El olor a mierda de caballo es intenso. Los cascos sacan, literalmente, chispas del empedrado. Pienso en silencio que todos los topes del mundo se parecen: va la gente que tiene caballo, y también alguna gente que lo alquila. Los millonarios del club hípico se pavonean con sombrero panamá encima de sus sementales importados. Los pobres exhiben a rucos lentos cubiertos de pies a cabeza con parafernalia de cuero. Todos los topes se parecen: son el lugar en donde, en teoría, todos somos iguales, aunque en la práctica algunos seamos más iguales que otros.

Pero voy a comenzar por el final, para que no se me olvide. La noche va cerrando y un grupo de funcionarias públicas en vacaciones ataca una de las mesas anchas que el dueño del bar ha colocado encima de la acera. Serán veinte. Todas gordas. Todas jóvenes. Todas con pinta de mamá fugitiva. Se les acerca un trío en guayabera: ellas gozan y aplauden. La calle hierve de gente. Tocan Nicaragua, Nicaragüita. El cristo de Palacaguina, María de los guardias. Las muchachas tararean y aplauden. Una que parece la guía se desgañita al lado del trío. De repente alguna dice a grito pelado que son ticas. Los del trío tocan la de la suiza por ser tan linda a Costa Rica la llaman. Las muchachas se vuelven locas y cantan durísimo.

Migrantes, por Carlos Barberena

La cerveza, en este bar, cuesta 20 córdobas. Poquito menos de un dólar. Las bicicletas yacen abandonadas como monumentos al exceso de confianza. La gente les pasa al lado sin mirarlas. Para llegar acá hemos caminado por una calle plagada de muchachos jóvenes que en mi barrio serían catalogados de maleantes. Ninguno me alzó a ver. Por ser tan linda. Comencé por el final porque es el último recuerdo que tengo de la noche. Al día siguiente me levanté muy temprano para regresarme a casa. Ya en Pavas, me hice la pregunta en voz alta. ¿Será el frío? Todos me miraron con cara de palo. El frío, dije de vuelta. Lo que hace que los ticos seamos tan comemierda. Uno sonrió. Nadie respondió de inmediato. Creo que no, me dijo otro luego de un largo silencio. En Marcala hace frío, y los hondureños son muy buena gente. Lo que pasa con los ticos, es que somos unos polos.

Esto me lleva de vuelta a Granada. Tres noches atrás, departía con un tico que, de antemano, se asumía polo: debe ser polada mía, pero no sabía que aquí se podía caminar de noche. Siempre me han dicho que Nicaragua es muy peligrosa. Me reí. Le conté de una epifanía que tuve hace varios años, después de recorrer por tierra todo el occidente de ese país al lado de un zonchazo que no se cansaba de repetir que el pinto sin salsa Lizano no era pinto. Dos meses duró el viaje. El tiempo le alcanzó al zoncho para convertirse en una persona decente: de vuelta a Costa Rica, se le había lavado un poco la xenofobia. Nos hemos topado varias veces después de la experiencia: ya no cuenta chistes de nicas. Pero dejé tirada la epifanía: pensé, después de ese viaje, en lo lindo que sería poder llevar a todos y cada uno de los ticos xenofóbicos en un paseíto de 15 días por Nicaragua. Para que coman rico. Para que dejen de creerse la gran picha. Para que sepan, por una vez en la vida, lo que es pagar solo sesenta mil colones por una cena para diez personas que incluya las bebidas. Y para que conozcan una ciudad colonial y les duela que en San José, Heredia y Cartago, los propietarios le prendan fuego a sus casas viejas para no restaurarlas.

Hay diferentes lugares desde los que se pueden decir las cosas. Gente que habla desde el asco, desde la envidia; gente que hace elipsis maravillosas y luego de rodeos increíbles vuelve a llegar al principio, para afirmar sus ideas. Yo hablo desde la tristeza. Me gustaría volver al tope. Decir, por ejemplo, la mierda de los caballos huele igual de mal en todas partes. En el tope de San José se pasean, abrazados, los parientes ricos y los parientes pobres. Pero eso solo serviría para repetir, al final, lo que ya se dijo al comienzo. En definitiva, es mucho más sencillo sobrevivir con el hígado intacto la desgracia de los ajenos, o tal vez no nos está yendo tan bien como nos lo han querido vender durante los últimos treinta años.  Hablo desde la tristeza: Costa Rica se está yendo a la mierda. Y lo único que parece importarnos, en este momento del año, es si a los tamales les ponemos o no les ponemos ciruelas pasas.

Con casi el 20 por ciento de los votos escrutados, el triunfo del presidente Daniel Ortega en las elecciones generales de este domingo (6/11) es indiscutible. Según los últimos datos del CSE (Consejo Supremo Electoral) actualizados a las 3 de la mañana de hoy, 7 de noviembre, Ortega logra el 63,95 por ciento de los votos, Fabio Gadea Mantilla el 29,09 y el ex presidente Arnoldo Alemán no va más allá de un 6,27 por ciento.

Un resultado histórico para el presidente Ortega y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el gobernante FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) que les garantiza la mayoría absoluta en el Parlamento.

(Foto: Lucas)

“Podría decirse que en Nicaragua se produjo hoy una nueva revolución. El FSLN no solamente se mantuvo incólume en el poder con una base social propia del 38 por ciento lograda hace cinco años sino que estaría logrando un avance sustancial del 24 por ciento, nunca antes visto en ninguna parte del mundo. Ni siquiera otros gobiernos de América Latina, ni el propio Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría logrado lo obtenido hoy por el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega.

El FSLN no solamente repetirá en la Presidencia de Nicaragua, sino que también tendrá una aplastante mayoría en el Poder Legislativo con más de 56 diputados, convirtiéndose en un partido hegemónico en el poder”, dice el Informe Pastrán.

Pese a los señalamientos de supuestas irregularidades presentadas por la Alianza PLI a lo largo de toda la jornada electoral, el CSE y las delegaciones de los principales organismos de observación electoral, entre ellos la Unión Europea, la OEA (Organización de Estados Americanos) y el CNU (Consejo Nacional de Universidades), reconocieron la legitimidad del proceso electoral.

“El pueblo de Nicaragua asistió con civismo a las urnas, y la jornada electoral fue una verdadera fiesta cívica. Ha habido un respeto para el pueblo que ha decidido soberanamente quiénes serán sus autoridades para los próximos cinco años. Estas elecciones son indiscutiblemente legítimas y con un resultado absolutamente claro”, dijo Telémaco Talavera, director ejecutivo del CNU.

Ante esta abrumadora decisión del pueblo nicaragüense, la Alianza PLI, integrada también por los disidentes sandinistas del MRS (Movimiento Renovador Sandinista), volvió a plantear el tema del fraude. Su jefe de campaña, Eliseo Nuñez, aseguró que no reconocerán los resultados anunciados por el CSE “hasta que se cuente el último voto”.

Pocos minutos antes de las 11 de la noche, justo cuando los magistrados electorales terminaban de dar a conocer los primeros resultados parciales, miles de personas se volcaron a las calles en todo el país para celebrar.

“Es increible y no lo puedo creer. Un gran triunfo que se debe a todos estos programas que ha impulsado el gobierno y al gran trabajo que hizo con nosotros los jóvenes, con la gente pobre, con el pueblo”, explicó Luis Marín, un joven que manifestaba en una de las tantas rotondas de Managua.

Para las 12 de hoy (7/11) está previsto que el CSE dé a conocer el  resultado del 90 por ciento de las urnas.

Fuerte llamado a las autoridades para que no permitan entrada de transgénicos al país

Centenares de productores, consumidores y miembros de organizaciones y redes que conforman la Campaña Semillas de Identidad (*) se movilizaron hacia Managua, para reafirmar la necesidad de rescatar las semillas criollas y acriolladas, rechazando al mismo tiempo la entrada al país de semillas transgénicas.

Una caravana conformada por 350 productores y productoras de 14 departamentos del país, que representan a más de 35 mil familias campesinas organizadas, recorrió las calles de la capital de Nicaragua y entregó un pronunciamiento a las autoridades competentes en materia de agricultura, ambiente y recursos naturales, protección y sanidad agropecuaria, así como a diferentes Comisiones Parlamentarias.

(Foto: G. Trucchi/Rel-UITA)

En su pronunciamiento, los miembros de la Campaña Semillas de Identidad reafirmaron la necesidad de rescatar, multiplicar, mejorar e impulsar el autoconsumo, la comercialización y el intercambio de semillas criollas y acriolladas de diferentes cultivos, “como estrategia para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nutricional a nivel local y nacional”.

También demandaron a las instituciones nacionales promover e institucionalizar el mejoramiento campesino de semillas criollas y acriolladas, para fortalecer el saber campesino e indígena local, y aprobar una reforma a la Ley de Semillas, “que promueva la conservación, uso, manejo e intercambio” de estas semillas autóctonas.

En el documento exigieron que no se permita la introducción de organismos transgénicos al país “para la producción, investigación, reproducción y comercialización en el territorio nacional”, así como que se promueva, apruebe y reconozca la declaración de Municipios Libres de Transgénicos, ya adoptada por cinco municipios nicaragüenses.

No a los OGM

“Tenemos nuestras semillas nativas que rescatamos, protegemos, cultivamos e intercambiamos. Tenemos bancos de semillas en todo el país y seguimos luchando para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de nuestra biodiversidad. ¿Para qué queremos semillas transgénicas? No la necesitamos”, dijo a Sirel, Mayra Rodríguez, productora del Programa Campesino a Campesino (PCaC) del municipio de San Ramón.

Hoy, en el territorio llamado a ser ombligo del mundo, dos pueblos hermanos se enfrentan y llaman “enemigos” a razón de una pequeña isla que, antes de los acontecimientos aquí relatados, ninguno de los dos sabían que existía.

