Guatemala es un país con más de 14 millones de habitantes, según el mapa de proyecciones de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística -INE-.
La pobreza, el hambre, la desnutrición, falta de empleo, falta de vivienda adecuada, falta de acceso al uso y tenencia de la tierra, así como falta de servicios indispensables para vivir como: salud, educación trabajo, recreación entre otros es lo que prevalece en la mayoría de familias guatemaltecos.

(Foto: CLOC Via Campesina en Guatemala)

Entre los objetivos de Desarrollo del Milenio se describe que la meta para el 2015 es reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, describe el primer objetivo Erradicar la pobreza extrema y el hambre  este objetivo detalla que la pobreza contribuye a la desnutrición siendo esta la causa de más de la mitad de las muertes de menores de cinco años en los países en desarrollo. “Alrededor de 300 millones de niños y niñas se van hambrientos a la cama de todos los días. De esta cifra, solamente un 8% son víctimas del hambre o de otras situaciones de emergencia. Más de un 90% sufren desnutrición a largo plazo y carencia de micronutrientes”.

El ahora expresidentes de la república Álvaro Colom en un acto oficial antes de dejar el cargo aseguró que durante su administración el Gobierno invirtió 2,023 millones de quetzales (unos $252.8 millones) en combatir la pobreza que afecta a más de la mitad de los  guatemaltecos.

Pero los datos reales siguen siendo alarmantes según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 20011) del INE, la tasa nacional de pobreza aumentó en 2,71 puntos en los últimos cinco años y en la actualidad se sitúa en 53,71 %.

A pesar de la situación de pobreza que impera en Guatemala ningún gobierno   a implementado políticas estructurales para combatirla, contrario a atender las demandas de las familias que carecen de condiciones adecuadas de vida se ha dado prioridad a las demandas de los sectores económicos y de las empresas transnacionales que violan los derechos laborales y que dañan y contaminan el ambiente.

Representantes de organizaciones campesinas señalan que durante los cuatro años en que Colom Caballeros gobernó el país no se dieron resultados concretos a las demandas de la población indígena y campesina, la crítica es que nunca se le dio importancia a aprobarse leyes como la de Desarrollo Rural Integral y la  Ley Nacional de Pueblos Indígenas, o nunca  se avanzó en la atención de la deuda agraria de varias comunidades.

Según registros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas -CNOC-, al finalizar el 2011  más de 14 mil familias se encuentran endeudadas porque se les compró fincas con costos millonarios en tierras que no son aptas para cultivar, Manuel Pérez de la -CNOC- dijo que la deuda aproximada asciende a 334 millones de quetzales.

Asimismo se señaló que nunca se destinó un presupuesto para la reactivación económica y a la atención integral de pequeños productores,  los ministerios y secretarias encargadas a abordar el tema agrario enfocaron su presupuesto únicamente en el funcionamiento (pago de personal y servicios), sin que éstas den resultados concretos a las demandas de las familias.

La situación actual de hambre, desnutrición y pobreza que viven cientos de familias es reflejo que los convenios nacionales e internacionales y acuerdos firmados por Guatemala son violados por quienes han gobernado el país, en el acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en su apartado desarrollo social señala que “Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social.  En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento, y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la política social debe propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia”.

En Dicho apartado también señala que  el Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala…”.

Lo que prevaleció durante el periodo de gobierno 2008-2011- fue la criminalización de la lucha indígena y campesina, el incremento de los desalojos hacia comunidades para favorecer a empresarios –como el caso de los desalojos violentos realizados en marzo de 2011 a alrededor de 800 familias en el Valle del Polochic, donde el resultado fue cultivos de las familias destruidos por parte del ejército, Policía Nacional  Civil -PNC- y trabajadores de la empresa Chabil Utzaj-, en donde también se destruyeron viviendas y se reportaron personas heridas y fallecidas.

Se incrementaron las concesiones y megaproyectos para la extracción de bienes naturales, dando como resultado el incremento a la contaminación y destrucción por parte de las empresas mineras e hidroeléctrica en diferentes regiones del país, muerte a quienes defienden la vida para mencionar el caso de María Margarita Che Chub lideresa q´eqchi de la comunidad Paraná quien fue asesinada a balazos, también el asesinato del campesino Oscar Reyes de la comunidad Canlun ambos en el Valle del Polochic y por mencionar otro caso el asesinato del campesino Juan Rax quien era presidente de las comunidades ubicadas en la sierra Lacandona en Petén quien fue asesinado a balazos, los mencionados se caracterizaban por ser lideres de sus comunidades y luchar por la defensa de su territorio.

Al pronunciarse del anterior  gobierno dirigido por Álvaro Colom, el dirigente Rafael González del Comité de Unidad Campesina -CUC- lo catalogó como nefasto y como el peor gobierno después del a firma de los Acuerdos de Paz, indicando que según registros durante los cuatro años de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-  se realizaron alrededor de 120 desalojos violentos a nivel nacional, persecución y asesinatos a lideres y lideresas comunitarias.

En su primer discurso de investidura del actual presidente Otto Pérez Molina mencionó: “…El gran segundo acuerdo que buscamos, es el acuerdo que hemos denominado el pacto contra el hambre, Hambre Cero es nuestra convicción que la pobreza  y la desnutrición son consecuencia de un área rural sin desarrollo”.

“El impulso a la economía campesina y el eje que hemos denominado desarrollo rural integral, así como el de inclusión social, se enfoca en ampliar las oportunidades de la niñez y juventud, para que puedan desarrollar y encontrar opciones productivas que les permitan tener una vida mejor”.

Rafael González del -CUC- expresó que de parte de el actual gobierno de Otto Pérez Molina no existe un planteamiento concreto para discutir la problemática agraria en el país, señaló que está claro que la delincuencia se ha incrementado por falta de fuentes de empleo señalando que el costo de vida se eleva de forma constante y la falta de atención al tema alimentario, falta de tierra, falta de salarios acordes a cubrir la Canasta Básica Vital -CBV-, es parte de toda la situación de inseguridad y pobreza señaló González.

Las comunidades indígenas y campesinas siguen sosteniendo que el trabajo campesino y de pequeños productores hombres y mujeres, es un factor importante en la economía local, municipal y nacional, sin que desde los gobiernos exista atención y seguimiento a las demandas de los pequeños productores para ampliar la producción hacia los mercados locales y nacionales tampoco ha existido una atención integral al tema agrario en Guatemala.

Lo que desde siempre se  han exigido las y los guatemaltecos es que el Estado y el presidente de la república de Guatemala cumpla con el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo  1.  Protección a la persona.  El  Estado  de Guatemala  se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los  habitantes  de  la  República  la  vida,  la  libertad,  la  justicia,  la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

Las demandas del movimiento indígena y campesino siempre han sido claras y continuarán la lucha por un desarrollo rural integral, por la defensa de la tierra y territorio y por que se respeten los derechos individuales y colectivos.

Rocizela Pérez Gómez es miembra de CLOC Vía Campesina en Guatemala

Lo de las ventas callejeras es una historia tan, pero tan vieja. Como al modo de una obra teatral que, pasados los años, se vuelve a escenificar, una y otra vez, casi idéntica.

Por esta vez, la novedad la aporta la Sala IV, la cual gira una orden a las autoridades municipales para que procedan a desalojarlas, con lo cual el mencionado tribunal quisiera refrendar su estatus como la Súper-Sala. Cierta pretensión mágica hay de por medio, al suponer que una orden de ese alto tribunal esté en condiciones de modificar la realidad. Poco más o menos equivale a que la mencionada Sala ordenase al gobierno de la República que impida aguaceros torrenciales susceptibles de provocar inundaciones. El gobierno no podrá hacerlo por mucho que sea la Súper-Sala la que se lo ordene. Algo similar podría ocurrir en este caso. Me temo que, dentro de no mucho tiempo, la Súper-Sala va a tener que adoptar las medidas legales que sean pertinentes a fin de sancionar el desacato a la orden.

Vendedores ambulantes, por Andre Salvador

Lo anterior, que podría parecer una ironía de mi parte, tan solo intenta llamar la atención acerca de una realidad que los grupos de poder en Costa Rica insisten en ocultar e incluso pretenden ignorar. Es la realidad de la pobreza y la exclusión, una de cuyas manifestaciones son las ventas informales en las calles de las ciudades principales, en particular San José.

Ahí confluye ese 40% de la población costarricense que es pobre o está en los linderos mismos de caer en lo que las estadísticas oficiales reconocen como pobres.

Es muy probable que detrás de las ventas callejeras haya negocios en la penumbra, que sacan buen usufructo de todo esto. Pero quienes se lanzan a la calle a vender cualquier cosa, no solo lo hacen por necesidad, sino que, con toda seguridad, son explotados inmisericordemente por esa mafia que se esconde tras sus espaldas.

¿Por qué los grupos dominantes –políticos, mediáticos, económicos- se niegan a reconocer tales realidades y, en su lugar, alientan un clima psicológico de animadversión y promueven una política represiva y violenta?

