a global monster now nearly fills what screen-space there is for foreign enemies in the present American moment.  Yet, despite its enormous energy reserves, it is a shaky regional power, ruled by a faction-ridden set of fundamentalists (but not madmen), the most hardline of whom seem at the moment ascendant (in no small part due to American and Israeli policies).  The country has a relatively modest military budget, and no recent history of invading other states.  It has been under intense pressure of every sort for years now and the strains are showing.  The kind of pressure the U.S. and its allies have been exerting creates the basis for madness — or for terrible miscalculation followed by inevitable tragedy.

In an election year in the U.S., little of this is apparent.  The Republicans, Ron Paul aside, have made Iran the entrée du jour on the American (and Israeli) security menu, a situation that couldn’t be more absurdly out of proportion or more dangerous.  In fact, when it comes to “American security,” our fundamentalists are off on another rampage with the Obama administration following behind.

Just as a small exercise to restore some sense of proportion, stop for a moment the next time you hear of American or Israeli plans for the further destabilization of Iran and think: what would we do if the Iranians were planning something similar for us?

It’s one small way to begin, individually, to imagine a planet on which everyone might experience some sense of security.  And here’s the oddest thing, given the blowback that could come from a blowup in the Persian Gulf, it might even make us all safer.

Tom Engelhardt, co-founder of the American Empire Project and the author of The American Way of War: How Bush’s Wars Became Obama’s as well as The End of Victory Culture, runs the Nation Institute’s TomDispatch.com. His latest book, The United States of Fear (Haymarket Books), has just been published. To listen to Timothy MacBain’s latest Tomcast audio interview in which Engelhardt discusses reversal scenarios on a one-way planet, click here, or download it to your iPod here.

[Note:  The initial “Iranian” news article in this piece was taken, with a few small changes, from “New U.S. Commando Team Operating Near Iran,” a post by the intrepid Spencer Ackerman of Wired’s Danger Room blog, an important place to keep up on all things military.  Let me offer a bow as well to Antiwar.com, Juan Cole’s Informed Comment, and Paul Woodward’s the War in Context.  I don’t know what I’d do without them when it comes to keeping up.]

Travelers to Cuba and music lovers are familiar with the song “Guantanamera”— literally, the girl from Guantánamo. With lyrics by José Martí, the father of Cuban independence, Guantanamera is probably the most widely known Cuban song. But Guantánamo is even more famous now for its U.S. military prison. Where “Guantanamera” is a powerful expression of the beauty of Cuba, “Gitmo” has become a powerful symbol of human rights violations—so much so that Amnesty International described it as “the gulag of our times.”

That description can be traced to January 2002, when the base received its first 20 prisoners in shackles. General Richard B. Myers, chairman of the Joint Chiefs of Staff, warned they were “very dangerous people who would gnaw hydraulic lines in the back of a C-17 to bring it down.” We now know that a large portion of the 750 plus men and boys held there posed no threat to the United States. In fact, only five percent were captured by the United States; most were picked up by the Northern Alliance, Pakistani intelligence officers, or tribal warlords, and many were sold for cash bounties.

(Arte: Banksy)

The Guantánamo story starts in 1903, when the U.S. Army occupied Cuba after its war of independence against Spain. The Platt Amendment, which granted the United States the right to intervene in Cuba, was included in the Cuban Constitution as a prerequisite for the withdrawal of U.S. troops from the rest of Cuba. That provision provided the basis for the 1903 Agreement on Coaling and Naval Stations, which gave the United States the right to use Guantánamo Bay “exclusively as coaling or naval stations, and for no other purpose.”

In 1934, President Franklin D. Roosevelt signed a new treaty with Cuba that allows the United States to remain in Guantánamo Bay until the U.S. abandons it or until both Cuba and the United States agree to modify their arrangement. According to that treaty, “the stipulations of [the 1903] agreement with regard to the naval station of Guantánamo shall continue in effect.” That means Guantánamo Bay can be used only for coaling or naval stations. Additionally, article III of the 1934 treaty provides that the Republic of Cuba leases Guantánamo Bay to the United States “for coaling and naval stations.” Nowhere in either treaty did Cuba give the U.S. the right to utilize Guantánamo Bay as a prison camp.

It is no accident that President George W. Bush chose Guantánamo Bay as the site for his illegal prison camp. His administration maintained that Guantánamo Bay is not a U.S. territory, and thus, U.S. courts are not available to the prisoners there. But, as the Supreme Court later affirmed, the United States, not Cuba, exercises exclusive jurisdiction over Guantánamo Bay. Amanda Williamson, a spokeswoman in the Red Cross’ Washington office, noted that prisoners at Guantánamo “have been placed in a legal vacuum, a legal black hole.” Amnesty International went further, noting an obvious gap between U.S. rhetoric and practice: “Given the USA’s criticism of the human rights record of Cuba, it is deeply ironic that it is violating fundamental rights on Cuban soil, and seeking to rely on the fact that it is on Cuban soil to keep the U.S. courts from examining its conduct.”

Although the Convention Against Torture, a treaty the United States has ratified, forbids the use of coercion under any circumstances to obtain information, prisoners released from Guantánamo have detailed assaults, prolonged shackling in uncomfortable positions, sexual abuse, and threats with dogs. Mustafa Ait Idr, an Algerian citizen who was living in Bosnia when he was sent to Guantánamo, charged that U.S. military guards jumped on his head, resulting in a stroke that paralyzed his face. They also broke several of his fingers and nearly drowned him in a toilet. Mohammed Sagheer, a Pakistani cleric, claimed the wardens at Guantánamo used drugs “that made us senseless.” French citizen Mourad Benchellali, released from Guantánamo in July 2004, said, “I cannot describe in just a few lines the suffering and the torture; but the worst aspect of being at the camp was the despair, the feeling that whatever you say, it will never make a difference.” Benchellali added, “There is unlimited cruelty in a system that seems to be unable to free the innocent and unable to punish the guilty.”

Australian lawyer Richard Bourke, who has represented many of the men incarcerated at Guantánamo, charged that prisoners have been subjected to “good old-fashioned torture, as people would have understood it in the Dark Ages.” According to Bourke, “One of the detainees had described being taken out and tied to a post and having rubber bullets fired at them. They were being made to kneel cruciform in the sun until they collapsed.” Abdul Rahim Muslimdost, an Afghan who was released from Guantánamo in April 2005, said he suffered “indescribable torture” there.

U.S. and international bodies have verified reports of torture and abuse. Physicians for Human Rights found that “the United States has been engaged in systematic psychological torture of Guantánamo detainees” at least since 2002. FBI agents saw female interrogators forcibly squeeze male prisoners’ genitals and witnessed detainees stripped and shackled low to the floor for many hours. In February 2006, the United Nations Human Rights Commission reported that the violent force-feeding of detainees by the U.S. military at Guantánamo amounts to torture.

The very existence of the Guantánamo prison camp harms America’s international reputation. A January 2005 editorial in Le Monde concluded, “The simple truth is that America’s leaders have constructed at Guantánamo Bay a legal monster.” Moreover, it has created more enemies of the United States. Writing for the New York Times, Somini Sengupta maintained that Guantánamo Bay has been a setback in the war on terror insofar as it has “emerged as a symbol of American hypocrisy.”

The list of Guantánamo critics is a long one. Archbishop Desmond Tutu dubbed it a stain on the character of the United States. Former U.N. Secretary General Kofi Annan said the United States must close the camp as soon as possible. The Economist called for the facility to be dismantled, described the treatment of the prisoners there as “unworthy of a nation which has cherished the rule of law since its very birth,” and claimed it “has alienated many other governments at a time when the effort to defeat terrorism requires more international co-operation in law enforcement than ever before.” The National Lawyers Guild, Association of American Jurists, Inter-American Commission on Human Rights, and Amnesty International have all called for closing the prison camp and releasing or charging prisoners with criminal offenses in accordance with international legal norms.

In addition to legal and political problems with Guantánamo, there are enormous human costs to consider. Attorney Joseph Margulies has been to death row in six states and watched his client be executed. But as he noted, “I have never been to a more disturbing place than the military prison at Guantánamo Bay. It is a place of indescribable sadness, where the abstract enormity of ‘forever’ becomes concrete: this windowless cell; that metal cot; those steel shackles.”

Indeed, Army Col. Terry Carrico, the first warden at Guantánamo, complained that when he was there, the men were held in “basically outdoor cages,” adding, “It’s what you would normally find in a veterinarian’s facilities to hold animals.” Carrico said “very few” of the men imprisoned during his tenure had useful intelligence. He favors closing Guantánamo, but doubts that will ever happen.

President Barack Obama said a year ago that he was committed to closing Guantánamo because it was a symbol that was “probably the No. 1 recruiting tool” on terrorist websites. But Obama signed the National Defense Authorization Act (NDAA), which bars any transfer of detainees to U.S. prisons, even for trial. The act also restricts the President’s authority to transfer detainees to other countries. Of the 171 men remaining at Guantánamo, 89 have been cleared for release by a review conducted by the CIA, FBI, military, and Department of Homeland Security. But those men will likely die at Guantánamo because Obama refused to put the brakes on Congress’s use of the issue as a political football in the NDAA.

In a recent op-ed in The New York Times, Harvard lecturer Jonathan M. Hansen wrote, “It is past time to return this imperialist enclave to Cuba,” adding, “It has served to remind the world of America’s long history of interventionist militarism.”

Obama should heed Hansen’s words. For the abiding presence of the Guantánamo gulag is not simply illegal and immoral. It also continues to be a symbol of U.S. hypocrisy, and makes us a target for more terrorist attacks.

Marjorie Cohn is the immediate past president of the National Lawyers Guild and a professor at Thomas Jefferson School of Law, where she teaches criminal law and procedure, evidence, and international human rights law. She lectures throughout the world on human rights and US foreign policy.

Hay países que se nos pasan de largo. Costa Rica es uno de ellos. Los tópicos dibujan un país feliz, pacífico, donde nada ocurre excepto el violento romper de las olas. Debajo, la realidad es otra y David Solis nos ofrece un detallado análisis de todos los ángulos que matizan los imaginarios. Las amenazas territoriales y el retroceso del Estado Social es evidente; las resistencias, también.