El viernes 16 de septiembre, un día después del aniversario de la independencia de Centroamérica, el flamante canciller costarricense Enrique Castillo declaró a uno de los diarios de mayor circulación nacional en el país, La Nación, que Nicaragua continuaba siendo un “enemigo”.

Pocas veces hemos escuchado en América Latina que entre países hermanos, más aún, limítrofes, se haga este tipo de declaraciones. Llamar “enemigo” al vecino es muy fuerte, y pareciera estar reñido con la tradición costarricense no solo pacífica sino, además, mesurada en asuntos internacionales.

La declaración vino al caso a propósito de la disputa que ambos países mantienen en torno a una pequeñísima isla en la desembocadura del limítrofe río San Juan. Costa Rica acusa a su vecino de haberla ocupado, y Nicaragua lo niega tajantemente aduciendo que es a ella a quien pertenece. Han salido a relucir tratados históricos y mapas que cada uno considera que avalan su posición y el caso ha llegado a la Corte de La Haya. Ésta, lenta y parsimoniosa como buena señora burócrata internacional, augura varios años de deliberación pero, mientras tanto, ha ordenado que ninguna de las dos partes se aproxime al territorio en disputa.

El estratégico río San Juan ha sido objeto de disputas desde el siglo XIX. A través suyo sería posible construir un canal interoceánico similar al de Panamá, y esto lo vuelve objeto de deseo de las grandes potencias, ya sea para construir el canal de marras o para evitar que otro lo construya.

Ya en tiempos tan lejanos como los del reinado de Felipe II, el arquitecto italiano Juan Bautista Antonelli fue comisionado para explorar las posibilidades del paso interoceánico. Muchos años más tarde, los voraces Estados Unidos estuvieron a punto de construir el canal, que después fue el de Panamá, en ese lugar, pero se arrepintieron a última hora dada la alta sismicidad de la zona.

El sur del río San Juan se convirtió, en tiempos de revoluciones y contrarrevoluciones en la Centroamérica de los años ochenta, en retaguardia de guerrilleros sandinistas o contras, según cuáles fueran los tiempos, y los costarricenses brindaron su territorio abiertamente o a escondidas apoyando a unos u otros.

Ahora, además del potencial que tiene el río como zona de tránsito entre los dos océanos más grandes de la Tierra, parece haber gas y petróleo en las llanuras del norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua. Una compañía norteamericana, la Mallon Oil Company, ha aparecido reclamando derechos de exploración y, eventualmente, de explotación en tierras costarricenses.

Para terminar de enredar la madeja, los nicaragüenses anuncian que a lo mejor construyen una represa sobre el río pero, al mismo tiempo, invierten dinero dragándolo como para asegurar la navegación por sus aguas.

Agreguemos un elemento más al ya complicado panorama: los ticos acusan a los nicas de usar políticamente el diferendo para exacerbar los ánimos nacionalistas y así aglutinar a la población en torno a Daniel Ortega, que va a elecciones en octubre; mientras los nicas, por su parte, consideran también que el gobierno de la señora Laura Chinchilla hace lo propio en su país.

Todo este enredadísimo panorama se ha visto salpicado por comentarios misóginos en Managua y extrañamente guerreristas en San José. En la prensa nicaragüense no han faltado las descalificaciones machistas de la presidente Chinchilla, pero esta no se queda atrás y trata de “cobarde” a Ortega y su gobierno. Es un torneo de dimes y diretes ofensivos de las dos partes.

El Tribunal de La Haya, mientras tanto, se toma su tiempo. En la tranquila ciudad europea los jueces internacionales no sienten apremio por resolver pero, si no lo hacen pronto, a como van las cosas, seguirán apareciéndole aristas a la disputa.

Esto no favorece a nadie. Los centroamericanos son países pequeños, pobres, situados en un área geoestratégicamente vital para los Estados Unidos. Simón Bolívar le auguró, en su célebre Carta de Jamaica, el papel de centro del mundo y, por ello, pensó en Panamá para realizar el congreso en el que tantas esperanzas puso para acercar a los pueblos de aquella que él llamaba la América Meridional.

Hoy, en el territorio llamado a ser ombligo del mundo, dos pueblos hermanos se enfrentan y llaman “enemigos” a razón de una pequeña isla que, antes de los acontecimientos relatados, ninguno de los dos sabían que existía.

Un encono digno de mejores causas.

Rafael Cuevas Molina es presidente de AUNA-Costa Rica

Los movimientos sociales e indígenas de indo-afro-latinoamérica y los desafíos del tiempo político actual

En el mapa geopolítico indo-afro-latinoamericano se observan día a día agigantados cambios y no todos de igual contenido, sentido y alcances; más bien podría afirmar que ellos responden a fuertes contradicciones y las recrean nuevamente en otra dimensión y tiempo, y con actores sociales y políticos hasta poco tiempo insospechados como tales.

Quiero relevar muy sucintamente primero, como se ha conformado este nuevo mapa a partir de la conformación de gobiernos que –para abreviar- denominaré aquí como populares. Estos gobiernos no surgieron de la nada, ni mágicamente por una buena campaña. En la base de los procesos actuales, con mayor o menor visibilidad según sean las posibilidades de cada lugar, está la acumulación emergida y construida en años de resistencia y luchas protagonizadas por los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos por los derechos humanos, por movimientos de mujeres, ecologistas, y también frecuentemente acompañados por gran parte de la izquierda organizada latinoamericana. En este gran crisol de culturas y riquezas de alternativas germinó la posibilidad de plantear opciones políticas para disputar gobiernos.

(Arte: mala pintura)

En Venezuela, de la mano de un militar honesto y bolivariano que se decidió a embanderar un proceso de cambio; con débiles raíces de organizaciones sociales, sindicales y de pobladores, este logró sin embargo tocar las fibras de la dignidad y convocar a las mayorías a la epopeya por la patria.

En Brasil, Lula, ex dirigente sindical de la CUT, siendo parte de un partido, el PT, supo construir estadualmente la posibilidad de llegar al gobierno nacional y contó por ello con un fuerte partido y engrasados mecanismos de funcionamiento; sin resolver su articulación con los grandes movimientos sociales del país, pero con diálogos construidos.

En Ecuador, surge un referente, Correa, luego de su destitución como Ministro. Debido al apoyo que ello despertó comenzó a nuclear a los dispersos fragmentos de la izquierda y la intelectualidad y logró erigir su programa en opción política para gobernar. Su mayor debilidad estuvo y aún está en su vinculación con los movimientos indígenas originarios, particularmente, con aquellos nucleados en la CONAIE.

En Paraguay, un Obispo católico se hace cargo de la búsqueda de un camino para romper con el dominio colorado.

En Uruguay, el histórico Frente Amplio, no solo supo ganar las elecciones sino sostenerse en el gobierno, afianzar sus propuestas y aportar a la unidad del continente.

En El Salvador y en Nicaragua y se logró retomar el rumbo de las luchas por la justicia social de la mano de gobiernos con marcada influencia revolucionaria de los ‘80, a través de la participación del Frente Farabundo Martí y del Frente Sandinista, respectivamente.

En Perú, recientemente, Un ex militar con inclinaciones nacionalistas y de justicia social, pudo articular un frente amplio con actores diversos de la sociedad y de la izquierda orgánica e intelectual y ha ganado las elecciones, abriéndosele ahora el abanico de desafíos de gobernar para sus objetivos siguiendo sus principios y los acuerdos establecidos.

En Bolivia, el gobierno que encabezan Evo Morales y Álvaro García Linera, es una resultante de las conquistas que fructificaron luego de enérgicas luchas sociales, indígenas, campesinas y de pobladores urbanos. En ellas se han ido formando articulaciones inter e intrasectoriales capaces de romper con la sectorialización de las luchas y sus actores-sujetos, para avanzar hacia ámbitos de articulación política que confluyen luego en la formación del MAS, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Con esa base, se presenta y gana las elecciones presidenciales en diciembre de 2005, y desde ahí hasta el presente.

Lo dicho es suficiente para evidenciar lo que centra mi interés en estas reflexiones: salvo en el proceso boliviano en el que se evidencia la activa y protagónica presencia de actores-sujetos que convergen hacia su constitución en actor-sujeto colectivo, en los otros casos, es notoria la ausencia protagónica de un actor o actores sociopolítico/s. Y si la (auto)construcción-constitución del sujeto político creador e impulsor de los cambios es la principal ausente en tales procesos, es también, por tanto, su principal debilidad interna.

Brasil, y tal vez Uruguay, Nicaragua y El Salvador, constituirían también excepciones por contar con un partido con capacidad de gobernar, pero tienen debilidad en su anclaje social y la necesidad de abrir las puertas a la articulación basada en la participación de los movimientos sociales populares para avanzar en la construcción de una voluntad y conducción colectiva social y política hacia transformaciones raizales democratizadoras.

El futuro-como los sujetos- se disputa y construye palmo a palmo en el presente

Lo dicho respecto de otros procesos latinoamericanos no significa que en la experiencia de Bolivia las cuestiones de organización y conducción social y política estén resueltas; el sujeto político colectivo continúa su proceso de (auto)construcción en las nuevas condiciones, es decir, sigue en la disputa por (auto)constituirse en el actor sociopolítico colectivo protagonista de las tareas y desafíos de este tiempo.

→La (auto)constitución del sujeto es permanente, es parte del caminar, por ello es importante tener presente que el haber constituido gobierno reclama como nunca antes “seguir en la disputa” de la construcción social, cultural, económica y política de lo nuevo, incluyendo a los actores-sujetos en el proceso de cambio y transformación que es y será siempre, a la vez y en primer lugar, un proceso de (auto)transformación. Se trata de una actitud y condición constante, pues las situaciones concretas -así como los desafíos-, son y serán siempre diferentes; lo nuevo emergerá una y otra vez junto con las tareas a realizar en pos de las transformaciones, con el caminar.