Se me ocurren algunas posibles explicaciones:

a) Quienes venden en la calle como informales son personas en búsqueda de alternativas de sobrevivencia. Siendo que la economía en Costa Rica no les ofrece un trabajo asalariado más o menos decente, tienden a fugarse del mundo del empleo asalariado en procura de otras opciones. Es fuerza de trabajo que deja de estar disponible –al menos parcialmente- para su empleo por empresas capitalistas. Si bien la economía no genera suficientes empleos de calidad donde ubicarlas, su desplazamiento hacia la informalidad resta de la oferta de fuerza de trabajo disponible. Y ello necesariamente incide en los salarios que, en virtud de la debilidad de la institucionalidad que se supone debería proteger los derechos laborales, tiende a ser más bajos cuanto más abundante la oferta de mano de obra. Sacar a esta gente de las calles pretende ser una manera de forzarles a buscar trabajo asalariado. Ello aumentaría la cantidad de quienes compiten por un puesto laboral y, así, facilitaría la reducción de los salarios. Asunto este que resulta de grande aprecio para las empresas, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre económica. Es una historia tan vieja como el capitalismo. Este nunca ha visto con buenos ojos que las personas busquen ser autosuficientes y sobrevivir al margen del propio orden capitalista.

b) Quienes venden informalmente en la calle en parte compiten con las empresas establecidas. Es, hasta en el mejor de los casos, una competencia débil y marginal, pero en gran parte se da a través de la violación de los mal llamados “derechos de propiedad intelectual”. Ello es clarísimo en relación con productos de las “industrias culturales”, como películas y música. Aquí juegan varios elementos: intereses económicos poderosos y, por supuesto, tratados comerciales que subordinan la institucionalidad pública de Costa Rica, forzándola a privilegiar las exigencias de las transnacionales, por sobre las necesidades de nuestra población (un detalle anecdótico muy ilustrativo: por estos mismos días se inauguraba el nuevo edificio “de la propiedad intelectual”). Llegado a este punto, el asunto se desdobla en una doble dimensión, a la vez local y global. Esa gente que en las calles josefinas “viola”  la propiedad intelectual y contra la cual la Súper-Sala lanza todas las huestes policiales, se hace así parte de una especie de “guerra mundial”: la que los gigantes corporativos transnacionales pelean en todo el planeta por la monopolización del conocimiento y la creatividad humana a través de las asfixiantes normativas de propiedad intelectual que han venido siendo impuestas globalmente.

c) Se me viene a la mente un interesante libro de mi amigo y admirado colega Carlos Sandoval (“Otros amenazantes”), donde se estudia el rol que las personas nicaragüenses  –como un “otro amenazante”- ha jugado en la constitución del sentido de identidad nacional en Costa Rica. Se me ocurre que algo similar ocurre con las personas que venden en la calle: son “otros amenazantes” que permiten afirmar un cierto sentido de identidad: la de la Costa Rica “trabajadora, ordenada, respetuosa de las leyes y las instituciones”. Solo que en este caso se trata, en su mayor parte, de unos “otros amenazantes” internos (muy similar, me parece, es el caso de las personas sexualmente diversas, tenidas como una peste que, desde dentro de la sociedad, infecciona y corrompe). Interesante observar el liderazgo que en este caso ha asumido Amelia Rueda en su programa radial, desde donde ha ensayado una agresividad que criminaliza y sataniza. No por casualidad en las últimas semanas doña Amelia venía introduciendo el programa con una canción en inglés de Mick Jagger titulada “Let’s work”. Claramente ella ha querido convertirlo en un llamado a la disciplina en el trabajo asalariado.

En fin, el tema es harto interesante: no solo ilustra acerca de la miopía de las clases dirigentes y su negativa a rectificar un sendero que tan solo conduce a profundizar el deterioro económico y social, sino que también pone en juego algunos de los fantasmas presentes en nuestro imaginario social.

Pero también esto pone en evidencia el vacío y la hipocresía alrededor del discurso sobre la “micro, pequeña y mediana empresa”. Ahí en las calles citadinas hay centenares, incluso miles, de micro empresas: hombres y mujeres que, por su cuenta y riesgo, buscan alguna alternativa de sobrevivencia. Su emprendedurismo, y el riesgo que asumen, reciben una respuesta oficial: garrote. Son las microempresas malditas.

“Our nation, so richly endowed with natural resources and with a capable and industrious population, should be able to devise ways and means of insuring to all our able-bodied men and women, a fair day’s pay for a fair day’s work.” Franklin Delano Roosevelt, 1937

Millions of people in the US work and are still poor. Here are eight points that show why the US needs to dedicate itself to making work pay.

Unemployment, by Ben Shahn

One. How many people work and are still poor?

In 2011, the US Department of Labor reported at least 10 million people worked and were still below the unrealistic official US poverty line, an increase of 1.5 million more than the last time they checked. The US poverty line is $18,530 for a mom and two kids. Since 2007 the numbers of working poor have been increasing. About 7 percent of all workers and 4 percent of all full-time workers earn wages that leave them below the poverty line.

Two. What kinds of jobs do the working poor have?

One third of the working poor, over 3 million people, work in the service industry. Workers in other occupations are also poor: 16 percent of those in farming; 11 percent in construction; and 11 percent in sales.

Three. Which workers are most likely to be working and still poor?

Women workers are more likely to be poor than men. African American and Hispanic workers are about twice as likely to be poor as whites. College graduates have a 2 percent poverty rate while workers without a high school diploma have a poverty rate 10 times higher at 20 percent.

Four. What about benefits for low wage workers?

Ten percent of US workers earn $8.50 an hour or less according to the US Department of Labor. About 12 percent have health care and about 12 percent have retirement benefits. Nearly one in four get paid sick leave and less than half get paid vacation leave.

Five. What rights do the working poor have?

Most workers have a right to earn at least the federal minimum wage of $7.50 an hour. Tipped employees are supposed to get at least $2.13 each hour from their employer and if the worker does not earn enough in tips to make the $7.50 minimum wage, the employer must make up the difference. People who work more than 40 hours in a workweek are entitled to one and one-half of their regular pay for each hour of overtime.

Six. What about wage theft from the working poor?

Many low wage workers have part of their earnings stolen by their employers. Examples include not paying people the full minimum wage, not paying required overtime, stealing from tipped employees, or fraudulently classifying workers as independent contractors. A survey of over 4000 low wage workers in Chicago, Los Angeles and New York conducted by university and non-profit researchers found: 26 percent of the workers were paid less than the minimum wage in the previous week, a majority were underpaid by more than $1 an hour; a significant number worked overtime the previous week and were not paid the legally required overtime; many were required to come early or stay late and work “off the clock” and were not paid for it; almost a third of the tipped workers were not paid the minimum wage and more than 1 in 10 tipped workers had some of their money stolen by their employer or supervisor.

Seven. What is a living wage in the US?

Dr. Amy Glasmeier of Penn State University has created a Living Wage Calculator that estimates the hourly wage needed to pay the cost of living for low wage families in the US. It breaks down the cost of living by state and locality across the nation. In New Orleans, a mom with one child needs to earn $17.52 to make ends meet. In New York, the mom with one child should earn $19.66 to make it. If we now realistically calculate the number of people who work and do not earn a living wage, the numbers of working poor in the US skyrocket to several tens of millions.

Eight. What about jobs for the unemployed and underemployed?

The US Labor Department estimated recently that 13 million people were unemployed. Another 8 million people were working part-time but wanted full-time work. Even more millions who are not working are not counted in those numbers because they have been unemployed so long.

A study by Northeastern University found that in the poorest families, unemployment is nearly 31 percent. Underemployment is also much more of a problem in poor homes, with over 20 percent of those workers reporting they are working part-time but seeking full-time work.

Our nation can do so much more. We say our country values work. It is time to do something about it.

If the US truly values work, we need to support the millions of our sisters and brothers who are low wage workers. Steps needed include: raising the minimum wage to a living wage; protecting workers from getting ripped off; making it easier for workers to organize together if they choose to; and creating jobs, public jobs if necessary, so that everyone who wants to work can do so. Many are already working on these justice issues.

For those interested in learning more about this, see the websites of Interfaith Worker Justice, the National Employment Law Project, and the National Jobs for All Coalition.

Thanks to Rob Dordan and Kim Bobo for help with this.

Bill Quigley is Associate Director of the Center for Constitutional Rights and a law professor at Loyola University New Orleans.  He is a Katrina survivor and has been active in human rights in Haiti for years. He volunteers with the Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH) and the Bureau de Avocats Internationaux (BAI) in Port au Prince.

El discurso del presidente Ricardo Martinelli – el 2 de enero – con su rendición de cuentas a la Asamblea de Diputados causó conmoción en la clase política panameña. Las palabras del mandatario fueron cuidadosamente seleccionadas y tenían como objetivo crear el clima propicio para dar inicio a la campaña política que culminará con las elecciones generales en mayo de 2014.

El listado de obras de su gobierno que se destacó en su presentación, fue opacado por sus ataques a una fracción de la clase empresarial que se ha alejado de su gestión en años recientes. En vez de atacar a los partidos opositores como suelen hacer los políticos tradicionales, en esta ocasión Martinelli apuntó su artillería pesada contra los grandes empresarios que critican su estilo de gobierno. Hay que hacer la salvedad que la fracción de la clase empresarial que hostiga a Martinelli lo hace por razones políticas y no económicas.

En sus ataques, Martinelli privilegió a los grandes empresarios que pasan “agachados” sin pagar sus impuestos. Destacó al sector bancario, a los comerciantes de la Zona Libre de Colón y a la única línea aérea panameña. Al mismo tiempo, arremetió contra los medios de comunicación que mantienen una crítica abierta a la supuesta corrupción: compra de armamentos, transferencia gratuita de tierras de la Nación, venta de visas de migración y otras.

En un lenguaje llano, Martinelli acusó a estos sectores de ladrones y de corruptos. Insistió en que el gobierno necesita fondos para desarrollar sus obras. “Para lograr estos cambios necesitamos dinero, plata, billete, money, fluss, chen-chen. Esos recursos tienen que salir de algún lado. Les metimos la mano en el bolsillo a los empresaurios. Y eso no nos lo perdonan”.