“Los políticos prométican, no cúmplican / Enrrédican, falásican y róbican, / Costa Rica Costarríquica / Que será de tu futúrico…” (Costarríquica, Manuel Monestel)

Rótulo que da la bienvenida a la Finca #1 de la frutera Del Monte; en Sixaola, Caribe Sur, con un mensaje de exaltación al 'solidarismo'. (Foto: Amanda Vargas Valenciano)

Según un estudio publicado en julio de 2009, por un tanque pensamiento o think tank inglés, Costa Rica es el país más feliz del mundo [1], lo cual se determinó para un total 143 países con la construcción de un índice basado [2] en la esperanza de vida, el nivel de satisfacción de las personas y la huella ecológica, esta última es la relación entre los recursos naturales que se consumen en un país y los que tiene disponibles). Pero tan alta “felicidad” es también ostentada en los 10 primeros puestos por otros ocho países latinoamericanos. Parece que no solo los costarricenses, sino también otros centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños) y otros latinoamericanos (colombianos y brasileños) gozamos de “gran felicidad”; esto a pesar que en Guatemala, El Salvador y Honduras se sufre de creciente violencia relacionada no solo con actividades criminales como el narcotráfico, sino con un abismo social cada vez más profundo entre los pocos dueños de prácticamente todo y los muchos que prácticamente todos les falta, ya que más de la mitad de estos pueblos hermanos viven en pobreza , miseria e indigencia.

Esta medición como reconocen sus autores [3] tiene un nombre engañoso, porque no existe forma objetiva de determinar la felicidad de los habitantes de un país. Pero a pesar de esto en el paisito llamado Costa Rica, desde el 2009 con cierta frecuencia se escucha en discursos de gobernantes y hasta en campañas publicitarias de empresas multinacionales que “somos el país más feliz del mundo”, lo cual ha caído como “anillo al dedo” para reafirmar, ó más bien, para que nos reafirmen el particular mito de excepcionalidad que funda nuestra endeble nacionalidad, que antes fue manipulada por la clases dirigentes como gobernantes liberales, clérigos conservadores e invasores del norte imperialista, y que ahora tienen investiduras de tecnócratas, financistas de campañas electorales, conglomerados mediáticos, y cámaras empresariales [4]. Es entonces que el cacareado “liderazgo” en felicidad de Costa Rica nos lanza a interrogarnos si: ¿Se es “feliz” en una realidad de creciente desigualdad entre quienes tiene todo cuanto su dinero compra, y quienes no se alimentan lo suficiente para siquiera tener una buena salud?

¿La realidad de un país ó un país en realidad?

Esta Costa Rica en realidad es un país cuyo Estado desde hace un tiempo y con más visible frecuencia está siendo “comido en trozos” por la corrupción que es movida desde las más altas esferas del sector empresarial, donde por ejemplo muy recientemente un funcionario del Poder Judicial filtró el borrador de una sentencia hacia la empresa transnacional minera involucrada. Es también un país donde se profundizan las malas condiciones laborales sufridas por los trabajadores, sean inmigrantes nicaragüenses, indígenas Ngäbe panameños o campesinos ticos desamparados, todos ellos “peones” bananeros, o si son incluso médicos especialistas de la seguridad social, por cierto, ambos movilizados en huelgas durante el pasado mes de noviembre.

En este país en realidad no hay crecimiento económico con el menor sentido social sino lo contrario, así por ejemplo los salarios de la inmensa mayoría de las y los trabajadores pasan estancados durante años, disminuyéndose la posibilidad de adquirir los productos necesarios para vivir dignamente, ya que se sufren alzas permanentes en los precios de todo tipo de bienes y servicios; más aún en el presente año se ha cernido la amenaza de nuevos impuestos, cuando a juicio de entendidos, los actuales impuestos son mal cobrados e invertidos; por esto se cuestiona la necesidad del Estado por tener más recursos, por lo que se ha impuesto en la agenda parlamentaria la aprobación de un nuevo plan de tributos, promovido por el gobierno y su fracción legislativa (Partido Liberación Nacional-PLN) en acuerdo con el mayor partido de “oposición” (Partido Acción Ciudadana-PAC), nombrándosele en las calles a dicho plan como el PACquetazo fiscal.

¡En realidad!

La realidad de Costa Rica es que en realidad el país tiene una injustificada concentración de la tierra que va en detrimento de la economía campesina, con el fin de expandir los monocultivos exportables como la piña, situación que es producto de la indiscriminada política de apertura comercial impulsada por tres décadas, que entre otras cosas, ha fundado feudos amurallados en incentivos fiscales para las inversiones transnacionales del sector de servicios. También estas políticas han degenerado las relaciones del país con otros que son socios comerciales, mediante contratos de compra-venta amasados junto a representantes de empresas transnacionales, para privatizar disfrazando de apertura a los seguros y las telecomunicaciones, mientras que la electricidad parece ser el próximo botín.

Es el país donde el aporte social de las mujeres es subvalorado e incluso legalmente invisibilizado, y en realidad hay un escaso reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y prácticas culturales; es donde la expansión de los megaproyectos turísticos ha destruido el ambiente privatizando las costas y muchas montañas, que son “vendibles” a los adinerados clientes de las empresas constructoras, bancos, intermediarios inmobiliarios y hoteles; además donde el territorio nacional es ofrecido por parte de gobernantes para explorar minerales como oro y sustancias como gas natural o petróleo, donde también se avanza en la privatización de la infraestructura pública estratégica, como son los puertos del Caribe y el tramo más transitado de la carretera interamericana. Este también un país donde en realidad amenazan con más y más “desarrollos” a los bienes comunes de todas y todos, tales como el agua y los ricos bosques tropicales, que sobreviven desprotegidos por leyes anacrónicas como lo es aquella que regula los usos del agua, o simplemente son leyes “sin dientes” por los insuficientes mecanismos para su cumplimiento.

¿Feliz a dos colores?… ¡Mejor “en realidad” con muchos colores!

El esbozo sobre la conflictividad política, económica y socio-ambiental de Costa Rica colocado a blanco y negro en los anteriores párrafos podría resultar deslumbrante para quienes en este país vivimos y solemos refugiarnos en el “¡qué me importa a mí!”, algo así como ver la luz flash de una cámara fotográfica disparada en el intento de retratarnos ante un espejo. Costa Rica en realidad está siendo delineada por diversas y complejas conflictividades, pero también está siendo coloreada por las personas que sobreviven entre unas u otras dificultades, y que además toman acciones públicas de manera colectiva, generan y alimentan movimientos sociales, y se organizan políticamente.

Es así que durante las últimas semanas en el país se han desarrollado importantes jornadas de movilización social por múltiples actores sociales (sujetos políticos… ¿por qué no?), lo cual podríamos ir interpretando como una prueba de cuan fallidas han sido las tesis amasadas desde el interés de los poderosos durante décadas, sobre el carácter pacifista, pasivo y resignado de las personas que habitamos esta entidad abstracta etiquetada como país, hecha palabra esdrújula por Manuel Monestel al llamarle “Costarríquica”. Esto como si nuestra identidad no fuera diversa y cambiante, o como si nuestra realidad fuera tan feliz que no nos provocara indignación, y no nos impulsara a la comunicación, organización y generación de acciones al margen de “quienes mandan” o desean hacerlo sobre los destinos de las personas humildes trabajadoras tantas veces silenciadas.

Es que el arduo trabajo de colorear en realidad a Costa Rica, ha sido asumido las últimas semanas por organizaciones ambientalistas que desde hace más de 20 años están luchando con manifestaciones de calle, caminatas kilométricas, campañas de comunicación para la concientización y la presentación recursos legales, en contra de la instalación del proyecto de minería de oro a cielo abierto “Crucitas”, ubicado en la zona norte del país muy cerca al cauce del Río San Juan que es límite natural con el territorio de Nicaragua. En semanas recientes estas organizaciones impulsaron la denuncia pública por la “filtración” del borrador de la sentencia judicial que magistrados tenían en preparación hacia representantes de la empresa minera canadiense Infinito Gold, pero a pesar de esto el pasado 30 de noviembre se dio el fallo judicial que deja prácticamente enterrada toda posibilidad para la instalación de la mina Crucitas, además de reafirmar una condena anterior a la empresa para resarcir los daños ambientales, que también fue en contra de órganos estatales involucrados en las autorizaciones para dicha explotación minera, e incluso queda pendiente abrir una investigación judicial contra el ex presidente Oscar Arias y su ex ministro de (mal) ambiente Roberto Dobles. Esto se suma a la promulgación en 2010 de una ley –papel y tinta al fin– que prohíbe la instalación de proyectos de minería metálica por procesos químicos y a cielo abierto; siendo todo esto un “pincelazo” en verde al cuadro de la realidad costarricense.

La movilización por la defensa de la naturaleza también ha pintado la realidad las últimas semanas con una jornada el pasado 7 de diciembre por la defensa del agua recurso de interés público, con la participación de múltiples organizaciones campesinas y comunitarias, juntas administradoras de acueductos rurales, O.N.G. y organizaciones ecologistas aglutinadas entre otros espacios en la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Estas se reunieron en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa y contando con el apoyo de algunos diputados, exigieron al conjunto de las y los legisladores la aprobación de un nuevo marco que regule de manera ambientalmente sostenible los usos y la conservación del agua, también exigieron la aprobación de legislación que apoye a los asociaciones de acueductos comunitarios para mejorar su gestión del agua, y por último exigieron la aprobación de la reforma constitucional para el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, y por tanto clarificar la responsabilidad del estado para garantizarlo. Siendo esta acción parte de una lucha que por largos años ha movilizado a la población costarricense, como sucedió para entre el año 2008 y 2010 con la recolección de más de 150 mil firmas de ciudadanos, trabajo realizado por miles de personas voluntarias- esto para introducir a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión ecológicamente equilibrada del agua que fue construido con la participación de muchas organizaciones sociales, que regresaron este 7 de diciembre a exigir la aprobación de dicho proyecto para convertirlo en ley. Y es que se sigue luchando porque haya suficiente agua disponible para las familias en sus actividades, y que el Estado no priorice este recurso para regar canchas de golf en hoteles cinco estrellas en la costa, como le sucedió a la comunidad de Sardinal en la provincia de Guanacaste durante 2008, pero movilizados han avanzado en su lucha hasta parar el avance de los proyectos de construcción que le dejaría sin agua.