Habitualmente se piensa que cambian las realidades pero no así los actores y sus conciencias; o sea, al parecer habría un momento en que se rompe la relación entre realidad, experiencias sociales y conciencia sociopolítica. Y –supuestamente, por ello, a pesar de los cambios que tienen lugar en la realidad social por ejemplo, cuando se constituyen gobiernos populares , desde el plano analítico y político suele tratarse a los actores-sujetos partícipes de tales logros , refiriéndolos a su actuación y conciencia del tiempo anterior. Esto, además de que no les reconoce el protagonismo que los actores-sujetos tienen o deberían tener en el nuevo tiempo, en el tiempo de co-gobernar, impide comprender [y (auto)comprenderse] a los actores-sujetos en las nuevas interrelaciones sociales creadas por la nueva situación sociopolítica y económica y cultural. Se rechaza, de última, el hecho de que las nuevas coyunturas replantean permanentemente los intereses colectivos y sectoriales y disputan la conciencia, organización y acción de los actores-sujetos.

La instalación de un gobierno popular revolucionario supone la conformación de nuevas interrelaciones sociales y el surgimiento de nuevas contradicciones, conflictividades, afinidades e interacciones de fuerzas e intereses sociales, económicos, culturales y políticos acorde con la nueva realidad política e institucional, de conjunto, estas configuran un nuevo mapa sociopolítico que define nuevas tareas y desafíos a los actores sociales, ahora claramente confrontados en su matriz política o sociopolítica.

→La revolución es una construcción permanente y requiere esfuerzo político, formativo y organizativo consciente, autoconsciente. No hay linealidad, ni espontaneísmos; no se “darán” los cambios sociales, políticos, ideológicos y culturales; serán (o no) construidos colectivamente (por las mayorías). Tampoco hay garantías respecto de los resultados: el presente y el futuro se disputan palmo a palmo, día a día.

En tal sentido, vale ubicar a los gobiernos populares de Latinoamérica: pueden constituir una importante herramienta para abrir las puertas a los cambios desde abajo, promoviendo el protagonismo de los actores-sujetos. Pero si se toma a los gobiernos como el objetivo político central, la tendencia al acomodamiento, al conservadurismo de lo ya conquistado, puede hacer estragos arriba y abajo y dar por tierra a los objetivos sociotransformadores. No hay separaciones tajantes entre la gestión del gobierno, la administración y gestión del Estado y la participación política de las organizaciones sociales y los pueblos todos. Esta es en todo momento la clave revolucionaria del proceso. Promoverla, calificarla y estimularla es vital para ampliar-profundizar la potencialidad revolucionaria de los gobiernos populares, para que las reformas que promueven se profundicen hacia cambios raizales y no terminen empantanadas en los sinuosos tentáculos del poder hegemónico del capital. Hay que estar atentos y enfrentar a la cómoda sentencia que supone que “de algún modo se resolverá”.

→Los pueblos retoman su historia donde la han dejado en el proceso “natural” de su movimiento y acción social. Vale recordar que los movimientos sociales surgen, se consolidan y se desarrollan por razones defensivas de sobrevivencia sectorial en principio y avanzan hacia conciencia y acción política colectivas en momentos de extrema agudización de la lucha por la sobrevivencia. En ella se abren las compuertas de la conciencia sectorial a lo colectivo, pero no es un estadío permanente. Al cesar la situación extrema, al resolver lo que originariamente se identificó como “el objeto causal” de la situación de exclusión, al sentir, por ejemplo, que ahora ya “se es gobierno”, se produce una suerte de relajación política y reacomodamiento a lo nuevo, donde lo colectivo pareciera separarse nuevamente de las problemáticas sectoriales y lo defensivo sectorial vuelve a ocupar un lugar importante en los movimientos sociales otrora altamente políticos. Esto, en casos extremos, abre paso a la resurgencia de lo corporativo. Es lo que se evidencia en determinados conflictos sectoriales recientes en Bolivia, en Ecuador… protagonizados por movimientos indígenas, de campesinos, por sindicatos, etcétera. Es el movimientos contradictorio del proceso de cambios por lo que, lejos de acusar un déficit insuperable, marca la “naturalidad” de la circularidad del proceso social. Por otra parte, refuerza los llamados a no dejar los procesos a merced del espontaneísmo y la desorganización política, convoca a ejercer la acción política formativa práctica, para estimular la superación política de las limitaciones del pensamiento sectorial corporativo, y crecer todos y todas en protagonismo. Esto es parte de la construcción de la conducción política colectiva del proceso revolucionario. Es lo que, en ese sentido, define la necesidad e importancia del trabajo político así como sus modalidades y contenidos.

¿Lucha de clases o vía pacífica?

→Desconocer u olvidar que los adversarios desalojados del poder político cuyos intereses socioeconómicos y culturales son afectados por los nuevos gobernantes, quienes –pasado el desconcierto inicial-, dedicarán sus energías, saberes y poderes a desestabilizar y subvertir el nuevo estado de cosas. Como escribí en algún momento: las revoluciones que transitan por esta vía no lo hacen en un “lecho de rosas”, quienes así lo piensan se hacen cargo del equivocado, prejuicioso y setentista relato de la “vía electoral” como sinónimo de “vía pacífica”, interpretando a esta como propia de un tiempo ausente de conflictos.

En las condiciones sociopolíticas actuales de los gobiernos populares se evidencia un crecimiento de la lucha por la hegemonía histórica por parte del poder y sus personeros. En tal situación, la disputa por “la cabeza” de la población se incrementa.

Es importante no subestimar la lucha político-ideológica, y redoblar los esfuerzos para atenderla simultáneamente con las otras actividades y responsabilidades nuevas que, ciertamente, debilitan a los movimientos sociales, indígenas, sindicales, ecologistas, campesinos, etc., por la migración de sus –de por sí escasos- cuadros a las esferas del gobierno y el Estado, mientras algunos fijan la mirada en los cargos públicos dando cauce a reclamos sectoriales y corporativos tras ellos: “Yo también quiero, nosotros también queremos”. En tales casos se trastocan –aunque coyunturalmente los objetivos históricos: ya no se trata de cambiar la sociedad sino “repartir la torta” y, consiguientemente, todos los que así se posicionan exigen tener lo que consideran “su parte”.

→La revitalización de la lucha de los adversarios por reconquistar el terreno perdido constituye una significativa amenaza de los procesos revolucionarios democráticos, pero también las grietas internas, la ausencia o escasez de articulaciones entre gobierno, Estado y pueblos, la auto-constitución de articulaciones entre los actores-sujetos que abrirán las puertas a convergencias políticas programáticas entre ellos.

→Los movimientos sociales, indígenas, campesinos, de mujeres, de jóvenes, etc., tienen una gran responsabilidad política y un desafío político central: dejar de ser actores demandantes y (auto)constituirse en sujetos políticos.

Esta situación ubica el quehacer de los movimientos sociales en una dimensión cualitativamente diferente de la hasta ahora experimentada: hacerse cargo de lo que ellos mismos han construido. Se trata también de asumirse como protagonistas centrales de los gobiernos y disponerse –en consecuencia , a (co)gobernar. Esto es: profundizar los procesos colectivos de articulación y construcción de poder propio en simultánea transformación de los espacios gubernamentales e institucionales del Estado y el gobierno, profundizando la disputa integral con el poder hegemónico del capital.

No es políticamente lógico resistir, luchar, voltear y poner gobiernos si luego se rechaza asumir la responsabilidad de (co)gobernar en función de impulsar las transformaciones revolucionarias; con autonomía respecto a quienes gobiernan y a las estructuras gubernamentales-estatales, pero articulados a los representantes para (luchar por) participar en la toma de decisiones, en el control de la gestión pública y para promover propuestas propias construidas desde abajo, en las comunidades, movimientos, sindicatos… El contenido popular de un gobierno no se desprende del currículo de quienes gobernantes, sino de su vocación y empeño para transformar radicalmente las instituciones gubernamentales-estatales abriéndolas a la participación protagónica de los de abajo. Esto es clave y para lograrlo se hace necesaria la concurrencia voluntaria y consciente de los movimientos sociales, indígenas, urbanos, etc., y de los pueblos todos. Hay variadas modalidades de involucramiento de los movimientos: como demandantes con reivindicaciones sectoriales corporativas, como ejecutores de tareas subordinados al gobierno-estado, como fuerzas de choque de la oposición, como espectadores críticos, o como protagonistas en disputa con lo viejo y creadores-constructores de lo nuevo, que se atreven a transitar por el terreno del conflicto propio de las disputas y acción política. Esto supone para ellos vivir en conflicto, hacerse cargo de la disputa por la construcción de un nuevo poder popular construido por el protagonismo de los de abajo, desde abajo y en todos los ámbitos de la vida social: gobierno, Estado y todo el cuerpo de instituciones sociales y políticas, así como en los diversos ámbitos de la vida social.

→Normalmente se analiza el conflicto como “una situación dada” en la que –externamente- intervienen los actores, sin embargo por el contrario , el conflicto existe porque es constituido por el accionar de los actores en función de intereses contrapuestos o contradictorios entre sí. Ello no quiere decir que los actores-sujetos puedan crear o manejar los conflictos a su antojo; subraya la participación genealógica de los actores-sujetos en el surgimiento, desarrollo y desenlace de los mismos. Esto rescata, por un lado, a los conflictos como la forma “natural” de existencia de lo político y –por tanto de la participación de los movimientos sociopolíticos en la disputa con el poder hegemónico del capital en busca de la construcción de su propio poder. Por otro, reubica a las contradicciones propias de los procesos revolucionarios como parte de los conflictos, que no se resuelven por decretos sino por las dinámicas concretas de las interacciones e interdefiniciones de los actores-sujetos concretos que pelean y discuten palmo a palmo con los agentes del poder hegemónico en búsqueda de la construcción de otro poder, otra hegemonía. Parten de posiciones de subordinación histórica a la hegemonía dominante del poder y –prácticas de resistencia, lucha y construcción de lo nuevo mediante , se van encaminando hacia la no-subordinación, fortaleciendo y desarrollando su propia hegemonía, aprendiendo a gobernar de modo diferente en la misma mediada que van gobernando, traspasando las fronteras político-institucionales impuestas por el aparato político institucional que responde a los intereses, las lógicas, y los protagonistas del poder del capital.