El enfrentamiento provocado por Martinelli tiene como fundamento medias verdades. En realidad, no son los grandes empresarios panameños quienes desembolsan parte importante de los recursos que recauda el Estado para su funcionamiento. Durante casi un siglo de dominación, ellos han sabido como evadir el pago de sus obligaciones con la sociedad. Los ingresos del gobierno son, en su gran mayoría, tributos que provienen del manejo de la ruta de tránsito (Canal de Panamá) e impuestos a las transacciones comerciales.

En su discurso, el presidente Martinelli también mencionó a los sectores populares y, especialmente, a la población más pobre. Como de costumbre, al igual que gobernantes anteriores, tergiversó los datos como los de desempleo y pobreza. Señaló que la “pobreza ha disminuido… (gracias a) la beca universal, el aumento del salario mínimo, creando buenos empleos, el programa 100 para los 70, la red de oportunidades, proyectos de vivienda, Jumbo ferias, titulaciones masivas…”

También reconoció que la “bonanza (económica) impone la responsabilidad de ir cerrando la brecha económica y social entre ricos y pobres”. Agregó que el país “no puede seguir siendo un país de mucha riqueza, con un pueblo que la crea y no la disfruta”. Reconoció que el gobierno (no) puede seguir siendo un administrador de la pobreza nacional y de esperanzas colectivas que no se cumplen, por el egoísmo de pocos”. Concluyó enfatizando que “tomamos una decisión histórica y costosa: Cambiar el orden injusto de las cosas. Poner los intereses del pueblo primero”.

Las políticas de Martinelli, sin embargo, han ido en la dirección opuesta a su discurso. La brecha entre ricos y pobres se ha seguido abriendo. Igualmente, reconoce que es el pueblo trabajador que crea toda la riqueza, pero no permite que la disfrute. En su discurso Martinelli se contradijo y señaló que continuará “administrando la pobreza nacional”. Enumeró todos los programas focalizados dirigidos a engañar al pueblo, especialmente a los más pobres. En parte alguna de su intervención, concretó como pretende “cambiar el orden injusto de las cosas”.

La táctica política del discurso consistió en tomar distancia del grupo que el mandatario llamó empresaurios, colocándolos en la vanguardia de los partidos tradicionales de oposición. En cambio, aseguró que su campaña política será “con el pueblo” que recibirá los frutos de su trabajo mediante la expansión y ampliación de programas oficiales focalizados, como becas universales y “100 para los 70”. Es decir, continuar con la política “clientelista” hasta las elecciones de 2014.

Martinelli sacó a sus “enemigos” de su propia clase de sus baluartes y les declaró la guerra abiertamente, disminuyendo el papel de los partidos. Con esta táctica, espera neutralizar sus errores políticos – que producen bajas en su popularidad – provocando escaramuzas constantes con sus contrincantes. Todo indica que en 2012 dirigirá sus esfuerzos a hegemonizar al Partido Panameñista utilizando la táctica del caballo de Troya: Socavarlo desde adentro. En el caso del PRD, buscará la manera de desgajar a la vieja estructura “torrijista” ya dividida.

Con este panorama anunciado por el presidente Martinelli, a los sectores populares les queda resistir la creciente represión de los nuevos aparatos de “seguridad”, así como enfrentar la desarticulación del sector productivo del país que crea más empleo informal y precario. A la vez, tiene que reconocer el quiebre anunciado por el presidente y buscar nuevas tácticas que van desde la opción electoral, la formación de alianzas y la consolidación de la unidad para constituirse en alternativa de poder.

Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.

“Postgrados: el mejor camino para el éxito” , “¡Triunfe en la vida: obtenga su título de post grado!”, “ No hay pretextos: no dejes de invertir en ti; la educación paga, y paga con creces” …, frases como estas hoy día no nos parecen raras. Al contrario: en tanto parte de una incuestionada cotidianeidad, son una invitación a darles el mayor crédito, a valorarlas, endiosarlas incluso. La lógica actual prácticamente obliga a quienes ya tienen un diploma de estudios terciarios a cursar estudios de post grado universitario para ingresar al mercado laboral (¿triunfar en la vida?).

Pero si leemos, por ejemplo, que “Los post grados deberán fomentar el pensamiento crítico, la conciencia reflexiva, la capacidad de movilización de cuerpos teóricos para el análisis de situaciones complejas, la argumentación y capacidad de debate fundamentados [por lo que es necesaria] una docencia que supere el nivel disciplinar y la visión teórico-academicista a favor de estrategias docentes problematizadoras que motivan y desarrollan capacidades para el fortalecimiento de las virtudes indagativas” (Raúl Zepeda et alia, “Diagnóstico de necesidades de formación de recurso humano a nivel de post grado”, Guatemala, 2008), ello, sin dudas, no será lo dominante en las estrategias de promoción mercadológicas habituales. O incluso, ni siquiera se lo mencionará.

¿Estrategias de promoción mercadológicas en el ámbito de la educación? Sí, así como suena, definitivamente. Cada vez más, en forma creciente, la cosmovisión que se impone en un mundo globalizado desde la lógica del capital hace de la educación dos cosas: 1) un fetiche, y 2) un redituable negocio.

“Las palabras ‘ educación’ e ‘inversión’ van de la mano, pues se trata de destinar dinero en ti para mejorar como profesional y aportar lo mejor de tus conocimientos en tu centro laboral” : invocaciones por el estilo han pasado a ser moneda corriente, no se cuestionan. El prejuicio que anida allí hace de la educación la presunta vara mágica que podrá solucionar todos los problemas del mundo. La educación, de ese modo, es considerada como pasaporte sin más para un mejoramiento en la calidad de vida, pero siempre desde la óptica individualista. Si uno se prepara, si uno “invierte en sí mismo” –y los post grados serían el punto máximo en esa “inversión”– el “éxito” estaría asegurado esperándonos a la vuelta de la esquina.

Esta tendencia, presente desde siempre en el ideario de la libre empresa, se potenció a niveles inimaginables en las pasadas décadas de capitalismo salvaje sin anestesia (eufemísticamente llamado neoliberalismo), cuando cae la opción de una sociedad no-capitalista y se esfuman, al menos temporalmente, los sueños de justicia y equidad. Desde el triunfo casi absoluto del gran capital luego de la Guerra Fría, el catecismo en juego hace del individualismo la clave del “triunfo” en la vida. En ese sentido, la educación formal sería su instrumento por excelencia.

Existe allí, por supuesto, una visceral formulación ideológica, por lo que no hay que perder nunca de vista que con educación y sólo con ella no es posible el desarrollo. Estamos ante una falacia. Por el contrario, la educación es parte de un complejo conjunto de facetas. El desarrollo de un pueblo no pasa por salidas individuales, por “salvamentos” personales. Un graduado universitario con su título de post grado bajo el brazo (maestría, doctorado, hoy día ya también post doctorado) está en mejores condiciones para afrontar el mercado de trabajo que un analfabeto, o que alguien que apenas tiene un nivel medio; pero la historia con mayúscula, la de los pueblos o de los países, no se escribe en términos individuales. Por el “éxito” individual de un (o unos cuantos) graduado(s) con diploma de post gado, infinitamente muchos más no llegan ni cerca de un aula universitaria. Si pensamos en el desarrollo, la educación, sin restarle importancia por supuesto, va de la mano simultáneamente de otros aspectos: de la salud, de un crecimiento económico equitativo, de justicia social y respeto al medio ambiente, entre otros.

¿Qué significaría entonces “salvarse” en términos individuales con un título de maestría o doctorado en un mar de pobreza? La trampa ideológica es más que evidente. Argentina, por ejemplo, es uno de los países en Latinoamérica con mayor tasa de graduados universitarios; ¿de qué le sirvió ello ante la caída estrepitosa que se dio en su situación económica a partir de los planes neoliberales de las últimas décadas? Algunos universitarios se habrán podido reacomodar; otros marcharon al extranjero (“inversión” perdida para el país, obviamente), pero a nivel general el país experimentó un dramático cambio negativo en su composición social pese al alto nivel educativo de su población (para el momento de la entrada en vigencia de los planes de achicamiento del Estado se tenía casi un cero por ciento de analfabetismo). Otro tanto sucedió en los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética: el alto nivel educativo de sus poblaciones no impidió la catastrófica situación que se vivió con el paso al capitalismo.

Por todo ello puede decirse que la educación, por sí misma, no es la palanca mágica que saca de la pobreza. Tiene que darse una combinación de factores: ¿es posible “salvarse” con una maestría o un doctorado en un universo de pobres sin mayores salidas? Es más que evidente que la invocación en juego no tiene el más mínimo sentido crítico ni solidario: es un ramplón mandamiento clasemediero. ¿Salvarse de qué: de no ser un “triunfador”?

Además, para decirlo en clave de “éxito” empresarial, muchos de los íconos de “triunfadores” de la libre empresa de los últimos años, sin dudas endiosados, no terminaron nunca estudios universitarios, y mucho menos post grados –independientemente que ya famosos y en el pináculo de su gloria, se les concedieran doctorados honoris causa por razones más bien políticas–. Así, los magnates –por cierto sumamente exitosos vistos desde la lógica de acumulación del capital– Aristóteles Onassis, Bill Gates, Michael Dell, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, no exhiben ningún diploma de universidad alguna.