Defender la naturaleza tiene como parte luchar por la recuperación de la economía campesina basada en agricultura ecológica, es por esto que los últimos meses han resistido un colectivo de familias campesinas que en abril ingresaron a la finca “Tierras Nuevas” en la zona norte del país, zona que durante la década de 1980 fue lugar no solo de acciones militares de los “contra” nicaragüenses en la guerra fratricida del imperialismo norteamericano contra el gobierno sandinista, sino también de múltiples tomas de tierras por parte de campesinos. Esta finca “Tierras Nuevas” es propiedad –usurpada- de una empresa transnacional, y ahora está ocupada por las familias campesinas que ante la necesidad de tener donde habitar y producir, han fundado un asentamiento en donde cultivan la tierra para producir su alimento a pesar del constante acoso de las autoridades policiales y judiciales mediante desalojos, y del amedrentamiento de los capataces de la empresa transnacional y sus agentes de “seguridad”, todas ellas acciones para intentar desplazar a las familias, como sucedió en el último desalojo realizado el pasado 24 de noviembre, que contó con legalidad garantizada por un juez, y con la intervención de la policía. Además se dio la acción criminal de los encargados de la empresa usurpadora al destruir decenas de hectáreas de cultivos trabajados durante meses por las familias campesinas, que con la valentía de sus mujeres, hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos resisten y se mantienen luchando por acceso a la tierra, aduciendo su legítimo derecho para habitarla y producir en ella su alimento; coloreando así con terrones de lucha en realidad la cuestión agraria de Costa Rica.

La lucha por el uso comunitario del territorio no solo está dándose en el espacio rural, o en algunos espacios urbanos de Costa Rica, ya que la llamada “zona marítimo-terrestre” que corresponde a los 200m desde la línea de pleamar es terreno inalienable al control del Estado, donde existen una zona pública que constituyen los primero 50m, y una zona restringida de los restantes 150m donde el Estado puede dar autorización para su uso; estos 150m han sido el principal foco de conflicto en años recientes, debido a la implementación políticas por parte de los gobiernos locales y del gobierno central (entes permeados con posiciones políticas derivadas de particulares intereses privados) para el desplazamiento de las y los pobladores que habitan en las costas desde hace décadas, y que han construido formas de subsistencia ecológicamente viables a partir de su relación con el mar, del cual extraen el sustento de sus familias con la pesca artesanal. Es a raíz de esta agresión que 63 comunidades del litoral Pacífico norte, central y sur (Guanacaste-Península de Nicoya, Puntarenas-Islas del Golfo de Nicoya, Península de Osa) y del Caribe Sur (cantones de Limón y Talamanca), se han agrupado en el Frente de Comunidades Costeras organizado desde 2009 como espacio de articulación política para luchar por el respeto a su derecho de trabajar en el mar y habitar en la costa, y borrar el temer del desplazamiento gestado por el Estado, con el objetivo de abrirle paso a mega-proyectos turísticos donde los pobladores no tienen cabida; es así que este Frente de Comunidades Costeras impulsa mediantes movilizaciones callejeras y recursos en la vía formal un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para regular el uso de la zona marítimo terrestre de manera respetuosa a la naturaleza y sus habitantes, como parte de un derrotero más amplio por el mejoramiento de las vida en las comunidades, lo cual está dando nuevo tono en realidad a Costa Rica.

Los pobladores ancestrales de buena parte de los territorios de lo que hoy llamamos Costa Rica, son quienes libran cruentas batallas por el reconocimiento a su autonomía para determinar su destino; de esto son un vivo ejemplo los pueblos indígenas Teribe (comunidad de Térraba) y Cabecar (comunidad de China Kichá) que por años se han mantenido en pie de lucha contra la represa Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que generaría una potencia eléctrica de 650MW/h y que afectaran directamente a 800 hectáreas de los territorios Térraba y China Kichá, mientras que de manera indirecta se afectará al pueblo indígena Bri Bri en las territorios de Salitre y Cabagra, y al pueblo Brunca en las comunidades de Rey Curré y Boruca, además se afectarán entre otras a las comunidades campesinas de Ceibo, Pilas y Ocochobi. La fase inicial de construcción iniciada el Instituto Costarricense de Electricidad –I.C.E.– (empresa estatal) se dio sin el consentimiento de los pobladores indígenas afectados, por lo que ante su malestar y con la presión al Estado costarricense por la visita en abril pasado de James Anaya, relator especial para pueblos indígenas de la ONU, se ha visibilizó la urgente necesidad de realizar una consulta al pueblo Térraba sobre la construcción del PH Diquís, pero además se ha abierto una nueva fase del conflicto debido a la discusión entre los indígenas y el ICE junto con otros entes estatales sobre la forma en que se debe realizar la consulta y el plazo para la misma, lo cual ha sido manipulado por estos segundos en evidentemente violación a la autonomía que se proclama según el convenio 169 del OIT ratificado por Estado costarricense, más aún a los pueblos indígenas este no se las “garantiza” debido al estancamiento de la propuesta de ley realizada hace más de 15 años para dicho concretizar las proclamas de autonomía que desde. La lucha indígena contra el PH Diquís es muy importante en el país más no la única, porque en el año que está finalizando también se desarrolló una lucha indígena igualmente por el territorio en el Caribe Sur, donde el pueblo indígena Bri Bri de la comunidad de Keköldi sufrió desalojos de su territorio por orden judicial con la acción de la policía ante la presión de un empresario que aducía ser propietario, dicha usurpación del territorio indígena ha sido permitida por una serie de modificaciones a la legislación que definió el territorio de Keköldi en 1977; pero ante la lucha de los Bri Bri por recuperar ¾ de su territorio de manos de no indígenas que contaron con la complicidad de instituciones estatales, se dio una fallo judicial el pasado 12 de setiembre que reconoce dicho tal derecho, con lo cual deben de restablecerse los territorios reconocidos en 1977 y ampliados en 2001 según la permanencia ancestral de los Bri Bri en el territorio de Keköldi mar adentro y Cocles en la costa. Pero las luchas por el respeto a la territorialidad autónoma de los pueblos indígenas son cada una particular y todas la misma en las diversas comunidades de los ocho pueblos que habitan el país (Huetar, Chorotega, Maleku, Cabecar, Bri Bri, Teribe, Brunca, y Ngäbe-Buklé), dando en realidad tan necesario color indígena a Costa Rica.

Es en ese mismo Caribe Sur donde se encuentra el territorio de Keköldi, donde durante el mes de noviembre se desarrolló por 22 días una huelga de trabajadores bananeros que laboran en la Finca #1 de la transnacional frutera Del Monte, que se ubicada en Sixaola, punto fronterizo con la comunidad de Guabito, provincia de Bocas del Toro, Panamá. Territorio panameño es de donde provienen los indígenas Ngäbes que son la mayoría de los trabajadores levantados en huelga, junto a migrantes nicaragüenses, y campesinos costarricenses migrantes internos. Estos trabajadores vieron violentados su derecho a un salario medianamente digno, al disminuirse de manera unilateral por la empresa el pago al trabajo realizado en una unidad de tierra, la negativa a pagar horas extra y las paupérrimas condiciones generales de los trabajadores; además como medida de presión de la empresa para desmovilizar la huelga, sufrieron el cierre del comisariato (tienda, mini-supermercado o pulpería) donde los trabajadoras adquieren los productos de primera necesidad. Pero todo esto fue superado con la constancia de los trabajadores en sus legítimos reclamos, la resistencia de sus familias al hambre durante 22 días de huelga y años de pobreza aguantados especialmente por la mujeres a cargo de la gestión del hogar y la crianza de los hijos así como de cultivar en la escaza tierra a la que generalmente acceden, también se superó con la solidaridad de organizaciones labores, indígenas y otras costarricenses y panameñas, que movilizaron víveres, asesoría legal, apoyo moral y político, este último manifestado por el sindicato de trabajadores de los puertos de Limón y Moín (públicos) que amenazaron a la transnacional frutera en no cargar los barcos con sus productor de continuar las violaciones laborales a los trabajadores bananeros de Sixaola. En este proceso podemos decir que lo fundamental fue la acción organizada de los trabajadores que con palos y machetes en mano se movilizaron en las calles de Sixaola, a lo cual se sumó la acción de sus representantes sindicales, que fueron los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública –SITEPP–. Y mediante negociación con la empresa lograron el compromiso para discutir y aprobar en enero próximo una convención colectivo, que es un contrato laboral colectivo con rango de ley, y así mejorar de manera firme las condiciones de vida de las familias trabajadoras, fortaleciéndose la organización sindical autónoma, que ha sido minada por décadas de políticas públicas y prácticas organizacionales anti-sindicales, por ejemplo con la acción del “solidarismo” (organización de los trabajadores no independiente de patronos) patrocinado por sectores conservadores de la iglesia católica, las cámaras empresariales y el gobierno central. Se abre la puerta de la esperanza para hasta ahora muy pequeño sindicalismo en el sector privado de la economía, y para reactivar la histórica organización sindical en las bananeras, que fue motor de las luchas populares gestaras de las reformas sociales en la década de 1940, que cambiaron el rostro del país. Es con más lucha que en realidad se podrá pintar de trabajo digno a Costa Rica.

La movilización organizada de los trabajadores no solo se ha dado recientemente en los campos bananeros del Caribe, porque también el pasado noviembre se ha presentado en la capital, a partir del incremento desmedido en el costo del derecho de circulación para el año 2012 que deben cancelar los propietarios de todo vehículo automotor en el país al estatal Instituto Nacional de Seguros –I.N.S.–, pago que incluye impuestos y un seguro obligatorio a responder en caso de accidentes; pero a los propietarios de motocicletas se le estaba imponiendo un aumento desmedido de alrededor del 40% en este pago, argumentado por el INS en el crecimiento de accidentes de los motociclistas; ante lo cual se organizo en cuestión de un par de semanas un movimiento de motociclistas, siendo la mayoría trabajadores autoempleados o tercerizados en labores de mensajería que prestan a empresas de todo, tipo principalmente en el gran área metropolitana de la capital. Este movimiento convocó a una primera acción colectiva, algo espontánea por cierto, que fue la manifestación callejera de cientos de motociclistas por las calles de la capital hasta concentrarse frente a la sede principal del INS, acción que no tuvo efecto inmediato, por tanto una semana después se realizó la convocatoria a otra acción de manifestación pública en la calle en la cual participó una cifra muy superior de motociclistas, quienes habiendo definido una comisión que los representara que contó con el acompañamiento del principal sindicato de trabajadores del sector público, la Asociación Nacional de Empleados Públicos –ANEP–, negociaron con los jerarcas del I.N.S. y de la Superintendencia de Seguros (órgano estatal rector del mercado de seguros) una disminución muy significativa en el costo del permiso de circulación 2012 para las motocicletas. Este movimiento si bien parece haber sido efímero al alcanzar su objetivo que consistía en realizar un pago a su juicio justo en el pago del derecho de circulación para las motocicletas, se presentó como un espacio de encuentro entre miles de personas que tenían como único factor común aparentemente ser propietarios de motocicletas, pero que en esencia la mayoría de personas movilizadas son trabajadores, individuos que conforman una clase social históricamente oprimida, y políticamente desorganizada; es por esto que el acompañamiento sindical a dicho movimiento puede valorarse como un esfuerzo por desplazar los esfuerzos sindicales del sector público y rescatar la organización de los trabajadores en cada espacio donde las condiciones laborales y de vida exijan lucha, o sea en todo lugar de Costa Rica.