Romper ese círculo del poder es parte de las claves de los actuales procesos de cambio, tanto para quienes ocupan posiciones de gobierno, como para el conjunto de actores-sujetos sociopolíticos que promueven el cambio. Los caminos y los tiempos para ello se anudan a la batalla ideológico-cultural, política y organizativa necesaria para no quedar atrapados por las redes del poder, siendo arrastrados por la inercia cultural de la vieja política y sus prácticas fragmentarias, corporativas, jerárquicas, burocráticas y excluyentes.

Revalidar el protagonismo político alcanzado en las luchas contra el neoliberalismo, poniéndolo en sintonía con las condiciones, tareas y desafíos actuales, implica transformarlo en forma y contenidos. Hay que tener presente que no se trata de una actitud teórica; los sujetos se constituyen siempre en las luchas, en ellas pueden madurar y tomar conciencia de la importancia de articular sus reivindicaciones sectoriales con las de otros, profundizando en las raíces sociales de las mismas hasta llegar a poner de manifiesto los intereses comunes que estas representan. Es allí cuando sintetizando , lo social se torna político porque es consciente de que la disputa reivindicativa es, a la vez, una disputa de poder, una disputa política.

Lo reivindicativo, antes fragmentado sectorialmente y ahora articulado y proyectado en una nueva dimensión, se torna programático; los actores dispersos se constituyen en actor colectivo, sujeto político de su tiempo. Esta condición resulta raizalmente articulada a la acción de los actores-sujetos en el entramado de contradicciones del conflicto sociopolítico, en su capacidad de definirlo en sentido favorable a sus intereses, necesidades y aspiraciones. Pero no es una condición o estatus permanente. Es decir, si varía la situación sociopolítica, si se modifica la correlación de fuerzas, de poderes, si el protagonismo de los actores-sujetos en los conflictos políticos a favor de los cambios deja de ser interconstituyente (del conflicto y de su protagonismo), el actor colectivo puede retroceder como sujeto, atomizarse y desintegrarse como tal sujeto, es decir, puede de-constituirse como sujeto político. Caso contrario, no habría retrocesos, contramarchas, errores… La vida está llena de ellos, más aun los procesos raizalmente democratizadores como los que actualmente se disputan en Bolivia, y también –aunque en otras dimensiones en Ecuador, en Venezuela…

Los reclamos y las protestas son cuando menos , insuficientes en esta etapa, más aun las lamentaciones de lo que no se hace o no se consigue. Sin desestimar la importancia y vigencia de las movilizaciones de los actores sociales por sus reivindicaciones, al contrario, es tiempo de promoverlas y desarrollarlas, pero atendiendo siempre al contenido y la proyección política de estas en el conjunto de la problemática sociopolítica de este tiempo, que ya no tiene como objetivo a la protesta, sino a la protesta con propuesta, protagonizando los cambios, creándolos, impulsándolos y participando en sus realización, es decir, movilizándose para que los cambios se hagan realidad o se profundicen.

En las actuales procesos de democratización abiertos por gobiernos populares, no basta con que los representados reclamen a los representantes, no basta con protestar, no basta con “tomar distancia” para “seguir de cerca” las gestiones de gobierno. El quemeimportismo político es hijo de la ideología del aparente no-compromiso neoliberal, y en las actuales condiciones es funcional a la supervivencia de su hegemonía.

Los destinos, posibilidades y alcances de los procesos revolucionarios abiertos en el continente, los contenidos y alcances de la acción gubernamental y la participación política de los movimientos sociales están genealógicamente entrelazados.

Este nuevo tiempo político abierto a los desafíos sociotransformadores gestados desde abajo en las resistencias y luchas de los movimientos indígenas y sociales, demanda de ellos alzarse sobre prejuicios, dogmas, contradicción y las limitaciones propias de su desarrollo, para protagonizar las decisiones de hoy y llevarlas adelante, haciendo realidad las consignas del pasado y dando los pasos necesarios en aras de fortalecer el protagonismo colectivo del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios y del pueblo todo. Y para ello es importante no descuidar el trabajo de formación política intercultural descolonizadora.

Es vital superar la defensiva, erigirse (construirse) en sujetos protagonistas de su historia

Superar la defensiva no es una decisión voluntaria. Supone dar cuenta, en primer lugar, de la nueva realidad sociopolítica, de las correlaciones de fuerzas y sus cambios: en sus características, interrelaciones, articulación, contradicciones y dimensiones; en segundo lugar, dar cuenta de las tareas y sus nuevos desafíos.

Vivir en las realidades abiertas por los gobiernos populares implica para los movimientos indígenas y sociales del campo popular, moverse en un terreno histórica y políticamente desconocido hasta el presente: en el terreno de la libertad de pensar y elaborar propuestas colectivamente, de presentarlas y discutirlas mano a mano con el Ejecutivo o en los parlamentos, desarrollándose como protagonistas con capacidad de propuestas y articulación intersectorial en aras de avanzar hacia la constitución del actor político colectivo.

Esto se entrelaza con el tránsito por caminos que hay que construir para cambiar de raíz el contenido social de los instrumentos tradicionales del Estado y el gobierno, y buscar o crear los medios para hacerlo, participando en ellos, convirtiéndolos en herramientas de los cambios colmándolos de participación popular y comunitaria gestada desde abajo. En tales procesos de lucha por los cambios que se desarrollan simultáneamente con ellos , residen las contradicciones de las ventajas y los obstáculos para los cambios como así también las posibilidades de que los diversos actores sociales atomizados vayan reencontrándose a sí mismos como protagonistas de este nuevo tiempo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los adversarios políticos, lejos de estar debilitados, tiene ahora las mejores condiciones que nunca para dedicarse al estudio y observación de los errores y limitaciones de los movimientos y sus representantes, tienen los medios y los recursos. Y estando fuera de la administración del Estado en lo fundamental-, tienen todo el tiempo para socavar las bases del poder revolucionario en gestación. No están solos los movimientos y el pueblo construyendo su futuro, esta construcción se da en medio de una alta lucha política entre sectores que no descansan ni un segundo en llevar a delante la batalla por la recuperación del terreno perdido.

El proceso es a la vez constituyente e instituyente

No existe un ser ni un deber ser definidos a priori, no hay sujetos, ni caminos, ni tareas, ni rumbos y resultados preestablecidos, no hay garantías de resultados exitosos ni situaciones irreversibles. Se trata de una lucha constante que tiene que apelar infatigablemente a la imaginación, inventiva y voluntad de los actores participantes, (auto)desafiando paso a paso sus deficiencias y limitaciones, convocando a la voluntad sobre la base de la conciencia y el deseo, para protagonizar cada vez más integral y profundamente el proceso de cambios, proceso que abrieron sabiendo lo que no querían pero sin tener plenamente establecido lo que querían. Pero esto no necesariamente es así, este camino está atravesado por las subjetividades, por apetencias, personalismos, celos y miradas de todos los matices tanto en los movimientos sociales como en gobernantes y funcionarios; es una lucha en tensión constante para no dejarse atrapar por las redes del poder y sus tentáculos de cooptación y absorción de los objetivos revolucionarios en unos y otros o en ambos. Es un proceso vivo, abierto, dinámico, contradictorio, tensionante y desafiante.

El carácter constituyente abarca e interdefine los sentidos, las dimensiones y acciones del proceso de cambios, y con ello, a los propios sujetos. Es decir, se trata de un proceso interconstituyente de poder, proyecto y sujetos. Y como todo ello se va definiendo concatenado (hilvanado) por la participación (integral) de los actores sujetos, resulta en tal sentido, a la vez , un proceso autoconstituyente, marcado por sus capacidades políticas, de conciencia y organización. No hay resultados ni sujetos, ni proyectos, ni poderes preconcebidos ni garantizados; todo está en juego permanentemente. Precisamente por ello los actuales procesos democrático-revolucionarios que se desarrollan en el continente en disputa frontal con la hegemonía del poder colonial-capitalista, reclaman un creciente y renovado protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, de mujeres, de trabajadores, de ecologistas, pensadores populares, etcétera.

Los primeros pasos resultan de alto valor simbólico positivo, visibilizando como ciudadanos de derecho y de hecho a amplios sectores de la población históricamente marginada, invisibilizada. Los cambios están marcados por el desarrollo de programas de gobiernos que -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente , buscan en primer lugar consolidar la gestión gubernamental naciente y avanzar.

En tal sentido, la construcción de hegemonía popular resulta central. Y ella está anudada a la profundización-ampliación de la democracia heredada simultáneamente con la construcción de una democracia raizal que abra el horizonte a la participación multidimensional de los actores sociopolíticos diversos, fortaleciendo también su (auto)constitución en actor colectivo, sujeto de su historia.

Aunado a ello, es vital fortalecer/desarrollar el instrumento político, la conducción política colectiva del proceso, capaz de coordinar y potenciar el desarrollo de tareas políticas, culturales e ideológicas que promuevan la participación protagónica del conjunto de actores sociales y políticos revolucionarios, construir canales y herramientas de información y organización, abriendo canales institucionales y no institucionales para su participación conciente, capacitada, organizada y creciente en las diversas dimensiones de la vida social.