En adición, mirando desde la antípoda del “lucro”, también puede decirse que numerosos intelectuales y pensadores dejaron huella indeleble sin título universitario y muy lejos de los post grados: Jorge Luis Borges, Ernest Hemingway, José Saramago, Nelson Mandela, Eduardo Galeano.

Por supuesto que todo ello no es una invocación a no estudiar, o no avanzar cada vez más en el conocimiento. ¡De ningún modo! Lo que sí resulta imperioso es situarse en una posición crítica ante lo que parece ser una ola que todo lo barre y no se cuestiona. Hoy pasó a ser un lugar común la quasi imperiosa necesidad de contar con post grados para poder ingresar en el mercado laboral si ya se tiene un diploma universitario de grado. Y ahí entra en juego el segundo elemento digno de destacarse: la educación, cada vez más en sintonía con el espíritu dominante (triunfo omnímodo de la ideología neoliberal individualista) pasó a ser un jugoso negocio.

En un mundo donde todo, absolutamente todo, puede devenir un bien comercializable (el conocimiento, la salud, el deporte, las energías, la religión, el sexo), ¿por qué no habría de serlo también la educación superior, los post grados? Con el fin de la Guerra Fría la idea de un Estado benefactor, un Estado que aún dentro de la lógica de mercado cumplía con su papel de satisfactor de algunas necesidades básicas, fue extinguiéndose. Por eso pudimos llegar al endiosamiento acrítico de la libre empresa y a la increíble (¿absurda, paradójica, ininteligible?) idea de “socialismo de mercado”, tal como preconiza hoy el gigante chino.

La educación superior y las funciones ligadas a ella (la investigación pura, la producción de conocimiento de vanguardia, la élite intelectual), de relativo bien social pasó a ser mercadería pura y descarnada. Hoy día, ya como tendencia global generalizada, los post grados son su expresión más elocuente: la universidad pública depende en forma creciente de la venta de sus servicios al mercado como una mercadería más, en tanto que los presupuestos estatales para el sector de post grado brillan por su ausencia. Se podría decir que en las universidades públicas, los post grados son su obligado sector privado. En las universidades privadas eso ni siquiera se discute.

En un primer momento, sin ingenuidad incluso, podríamos estar tentados de ver este avance fabuloso de los post grados como una buena noticia que hablaría del mejoramiento sustancial en la calidad educativa de las poblaciones: a mayor porcentaje de graduados post universitarios, mejores sociedades. Pero la ecuación no necesariamente funciona así. Se esconde allí otro mito ideológico, similar al que ve en la educación pura, o en la tecnología pura, supuestas llaves maestras para el presunto desarrollo. Algo así como, por ejemplo, el internet o cualquier tecnología de punta: “si se dispone de los prodigios técnicos de avanzada, el desarrollo viene por añadidura”. En esa lógica, entonces: “a mayor cantidad de maestros o doctores, sociedades más avanzadas, con mayor investigación, con más sentido crítico”. La evidencia empírica no lo demuestra. O hasta incluso puede ir en sentido contrario.

La explosión de post grados que vemos en estos últimos años (muchos de ellos –alrededor de un 20%– en línea, acorde a las posibilidades tecnológicas actuales) ha ido privatizando buena parte de los servicios de las universidades públicas con, en muchos casos, cuestionables niveles académicos (una maestría o un doctorado, por su solo título no forzosamente implica excelencia educativa). Esa explosión de graduados de post grados podría llevar a pensar en una feliz apertura y profundización de los saberes, un espíritu indagativo cada vez más acucioso; la experiencia demuestra que en muchos casos se cursan post grados casi como una “exigencia administrativa”: el mercado manda. El espíritu crítico y la excelencia académica no están asegurados con los diplomas.

Estamos, en todo caso, ante la privatización neoliberal que encontró allí un interesante nicho de mercado, inexplotado hasta la fecha. La casi obligatoriedad de post grados para cualquier profesional joven no implica un seguro mejoramiento en la investigación científico-técnica de un país ni en la calidad de los servicios que llega a las grandes masas de población. Y para todos aquellos que, con el esfuerzo del caso, logran terminar de pagar y graduarse en un post grado, no es cierto que con su recién obtenido título tengan asegurado un “futuro venturoso” por delante.

Valgan aquí las demoledoras palabras del mexicano Fernando Buen Abad Domínguez (en “ El Capitalismo, su «Educación» y sus «Educadores»” ): “ La maquinaria “educativa” financiada por la burguesía, en todos sus niveles y extensiones, (y con excepciones honrosas) es una maquinaria de guerra ideológica empeñada en sistematizar, en las aulas, los modos y los medios para amaestrar personas, para inocular la ideología de la clase dominante disfrazada con “prestigio científico” y para hacer tragar a los pueblos la “dignidad culterana” de las más vergonzosas teorías pseudocientíficas, y los más bochornosos exorcismos al capitalismo. Diariamente un ejército de “educadores” serviles infesta los espacios “académicos” (públicos o privados) para hacer creer a los “estudiantes”, gracias a un salario mayormente mediocre, que el “saber”, autorizado por las oligarquías y sus instituciones, es la verdad revelada que los conducirá a un futuro de “bienestar” a cambio de entregar su cerebro con docilidad y servilismo. Espejismos del cuentapropismo académico parasitario y decadente. Y lo avalan con títulos de pre-grado, grado, post-grado… el fetichismo de los títulos académicos” .

Sin ningún lugar a dudas: bienvenido todo esfuerzo investigativo, toda profundización del conocimiento, cualquier espíritu de superación intelectual. Pero cuidado con las ilusiones y los espejitos de colores. La universidad tiene una misión histórica que cumplir, y no es precisamente la de “vender títulos-pasaporte al éxito”: la universidad, los universitarios, los científicos e intelectuales están llamados a ser la conciencia crítica de las sociedades. Si eso lo hemos olvidado en estos años de ultraliberalismo, no está de más recordarlo.

En Grecia, los suicidios han aumentado el último año un 40%. Antes de la austeridad que ha arrojado a la pobreza e incertidumbre a millones de personas, Grecia era el país europeo con menor índice de suicidios: 2,8 por cada 10.000 habitantes. Hoy, ese porcentaje se ha doblado y es el más alto de Europa. Deudas que no se pueden pagar, falta de trabajo, temor a perderlo, pobreza… están en el origen de tan brutal aumento. La austeridad mata. En Barcelona, bajo el paraguas de la austeridad, se ha dado un caso muy significativo. Una mujer de 65 años acude a urgencias de un hospital comarcal a las cinco de la madrugada.

Desempleo, por Goodash

Le diagnostican derrame cerebral. La envían a otro hospital con más medios. Pruebas y diagnóstico más preciso: la han de operar ya. Pero el quirófano está cerrado por la austeridad impuesta para ahorrar por el gobierno autónomo catalán. Envían a la mujer a un tercer hospital. Pero los quirófanos están cerrados por la tarde por la misma austeridad presupuestaria. Operarán a la mañana siguiente. Pero por la mañana no disponen de medios suficientes y envían a la mujer con derrame cerebral a un cuarto hospital donde por fin la operan a las once y media de la noche.

Cuarenta y tres horas después de haber acudido a urgencias. La mujer muere. Los recortes presupuestarios para reducir el déficit, la austeridad, tal como ha denunciado la Federación de Defensa de la Sanidad Pública de España, significan supresión de pruebas diagnósticas o largas esperas para las mismas (analíticas, radiológicas, de laboratorio…), así como escandalosas demoras para ser intervenidos quirúrgicamente los pacientes que lo necesitan; cierre de quirófanos, cierre de plantas hospitalarias, reducción de camas, reducción de personal sanitario… Un grave deterioro de la asistencia sanitaria pública. Del derecho a la salud. Cambiemos de escenario. En una ciudad española hay en la calle una larga cola de hombres y mujeres esperando. Hacen cola ante la sede de una organización asistencial que les dará un paquete con comida para una semana. No son habituales indigentes urbanos ni personas sin techo, tampoco drogadictos ni alcohólicos. Solo personas que han perdido su trabajo.

Es la cola de la pobreza. En otras muchas ciudades españolas y europeas, esas colas del hambre han crecido el último año. Son consecuencias reales de la austeridad a toda costa para reducir los déficits de cuentas públicas. Como también lo es que en Europa se consolide la existencia de 116 millones de pobres; un escandaloso índice del 23%. O que haya más de 22 millones de parados y esa cifra no se reduzca ni un ápice. La austeridad implacable en la Unión Europea, por ejemplo, supone que en España más de un millón seiscientas mil personas no reciban prestación por desempleo, subsidio ni ayuda alguna: llevan mucho tiempo sin trabajo y ya no tienen derecho a nada. O que aumenten los nuevos pobres, como los denominan Cruz Roja y Cáritas.

Personas que no son de familias desestructuradas ni sufren alcoholismo o drogadicción. Personas que han perdido el trabajo, su medio de vida. No pueden alimentarse adecuadamente ni mantener la casa caliente en invierno, tampoco comprar ropa de abrigo ni pagar el alquiler o el recibo de la luz… Nuevos pobres. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza genera mala salud y muchas más posibilidades de enfermedad y muerte. Y hablando de los crímenes de inducción a la pobreza, enfermedad y muerte, los Nobel de economía Stiglitz y Akerlof repiten una y otra vez que no saldremos de la crisis si sus causantes no están en la cárcel.