La otra importante movilización laboral de noviembre fue la huelga de médicos especialistas en anestesiología, trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social –C.C.S.S.– que durante 15 días paralizó cirugías y consultas en el sistema de salud pública, debido a que estos médicos adolecían de malas condiciones laborales con extensión irracional de jornadas de trabajo, insuficiente tiempo de descanso preventivo ante su manipulación de sustancias peligrosas, las malas condiciones estructurales, de equipamiento e incluso de higiene y seguridad en quirófanos; todo lo cual fue invisibilizado por la mayoría de los medios de comunicación del país, que hicieron hincapié en las miles de consultas y cirugías suspendidas que causaron una importante afectación a miles de asegurados de la CCSS; es esta huelga los anestesiólogos durante los últimos días estuvieron acompañados de cientos de médicos de otras especialidades que fueron convocados por el sindicato Unión Médica Nacional –U.M.N.– y apoyados por la Unión Nacional de Empleados de la Caja C.S.S. –UNDECA–. Finalmente esta huelga que tuvo su desenlace por la negociación entre representantes de la Asociación de Anestesiólogos y la U.M.N. con los jerarcas de la CCSS, estos últimos que por cierto se comportan como simples ejecutores de las directrices del gobierno de Laura Chinchilla. Esta huelga de los médicos anestesiólogos refrescó en el país las discusiones reabiertas el presente año sobre la crisis no solo financiera sino esencialmente en la gestión administrativa de la CCSS, siendo esto un reflejo de la profunda intervención política que tiene la seguridad social por los gobiernos de turno desde hace décadas; situación ante la cual desde hace tres meses se ha activado un movimiento de asegurados (usuarios de la seguridad social) que ha sumado el apoyo de parte de los sindicatos de trabajadores de la CCSS para conformar un frente de lucha común con el Comité Nacional de Rescate de la Seguridad Social –CONARSS– para defender la seguridad social usurpada por las acciones sistemáticas de corruptos gobernantes que se interesan en debilitar la institución para ampliar el mercado de la salud privada; ante esto se está gestando un movimiento popular que ha realizado acciones como plantones frente a empresas que adeudan a la seguridad social por lo menos $800 mil dólares cada una, así como una campamento frente a la sede central de la CCSS. Estos son tan solo parte de los esfuerzos por retornar el quehacer de la institución de la seguridad social a su eficiencia, cobertura y humanismo para la mejor atención en salud que es pilar para la calidad en la vida de quienes habitamos el país desde hace 70 años cuando se fundó la CCSS. Costa Rica necesita ser pintada en realidad con la salud de sus habitantes, cambio solo posible con la participación de los asegurados y trabajadores, y ahí entramos todos.

Gastos, ingresos y politiquería

Durante el año que está finalizando la actual administración del Estado, donde se encuentran bien posicionados los intereses de la burguesía local transnacionalizada, en el gobierno del P.L.N. que tiene a Laura Chinchilla a la cabeza, se ha hecho brillar al proyecto de ley para una reforma fiscal por fuerza de sus reflectores y con los del gran aparato mediático corporativo. Dicho “plan” es en realidad más tributario que fiscal, debido a su ensimismamiento en aumentar impuestos a ser pagados por la población, ya que aumenta de 13% a 14% el impuesto de ventas de los productos, y lo cambia en forma por el “impuesto del valor agregado”, que en el fondo reduce a muy pocos productos las exenciones del hoy activos impuesto de ventas. Además, según estimaciones realizadas por altos funcionarios y hasta por académicos de universidad públicas [5], dicho plan haría percibir al Estado la mayor recaudación por concepto del impuesto de valor agregado (i.v.a.) que es un tributo de pago indirecto cargado a cada consumidor, mientras que la recaudación por impuestos a la acumulación de capital, que son de pago directo por la burguesía, no representaran un ingreso significativo, como lo es el impuesto sobre la renta; teniendo en cuenta esto dicho proyecto tiene un carácter eminentemente regresivo lo cual atenta contra la estabilidad económica de la mayoría de las familias. Dicha proyecto de reforma o “plan fiscal” está determinado por la necesidad real del Estado para aumentar su ingreso, ya que sin importar los esfuerzos que dice el gobierno han hecho por mejorar la recaudación, prácticamente la mitad del presupuesto estatal para 2012 fue cubierto con endeudamiento para así afrontar los gastos corrientes, lo cual en palabras del ministro de hacienda indica que “estamos financiando la comida con la tarjeta de crédito” [6], y a se suma lo indicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) [7] respecto a que Costa Rica cerrará este año con el mayor déficit fiscal de América Latina que corresponderá a 5.6% del PIB. Pero a pesar de tan fatídico panorama avizorado por gobernantes y especialistas, el proyecto de ley etiquetado como “de solidaridad tributaria” cuya aprobación parlamentaria parece ser urgentísima, cada día viene cosechando mayor oposición entre sectores económicos, políticos, académicos y de la población en general. Del primero se han opuesto segmentos de la burguesía que siempre intentan escabullirse del pago de impuestos, aunque se ve beneficiada por la actual propuesta tributaria por su carácter regresivo. La oposición política a este “plan” se han manifestado por todos los partidos políticos opositores en la Asamblea Legislativa integrados en la “Alianza por Costa Rica” que controla el directorio parlamentario, siendo de especial mención el trabajo políticamente comprometido e ideológicamente claro del izquierdista Partido Frente Amplio y su único diputado José María Villalta; pero en la opositora “Alianza por Costa Rica” se presenta la fundamental excepción del P.A.C., que por el deseo de algunos de sus dirigentes se ha alineado con el gobierno para promover y defender vehemente el proyecto de reforma tributaria, por lo que le ha ganado creciente antipatía entre sectores de sus votantes y de la población en general, desde donde se ha apodado este proyecto como el “PACquetazo fiscal”. Este es muy conveniente para el gobierno debido porque le aleja los ataques de la opinión pública, y al mismo tiempo desgasta la imagen de su principal partido opositor (coyunturalmente aliado), lo que está debilitando la cohesión de su rival legislativo que es la opositora “Alianza por Costa Rica” donde participa el P.A.C., esto eventualmente le podría regresar al PLN su control del directorio parlamentario en mayo de 2012 una vez que haya aprobado el proyecto de reforma tributaria (¡y no fiscal!).

En la academia, por su parte, además de pronunciamientos de economistas destacados como Henry Mora, el martes 13 de diciembre el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra de aprobar el actual proyecto de “ley de “solidaridad tributaria”, por lo cual aboga entre otros aspectos importantes por la integralidad de una reforma fiscal que es necesario, para lo cual el gobierno debe impulsar la construcción de un acuerdo social donde se defina con la participación democrática de los diversos actores sociales afectados una priorización del gasto y la inversión pública. Pero este martes 13 también se desarrolló con la participación de miles de costarricenses una manifestación por las principales calles de San José, que fue convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha, que aglutina a todos los sindicatos de educadores, otros sindicatos y organizaciones sociales; esta acción masiva realizada a pesar de la lluvia caída desde primeras horas de la mañana le valió el comentario a la presidente Chinchilla que “no me parece que la oposición a este proyecto tributario esté creciendo” [8] y reconoció que el proyecto tributario es impopular, lo cual está asumiendo junto con el PAC para tener dinero con el cual terminar si gestión en 2014. Pero ante este proyecto los sectores populares estamos dispuestos pagar impuestos pero que sea de forma equitativa, lo cual implica derrotar este plan fiscal y generar un real acuerdo social respetuoso para las familias trabajadoras donde el Estado perciba más impuesto por un proyecto que rompa la regresividad de los impuestos actuales y de los propuestos por el PLN-PAC.

A modo de incitación

En el país que no es el más feliz del mundo, aunque haya un documento que diga lo contrario, las gentes sufren agresiones de sus gobernantes, capataces, iglesias y patronos, incluso de las mujeres de sus parejas y la población sexualmente diversa de la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, después de los hitos de organización política popular de los años 2003 a 2007 contra el CAFTA, de las movilizaciones del 2000 contra la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones, de la gran huelga magisterial de 1995, y de las movilizaciones estudiantiles contra el proyecto minero ALCOA en 1970, continúan gestándose movimientos arraigados en las más urgentes necesidades pero igualmente estructurales como lo son tener un salario decente, tener descanso, recibir pago por las horas extras, tener un pedazo de tierra para sembrar y habitar, o de costa desde donde salir y regresar después de pescar, todo para llevar el sustento a la familia sin los peligros a sus formas de vida que representan los mega-proyectos hoteleros-residenciales y la expansión de los monocultivos exportables; o también luchas por garantizarse el acceso al agua potable para consumo, y a tratar las aguas residuales, a vivir en un ambiente sano y equilibrado sin las amenazas de la minería metálica, por acceder a la educación pública, gratuita y de calidad desde el nivel preescolar hasta el universitario, y por gozar de una atención médica preventiva y reactiva de la calidad que solo un sistema de seguridad social sólido puede garantizar a una población creciente. Es entonces que a pesar del gobierno y sus políticas, entre ellas la exterior con una incipiente integración centroamericana y latinoamericana, y a pesar de las dinámicas opresivas de los mercados capitalistas mundiales, en “Costarríquica” nuestra tarea es construir dignidad, con la esperanza como principal insumo y en respuesta a la indignación que adolecemos.

Notas:

[1] Costa Rica lidera el “Índice del Planeta Feliz” pero el Reino Unido sólo alcanza la posición 74. New Economics Foundation, Inglaterra. Sábado 4 de Julio de 2009. Disponible en: http://www.neweconomics.org/press-releases/costa-rica-lidera-el-%C3%ADndice-del-planeta-feliz-04070

[2] ‘Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero no es el paraíso’. Diario La Nación. Martes 25 de enero de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-01-25/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2661586.aspx

[3] Costa Rica, el país más feliz. BBC Mundo. Lunes 6 de julio de 2009. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/07/090703_1920_indice_feliz_sao.shtml

[4] Etiqueta dada a los sindicatos patronales en Costa Rica.