Esto se anuda directamente con la realización de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo de la conciencia política de los actores sociopolíticos, estimulando la recuperación y reflexión crítica de sus experiencias concretas de construcción de poder propio, creando ámbitos colectivos de intercambio y producción de pensamiento crítico de sus procesos de cambios, contribuyendo efectivamente al crecimiento y fortalecimiento de la conciencia colectiva, abriendo espacios para periódicas reflexiones sobre las nuevas y cambiantes realidades.

La ideología del cambio, como el sentido y sus definiciones estratégicas son parte del proceso social vivo, y no un dogma apriorístico establecido –desde fuera de las luchas de los pueblos por alguna vanguardia partidaria que “los demás” tendrían que asimilar. La conciencia política de los actores sociopolíticos del pueblo se forja y crece en los procesos de resistencia, lucha y construcción de alternativas, en interdefinición constante de los rumbos y objetivos estratégicos. Estos no vienen dados del “más allá”; se van construyendo (y modificando) a partir de las cotidianidades y modos de vida y experiencias de lucha y sobrevivencia diversos que existen en cada sociedad, en cada comunidad.

El debate estratégico está abierto en cada proceso que apuesta a cambiar la realidad en este continente, protagonizado por actores-sujetos que van construyendo caminos que cuestionan colectivamente el actual sistema mundo a la vez que -como señala Mészáros-, lo van rediseñando “más allá del dominio del capital”.

MANAGUA, 13 jul (dpa) – A pocos días de cumplirse 32 años del triunfo de la revolución en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega avanza en busca de la reelección, bajo la crítica de antiguos compañeros de armas que lo acusan de cambiar sus principios revolucionarios por jugosos negocios al amparo de un discurso populista y clientelar.

“Este es un gobierno de capitalismo salvaje, del más duro capitalismo salvaje manejado con un disfraz de izquierda”, afirma en entrevista con dpa Mónica Baltodano, una de las más famosas comandantes de la guerrilla sandinista que destronó al dictador Anastasio Somoza y sorprendió al mundo en los albores de 1980.

Foto por: Oswaldo Rivas/Reuters

A su juicio, el gobierno que Ortega dirige desde 2007 no es distinto al de la ex presidenta Violeta Chamorro o de sus sucesores liberales Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Por el contrario, ha restringido los espacios de libertad de expresión y movilización vigentes hasta hace cinco años.

Pero el gobierno dice que Nicaragua vive la segunda etapa de la revolución sandinista.

“Es una total falsedad. Esto no tiene nada que ver con una revolución; es la continuidad de las políticas neoliberales de los gobiernos anteriores, con el ingrediente de autoritarismo y de retroceso democrático”, asegura.

Según Baltodano, los tres presidentes de derecha que gobernaron entre 1990 y 2007 “eran neoliberales pero estaban abiertos a la alternancia en el poder, con una administración electoral más o menos aceptable”.

“Aquí hoy tenemos una política fiscal absolutamente recesiva, políticas macroeconómicas neoliberales (negociadas con el Fondo Monetario Internacional), empleos de mala calidad y los salarios más bajos de toda Centroamérica”, señala.

La ex guerrillera cuestiona incluso los programas de educación y salud gratuita aplicados por Ortega y que el gobierno considera emblemáticos. “Se dijo que se iba a priorizar la educación, pero hoy Nicaragua es el país centroamericano que está más lejos de alcanzar el sexto grado”, refiere.

Los servicios de salud han mejorado en cuanto a la atención gratuita en los hospitales del Estado, la presencia de brigadas médicas cubanas y las becas a estudiantes nicaragüenses en Cuba. “Pero no hay medicinas en los hospitales y la gente no puede comprarlas”, señala.

Con 56 años y gran experiencia legislativa, la ex comandante es dirigente del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, una organización disidente del partido Frente Sandinista, surgido de la guerrilla en la que militó desde su adolescencia.

“Este es un gobierno mentiroso, porque dice ser revolucionario y lo que hace es aplicar políticas de mercado libre duro, durísimo”, insiste al analizar la gestión de Daniel Ortega, al que no considera un gobierno sandinista.

“Creo que el sandinismo ha sido sustituido por el orteguismo. El Frente Sandinista como tal ya no existe, lo que existe son fuerzas organizadas y articuladas como una maquinaria electoral para garantizar el poder de Daniel Ortega, su familia y sus allegados”, opina.

Según Baltodano, desde 2007 Ortega ha recibido 1.500 millones de dólares de su colega venezolano Hugo Chávez, mediante un acuerdo de suministro de petróleo firmado a nivel de gobierno pero cuyos réditos los maneja la empresa privada mixta Albanisa, de cuyas ganancias no rinden cuentas al Parlamento.

“Nicaragua perdió una enorme oportunidad de disponer de recursos líquidos de Venezuela pagaderos a 20 o 25 años, que pudieron haberse destinado a mejorar la productividad en el campo, a programas de transformación de la economía rural”, señala.

Aunque reconoce que el gobierno empieza a crear fuentes de energía renovable (eólica, hidroeléctrica, geotérmica) para reducir la dependencia del crudo, el esquema de los proyectos también es privado y de beneficio exclusivo de un grupo de nuevos empresarios ligados al gobierno.

“El gobierno recibe el petróleo barato y lo vende a las distribuidoras, pero la población paga la gasolina y la energía más cara de Centroamérica, o sea ¡una estafa!”, enfatiza. ¿Y la deuda quién la va a pagar?

“Ellos venden el crudo, sacan sus ganancias privadas y la deuda le va a quedar a Nicaragua. Lo mismo pasó con las plantas eléctricas de Hugo Chávez, que dijeron que eran donadas y ahora ya fueron incorporadas como deuda”, razona Baltodano.

Según el gobierno, parte del dinero venezolano se ha usado en emblemáticos programas oficiales como Hambre Cero, Usura Cero y Casas para el Pueblo, que según la legisladora son apenas “paquetes de amortiguamiento para tener tranquila a la gente mientras ellos hacen los grandes negocios”.

“Nosotros calculamos que hasta hoy la familia Ortega y allegados han recibido más de 1.500 millones de dólares libres de polvo y paja. La suma es superior a lo que recibió Violeta Chamorro (1990-1997) durante siete años, con todo y las políticas concesionales de Estados Unidos”, agrega.

La ex guerrillera considera que el presidente Hugo Chávez “sabe absolutamente todo” lo que ocurre con la cooperación venezolana, pero lo tolera por ser Ortega su principal aliado en Centroamérica.

Sobre los efectos que tendría un cese de la ayuda de Chávez, debido al cáncer que padece, opina que sería “un golpe brutal” que empezaría a sentirse en 2012 si su relevo en el gobierno de Caracas modificara los términos de los acuerdos petroleros.

De las elecciones del 6 de noviembre próximo, Baltodano “no espera nada” y es implacable con la oposición por haber aceptado participar pese a la “ilegal candidatura de Ortega” y los señalamientos de fraude que pesan sobre el tribunal electoral.

Daniel Ortega fue postulado por el Frente Sandinista pese a que la Constitución prohíbe ocupar el cargo en dos períodos consecutivos y más de dos veces. Su primer gobierno fue de 1985 a 1990.

“Para mí esta es una farsa electoral como las que montaba Somoza, donde todo estaba amarrado y decidido previamente con la complacencia de la supuesta oposición, que no hizo nada para impedirlo, ni siquiera una marcha”, protesta Mónica Baltodano.

Y subraya: “Todo aquí es un fraude. No es que el fraude se va a producir en noviembre: la estructura del fraude está montada ya”.

¿Asistimos en Costa Rica, sin percatarnos –o sin querer verlo- al combate simbólico, mediático y fuertemente ideologizado, de los militares “malos” contra los militares “buenos y heroicos”?

A la izquierda, militares nicaragüenses en la frontera del Río San Juan; a la derecha, marines estadounidenses en un barrio marginal de San José.

El fallo emitido el pasado 8 de marzo por la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, en el que se dictaron medidas cautelares mientras el tribunal resuelve el fondo de la demanda, representa una bocanada de paz y relativa distensión entre los gobiernos de dos países cuya historia y desafíos comunes, les reclaman a sus respectivas clases políticas un comportamiento de altura, capaz de trascender las diferencias coyunturales y construir el bienestar de sus pueblos.

Tras conocerse el dictamen y sus alcances (el despeje total de fuerzas militares y policiales de la zona en disputa en la frontera del Río San Juan, así como su resguardo ambiental por autoridades civiles competentes y el establecimiento de canales de diálogo entre las partes), ambos gobiernos celebraron lo que, en sus particulares lecturas, constituye una victoria para sus intereses.

Desde el punto de vista de las dinámicas culturales en Costa Rica, que nos interesa destacar aquí, el diferendo fronterizo y político-jurídico ha puesto en evidencia la fortaleza del “mito de la identidad nacional” que, a pesar del proceso de cambio cultural que experimenta el país desde la década de 1980, mantiene su vigencia como un poderoso instrumento de control social de los grupos dominantes: izquierdas y derechas diluyen sus diferencias en ese caldo cohesionador, aglutinador de voluntades e imaginarios, que es el discurso hegemónico de la identidad nacional y la paz, y que no pocas veces se expresa con fuertes rasgos esencialistas (en una entrevista, la presidenta Laura Chinchilla afirmó que el carácter pacífico de los costarricenses es algo “casi genético [que] está en el ADN de nuestro pueblo”).

Al sur del Río San Juan, prácticamente todos los medios de comunicación, los intelectuales y las agrupaciones políticas con representación parlamentaria, reivindicaron el fallo de la Corte de La Haya como el triunfo de la diplomacia, el derecho y la paz costarricense, sobre la barbarie, la arbitrariedad y el militarismo nicaragüense. Es el consenso que impera, con leves matices, en las distintas voces del espectro ideológico.