Denuncian que los responsables del desastre económico y social ni siquiera han sido investigados por sus tropelías. Los responsables de la crisis y de imponer austeridad caiga quien caiga son responsables de delitos. Porque perjudican gravemente a millones de personas, violando sus derechos. Por crímenes económicos contra la humanidad. En los países desarrollados, en los emergentes y en los empobrecidos. Porque han consagrado como intocable que el beneficio económico (su beneficio) está por encima de todo. Y todo vale para lograr ese beneficio. Igual que hacían Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Bonanno, Meyer Lansky o Albert Anastasia. De la misma calaña.

Es tiempo de empezar a pedir responsabilidad penal a los responsables de la crisis, a sus cómplices y a quienes impiden salir de la misma imponiendo destructoras políticas de austeridad. Porque esa austeridad supone violaciones de derechos. Y las violaciones masivas de derechos humanos son crímenes.

And the Collapse of the Middle Class

“Class happens when some men, as a result of common experiences (inherited or shared), feel and articulate the identity of their interests as between themselves, and as against other men whose interests are different from (and usually opposed to) theirs.”

– E.P. Thompson, The Making of the English Working Class

(Art: Jamaa Al-Yad / occuprint)

The “other men” (and of course women) in the current American class alignment are those in the top 1% of the wealth distribution — the bankers, hedge-fund managers, and CEOs targeted by the Occupy Wall Street movement. They have been around for a long time in one form or another, but they only began to emerge as a distinct and visible group, informally called the “super-rich,” in recent years.

Extravagant levels of consumption helped draw attention to them: private jets, multiple 50,000 square-foot mansions, $25,000 chocolate desserts embellished with gold dust. But as long as the middle class could still muster the credit for college tuition and occasional home improvements, it seemed churlish to complain. Then came the financial crash of 2007-2008, followed by the Great Recession, and the 1% to whom we had entrusted our pensions, our economy, and our political system stood revealed as a band of feckless, greedy narcissists, and possibly sociopaths.

Still, until a few months ago, the 99% was hardly a group capable of (as Thompson says) articulating “the identity of their interests.” It contained, and still contains, most “ordinary” rich people, along with middle-class professionals, factory workers, truck drivers, and miners, as well as the much poorer people who clean the houses, manicure the fingernails, and maintain the lawns of the affluent.

It was divided not only by these class differences, but most visibly by race and ethnicity — a division that has actually deepened since 2008. African-Americans and Latinos of all income levels disproportionately lost their homes to foreclosure in 2007 and 2008, and then disproportionately lost their jobs in the wave of layoffs that followed.  On the eve of the Occupy movement, the black middle class had been devastated. In fact, the only political movements to have come out of the 99% before Occupy emerged were the Tea Party movement and, on the other side of the political spectrum, the resistance to restrictions on collective bargaining in Wisconsin.

But Occupy could not have happened if large swaths of the 99% had not begun to discover some common interests, or at least to put aside some of the divisions among themselves. For decades, the most stridently promoted division within the 99% was the one between what the right calls the “liberal elite” — composed of academics, journalists, media figures, etc. — and pretty much everyone else.

As Harper’s Magazine columnist Tom Frank has brilliantly explained, the right earned its spurious claim to populism by targeting that “liberal elite,” which supposedly favors reckless government spending that requires oppressive levels of taxes, supports “redistributive” social policies and programs that reduce opportunity for the white middle class, creates ever more regulations (to, for instance, protect the environment) that reduce jobs for the working class, and promotes kinky countercultural innovations like gay marriage. The liberal elite, insisted conservative intellectuals, looked down on “ordinary” middle- and working-class Americans, finding them tasteless and politically incorrect. The “elite” was the enemy, while the super-rich were just like everyone else, only more “focused” and perhaps a bit better connected.

Of course, the “liberal elite” never made any sociological sense. Not all academics or media figures are liberal (Newt Gingrich, George Will, Rupert Murdoch). Many well-educated middle managers and highly trained engineers may favor latte over Red Bull, but they were never targets of the right. And how could trial lawyers be members of the nefarious elite, while their spouses in corporate law firms were not?

A Greased Chute, Not a Safety Net

“Liberal elite” was always a political category masquerading as a sociological one. What gave the idea of a liberal elite some traction, though, at least for a while, was that the great majority of us have never knowingly encountered a member of the actual elite, the 1% who are, for the most part, sealed off in their own bubble of private planes, gated communities, and walled estates.

The authority figures most people are likely to encounter in their daily lives are teachers, doctors, social workers, and professors. These groups (along with middle managers and other white-collar corporate employees) occupy a much lower position in the class hierarchy.  They made up what we described in a 1976 essay as the “professional managerial class.” As we wrote at the time, on the basis of our experience of the radical movements of the 1960s and 1970s, there have been real, longstanding resentments between the working-class and middle-class professionals. These resentments, which the populist right cleverly deflected toward “liberals,” contributed significantly to that previous era of rebellion’s failure to build a lasting progressive movement.

As it happened, the idea of the “liberal elite” could not survive the depredations of the 1% in the late 2000s. For one thing, it was summarily eclipsed by the discovery of the actual Wall Street-based elite and their crimes. Compared to them, professionals and managers, no matter how annoying, were pikers. The doctor or school principal might be overbearing, the professor and the social worker might be condescending, but only the 1% took your house away.

There was, as well, another inescapable problem embedded in the right-wing populist strategy: even by 2000, and certainly by 2010, the class of people who might qualify as part of the “liberal elite” was in increasingly bad repair. Public-sector budget cuts and corporate-inspired reorganizations were decimating the ranks of decently paid academics, who were being replaced by adjunct professors working on bare subsistence incomes. Media firms were shrinking their newsrooms and editorial budgets. Law firms had started outsourcing their more routine tasks to India. Hospitals beamed X-rays to cheap foreign radiologists. Funding had dried up for nonprofit ventures in the arts and public service. Hence the iconic figure of the Occupy movement: the college graduate with tens of thousands of dollars in student loan debts and a job paying about $10 a hour, or no job at all.

These trends were in place even before the financial crash hit, but it took the crash and its grim economic aftermath to awaken the 99% to a widespread awareness of shared danger. In 2008, “Joe the Plumber’s” intention to earn a quarter-million dollars a year still had some faint sense of plausibility. A couple of years into the recession, however, sudden downward mobility had become the mainstream American experience, and even some of the most reliably neoliberal media pundits were beginning to announce that something had gone awry with the American dream.

Once-affluent people lost their nest eggs as housing prices dropped off cliffs. Laid-off middle-aged managers and professionals were staggered to find that their age made them repulsive to potential employers. Medical debts plunged middle-class households into bankruptcy. The old conservative dictum — that it was unwise to criticize (or tax) the rich because you might yourself be one of them someday — gave way to a new realization that the class you were most likely to migrate into wasn’t the rich, but the poor.

And here was another thing many in the middle class were discovering: the downward plunge into poverty could occur with dizzying speed. One reason the concept of an economic 99% first took root in America rather than, say, Ireland or Spain is that Americans are particularly vulnerable to economic dislocation. We have little in the way of a welfare state to stop a family or an individual in free-fall. Unemployment benefits do not last more than six months or a year, though in a recession they are sometimes extended by Congress. At present, even with such an extension, they reach only about half the jobless. Welfare was all but abolished 15 years ago, and health insurance has traditionally been linked to employment.

In fact, once an American starts to slip downward, a variety of forces kick in to help accelerate the slide. An estimated 60% of American firms now check applicants’ credit ratings, and discrimination against the unemployed is widespread enough to have begun to warrant Congressional concern. Even bankruptcy is a prohibitively expensive, often crushingly difficult status to achieve. Failure to pay government-imposed fines or fees can even lead, through a concatenation of unlucky breaks, to an arrest warrant or a criminal record. Where other once-wealthy nations have a safety net, America offers a greased chute, leading down to destitution with alarming speed.

Making Sense of the 99%

The Occupation encampments that enlivened approximately 1,400 cities this fall provided a vivid template for the 99%’s growing sense of unity. Here were thousands of people — we may never know the exact numbers — from all walks of life, living outdoors in the streets and parks, very much as the poorest of the poor have always lived: without electricity, heat, water, or toilets. In the process, they managed to create self-governing communities.

General assembly meetings brought together an unprecedented mix of recent college graduates, young professionals, elderly people, laid-off blue-collar workers, and plenty of the chronically homeless for what were, for the most part, constructive and civil exchanges. What started as a diffuse protest against economic injustice became a vast experiment in class building. The 99%, which might have seemed to be a purely aspirational category just a few months ago, began to will itself into existence.

Can the unity cultivated in the encampments survive as the Occupy movement evolves into a more decentralized phase?  All sorts of class, racial, and cultural divisions persist within that 99%, including distrust between members of the former “liberal elite” and those less privileged. It would be surprising if they didn’t. The life experience of a young lawyer or a social worker is very different from that of a blue-collar worker whose work may rarely allow for biological necessities like meal or bathroom breaks. Drum circles, consensus decision-making, and masks remain exotic to at least the 90%. “Middle class” prejudice against the homeless, fanned by decades of right-wing demonization of the poor, retains much of its grip.

Sometimes these differences led to conflict in Occupy encampments — for example, over the role of the chronically homeless in Portland or the use of marijuana in Los Angeles — but amazingly, despite all the official warnings about health and safety threats, there was no “Altamont moment”: no major fires and hardly any violence.  In fact, the encampments engendered almost unthinkable convergences: people from comfortable backgrounds learning about street survival from the homeless, a distinguished professor of political science discussing horizontal versus vertical decision-making with a postal worker, military men in dress uniforms showing up to defend the occupiers from the police.