[5] Mora, H. ¿Por qué me opongo al “plan fiscal”. En Periódico Digital Nuestro País. Lunes 12 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/59256

[6] Gasto público y economía global desafían crecimiento en 2012. Diario La Nación. Miércoles 14 de diciembre de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-12-14/Economia/gasto-publico-y-economia-global-desafian-crecimiento-en-el–2012.aspx

[7] País culminará año con el mayor déficit de América Latina. Diario La Nación. Martes 13 de diciembre de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-12-13/Portada/Pais-culminara-ano-con-el-mayor-deficit-fiscal-de-America-Latina.aspx

[8] Presidenta Chinchilla minimiza protestas contra Plan Fiscal. Telenoticias. Miércoles 13 de diciembre de 2011. http://www.teletica.com/videos.php?catvideo=0

Mientras las protestas volvían a resonar por todo Medio Oriente, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, presentó la semana pasada su evaluación de la Primavera Árabe. Se trata, dijo, de una “ola antidemocrática, islámica, antioccidental, antiliberal, antiisraelí”, y agregó que los vecinos árabes de Israel “se mueven hacia atrás, no hacia adelante”.

Se requiere un cierto chutzpah [descaro] –o por lo menos un épico autoengaño– para que el primer ministro de Israel sermonee al mundo árabe sobre liberalismo y democracia en este momento.

Netanyahu (Arte: Nidal El-Khairy)

En las últimas semanas, una ola de medidas antidemocráticas ha obtenido el apoyo del gobierno derechista de Netanyahu, justificadas por una nueva doctrina de seguridad: No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal sobre Israel. Si se aprueban las propuestas legislativas, los tribunales israelíes, los grupos de derechos humanos de Israel y los medios, y la comunidad internacional, se  transformarán en los proverbiales tres monos.

La vigilante comunidad de derechos humanos de Israel ha sido el principal objetivo de este ataque. Ayer la facción Likud de Netanyahu y el partido Yisrael Beiteinu de su ministro de extrema derecha, Avigdor Lieberman, propusieron una nueva ley que destruiría gran parte de la comunidad de derechos humanos en Israel.

La ley divide efectivamente las organizaciones no gubernamentales (ONG) en dos tipos: las que define la derecha como pro-Israel y las que se ven como “políticas” o anti-Israel. Las favorecidas, como los servicios de ambulancia y las universidades, seguirán siendo financiadas generosamente por fuentes extranjeras. Sobre todo por acaudalados donantes privados judíos de EE.UU. y Europa.

A las “políticas” –es decir, las que critican las políticas del gobierno, en especial respecto a la ocupación– se les prohibirá recibir fondos de gobiernos extranjeros, su principal fuente de ingresos. Las donaciones de fuentes privadas, sean israelíes o extranjeras, estarán sujetas a un agobiante impuesto de 45%.

Los motivos para definirlas como ONG “políticas” son adecuadamente vagos: negar el derecho de Israel a existir o su carácter judío y democrático; incitar al racismo; apoyar la violencia contra Israel; apoyar a políticos o soldados enjuiciados en tribunales internacionales; o respaldar boicoteos al Estado.

Un grupo de derechos humanos advirtió de que todos los grupos que contribuyeron al informe del juez Richard Goldstone a la ONU en 2009, sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel durante el ataque de 2008 a Gaza, serían vulnerables a una ley semejante. Otras organizaciones como Rompiendo el Silencio, que publica los testimonios de soldados israelíes que han cometido o presenciado crímenes de guerra, también serán silenciadas. Y una ONG árabe israelí dijo que teme que su trabajo demandando igualdad para todos los ciudadanos israelíes, incluyendo la quinta parte que es palestina, y el fin del privilegio judío, se considerarán negacionistas del carácter judío de Israel.

Al mismo tiempo Netanyahu quiere emascular a los medios israelíes. La semana pasada su gobierno apoyó una nueva ley de difamación que dejará a pocos, fuera de los millonarios, en condiciones de criticar a políticos y funcionarios. El señor Netanyahu señaló: “Puede llamarse Ley de Difamación, pero yo la llamo ‘ley de publicación de la verdad’”. Los medios y los grupos de derechos humanos temen lo peor.

Este mono no ve el mal

Otra ley, apoyada por el ministro de justicia Yaacov Neeman, tiene el propósito de favorecer la composición de un panel que selecciones a los jueces del Tribunal Supremo de Israel. Varios puestos judiciales van a quedar vacantes y el gobierno espera poder completar el Tribunal con personas que compartan su visión ideológica del mundo y que no abroguen su legislación antidemocrática, incluido su último ataque a la comunidad de derechos humanos. El candidato favorecido por Neeman es un colono que tiene un historial de decisiones contra las organizaciones de derechos humanos.

Legisladores importantes del partido del señor Netanyahu presionan a favor de otra ley que haría prácticamente imposible que las organizaciones de derechos reclamen al Tribunal Supremo por acciones gubernamentales.

El mono judicial no ve el mal

En otro ámbito, éstas y una serie de otras medidas –incluida la creciente intimidación gubernamental de los medios y los académicos israelíes, la represión contra denunciantes y la recientemente aprobada ley del boicot, que expone a los críticos de los asentamientos a costosas acciones judiciales por daños– tienen el propósito de fortalecer la ocupación al desarmar a sus críticos dentro de Israel.

Pero existe otro objetivo aún más cotizado: asegurar que en el futuro las numerosas historias de horror de los territorios palestinos –monitoreadas por organizaciones de derechos humanos, informadas por los medios y oídas en los tribunales– nunca lleguen a oídos de la comunidad internacional.

Se supone que el tercer mono no oye el mal

Las medidas de fuerza se justifican desde el punto de vista de la derecha israelí porque esa crítica de la ocupación no representa preocupaciones internas sino una interferencia extranjera inoportuna en los asuntos de Israel. La promoción de los derechos humanos –sea en Israel, los territorios ocupados o en el mundo árabe– es considerada por Netanyahu y sus aliados como inherentemente antiisraelí y no israelí.

Es difícil tolerar la hipocresía. Israel ha reivindicado desde hace tiempo una dispensa especial para interferir en los asuntos tanto de la UE como de EE.UU. El personal de la Agencia Judía hace proselitismo entre los judíos europeos y estadounidenses para convencerlos de que emigren a Israel. Excepcionalmente, las agencias de seguridad de Israel obtienen libertad total en aeropuertos en todo el mundo para acosar e invadir la privacidad de los no judíos que viajan a Tel Aviv. Y los testaferros políticos de Israel en el extranjero –sofisticados grupos de cabildeo como AIPAC en EE.UU.– actúan como agentes extranjeros sin estar registrados como tales.

Por cierto, las quejas de Israel sobre la injerencia extranjera son selectivas. No se planifican restricciones para los judíos derechistas en el exterior, como el magnate de los casinos estadounidense Irving Moskowitz, que han enviado enormes sumas para fortalecer los asentamientos judíos ilegales construidos en tierra palestina.

El argumento de Israel también se basa en una lógica defectuosa. Como señalan los activistas por los derechos humanos, las áreas en las que realizan la mayor parte de su trabajo no se encuentrna en Israel, sino en los territorios palestinos, que Israel ocupa en violación del derecho internacional.

En privado, embajadas europeas han tratado de subrayar ese punto. La UE otorga a Israel el estatus comercial preferencial, que representa miles de millones de dólares al año para la economía israelí, con la condición de que respete los derechos humanos en los territorios ocupados. Europa argumenta que, por lo tanto, tiene derecho a financiar el monitoreo del tratamiento de los palestinos por parte de Israel. Tanto más lamentable es que Europa no actúe basándose en la información que recibe.

En vista del fortalecimiento de la influencia de la derecha, se puede esperar que imagine modos cada vez más creativos para silenciar a la comunidad de derechos humanos y a los medios israelíes y emascular a los tribunales, como un medio para acabar con las informaciones negativas en la prensa.

Los israelíes están obsesionados por la imagen de su país en el extranjero y ven las críticas como una campaña de “desligitimización” que amenaza no solo la continuación de la ocupación sino también la supervivencia a largo plazo de Israel como Estado étnico. La dirigencia se ha indignado ante sondeos regulares de la opinión global que muestran a Israel entre los países más impopulares del mundo.

La reciente decisión de los palestinos de volverse hacia la comunidad internacional para solicitar el reconocimiento de su Estado solo ha ampliado esos agravios.

Israel no tiene la menor intención de alterar sus políticas o de buscar la paz. Más bien, el gobierno de Netanyahu ha estado oscilando entre un deseo desesperado de aprobar aún más legislación antidemocrática para suprimir las críticas y un cierto grado de comedimiento motivado por el temor a la reacción internacional.

Un debate del gabinete el mes pasado sobre la legislación contra los grupos de derechos humanos no se concentró apenas en los méritos de la propuesta. En su lugar, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Yaakov Amidror, fue convocado ante los ministros para explicar si Israel podría perder más con la aprobación de semejantes leyes, o por permitir que grupos de derechos humanos continúen monitoreando la ocupación.

Por ilusorio que parezca, el objetivo de Netanyahu en última instancia es retrasar el reloj 40 años, a una “era dorada” cuando los corresponsales extranjeros y los gobiernos occidentales podían referirse, sin sonrojarse, a la ocupación de los palestinos como “benigna”.

Donald Neff, corresponsal en Jerusalén de la revista Time en los años setenta, admitió años después que su desempeño, y el de sus colegas, fue tan débil aquellos días en gran parte porque había poca información crítica disponible sobre la ocupación. Cuando testificó de primera mano lo que estaba sucediendo, sus editores en EE.UU. se negaron a creerle y finalmente fue transferido.

Ahora, sin embargo, el genio salió de la botella. La comunidad internacional comprende perfectamente –gracias a los activistas por los derechos humanos– que la ocupación es brutal y que Israel ha estado hablando de paz de mala fe.

Si Israel continúa por su camino actual, otro mito aceptado desde hace tiempo por los países occidentales –que Israel es “la única democracia en Medio Oriente”– podría terminar demolido.

Jonathan Cook obtuvo el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books). Su sitio web es: www.jkcook.net.