No obstante, ese mito y su correspondiente discurso pueden convertirse en lo que el historiador Iván Molina llama “ficciones operativas”: es decir, artefactos ideológicos útiles para afirmar valores que se asumen como intrínsecos al ser nacional, e incluso, en el peor de los casos, que sirven para justificar una pretendida superioridad sobre los otros.

En ese sentido, es sintomático el hecho de que el principal diario de la derecha costarricense, La Nación, publicó un artículo de opinión de un académico universitario en el que se expresa, con toda claridad, la retórica nacionalista/antimilitarista íntimamente ligada al imaginario dominante de la identidad nacional.

Dice el texto, aludiendo al fallo de la Corte:

“Sacar de nuestro suelo la asquerosa bota militar era el objetivo fundamental que buscábamos como nación. Barrer la basura hacia fuera y depositarla en un caño inmundo como ella misma, ha sido el sueño de un pueblo que ha soportado con respetuosa hidalguía el llamado de sus gobernantes, para que la eventualidad de una guerra fuera sustituida por la fuerza del derecho internacional, por la vocación de paz, por las raíces civilistas que sostienen nuestro árbol patrio”.

El autor de esas líneas no es un propagandista de los grupos hegemónicos costarricenses: es un biólogo de larga trayectoria en las luchas sociales, reconocido por sus posiciones progresistas, su defensa de las causas ambientales y su abierta oposición al modelo de sociedad neoliberal.

Esta no es la única contradicción que observamos. Hoy, por ejemplo, el discurso nacionalista/antimilitarista que campea en Costa Rica, azuzado por un gobierno que reclama “la unidad nacional”, apunta al ejército nicaragüense (“ la asquerosa bota militar” ) como el invasor que amenaza nuestra soberanía. En consecuencia, en los medios de comunicación abundan las imágenes de soldados en traje de fatiga, armados hasta los dientes, merodeando la frontera en el Río San Juan y destruyendo bosques y manglares.

Sin embargo, esa misma matriz discursiva omite lo que desde el propio seno del Estado costarricense se viene impulsando en los últimos años (con el beneplácito de los nacionalistas grupos hegemónicos y sus medios de comunicación), y que la publicación de los cables de Wikileaks ha dejado al descubierto: la militarización de las fuerzas de seguridad policial, adiestradas por instructores del ejército colombiano y en academias del Comando Sur de los EE.UU, todo ello con el visto bueno del expresidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez (quien lo autorizó bajo la amañada figura jurídica del “silencio positivo”, para no afectar su “imagen pública”).

El correlato gráfico de semejante omisión lo encontramos en las fotografías que divulgó la Embajada de EE.UU. en San José, en enero de este año, precisamente en el tradicional Día de Reyes: tres marines norteamericanos, enfundados en su traje de gala, reparten obsequios y juegan con niños de barrios marginales de la capital.

Y hay más: el mismo día que la Corte de La Haya anunció su resolución cautelar, y en Costa Rica aumentaba el tono del discurso nacionalista /antimilitarista de políticos, analistas y comunicadores, uno de los principales canales de televisión (Canal 7), en el horario estelar de su noticiero, inició la presentación de una serie de reportajes que exaltaban las operaciones del ejército colombiano en su heroica lucha contra el narcotráfico y las FARC.

Ese canal, que ha impulsado como pocos el discurso mediático de la mano dura contra la criminalidad, hace su parte del trabajo en la preparación de un clima de opinión favorable a la intervención –disfrazada de “cooperación”- de un ejército extranjero en Costa Rica: ojalá, el colombiano; y de ser posible, el estadounidense.

¿Asistimos, sin percatarnos –o sin querer verlo- al combate simbólico, mediático y fuertemente ideologizado, de los militares malos contra los militares buenos y heroicos?

Ese es el problema con las “ficciones operativas”: conscientemente o no de ello, resultan funcionales al encubrimiento y preservación de otras estructuras de exclusión y dominación (geopolítica, económica, social, cultural), acaso más perversas que aquellas frente a las cuales se invocan como bandera.

Una defensa consecuente de la paz y la tradición civilista que marcan la trayectoria histórica costarricense, exige que –al menos- contra otros ejércitos que tienen presencia en Costa Rica, legitimada por el Estado o no legitimada, el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil respondan tan enérgicamente como lo han hecho ahora contra los militares nicaragüenses .

Mirarnos de manera incompleta en los reflejos parciales del espejo de lo que creemos ser, puede resultar tan peligroso como celebrar que sea expulsada “la asquerosa bota militar” del ejército de un país vecino, mientras los gendarmes de nuestra casa abren las puertas, de par en par, a los gigantes que llevan siete leguas en las botas.

Andrés Mora Ramírez es miembro de AUNA-Costa Rica

La provocación para un conflicto guerrerista tico-nicaragüense ha quedado sin sustento

La Corte Internacional de Justicia ha resuelto sobre las medidas Cautelares que demandaba el Gobierno de Laura Chinchilla (y el abanico de fuerzas de “izquierda” a derecha que se han alineado  detrás de ella) contra Nicaragua.  La resolución de la llamada Corte de la Haya señaló que sobre la primera medida cautelar que demandaba el Gobierno de Chinchilla, el retiro de tropas nicaragüenses de la llamada Isla Portillos, daba por un hecho que en tal terreno en litigio no hay presencia de fuerzas militares ni civiles nicaragüenses y ni la consideró para asumirla. Sobre las restantes medidas cautelares que el Gobierno de Chinchilla solicitaba resolvió que no había lugar para asumirlas como tales.

Es decir, que el argumento estridente y magnificado, con claro interés guerrerista respecto que había habido una invasión de tropas nicaragüenses a territorio costarricense, no fue respaldado por la Corte. Lo mismo que para los jueces no ha quedado demostrado que haya habido daños ambientales o que de manera inminente los vaya a haber por la acción del dragado y limpieza del Río San Juan y sus caños por parte de Nicaragua.

Pero, si bien es cierto la Corte no respaldó ninguna de las medidas cautelares que solicitaba el Gobierno de Chinchilla y compañía, sí consideró necesario definir otras medidas cautelares. Las mismas las consideró necesarias en razón de garantizar las condiciones de descompresión de los ánimos y hechos conflictivos mientras  la Corte en analiza y resuelve fondo del juicio sobre la pertenencia de un territorio de 3 kilómetros cuadrados (la parte sudoriental de la llamada Isla Portillos) y un caño que los dos países reclaman suyo. Y en razón de ser el tema ambiental un tema sensible también incorporó una medida cautelar defensiva o de protección.

Antes de citar esas medidas que fijó la Corte de la Haya, hay una definición explícita de esta instancia judicial internacional que el Gobierno de Chinchilla no ha reconocido en ningún momento y es que ese territorio de 3 kilómetros cuadrados es territorio en litigio. Hasta entonces, el Gobierno de Chinchilla lo consideraba propio y por tanto fundaba su argumento de “invasión” nicaragüense bajo esa premisa.

Las medidas cautelares, que repetimos, no son las solicitadas por Chinchilla, son cuatro, pero se pueden resumir en dos más importantes:

1. Que los dos países se abstendrán  de ubicar personal militar o civil en la citada zona en litigio con el propósito de que no se escalen o provoquen más conflictos mientras resuelve a quien le pertenece ese territorio.

2. En razón del interés y los compromisos que ha tenido el Gobierno de Costa Rica con la Convención de Humedales, le asigna a Costa Rica la posibilidad de  que ingrese en el territorio en litigio personal con funciones de protección de los humedales para evitar daños ambientales.

La Corte ni aceptó  que hubiera habido una invasión como lo presentó el Gobierno con claro interés provocador y guerrerista, ni acepta que haya habido daño ambiental por la limpieza y dragado del San Juan, ni solicita abstención ni prohibición de Nicaragua para continuar con la limpieza y dragado del Río.

Como una forma de validar la manipulación que hizo el Gobierno de Chinchilla del argumento ambiental, la Corte le reconoce el “interés” de Costa Rica por los humedales y le asigna el derecho de continuar protegiéndolos con ingresos o visitas de personal calificado, en coordinación con la Convención de ONU de Humedales y con el Gobierno de Nicaragua y a la vez hace un llamado a los dos Gobiernos a que colaboren conjuntamente para tal fin.

Desde un inicio del conflicto hemos tomado clara posición con el derecho de Nicaragua sobre el Río San Juan y el derecho a habilitarlo limpiándolo y dragándolo. Hemos calificado la política de Laura Chinchilla como una política de confrontación y militarización que es acorde con la política del imperialismo norteamericano contra los países que han suscrito el ALBA y manifestado algún grado de independencia nacional de la política imperialista, como es el caso del Gobierno de Nicaragua. Ha quedado demostrado que Nicaragua solo ha tenido como objetivo el dragado y limpieza y no la toma, invasión u ocupación de territorio costarricense a pesar de que el caño en cuestión y el pequeño humedal que está al margen izquierdo supuestamente invadido haría parte del territorio nicaragüense según las sentencias Alexander, ahora cuestionado.

Hoy el Gobierno de Chinchilla y la unidad nacional de izquierda a derecha que se conformó para apoyar esta política confrontativa, pro imperialista y guerrerista busca a lo largo de todo el documento algo que le permita presentar las medidas de la Corte de la Haya como un triunfo sin lograrlo y se afana en deformar las medidas tomadas por ese órgano jurídico. La verdad es que el territorio supuestamente invadido ha sido reconocido por la Corte como territorio en litigio sobre el cual versarán las pruebas, estudios y análisis jurídicos e históricos. La Corte no ha negado el derecho a dragar y limpiar el San Juan ratificándose la soberanía de Nicaragua sobre el Río. La preocupación ambiental ha sido la principal concesión que el Tribunal le ha otorgado al Gobierno de Costa Rica y un nuevo insumo de este Tribunal Internacional acorde a la hipócrita y mediática preocupación de la ONU por el medio ambiente.