Class happens, as Thompson said, but it happens most decisively when people are prepared to nourish and build it. If the “99%” is to become more than a stylish meme, if it’s to become a force to change the world, eventually we will undoubtedly have to confront some of the class and racial divisions that lie within it. But we need to do so patiently, respectfully, and always with an eye to the next big action — the next march, or building occupation, or foreclosure fight, as the situation demands.

Barbara Ehrenreich, TomDispatch regular, is the author of Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America (now in a 10th anniversary edition with a new afterword).

John Ehrenreich is professor of psychology at the State University of New York, College at Old Westbury. He wrote The Humanitarian Companion: A Guide for International Aid, Development, and Human Rights Workers.

This is a joint TomDispatch/Nation article and appears in print at the Nation magazine.

Los datos (muy parciales) sobre empleo y pobreza dados a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) deberían dar lugar –si no fuera porque las prioridades andan vueltas de cabeza- a una declaratoria de emergencia nacional. Veamos si no.

1) Desempleo. El porcentaje aumentó al 7,7% desde el 7,3% de un año atrás. El INEC aduce que esto no puede ser interpretado como manifestación de deterioro, ya que la diferencia de 0,4 puntos porcentuales está dentro de los márgenes de error de la encuesta. Más allá de este tecnicismo, perfectamente anodino, lo que resulta relevante es constatar que por tercer año consecutivo (y sin entrar a discutir algunos cambios metodológicos introducidos) el desempleo se sitúa muy arriba del 7%, lo que representa una situación sumamente preocupante y, con mucho, el más deteriorado paisaje laboral que observamos desde la crisis de 1980-1982.

2) Subempleo. Según los datos parciales dados a conocer, el subempleo por insuficiencia de horas laboradas (definición del INEC: personas que trabajan menos de 40 horas semanales, no obstante tener la disposición de hacerlo por más tiempo), saltó de 11,2% a 13,4%. Esto significa que del total de 87 mil trabajadoras y trabajadores que entraron a trabajar entre julio 2010 y julio 2011, alrededor de un 60% lo hicieron en empleos de tiempo parcial no obstante ser su deseo un trabajo a tiempo completo. El total de nuevos puestos de trabajo en condición de subempleo es seguramente mayor de lo que estos datos sugieren, ya que no se dieron a conocer las cifras correspondientes a otras formas de subempleo, distinta de la indicada. En resumen, esto nos habla de una situación de agudizada precariedad laboral y, en consecuencia, de una pérdida galopante de calidad del empleo. Obsérvese un detalle importante: si sumamos la tasa de desempleo abierto con esta de subempleo por insuficiencia de horas laboradas, obtendríamos que el 20% de nuestros trabajadores y trabajadoras afrontan una situación laboral anómala. Es una cifra de catástrofe y, sin embargo, la real situación es seguramente peor, puesto que todavía no se publicaron los datos de otras posibles formas de subempleo. Esto afecta además las finanzas de la Caja, que igual ha de seguir atendiendo a quienes están en situación de desempleo o subempleo, sin recibir las contribuciones debidas. Además, el porcentaje de la población ocupada que es asegurada directa, bajó de 71,1% a 70,6%. Se trata de una situación que, de por si muy grave, además daña la institución más importante del sistema de seguridad social de Costa Rica.

3) Pobreza. De nuevo el INEC nos plantea un tecnicismo estadístico: nos dice que, al pasar el índice de pobreza de 21,3% a 21,6% (con un aumento de la pobreza extrema del 6,0% al 6,4%), el dato “no presenta cambios importantes”. Sin embargo, conviene no olvidar que hace pocos años, durante el insostenible auge especulativo de 2005-2007, el dato correspondiente era inferior en casi 5 puntos porcentuales. Vino luego el estallido de la “burbuja arista” y el impacto de la crisis mundial. Imposible disimular los efectos dañinos que ello ha acarreado.

4) Las mujeres son las más golpeadas. Es cierto que la crisis económica asume rostro de mujer. Así, el desempleo entre las mujeres llega a la triste cota de 10,3% (frente a 6,0% entre los hombres), mientras la participación de ellas en el mercado del trabajo remunerado es mucho más baja que entre los hombres (72,2% de los hombres frente a solamente el 41,0% de las mujeres). El subempleo por insuficiencia de horas laboradas es de 10,6% entre los hombres y ¡18,1% entre las mujeres! Si sumamos estos dos datos (desempleo y subempleo por insuficiencia de horas laboradas), obtenemos que más de una cuarta parte de nuestras trabajadoras (alrededor del 27%) enfrentan situaciones laborales insatisfactorias, lo cual nos pinta un panorama de devastación. Y eso que nada sabemos de otras formas de subempleo. Los ingresos para ellas son también claramente inferiores, y aunque, en promedio, en el último año el de ellas creció más que el de ellos (9,8% frente a 8,1%), aún así el ingreso promedio femenino es menor en casi un 14%. No se dieron a conocer datos sobre desempleo e ingresos entre la gente joven, pero es más que razonable suponer que este es otro renglón en donde el desastre es particularmente severo. En otros términos: mujeres y gente joven son las grandes víctimas de la crisis. Más preciso aún: las mujeres jóvenes son, con toda seguridad, las más golpeadas.

5) Inequidades regionales. Se observa una suerte de dudosa equiparación entre la zona urbana y la rural en el sentido que enseguida explicaré. En ambos casos aumenta el número de personas desempleadas, pero lo hace de forma más pronunciada en las áreas urbanas. Como resultado de esos movimientos, la tasa de desempleo promedio en las zona rural se mantiene prácticamente inalterada (pasa de 7,6% en 2010 a 7,5% en 2011), mientras en la urbana el índice correspondiente salta de 7,1% a 7,7%. Sin embargo, los índices de pobreza son sustancialmente más elevados en la zona rural que en la urbana: 26,0% frente a 19,1%. En el caso de la llamada pobreza extrema, la diferencia es también marcada: 4,9% en la urbana; 9,1% en la rural. Al afinar un poquito más el visor y observar las distintas regiones (según estas son definidas por MIDEPLAN), las diferencias saltan a la vista. Las regiones periféricas (excepto la Huetar Norte) muestran tasas de desempleo sustancialmente más elevadas que la región Central (tasa del 6,9%). En dos de los casos se llega a cotas de dos dígitos: Pacífico Central con tasa de desempleo del 12,5% y Huetar Atlántica con 10,8%. No habiéndose aún publicado los datos de pobreza por regiones, en todo caso se puede anticipar con mucha certeza que el problema en la regiones costeras y fronterizas es más agudo que en la región central.

6) Desigualdad social. Costa Rica sigue deslizándose hacia el abismo de la violencia y la inseguridad, no tanto por el agravamiento de la pobreza, sino principalmente por el ahondamiento de los abismos sociales. Los datos publicados lo reafirman, no obstante que la información sigue siendo elaborada en niveles de agregación que oscurecen, en vez de clarificar apropiadamente, las reales magnitudes del problema. Así, al observar el ingreso del 20% de la familias (quintil cinco) que recibe los ingresos más elevados respecto del 20% de ingresos más bajos (quintil uno), la diferencia pasa de 16,7 a 18,2: es decir, el ingreso promedio del quintil cinco es 18,2 veces más elevado que el del quintil uno, cuando el año anterior la relación era de 16,7 veces. Insisto: esta no es más que una forma grosera de aproximar el problema de la desigualdad. Para tener una idea más exacta, necesitamos, entre otras cosas, conocer el ingreso del 1% y, ojalá, del “uno por mil” de las familias más ricas. Otra medida de desigualdad en la distribución del ingreso es el llamado coeficiente de Gini, cuyo valor se sitúa entre 0 y 1: conforme más bajo (más cerca de cero), mayor es la igualdad; conforme más alto (más cerca de la unidad) mayor la desigualdad. El caso es que entre julio 2010 y julio 2011 el dato pasó de 0,532 a 0,542. El INEC advierte (otra melindrada técnica) que, por razones metodológicas, no son comparables los datos de estos dos últimos años con los de los años previos al 2010. Sin embargo, y más allá de los números específicos que podamos citar, y de las oscilaciones coyunturales que puedan registrarse, la tendencia a lo largo de los años es clara y apunta hacia la profundización de la desigualdad.

En resumen: el empleo, la pobreza y la desigualdad en Costa Rica pintan hoy día un panorama de catástrofe. Las posibles razones de esto son diversas y, por cuestiones de espacio, no las abordaré en este artículo. Las resumo en lo siguiente: esto evidencia la profunda crisis que hoy enfrenta el modelo neoliberal de crecimiento. Dicho de otra forma: a Costa Rica le urgen cambios en profundidad. Conforme más se tarde en entenderlo, y en proceder en consecuencia, mayor será la devastación.

Y, para terminar, enfatizo lo siguiente: estos datos son el más atroz desmentido a toda la propaganda que pretende convencer de que las zonas francas son indispensables para “salvar” el empleo. Siendo tan elevado el costo que hemos debido pagar para que estas empresas vengan a Costa Rica, tan solo generan, en total, 58 mil empleos. Entretanto, tenemos 165 mil personas desempleadas y otras 265 mil en situación de subempleo por insuficiencia de horas laboradas. Innecesario agregar más.

Como sabe cualquiera que ha tenido que gestionar un campamento o construir una villa desde cero, las ocupaciones suponen grandes problemas logísticos. Se debe alimentar y mantener razonablemente caldeadas y secas a muchas personas. Hay que sacar la basura, brindar atención médica y una seguridad rudimentaria, para lo cual una docena de comités, o más, debe dedicarse día y noche. Pero para el individuo sin hogar, un problema suele opacar todo lo demás, incluso la pérdida del trabajo, la destrucción de la clase media y el reinado del 1%. Se trata de la simple pregunta: ¿dónde voy a orinar?