La soledad es como una serpiente, si se deja crecer, si se alimenta y se fortalece, puede alcanzar dimensiones espeluznantes. Hay ciudades donde esta enorme serpiente, que ha crecido a vista y paciencia de sus pobladores, se pasea sigilosamente y se reproduce  día con día deslizándose por entre las puertas de las casas. San José es una de esas ciudades. San José, con todos los santos que la rodean.

Todos esos pueblos del area metropolitana, que tienen pretensión de desarrollo, en donde se multuplican los carros y los moles como una epidemia de roedores, todos esos santos con pensamiento pueblerino pero vestidos de ejecutivos, albergan en sus hogares el tránsito serpentario de la soledad.

(Arte: Debra Hurd)

Con el pretexto de un dios caduco en el corazón, los ciudadanos se cierran la puerta unos a otros en cuanto la noche se tiñe de ansiedad. Ese momento de desasociego, en el que los pesares de la vida se transforman en insomnio, ese momento de repensar el día desde toda su abrumadora realidad, en ese momento se cierran las puertas de las casas, de los restaurantes, hasta de los bares. Once de la noche y las calles de la ciudad más poblada están desiertas, ni qué decir de las aceras. Claro está que hay pretextos: los criminales, los conductores ebrios, el sereno y la escuela de los hijos. Todos pretextos para cerrar la puerta y sumergirse en el insomnio, en la pornografía por internet o en el facebook a cambiar de foto una y otra vez.

Del contacto humano muy poco, o mejor dicho nada.  La serpiente de la soledad se alimenta de ese insomnio beato que hace sentir seguros a los ticos.

Pero no sólo de eso se engorda a la soledad del citadino costarricense. También se alimenta de la ausencia de solidaridad real.  Porque falsas trazas de pensamiento sodidario hay muchas: los reality shows se encargan muy bien de dar consuelo a este peso de conciencia. No sin enormes beneficios económicos para algunos beneméritos empresarios, la tele nos muestra la miseria descomunal de algunos costarricenses (casos aislados que no representan nuestra realidad) y nos invita a dar el cinquito (literalmente) para erradicarlos por amor a Dios.  Basta una llamada y somos un pueblo organizado y colaborador. Así se logra la farsa del tico solidario. Pero es la misma falsedad que reporta el bonachón San José, vestido de alto ejecutivo.

La verdadera solidaridad del tico se manifiesta en otros aspectos. Basta con salir en carro cualquier día en horas pico, no hay quien se salve de  llegar a su destino moralmente agredido. Y si se pone malcriado, puede que ni logre llegar a su destino.

Y es que esta soledad intrínseca se va agrandando y se va convirtiendo a cuenta gotas en ira colectiva. Una ira de todos contra todos. Ah, pero con buen modo y sin ejércitos, por favor.

La mayor alegría del tico es encontrar un buen chivo expiatorio para descargar esta rabia acumulada. Y aún más es la algarabía cuando éste chivo expiatorio es extranjero: se puede volver una verdadera fiesta nacional que los honrados perros de un buen ciudadano  de Cartago  devoren a un nica ladrón y drogadicto.

Esa es la verdadera solidaridad tica, la de quien ve con ojos recelosos al vecino que se supera. La del pueblo que ignora a sus propios artistas porque son mucho más importantes los otros, los de afuera: las Gagas y las Jolis merecen toda la gloria, pero las ticas, en los aires creativos de aquellas dos, no pasaríamos de ridículas y robamaridos. Hasta ahí.

Es éste el egoísmo que nutre la corrupción: en puestos de gobierno el tico no piensa en la colectividad, piensa en su familia, en su futuro y en su casita o su finquita. ¿De dónde va a salir el pensamiento en colectivo si el tico vive “cada uno en su casa y Dios en la de todos!”? Tan claro está el dicho en el pensamiento colectivo, que nuestro estado sigue siendo católico, apostólico, romano y a estas alturas del partido se opone al proceso de fertilización in vitro!  ¿Y dónde está el pueblo que defiende el derecho de tantos padres a tener hijos? Aún siendo la reproducción un derecho inalienable del ser humano, una pulsión de la raza por subsistir, todos callamos en nombre de algo que podría desestabilizar nuestra moral religiosa. Esa es la solidaridad del tico. Esa misma que ignora las luchas y las manifestaciones de los grupos ambientalistas por preservar la mayor riqueza de este país: su recurso natural. Es mejor pensar que el petróleo es desarrollo, sin saber ni qué se está diciendo, con tal de no hacer broncas.

Es así como va engordando la serpiente de la soledad, a base de egoísmo, temores beatos y ausencia de solidaridad. Y es una serpiente que traga. Se ha tragado a grandes artistas como Yolanda Oreamuno y Virginia Gruter, mujeres de visión sin fronteras que terminaron en el olvido y la soledad, después de dar su vida a la causa del arte.

Pero ¿a cuántos más devora todos los días simplemente por pensar diferente, por no actuar desde el temor conformista o por mirar el mundo desde su fuerza creativa?

“Some Will Rob You with a Sixgun and Some with a Fountain Pen”

As the poor of Britain rise in a fury of inchoate rage and stock exchanges worldwide experience manic upswings and panicked swoons, the financial elite (and their political operatives) are arrayed in a defensive posture, even as they continue their global-wide, full-spectrum offensive vis-à-vie The Shock Doctrine. Concurrently, corporate mass media types fret over the reversal of fortune and trumpet the triumphs of the self-serving agendas of Wall Street and corporate swindlers…even as they term a feller, in ill-gotten possession of a flat screen television, fleeing through the streets of North London, a mindless thug.

According to the through-the-looking-glass cosmology of mass media elitists, when a poor person commits a crime of opportunity, his actions are a threat to all we hold dear and sacred, but, when the hyper-wealthy of the entrenched looter class abscond with billions, those criminals are referred to as our financial leaders.

Regardless of the propaganda of “free market” fantasists, the great unspeakable in regard to capitalism is its wealth, by and large, is generated for a ruthless, privileged few by the creation of bubbles, and, when those bubbles burst, the resultant economic catastrophe inflicts a vastly disproportionate amount of harm upon those — the laboring and middle classes — who generate grossly inequitable amounts of capital for the elitist of the fraudster class…by having the life force drained from them by the vampiric set-up of the gamed system.

Woody Guthrie summed up the situation in these two (unfortunately) ageless stanzas:

“Yes, as through this world I’ve wandered
I’ve seen lots of funny men;
Some will rob you with a sixgun,
And some with a fountain pen.

“And as through your life you travel,
Yes, as through your life you roam,
You won’t never see an outlaw
Drive a family from their home.”
–excerpt from Pretty Boy Floyd.

Although, at present, U.S. bank vaults contain little tangible loot for a Pretty Boy Floyd-type outlaw to boost. How would it be possible for an old school bank robber such as Floyd to make-off with a haul of funneling electrons?

Here’s the lowdown: The Wall Street fraudsters of the swindler class want to refill their coffers and line their pockets (that is, offshore accounts) with Social Security and Medicare funds. That’s the nature of the unfolding scam, folks. Oligarchic rule has always been a system defined by legalized looting that leaves a wasteland of want, deprivation, and unfocused rage in its wake.

Consequently, in the U.K. (and beyond): When poor people’s hopes dry up, cities become a tinderbox of dead dreams, and we should not be stricken with shock and consternation when these degraded places are set aflame, nor should we be surprised when the bribed, debt-beholden and commercial media propaganda-bamboozled middle class (who helped create the wasteland with their arid complicity) cry out (predictably) for police state tactics to quell the fiery insurrection.

There have been incidents in which a fire has smoldered for years in an abandoned, sealed-off mineshaft, and then the fire, traveling through the tunnels of the mine, and up the roots of dead, dried trees have caused a dying forest to bloom into flames. The rage that sparks a riot can proceed in a similar manner — and the insular, sealed-off nature of a nation’s elite and the willful ignorance of its middle class will only make the explosion of pent-up rage more powerful when it reaches the surface.

We exist in a culture that, day after day, inundates its have-nots with consumerist propaganda, and then, when the social order breaks down, its wealthy and bourgeoisie alike express outrage when the poor steal consumer goods — as opposed to going out and looting an education and a good job.

Under Disaster Capitalism, the underclass have had economic violence inflicted upon them since birth, yet the corporate state mass media doesn’t seem to notice the situation, until young men burn down the night. Then media elitists wax indignant, carrying on as if these desperate acts are devoid of cultural context.

A mindset has been instilled in these young men and boys that they are nothing sans the accoutrements of consumerism. Yet when they loot an i-Phone, as opposed to creating economy-shredding derivative scams, we’re prompted by the corporate media to become indignant.

When the slow motion, elitist-manipulated mob action known as our faux democratic/consumerist culture deprives people of their basic human rights and personal dignity — then, in turn, we should not be shocked when a mob of the underclass fails to bestow those virtues upon others.

The commercial mass media’s narrative of narrowed context (emotional, anecdotal and unreflective in nature) serves as a form of corporate state propaganda, promulgated to ensure the general population continues to rage against the symptoms rather than the disease of neoliberalism. The false framing of opposing opinions — of those who state the deprivations of neoliberalism factor into the causes of uprisings, insurrections and riots as being apologists for violence and destruction is as preposterous as claiming one is an apologist for dry rot when he points out structural damage to a house due to a leaking roof.

Because of the elements of inverted totalitarianism, inherent within the structure of corporate state capitalism, and internalized within the general population by constant, commercial media re-enforcement, one should not be surprised when a sizable portion of the general populace is inclined to support police state tactics to quell social unrest among the disadvantaged of the population.

Keep in mind: When watching the BBC or the corporate media, one is receiving a limited narrative (tacitly) approved by the global power elite, created by informal arrangements among a careerist cartel comprised of business, governmental and media personality types who have a vested interest in maintaining the status quo, even if, in doing so, they serve as operatives of a burgeoning police state.

Accordingly, you can’t debate fascist thinking with reason nor empathetic imagination e.g., the self-righteous (and self-serving) pronouncements of mass media representatives nor the attendant outrage of the denizens of the corporate state in their audience — their umbrage engineered by the emotionally laden images with which they have been relentlessly pummeled and plied — because their responses will be borne of (conveniently) lazy generalizations, given impetus by fear-based animus.

Through it all, veiled by disorienting media distractions and political legerdemain, we find ourselves buffeted and bound by the predicament of paradigm lost…that constitutes the onset of the unraveling of the present order.