Hubo razones internas para invocar a un hecho que unificara un país cada vez más polarizado e ingobernable (que la Embajada norteamericana en los cables de Wikileaks llama democracia disfuncional). Tenían que armar este escándalo en relación a la decisión de Nicaragua de limpiar y dragar el San Juan para despertar un sentimiento nacionalista en medio de la pavorosa crisis económica y la división interna de la burguesía teleceísta que se refleja en un Gobierno inoperante con una cola de actos fallidos como la estafa de la “autopista a Caldera” y la patética incapacidad para dejar de lado el “choriceo” y reparar la platina del puente del Virilla entre otras disfunciones.

Pero también la burguesía costarricense calculó que había una oportunidad con este dragado de utilizar la imagen de “inofensiva y desprotegida democracia costarricense” (lugar común de cuanto líder hipócrita burgués latinoamericano, norteamericano o europeo que, cual visita a la Meca, la adula y la chinea), y prestarse, como en los años 80s y 90s, como peón de brega a los intereses de la política norteamericana en la región.

Ya el Gobierno de Chinchilla había gestionado antes del conflicto con Nicaragua los permisos de atraque para la IV Flota del Ejército norteamericano que ha sido reactivada para controlar y presionar a los procesos de revolución y agitación política en Suramérica. Siguiendo el guión acosador del imperialismo tomó la iniciativa de provocar este conflicto y en un primer momento hizo todos los esfuerzos para que se atacara a Nicaragua y se llamaran fuerzas militares de OEA o de la ONU magnificando los hechos como si el Ejército nicaragüense hubiera llegado hasta Liberia.

El señuelo no fue lo suficientemente convincente para crear un movimiento de apoyo de masas nacionalista y chovinista en la población costarricense. El imperialismo norteamericano se manejó cautelosamente esperando que curso tomaba el conflicto para valorar si aprovechaba la oportunidad creada por el Gobierno. Sin embargo, no habría considerado maduras las condiciones y especialmente el hecho de no tener fundadas repercusiones en el pueblo como para aprobar una confrontación bélica y un ingreso de tropas norteamericanas buscó también medir el pulso a nivel latinoamericano con la intervención de la OEA en donde tampoco el hecho denunciado por el Gobierno de Chinchilla despertó la preocupación o condena esperada.

Aruñando a más no poder Chinchilla sacó una tibia resolución de la OEA que ubicó el problema como una disputa de territorio fronterizo pues solicitó el despeje por parte de los dos países de las fuerzas militares en el mismo. Defraudada por no cautivar con sus encantos “democrárticos e indefensos” para una intervención militar a la que imploraba el Ministro de Seguridad Tijerino, el Gobierno no le quedó más que llevar los hechos al plano jurídico en la Corte de la Haya y meterle el “valor agregado” del tema ambiental.

Chinchilla y la burguesía costarricense fueron por lana (un conflicto bélico para que el imperialismo se posicionara en tierra firme y no solo con las cañoneras de la IV Flota del Caribe) y terminó buscando pretextos ambientales recurriendo a los movimientos ambientalistas burgueses que se han prestado para enfocar en los supuestos desastres del dragado y limpieza del San Juan.

Estas organizaciones y movimientos ambientalistas se concentran en la presunta destrucción ambiental de la limpieza de un caño y del San Juan y se hacen de la vista gorda de la destrucción masiva de humedales como los de Puntarenas, Guanacaste, Limón y el Pacífico Sur, producto del desbocado boom inmobiliario de alto nivel con construcción de marinas, complejos hoteleros y quintas, así como de plantaciones de monocultivo extensivas como piñeras, naranjales, meloneras y de canteras que sí están creando un verdadero magnicidio ecológico. También hacen caso omiso de la importancia de habilitar el río San Juan que es la fuente principal de agua para que haya humedales. Como mercaderes del ambientalismo burgués se prestan para a falta de tropas nicaragüenses invasoras poder continuar con la provocación a Nicaragua con los supuestos daños que ni a la Corte convencieron para que impidiera el dragado o para que se volviera a rellenar de tierra el caño en litigio ya limpiado.

No defendemos al Gobierno de Ortega. Caracterizamos a ese Gobierno como usurpador de la revolución sandinista de 1979 y Daniel Ortega es uno de los mayores representantes de la transformación de una dirección que pasó de dirigir una revolución anti dictatorial y democrática que demandaba del cumplimiento de tareas socialistas en una dirección de freno y reversión del proceso abierto el 19 de julio del 79 por las masas nicaragüenses entregando a la burguesía el poder y convirtiéndose ella misma en una nueva burguesía nacionalista que le regatea al imperialismo sin siquiera apoyarse en la movilización del movimiento de masas.

Pero independientemente de esta caracterización defendemos el derecho a la independencia y soberanía de Nicaragua y no compartimos los motivos de la burguesía costarricense y el imperialismo norteamericano para enfrentarlo porque a ellos los motiva que Ortega y el sandinismo reciclado burgués tome una distancia, aunque tibia, del imperialismo y se alíe a los procesos del sur como su apoyo a la revolución bolivariana y su participación en el ALBA. Condenamos las patrañas de la burguesía costarricense y su gobierno para justificar una confrontación bélica o al menos una justificación para presionar y participar en el cerco contra estos países que como los bolivarianos se enfrentan parcialmente al imperialismo.

Podemos asegurar que este intento por crear un conflicto con objetivos internos de distracción forzando a un nacionalismo exacerbado y a la unidad nacional duró muy poco y la realidad y la percepción del pueblo de las intenciones  bélicas aventureras han ido perdiendo terreno. Las masas costarricenses no se disciplinaron a la campaña anti nicaragüense en octubre y noviembre y ahora con el resultado de la Haya mucho menos. Quisieron prender un sentimiento de blanco nacionalismo y se les ha quedado solo en las voces e imágenes de los telenoticieros y en las plumas de los periodistas burgueses que artificialmente tratan de mantener encendido los rescoldos de la intentona confrontativa contra Nicaragua.

Igualmente, el intento de provocar un conflicto bélico atrayendo fuerzas de ONU o de OEA ya se había pinchado porque la correlación de fuerzas de las clases a nivel mundial entre el movimiento de masas y la burguesía imperialista y sus socios menores cambió con la irrupción inesperada del movimiento de masas árabe del norte de África  que en cascada ha protagonizado una tras otra revolución y estallidos sociales y políticos. Esta situación de ofensiva del movimiento de masas  habría hecho valorar al imperialismo y a la misma Corte de la Haya de buscar aplacar el conflicto para que no se vaya crear un elemento más de ingobernabilidad y conflictividad mundial cuando no saben todavía cómo encarar el proceso en el Norte de África.

La burguesía costarricense ha terminado enredándose en sus propios mecates, quedando claro que en efecto existe un problema de demarcación territorial, un territorio muy pequeño y desolado en litigio y un rebuscado daño ambiental producto de la lógica y necesaria limpieza de un río por muchas décadas en abandono. Se han enredado en sus propios mecates porque aduciendo ya no la defensa de la tierra a secas de los 3 kilómetros cuadrados en disputa, debe colocar el humedal y a sus habitantes como justificativo. Con ello no solo no hay suficiente motivo para un conflicto militar sino que también es cuchillo para su propio pescuezo, pues cómo defender esos 3 kl cuadrados y dejar que siga el daño ambiental de gran magnitud en la propia Costa Rica con la tolerancia y apoyo del Gobierno a los sectores como el inmobiliario, turístico y a las grandes empresas que devastan el ambiente. ¿Y cómo defender los humedales y al mismo tiempo impedir que el río San Juan sea dragado y limpiado de sedimento, lo que es necesario para que siga siendo la fuente de vida de los mismos humedales?

Los socialistas planteamos que si bien es cierto Nicaragua tiene el derecho soberano a los recursos del río, ni este, ni la zona nicaragüense, ni la costarricense está libre de deterioro ambiental, de despilfarro y utilización y apropiación privada en favor de los intereses de un sector capitalista de Costa Rica o Nicaragua o de las transnacionales.

Tanto el ambiente como los recursos, mientras sigan dominados por el sistema capitalista imperante en los dos países, serán afectados, deteriorados y liquidados por la ganancia y la reproducción del capital de unos y otros burgueses. Solo con Gobiernos de los trabajadores en ambos países y unificados en una Federación de Repúblicas Socialistas de Centroamérica  se podrá darle la verdadera protección al ambiente, el verdadero desarrollo para los pueblos de la zona y de los dos países porque será un desarrollo en función de resolver las necesidades del pueblo y no de la acumulación de capital y sobre la base de la planificación y utilización de los recursos en amistad e intima relación de inserción con la naturaleza.

No a la militarización de Costa Rica. No al Ejército real o disfrazado. No a la intervención imperialista en Centroamérica. No al conflicto bélico con Nicaragua. No al escalonamiento del conflicto ni a las provocaciones. Relaciones pacíficas y búsqueda de la solución de conflictos de manera bilateral en Encuentros donde sin diplomacias secretas y de cara a los dos pueblos vuelvan a poner en vigencia la hermandad de los pueblos tico-nicaragüense.

SAN JOSÉ, 11 ene (CRH) – De acuerdo con el informe de la comisión RAMSAR y datos de la Cancillería de Costa Rica, las consecuencias negativas de las acciones del gobierno nicaragüense en Laguna Portillos podrían afectar un área de influencia directa de aproximadamente 225 hectáreas. Según datos aportados por Fundación Neotrópica, los daños en esta área podrían significar una pérdida de entre $625.206,03 y $10.364.403,10 por año en servicios ambientales.

Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica y actual Presidente de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, realizó esta estimación utilizando la metodología de Transferencia del Valor desarrollada por el Instituto Gund de Economía Ecológica de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos.