Algunos de los campamentos de Ocupa Wall Street que se están esparciendo por EE. UU. tienen acceso a baños químicos (Freedom Plaza en Washington, D.C.) o, mejor aún, baños con fregadero y agua corriente (Fort Wayne, Indiana). Otros requieren que las personas se las rebusquen solos. En Zuccotti Park, a cuadras de Wall Street, esto implica ratos largos de espera para usar un baño en un Burger King cercano o esperas más cortas en un Starbucks a una cuadra. En McPherson Square en D.C., una joven ocupante de aproximadamente veinte años me mostró la pizzería donde puede orinar cuando está abierta y el callejón donde se resguarda por las noches. Cualquiera que tenga problemas relacionados con el hecho de ir al baño, provocados por la edad, el embarazo, los problemas en la próstata o el síndrome de intestino irritable, debería prepararse para unirse a la revolución en pañales.

Winter in America (Invierno en EEUU), por Chris Stain (justseeds.org)

Por supuesto, los manifestantes políticos no enfrentan solos los desafíos del acampe urbano. Las personas sin hogar lidian con los mismos problemas a diario: cómo recolectar alimentos, mantener el calor por las noches cubriéndose con cartones o lonas y orinar sin incurrir en delito. Los baños públicos son escasos en las ciudades estadounidenses, “como si la necesidad de ir al baño no existiera”, como dijo una vez el experto en viajes Arthur Frommer. Incluso ceder a la presión de la vejiga implica arriesgarse a un arresto. Un informe llamado “Criminalizing Crisis” (“Criminalización de la crisis”), que será emitido este mes por el Centro nacional de leyes para las personas sin hogar y la pobreza, relata la siguiente historia de Wenatchee, Washington:

“A fines de 2010, una familia con tres niños, que hacía un año y medio no tenían hogar, solicitaron un departamento de 2 habitaciones. El día antes a la reunión programada con el encargado para adquirir el alquiler, el padre de la familia fue arrestado por orinar en la vía pública. El arresto sucedió en una hora en la que no había baños públicos disponibles. Debido al arresto, el hombre no pudo concretar la cita y se alquiló la propiedad a otra persona. Hasta marzo de 2011 la familia seguía sin tener donde vivir y estaba buscando vivienda”.

Lo que están empezando a descubrir quienes participan de Ocupa Wall Street, y que las personas sin hogar han sabido siempre, es que las necesidades biológicas más comunes son ilegales cuando se las realiza en las calles de Estados Unidos, no sólo orinar, sino también sentarse, acostarse y dormir. A pesar de que las leyes varían de ciudad a ciudad, una de las más duras está en Sarasota, Florida, donde se emitió una ordenanza en 2005 que vuelve ilegal “cavar en la tierra”, es decir, para construir una letrina, cocinar, hacer fuego o dormirse, y “que la persona no tenga otro lugar donde vivir cuando está despierta”.

En otras palabras, es ilegal no tener hogar o vivir en la calle por cualquier otro motivo. Vale aclarar que no existen leyes que exijan que las ciudades brinden alimento, refugio o baños a sus ciudadanos indigentes.

La prohibición actual sobre la falta de vivienda empezó a tomar forma en la década de 1980, junto con el gran crecimiento de la industria financiera (Wall Street y sus tributarios en todo el país). Esa también fue la época en la que dejamos de ser un país que fabricaba más allá de “productos financieros” invisibles, ingrávidos, y dejamos también que la antigua clase obrera industrial se forjara su vida en lugares como Wal-Mart.

Resultó que los capitanes de la nueva “economía de casino”, los corredores y bancarios inversores, eran individuos muy sensibles, algunos dirían demasiado, que se irritaban fácilmente por tener que pasar por las calles donde merodeaban las personas sin hogar o tener que verlos en las estaciones de trenes. En una economía donde una centimillonésima de la población puede convertirse en multimillonario de la noche a la mañana, los pobres y la muchedumbre pueden ser una tremenda sorpresa. Empezando por el Alcalde Rudy Giuliani en Nueva York, ciudad tras ciudad aprobaron las ordenanzas de “ventanas rotas” o “calidad de vida” volviendo peligroso el deambular de las personas sin hogar o, en algunos casos, hasta su aspecto de “indigentes” en espacios públicos.

Hasta el momento nadie ha considerado todo el sufrimiento provocado por esta medida, las muertes como consecuencia del frío y la exposición, pero “Criminalizing Crisis” ofrece esta historia de una mujer embarazada en Columbia, Carolina del Sur:

“Durante el día, cuando no podía estar dentro de un refugio, intentó pasar el tiempo en un museo y le dijeron que se fuera. Luego se sentó en un banco fuera del museo y volvieron a indicarle que se fuera a otro sitio. En varias oportunidades más, mientras estaba embarazada, le dijeron que no podía sentarse en un parque local durante el día porque estaría ‘ocupando ilegalmente’ el lugar. A principios de 2011, cuando ya contaba con seis meses de embarazo, la mujer empezó a sentirse mal, fue a un hospital y dio a luz a un bebé muerto”.

Mucho antes de que Tahrir Square fuera sólo un sueño, e incluso antes de la reciente recesión, las personas sin hogar de Estados Unidos habían empezado a defenderse por sí propias, crear campamentos organizados, por lo general ciudades de carpas, en lotes vacíos o áreas boscosas. Estas comunidades suelen presentar varias formas elementales de gobierno autónomo: repartición de alimentos de organizaciones locales de beneficencia, construcción de letrinas e implementación de reglas (como no consumir drogas, usar armas o violencia). Con el debido respeto al movimiento de democracia de Egipto, los indignados del Reino de España y los rebeldes en todo el mundo, las ciudades de carpas son los progenitores del movimiento de ocupación estadounidense.

Nada hay de “político” en estos establecimientos de las personas sin hogar, ni señales de codicia o visitas de lumbreras izquierdistas, pero han sido tratados con mucha menos tolerancia oficial que los campamentos del “otoño estadounidense”. Por ejemplo, Skid Row en Los Ángeles, lidia con un acoso constante de la policía, pero cuando llovió el Alcalde Antonio Villaraigosa distribuyó ponchos cerca de Ocupa Los Ángeles.

En todo el país, en los últimos años la policía se ha encargado de las ciudades de carpas de las personas sin hogar, una por una, desde Seattle hasta Wooster, desde Sacramento hasta Providence, en redadas que suelen dejar a los anteriores ocupantes sin sus mínimas posesiones. En Chattanooga, Tennessee, el verano pasado, un trabajador de una organización de beneficencia narró la dispersión por la fuerza de un asentamiento local de carpas: “La ciudad no va a aceptar las carpas. Eso ha quedado muy claro. Las carpas tienen que estar fuera de la vista”.

Lo que están descubriendo todos los sectores de la sociedad que pertenecen al movimiento, al menos cada vez que piensan en orinar, es que no tener hogar en Estados Unidos es vivir como un fugitivo. Los indigentes son nuestros propios “ilegales” nativos que enfrentan prohibiciones sobre las acciones más básicas de supervivencia. No se les permite deslucir el espacio público con su orina, sus heces o sus cuerpos cansados. Tampoco pueden arruinar el paisaje con sus inusuales opciones de vestuario o los aromas de sus cuerpos. De hecho, deben morir y preferentemente hacerlo sin dejar un cuerpo que el sector público deba trasladar, procesar y quemar.

Pero los ocupantes no provienen de todos los sectores de la sociedad, solo de los que están en decadencia, por deudas, desempleo y ejecuciones hipotecarias, y se dirigen eventualmente al pauperismo y las calles. Algunos de los actuales ocupantes desde el principio no tenían hogar y fueron atraídos a los campamentos por la comida gratis y el refugio, al menos temporal, del acoso de la policía. Muchos otros provienen de los “nuevos pobres” sin hogar que suelen acampar en los sofás de amigos o las camas plegables de los padres.

En Portland, Austin, y Filadelfia, el movimiento Ocupa Wall Street está asumiendo la causa de las personas sin hogar como propia, lo que por supuesto es así. La falta de viviendas no es un asunto incidental y desconectado de la plutocracia ni la codicia. Es hacia donde todos nos dirigimos, -el 99%, o al menos el 70%, de nosotros, todos los licenciados universitarios abrumados por deudas, maestros desempleados y personas empobrecidas- a menos que esta revolución triunfe.

Barbara Ehrenreich es la autora de muchos libros, el más reciente: Bright-Sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America . Este ensayo es una versión corta de un epílogo nuevo de su último y exitoso libro: Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America , recientemente publicado por Picador Books.

Occupy Wall Street and the Politics of Financial Morality

We’ve been at war for decades now — not just in Afghanistan or Iraq, but right here at home.  Domestically, it’s been a war against the poor, but if you hadn’t noticed, that’s not surprising. You wouldn’t often have found the casualty figures from this particular conflict in your local newspaper or on the nightly TV news.  Devastating as it’s been, the war against the poor has gone largely unnoticed — until now.

The Occupy Wall Street movement has already made the concentration of wealth at the top of this society a central issue in American politics.  Now, it promises to do something similar when it comes to the realities of poverty in this country.