“The kings of the world are growing old,
and they shall have no inheritors.
Their sons died while they were boys,
and their neurasthenic daughters abandoned
the sick crown to the mob.”
–Rainer Maria Rilke, excerpt from The Kings of the World”

Yet, while there is proliferate evidence that, even as people worldwide are rising up against inequity and exploitation, the economic elite have little inclination to do so much as glimpse the plight of those from whose life blood their immense riches have been wrung, nor hear the admonition of the downtrodden…that they are weary of life on their knees and are awakening to the reality that the con of freedom of choice under corporate state oligarchy is, in fact, a life shackled to the consumerism-addicted/debt-indenturement that comprises the structure of the neoliberal, global company store.

“The rotten masks that divide one man
From another, one man from himself
They crumble
For one enormous moment and we glimpse
The unity that we lost, the desolation
…Of being man, and all its glories
Sharing bread and sun and death
The forgotten astonishment of being alive”
–Octavio Paz, excerpt from “Sunstone”

Accordingly, the most profound act of selfless devotion (commonly called love) in relationship to a society gripped by a sociopathic mode of being is creative resistance. Submission is madness. Sanity entails subversion. The heart insists on it; otherwise, life is only a slog to the graveyard; mouth, full of ashes; heart, a receptacle for dust.

No hay una narrativa lineal capaz de explicar los múltiples acontecimientos que se han apoderado de la sociedad siria en estos últimos meses. El 23 de marzo murieron a manos de las fuerzas de seguridad del régimen sirio hasta veinte pacíficos manifestantes, resultando muchos más heridos. Desde entonces, la violencia ha ido incrementándose hasta tal nivel de brutalidad y salvajismo que solo puede ser comparable a las atroces masacres del régimen en la ciudad de Hama en 1982.

Al escuchar a la asesora del presidente sirio, la doctora Buthaina Shaaban –una de los políticos más elocuentes del mundo árabe- uno tendría la impresión de que en Siria se ha puesto en marcha una decidida campaña de reformas. Sus palabras sugieren también que aunque algunas de la demandas de los manifestantes pueden ser legítimas, la crisis se ha gestado en gran medida en el exterior y son una serie de bandas armadas las que la están poniendo en marcha en casa decididas a sembrar el caos. El objetivo de las protestas, como a menudo sugieren las autoridades sirias, es sólo minar el liderazgo de Siria en la región y en el mundo árabe en general.

En efecto, Siria ha defendido, al menos de palabra, la causa de la resistencia árabe. Ha albergado a las facciones de la resistencia palestina que se negaron a acatar la línea israelí-estadounidense. Aunque esas facciones no utilizan Damasco como punto de partida para cualquier tipo de resistencia violenta contra Israel, disponen de una plataforma bastante libre para comunicar sus ideas. Israel, que trata de destruir todas las formas de la resistencia palestina, está furioso por esa libertad.

Siria ha apoyado también al grupo de la resistencia libanesa Hizbulá, que consiguió expulsar a Israel del Líbano en 2000 y torpedeó los esfuerzos israelíes para ganar terreno político y militar en el Líbano en 2006.

Esta narrativa también puede demostrar la viabilidad de su lógica mediante pruebas evidentes de intentos abiertos o encubiertos de atacar a Siria, socavando su liderazgo en el denominado frente de rechazo. El frente, que rehusó ceder ante la hegemonía israelí-estadounidense en la región, se había reducido ya considerablemente tras la invasión de Iraq, el sometimiento de Libia a los dictados de Occidente y la marginación del Sudán.

Además, el gobierno israelí se había sentido totalmente frustrado cuando EEUU no atacó a Siria durante su frenético cambio de régimen tras la invasión de Iraq en 2003. Después de todo, los fieles amigos neocon de Israel –Richard Perle, Douglas Feith y David Wurmser- habían preparado un objetivo supremo “que incluía a Siria” en su documento político de 1996. Titulado “Una ruptura limpia: Una nueva estrategia para asegurar el dominio”, el documento estaba escrito para ayudar a Benjamin Netanyahu en sus esfuerzos para suprimir a sus enemigos regionales. En él se afirmaba que: “Dada la naturaleza del régimen de Damasco, es a la vez natural y moral que Israel abandone el eslogan de ‘paz global’ y se movilice para contener a Siria, llamando la atención hacia su programa de armamento de destrucción masiva y rechazando los acuerdos de ‘paz por territorios’ respecto a los Altos del Golán”.

Siria ha estado también en la mira de fuego israelí-estadounidense en más de una ocasión. La denominada Operación Huerto consistió en un ataque aéreo israelí con luz verde estadounidense. Atacaron un supuesto reactor nuclear en la región de Deir es-Sor en septiembre de 2007 y, en octubre de 2008, se produjo un ataque aéreo contra un pacífico pueblo sirio, matando e hiriendo a varios civiles sirios.

Aunque la narrativa oficial siria afirma que solo esos hechos deberían justificar la dura represión del ejército contra las protestas a favor de la democracia, esas razones se ven confrontadas por una historia de hipocresía, doble lenguaje y brutalidad del régimen, así como por su disposición auténtica, aunque subestimada, a acomodarse a las presiones y dictados occidentales.

La ocupación de Israel de los Altos del Golán en junio de 1967 no afectó solamente a las dinámicas del poder regional, también marcó el comienzo de un nuevo clima político en Damasco. Fue Hafez al-Asad, el padre del actual presidente, Bashar, quien obtuvo todas las ventajas de ese cambio de actitud al derrocar al presidente Nur al-Din al-Atasi. La nueva narrativa triunfó y no se centró solo en recuperar los territorios ocupados árabes y sirios de Israel, sino también en colocar al régimen Baaz de al-Asad como el líder del nuevo frente árabe. Aunque la guerra de 1973 no consiguió liberar el Golán de sus invasores, llevando al “acuerdo de desenganche” con Israel en mayo de 1974, el lenguaje oficial siguió siendo tan ardiente y revolucionario como siempre. Curiosamente, durante casi cuatro décadas, la implicación de Siria en el conflicto siguió siendo en gran medida teórica y la resistencia persistió sólo a través de grupos más pequeños libaneses y palestinos.

Parecía como si Siria solo quisiera implicarse en la región en la medida en que se mantuviera como actor visible, pero no hasta el punto de tener que enfrentarse a violentas repercusiones. Fue un acto de maestría política que Hafez fue elaborando en el curso de tres décadas y que Bashar aplicó inteligentemente durante casi once años. Sin embargo, en esencia, Siria siguió siendo rehén de consideraciones familiares, de un régimen de partido y de las clasificaciones sectarias auspiciadas por el colonialismo francés en 1922.

Es verdad que Siria fue y seguirá siendo un objetivo de las presiones occidentales. Pero lo que es preciso comprender es que esas presiones están motivadas por políticas específicas respecto a Israel, y no respecto a una dictadura centrada en una familia que asesina abiertamente a civiles inocentes con total sangre fría. En realidad, hay muchos parecidos en la pauta de conducta que siguen el ejército sirio y el ejército israelí. Los informes sobre las víctimas del levantamiento sirio citan unos 1.600 muertos, 2.000 heridos (Al Jazeera, 27 de julio) y casi 3.000 desaparecidos (CNN, 28 de julio). Lamentablemente, toda esta violencia no es nueva y se impone con total dureza ante el temor de una conspiración internacional para minar el régimen del Baaz. El levantamiento de Hama en 1982 fue aplastado con igual cuando no mayor violencia, con una cifra estimada de muertos de entre 10.000 y 40.000.

El régimen sirio está mezclando deliberadamente las narrativas nacionales y regionales, y sigue aún explotando, el discurso político de décadas pasadas para explicar el trato inhumano a sus ciudadanos. Los civiles continúan siendo las víctimas de una única familia, apoyada por un único partido político. Pero solo hay una forma de leer el futuro de Siria. El pueblo sirio se merece un nuevo amanecer de libertad, igualdad y justicia social en el que se libere de consignas vacías, de elites egoístas y criminales corruptos. Siria y su valiente pueblo se merecen algo mejor. Algo mucho mejor.

Ramzy Baroud es editor de PalestineChronicle.com. Sus artículos se publican en muchos periódicos y revistas de todo el mundo. Sus últimos libros son “The Second Palestinian Intifada: A Chronicle of a People’s Struggle” (Pluto Press, London ), y “ My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story ” (Pluto Press, London ), ambos disponibles en Amazon.com.

La división del país en la década de los años 90 en una serie de bloques, y la concesión en licitación en el año 2000 de seis de estas a la transnacional estadounidense Mallon Oil Company para la exploración y eventual explotación de petróleo y gas natural en la región norte y caribe, evidencian que el país juega con dos “caretas”, dijo el oceanógrafo Carlos Granados.

La firma estadounidense presiona al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla para que firme un contrato amparada en la licitación que le fue otorgada hace once años por el Estado luego de obtener vía libre tras superar trabas legales que se encontró en el camino, a raíz de recursos interpuestos por organizaciones ambientalistas.

Los bloques incluidos en la licitación otorgada a la transnacional cubren gran parte de las llanuras de San Carlos, Sarapiquí y el Caribe oeste.

En esas zonas existen humedales de interés RAMSAR y extensas áreas protegidas, incluida la cuenca costarricense del río San Juan. El área que Mallon pretende explorar cubre incluso el territorio de isla Calero e isla Los Portillos, actualmente en litigio con Nicaragua, a la que el país demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la comisión de daños ambientales tras la incursión de su ejército en octubre para construir un canal artificial.

“Se trata de una cosa muy irregular, primero se trata de zonas protegidas, muy sensibles, donde existe una enorme riqueza en biodiversidad, y en segundo lugar, se hizo la licitación y autorizó la exploración sin exigir un verdadero estudio de impacto ambiental, al tenor de la reforma que se hizo a la ley de hidrocarburos firmada a finales de los 90 por el entonces presidente José María Figueres y el hoy canciller René Castro”, dijo Granados a UNIVERSIDAD.

Granados advirtió que cualquier exploración en materia de hidrocarburos provocará problemas en los sistemas ecológicos, porque “todo el mundo sabe que este tipo de trabajos tendrá un fuerte impacto ambiental”.

“Guatemala es un ejemplo clásico. Desde hace algún tiempo hay exploración y explotación petrolera en áreas protegidas de El Petén, donde se encuentra el segundo humedal más grande del continente americano. Esto desencadenó graves problemas: hay contaminación de agua, del aire, y líos de todo tipo, invasiones de tierra, corrupción  y asesinatos de ambientalistas”, señaló.

La presidenta Laura Chinchilla  dijo semanas atrás al referirse a las negociaciones que le plantea Mallon que propondría sólo la extracción de gas en la zona norte y caribe.