La Economía Ecológica es una disciplina que estudia las relaciones entre el sistema económico y los aspectos ambientales y sociales, buscando la administración sustentable, equilibrada y equitativa de los recursos. Actualmente la Fundación Neotrópica es la sede mesoamericana de la asociación de profesionales en esta rama.

“Podemos manejar una estimación baja de $625.206,03 y una alta de $10.364.403,10 por año, esto porque los rangos del estado de los servicios varían de acuerdo con el grado de impacto que hayan recibido, así como según aspectos climáticos, entre otras variables” indicó Aguilar.

“Los principales servicios ambientales que se estarían perdiendo como resultado del impacto en la zona serían producción de alimentos, recreación, refugio y hábitat de especies, materias primas, regulación de perturbaciones climáticas, tratamiento de desechos, regulación hídrica, suministro de agua, valor estético y regulación del clima, diversidad de flora y fauna, entre otros”, señaló Aguilar como parte de los resultados obtenidos por Fundación Neotrópica.

“Con este valor se pueden desarrollar escenarios a varios años plazo de la pérdida de estos servicios ambientales que se pueden ver reflejados en hechos tan tangibles como cambios en la salud de las poblaciones por acumulación de contaminación en las zonas urbanas y costeras, desastres naturales, pérdidas por visitación turística, escasez de productos para pescadores artesanales, etc. Siendo una cuenca hidrográfica internacional los daños no se limitan a un solo país (aunque la zona que se analiza en el informe de RAMSAR es en Costa Rica).”

“Este estudio es independiente y ha sido completamente financiado con recursos propios de Neotrópica con el propósito de aumentar la conciencia respecto a la gravedad de los daños que se ocasionan y de llamar a la comunidad internacional a encontrar una solución a esta situación con criterios técnicos”, puntualizó Aguilar. “Sigue la línea de defensa de los humedales costarricenses que la Fundación Neotrópica ha adoptado para defender el Humedal Térraba-Sierpe y las zonas de manglares del Golfo Dulce donde, dentro del marco de proyectos financiados por cooperación internacional, hemos aplicado esta metodología.”

“Al ostentar la sede de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica pretendemos lograr una resolución al conflicto que afecta a dos países miembros de la misma. Nuestra posición no es la posición de la Junta Directiva de la sociedad, mas si queremos dejar claro que buscamos una posición de urgente conciliación ó resolución con el fin de evitar que continúen los daños que se iniciaron desde octubre. Apelamos a la ayuda decisiva de la comunidad internacional (sobre todo de todas las ONG ambientalistas internacionales que trabajan en humedales) para ese efecto” concluyó.

(Foto: Roberto Carlos Sánchez)

Hacer un balance de lo que como diría la canción “pasado pasado ya” siempre es complicado, no por lo que se diga, sino por lo que intencionadamente se deja de decir. En ese sentido, nuestro balance será en torno al Gobierno de “La Chinchilla y el PLN”; los grupos de poder; el Calero “affair” y los limítes del pensamiento “progresista” costarricense.

“La Chinchilla y el PLN”. Un aspecto básico que quedó demostrado en el año 2010 es la contradicción entre el poder electoral del PLN y el poder real de la actual administración de La Chinchilla. Si bien, no asumimos al gobierno y al partido como una “unidad”, la difereniciación de ambos permite “medir” los poderes reales y alcances del oficialismo en sus dos vertientes, por un lado la partidaria y por otro lado la gobernante y alejarnos así de las visiones tragico-monóliticas de ver el poder en Costa Rica.

Del lado del PLN, las estructuras clienterales político rentistas han mantenido su hegemonía en los niveles tanto nacionales, como locales, manifiesto lo anterior en los margenes de victoria tanto en las elecciones presidenciales, como en las municipales. Esta hegemonía a su vez ha estado determinada por su poder económico (acceso a medios, financiamiento de campañas), el poder caudillezco en los niveles locales (alcaldes, líderes comunales, sacerdotes, maestr@s), por la desarticulada o nula oposición, sobre todo fuera del área metropolitana y consecuentemente su incapacidad de generar alianzas fuera del “personalismo mesiánico“. Dicha “hegemonía”, no significa la ausencia de amplias contradicciones en algunos espacios locales (Sardinal, principalmente), sino su “políticamente correcta administración“.

Del lado de la administración de La Chinchilla, si bien esta asumió el gobierno con el espaldarazo y la mesa servida de Oscar Arias los días han venido haciendo aguas en la luna de miel “Chinchilla-Los Arias”. Primero, fue el gran hermano Rodrigo y su “repentina” candidatura, el encontrazo con el nuevo ministro de la presidencia Marco Vargas y la salida al paso de La Chinchilla para poner orden al “big brother”. Le siguieron protestas en JAPDEVA, las Universidades Públicas, los porteadores, Sardinal, el salariazo de los diputados, la huelga de hambre contra Crucitas, la desconfianza del sector empresarial y el “affair” Calero que ante los ojos de los hermanos Arias rompieron con su herencia de “estabilidad democrática y quorum político”.

Tratando de impedir una “desbandada” de poder mayor, Rodrigo por un lado ha adherido a su candidatura presidencial del 2014 a una amplia mayoría de la bancada oficialista, mientras que Oscar se ha desmarcado provisionalmente de la “gelatinona, blandengue y malagradecida” presidenta. A esto hemos de sumar los nombramiento de Francisco Antonio Pacheco en la junta directiva del Banco Popular, de Édgar Gutiérrez López en la Aresep y la posible “asunsión” de Luis Liberman al Ministerio de la Presidencia y así reorientar el “barco del Señor Capitán”.

Los grupos de poder. Respaldada por el sector empresarial costarricense, los amores entre ambos han ido en decadencia, sobre todo con los sectores clave del “modelo de desarollo tico”: los exportadores y las empresas ligadas al turismo. La nueva política cambiaria implantada por Rodrigo Bolaños ha hecho que en palabras de Carlos Federspiel “los ticos nos hagamos más ricos”. Sin embargo, a diferencia de lo que opina uno de los más grandes importadores (dueño de Universal y Subaru Costa Rica), las grandes empresas exportadoras -sobre todo en el sector agroindustrial- han ya iniciado cierres de plantas y despidos masivos. Junto a esta inestabilidad cambiaria que ha favorecido a importadores, hemos de sumar el déficit en la balanza comercial que el año anterior alcanzó un 31% mayor al experiementado en el período 2008-2009.

Es decir, La Chinchilla se debate entre la “pérdida” de “competitividad país” producto de la inestabilidad cambiaria, con amplias consecuencias para el sector exportador y turístico, el estancamiento de los salarios en dólares de empleados del sector privado, la ampliación de las ganancias en el sector importador y a su vez un crecimiento dependiente – a lo El Salvador- de las importaciones.

Así, también se consolidó la expansión del capital financiero privado con la compra de BAC-CREDOMATIC que hizo el “asesor” de Álvaro Uribe y uno de los hombres más ricos de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo, la expansión inmobiliaria del Grupo Roble de El Salvador (Familia Poma), con la construcción del Escazú Corporate Center, que se une a las dos Multiplazas, el complejo plaza Roble y los hoteles Real Intercontinental, JW Marriott y el Quality. Asimismo, la “apertura” post-TLC en materia de telecomunicaciones ha dado como resultado que “misteriosamente” solo compitan para los “tres” espacios concedidos por la SUTEL dos empresas, las cuáles en América Latina controlan un 52% del mercado: de Carlos Slim y América Movil, Claro y de César Alierta de España Telefónica.

Asimismo, en materia de seguros ingresan la española Mapfre; la subsidiaria de la “rescatada” AIG, ALICO; ASSA del multimillonario y dueño de Copa Airlines Stanley Motta; Panamerican life insurance Co y la gigante colombiana “Aseguradora Bolívar” del también multimillonario colombiano José Alejandro Cortés.

El “Calero affair” y los límites del pensamiento “progresista” costarricense. Sin duda alguna el “evento” del año 2010 fue lo sucedido en la dichosa “Isla” Calero. Al igual que lo sucedido años atrás con el asesinato de Natividad Canda de nuevo los “ticos” hicieron aflorar ese don pacífico que “nos” caracteriza. Poco a poco vimos como las calles, casas, facebook y oficinas iban siendo inundadas de nuestra “gloriosa” bandera y todos absolutamente todos abrían sus brazos, mentes y lenguas para defender a La Chinchilla; el 11S en los EEUU se quedo corto ante tal alto grado de “patrioterismo servil”.

No se quedaron atrás los llamados a formar milicias para defender la pura y sacrosanta soberanía nacional violentada por el “otro nica feo y malicioso”. A lo que se han sumado también, los lapíceros del “progresismo vallecentrista”, quienes han alabado el rol del “pacifismo” costarricense y el “excelente” manejo diplomático de nuestro canciller happy hour.

Muchos escritos y comentarios de respetados intelectuales y activistas han dejado ver los limítes del pensamiento, llamémoslo progresista costarricense: la jaula de la “excepcionalidad” y los “mitos” (blanco, pacífico, bueno) del ser costarricense. Tácita o explícitamente nos hemos encontrado con escritos que desde una historiografía autista o el biologuismo darwiniano presentan al “tico” “diferente” y mesíanico frente a un “otro”, cuya historia ha sido cargada de violencia y barbarie.

No se trata por tanto de “re” inventar una “identidad de por sí ya estudiada y dilúida, sino de tener claro desde cual jaula escribe, piensa y actua ese “progresismo”, si es que además se cree en un proyecto político “otro”.

Así, las cosas mientras algunos juegan a los “soldaditos” de plomo, otros escriben manifiestos del “ser” costarricense y en Repretel nos “torean” con la bandera, asumimos todos callados y felices la llegada de los 1000 peluches, 46 navíos de guerra, 42 helicópteros y demás amiguitos “civilizados” marines estadounidenses… ¡Feliz año 2011!