“Escuché lo que dijo la presidenta. Petróleo no, pero gas sí. ¿Cómo va a separar petróleo de gas? ¿Por dónde lo sacarán? Habrá que construir un oleoducto, abrir caminos. La exploración y explotación de hidrocarburos es por sí misma contaminante”, dijo Granados.

“Esa contaminación llegará al río San Juan y nos meteremos en nuevos problemas con Nicaragua como ya sucedió con el proyecto minero de Crucitas. Además, les daremos armas para que nos contraataquen en la Corte de La Haya”, alertó.

Granados dijo que en Costa Rica urge reformar la ley de hidrocarburos (Ver recuadro: Hay que derogar ley de hidrocarburos, dicen diputados), porque “es un adefesio, tiene muchos portillos”.

“Debemos dejar de lado la doble careta y definirnos. ¿Qué queremos, extraer o proteger?”, preguntó el especialista en temas ambientales.

Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica, consideró también totalmente contradictoria la política energética del país y la venta al mundo de “país verde”, sobre todo con los planes de explorar y explotar gas y eventualmente petróleo en la región norte.

“Estamos hablando de una reputación verde que el país ventila muy fuerte en el exterior. Cuando se ingresa al aeropuerto internacional Juan Santamaría nos recibe un rótulo que dice: ‘¡Bienvenidos al país más feliz del mundo!’. Como aparecimos por segundo año consecutivo en el primer lugar en el índice del planeta feliz, esto parece implicar una reputación de que somos una nación iluminada en nuestra conciencia verde”, dijo Aguilar a UNIVERSIDAD.

El director de la Fundación Neotrópica dijo que es “complejo” armonizar la conciencia ambiental con los intereses y necesidades económicas. “Siento que armonizar política verde con extracción de combustibles fósiles sobre la base del principio ético es una contradicción fundamental”.

Aguilar cuestionó el beneficio económico que Costa Rica obtendría con las operaciones de Mallon en la zona norte, porque “la información más fidedigna que tenemos es que al país le quedarían $900 millones en ingresos brutos por la concesión y regalías. Por otro lado, el turismo deja al país $2.000 millones al año. ¿Se ha hecho números en torno a la caída de esta actividad?, cuestionó el dirigente ambientalista.

Advirtió además que realizar exploraciones y explotaciones de hidrocarburos “podría desprestigiar la imagen ambiental de Costa Rica. Y es que con el prestigio vienen aparejados beneficios, como la cooperación internacional”, explicó.

Tanto Aguilar como Granados coincidieron en que Costa Rica puede buscar alternativas  que le permitan “fortalecer” y no “debilitar” su cartel de “país verde y ejemplo de sostenibilidad “ y replantearse su interés en la exploración y extracción de hidrocarburos.

“Una iniciativa de este tipo no puede aceptarse si no se enmarca dentro de un proyecto país. No es una decisión meramente técnica, debe ser consultada con diversos sectores involucrados en el tema”, dijo Aguilar.

Una posición similar expresó Carlos Sandoval, quien ha estudiado sobre el tema migratorio, al afirmar que Costa Rica maneja dos estándares en su política ambiental.

“Estamos manejando un doble discurso, especialmente impulsado por los gobiernos del Partido Liberación Nacional. Es un discurso hacia fuera para vender la imagen de país verde y otro depredador para adentro”, denunció a UNIVERSIDAD el diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge.

“Aquí lo que hay es una complacencia hacia los organismos financieros internacionales, con quienes están dictando y manejando la economía mundial”, alertó Monge.

UNIVERSIDAD trató de consultar al Canciller René Castro sobre los reclamos de los ambientalistas, pero se encontraba fuera del país.

Sin embargo, en un artículo titulado “Petróleo ¿Sí o no?”, publicado en el diario “La Nación”, y en el que defendió su aval al decreto 26750, de 1998, y calificado por el biólogo Freddy Pacheco como “una ocurrencia” que ha metido a Costa Rica en problemas, Castro expresó su posición sobre la política ambiental del país.

“(Finalmente) publiqué en el 2008, en este mismo diario, que pienso que Costa Rica puede optar por una sostenibilidad fuerte y generar la famosa renta económica perpetua, siguiendo una vía más verde, más próspera y más solidaria que la que ofrece la sostenibilidad débil (que sí considera aceptable la actividad extractiva). Pero, independientemente de que a los ambientalistas no nos gusten las actividades extractivas, la Ley de Hidrocarburos está vigente y la normativa ambiental se ha mejorado y sofisticado en los últimos años. Vigilemos por que se cumpla”, indicó.

Hay que derogar o reformar  ley de hidrocarburos, dicen diputados

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, dijo a UNIVERSIDAD que la actual ley de hidrocarburos deber ser derogada, porque a su juicio fue concebida para “favorecer intereses económicos y de las transnacionales”.

“Es una ley perjudicial para el país. Se hizo en los años 90 con el auge de las políticas neoliberales, se basó en un machote impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es una  ley hija del Consenso de Washington”, alertó el legislador.

Villalta dijo que una concesión a Mallon para que explore y explote hidrocarburos en el norte y Caribe de Costa Rica causaría un grave daño ambiental. “Es una hipocresía el discurso de que somos ejemplo de país verde”, señaló.

Criterio similar emitió el diputado Monge. “Es necesario cambiar la ley de hidrocarburos. Ya estamos trabajando para someterla a revisión en la Comisión de Ambiente”, informó.

In Scoop, Evelyn Waugh’s brilliant satire on the press, there is the moment when Lord Copper, owner of the Daily Beast, meets his new special war correspondent, William Boot, in truth an authority on wild flowers and birdsong. A confused Boot is brought to his lordship’s presence by Mr. Salter, The Beast’s foreign editor.

“Is Mr. Boot all set for his trip?”

“Up to a point, Lord Copper.”

Copper briefed Boot as follows: “A few sharp victories, some conspicuous acts of personal bravery on the Patriot side and a colourful entry into the capital. That is The Beast policy for the war… We shall expect the first victory about the middle of July.”

(Art: Steve Brodner)

Rupert Murdoch is a 21st century Lord Copper. The amusing gentility is missing; the absurdity of his power is the same. The Daily Beast wanted victories; it got them. The Sun wanted dead Argies; Gotcha! Of the bloodbath in Iraq, Murdoch said, “There is going to be collateral damage. And if you really want to be brutal about it, better we get it done now…”. The Times, the Sunday Times, Fox got it done.

Long before it was possible to hack phones, Murdoch was waging a war on journalism, truth, humanity, and succeeded because he knew how to exploit a system that welcomed his rapacious devotion to the “free market”. Murdoch may be more extreme in his methods, but he is no different in kind from many of those now lining up to condemn him who are his beneficiaries, mimics, collaborators, apologists.

As former prime minister Gordon Brown turns on his former master, accusing him of running a “criminal-media nexus”, watch the palpable discomfort in the new, cosy parliamentary-media consensus. “We must not be backward-looking,” said one Labour MP. Those parliamentarians caught last year with both hands in the Westminster till, who did nothing to stop the killing of hundreds of thousands of people in Iraq and stood and cheered the war criminal responsible, are now “united” behind the “calm” figure of opposition leader Ed Miliband. There is an acrid smell of business as usual.

Certainly, there is no “revolution”, as reported in the Guardian, which compared the “fall” of Murdoch with that of the tyrant Nicolae Ceausescu in Romania in 1989. The overexcitement is understandable; Nick Davies’ scoop is a great one. The truth is, Britain’s system of elite monopoly control of the media rests not on Murdoch’s News International alone, but on the Mail and the Guardian and the BBC, perhaps the most influential of all. All share a corporate monoculture that sets the agenda of the “news”, defines acceptable politics as maintaining the fiction of distinctive parties, normalises unpopular wars and guards the limits of “free speech”. This will only be strengthened by the allusion that a “bad apple” has been “rooted out”.

When the Financial Times complained last September that the BSkyB takeover would give Murdoch a media dominance in Britain, the media commentator, Roy Greenslade, came to his rescue. “Surely,” he wrote, “Britain’s leading business newspaper should be applauding an entrepreneur who has achieved so much from uncompromising beginnings?”. Murdoch’s political control was a myth spread by “naïve commentators”. Noting his own “idealism” about journalism, he made no mention of his history on the Sun and later as Robert Maxwell’s Daily Mirror editor responsible for the shameful smear that the miners’ leader Arthur Scargill was corrupt. (To his credit, he apologised in 2002). Greenslade is now a professor of journalism at City University, London. In his Guardian blog of 17 July, he caught the breeze and proposed that Murdoch explain “the climate you created”.

How many of the political and media chorus now calling for Murdoch’s head remained silent over the years as his papers repeatedly attacked the most vulnerable in society? Impoverished single mothers have been a favourite target of tax-avoiding News International. Who in the so-called media village demanded the sacking of Sun editor Kelvin MacKenzie following his attacks on the dead and dying of the Hillsborough football stadium tragedy? This was an episode as debased as the hacking of Milly Dowler’s phone, yet MacKenzie has been frequently feted on the BBC and in the liberal press as the “witty” tabloid genius who “understands the ordinary punter”. Such vicarious middle-class flirtation with Wapping-life is matched by admiration for the successful Murdoch “marketing model”.

In Andrew Neil’s 470-page book, Full Disclosure, the former editor of Murdoch’s Sunday Times devotes fewer than 30 words to the scurrilous and destructive smear campaign he and his Wapping colleagues waged against the broadcasters who made the 1988 Thames television current affairs programme, Death on the Rock. This landmark, fully vindicated investigation lifted a veil on the British secret state and revealed its ruthlessness under Margaret Thatcher, a Murdoch confidante. Thereafter, Thames Television was doomed. Yet, Andrew Neil has his own BBC programme and his views are sought after across the liberal media.

On 13 July, the Guardian editorialised about “the kowtowing of the political class to the Murdochs”. This is all too true. Kowtowing is an ancient ritual, often performed by those whose pacts with power are not immediately obvious but no less sulphuric. Tony Blair, soaked in the blood of an entire human society, was once regarded almost mystically at the liberal Guardian and Observer as the prime minister who, wrote Hugo Young, “wants to create a world none of us have known [where] the mind might range in search of a better Britain…”. He was in perfect harmony with the chorus over at Murdoch’s Wapping. “Mr. Blair,” said the Sun, “has vision, he has purpose and he speaks our language on morality and family life.” Plus ce change.