By making Wall Street its symbolic target, and branding itself as a movement of the 99%, OWS has redirected public attention to the issue of extreme inequality, which it has recast as, essentially, a moral problem.  Only a short time ago, the “morals” issue in politics meant the propriety of sexual preferences, reproductive behavior, or the personal behavior of presidents.  Economic policy, including tax cuts for the rich, subsidies and government protection for insurance and pharmaceutical companies, and financial deregulation, was shrouded in clouds of propaganda or simply considered too complex for ordinary Americans to grasp.

Now, in what seems like no time at all, the fog has lifted and the topic on the table everywhere seems to be the morality of contemporary financial capitalism.  The protestors have accomplished this mainly through the symbolic power of their actions: by naming Wall Street, the heartland of financial capitalism, as the enemy, and by welcoming the homeless and the down-and-out to their occupation sites.  And of course, the slogan “We are the 99%” reiterated the message that almost all of us are suffering from the reckless profiteering of a tiny handful.  (In fact, they aren’t far off: the increase in income of the top 1% over the past three decades about equals the losses of the bottom 80%.)

The movement’s moral call is reminiscent of earlier historical moments when popular uprisings invoked ideas of a “moral economy” to justify demands for bread or grain or wages — for, that is, a measure of economic justice.  Historians usually attribute popular ideas of a moral economy to custom and tradition, as when the British historian E.P. Thompson traced the idea of a “just price” for basic foodstuffs invoked by eighteenth century English food rioters to then already centuries-old Elizabethan statutes.  But the rebellious poor have never simply been traditionalists.  In the face of violations of what they considered to be their customary rights, they did not wait for the magistrates to act, but often took it upon themselves to enforce what they considered to be the foundation of a just moral economy.

Being Poor By the Numbers

A moral economy for our own time would certainly take on the unbridled accumulation of wealth at the expense of the majority (and the planet).  It would also single out for special condemnation the creation of an ever-larger stratum of people we call “the poor” who struggle to survive in the shadow of the overconsumption and waste of that top 1%.

Some facts: early in 2011, the U.S. Census Bureau reported that 14.3% of the population, or 47 million people — one in six Americans — were living below the official poverty threshold, currently set at $22,400 annually for a family of four. Some 19 million people are living in what is called extreme poverty, which means that their household income falls in the bottom half of those considered to be below the poverty line.  More than a third of those extremely poor people are children.  Indeed, more than half of all children younger than six living with a single mother are poor.  Extrapolating from this data, Emily Monea and Isabel Sawhill of the Brookings Institution estimate that further sharp increases in both poverty and child poverty rates lie in our American future.

Some experts dispute these numbers on the grounds that they neither take account of the assistance that the poor still receive, mainly through the food stamp program, nor of regional variations in the cost of living.  In fact, bad as they are, the official numbers don’t tell the full story.  The situation of the poor is actually considerably worse. The official poverty line is calculated as simply three times the minimal food budget first introduced in 1959, and then adjusted for inflation in food costs.  In other words, the American poverty threshold takes no account of the cost of housing or fuel or transportation or health-care costs, all of which are rising more rapidly than the cost of basic foods. So the poverty measure grossly understates the real cost of subsistence.

Moreover, in 2006, interest payments on consumer debt had already put more than four million people, not officially in poverty, below the line, making them “debt poor.”  Similarly, if childcare costs, estimated at $5,750 a year in 2006, were deducted from gross income, many more people would be counted as officially poor.

Nor are these catastrophic levels of poverty merely a temporary response to rising unemployment rates or reductions in take-home pay resulting from the great economic meltdown of 2008.  The numbers tell the story and it’s clear enough: poverty was on the rise before the Great Recession hit.  Between 2001 and 2007, poverty actually increased for the first time on record during an economic recovery.  It rose from 11.7% in 2001 to 12.5% in 2007.  Poverty rates for single mothers in 2007 were 49% higher in the U.S. than in 15 other high-income countries.  Similarly, black employment rates and income were declining before the recession struck.

In part, all of this was the inevitable fallout from a decades-long business mobilization to reduce labor costs by weakening unions and changing public policies that protected workers and those same unions.  As a result, National Labor Board decisions became far less favorable to both workers and unions, workplace regulations were not enforced, and the minimum wage lagged far behind inflation.

Inevitably, the overall impact of the campaign to reduce labor’s share of national earnings meant that a growing number of Americans couldn’t earn even a poverty-level livelihood — and even that’s not the whole of it.  The poor and the programs that assisted them were the objects of a full-bore campaign directed specifically at them.

Campaigning Against the Poor

This attack began even while the Black Freedom Movement of the 1960s was in full throttle.  It was already evident in the failed 1964 presidential campaign of Republican Barry Goldwater, as well as in the recurrent campaigns of sometime Democrat and segregationist governor of Alabama George Wallace.  Richard Nixon’s presidential bid in 1968 picked up on the theme.

As many commentators have pointed out, his triumphant campaign strategy tapped into the rising racial animosities not only of white southerners, but of a white working class in the north that suddenly found itself locked in competition with newly urbanized African-Americans for jobs, public services, and housing, as well as in campaigns for school desegregation.  The racial theme quickly melded into political propaganda targeting the poor and contemporary poor-relief programs.  Indeed, in American politics “poverty,” along with “welfare,” “unwed mothers,” and “crime,” became code words for blacks.

In the process, resurgent Republicans tried to defeat Democrats at the polls by associating them with blacks and with liberal policies meant to alleviate poverty.  One result was the infamous “war on drugs” that largely ignored major traffickers in favor of the lowest level offenders in inner-city communities.  Along with that came a massive program of prison building and incarceration, as well as the wholesale “reform” of the main means-tested cash assistance program, Aid to Families of Dependent Children.  This politically driven attack on the poor proved just the opening drama in a decades-long campaign launched by business and the organized right against workers.

This was not only war against the poor, but the very “class war” that Republicans now use to brand just about any action they don’t like.  In fact, class war was the overarching goal of the campaign, something that would soon enough become apparent in policies that led to a massive redistribution of the burden of taxation, the cannibalization of government services through privatization, wage cuts and enfeebled unions, and the deregulation of business, banks, and financial institutions.

The poor — and blacks — were an endlessly useful rhetorical foil, a propagandistic distraction used to win elections and make bigger gains. Still, the rhetoric was important.  A host of new think tanks, political organizations, and lobbyists in Washington D.C. promoted the message that the country’s problems were caused by the poor whose shiftlessness, criminal inclinations, and sexual promiscuity were being indulged by a too-generous welfare system.

Genuine suffering followed quickly enough, along with big cuts in the means-tested programs that helped the poor.  The staging of the cuts was itself enwreathed in clouds of propaganda, but cumulatively they frayed the safety net that protected both the poor and workers, especially low-wage ones, which meant women and minorities. When Ronald Reagan entered the Oval Office in 1980, the path had been smoothed for huge cuts in programs for poor people, and by the 1990s the Democrats, looking for electoral strategies that would raise campaign dollars from big business and put them back in power, took up the banner. It was Bill Clinton, after all, who campaigned on the slogan “end welfare as we know it.”

A Movement for a Moral Economy

The war against the poor at the federal level was soon matched in state capitols where organizations like the American Federation for Children, the American Legislative Exchange Council, the Institute for Liberty, and the State Policy Network went to work.  Their lobbying agenda was ambitious, including the large-scale privatization of public services, business tax cuts, the rollback of environmental regulations and consumer protections, crippling public sector unions, and measures (like requiring photo identification) that would restrict the access students and the poor had to the ballot.  But the poor were their main public target and again, there were real life consequences — welfare cutbacks, particularly in the Aid to Families with Dependent Children program, and a law-and-order campaign that resulted in the massive incarceration of black men.

The Great Recession sharply worsened these trends.  The Economic Policy Institute reports that the typical working-age household, which had already seen a decline of roughly $2,300 in income between 2000 and 2006, lost another $2,700 between 2007 and 2009.  And when “recovery” arrived, however uncertainly, it was mainly in low-wage industries, which accounted for nearly half of what growth there was.  Manufacturing continued to contract, while the labor market lost 6.1% of payroll employment.  New investment, when it occurred at all, was more likely to be in machinery than in new workers, so unemployment levels remain alarmingly high.  In other words, the recession accelerated ongoing market trends toward lower-wage and ever more insecure employment.

The recession also prompted further cutbacks in welfare programs.  Because cash assistance has become so hard to get, thanks to so-called welfare reform, and fallback state-assistance programs have been crippled, the federal food stamp program has come to carry much of the weight in providing assistance to the poor.  Renamed the “Supplemental Nutritional Assistance Program,” it was boosted by funds provided in the Recovery Act, and benefits temporarily rose, as did participation.  But Congress has repeatedly attempted to slash the program’s funds, and even to divert some of them into farm subsidies, while efforts, not yet successful, have been made to deny food stamps to any family that includes a worker on strike.

The organized right justifies its draconian policies toward the poor with moral arguments.  Right-wing think tanks and blogs, for instance, ponder the damaging effect on disabled poor children of becoming “dependent” on government assistance, or they scrutinize government nutritional assistance for poor pregnant women and children in an effort to explain away positive outcomes for infants.

The willful ignorance and cruelty of it all can leave you gasping — and gasp was all we did for decades.  This is why we so desperately needed a movement for a new kind of moral economy.  Occupy Wall Street, which has already changed the national conversation, may well be its beginning.

Frances Fox Piven is on the faculty of the Graduate School of the City University of New York.  She is the author, along with Richard Cloward, of Regulating the Poor and Poor People’s Movements.  Her latest book, just published, is Who’s Afraid of Frances Fox Piven? The Essential Writings of the Professor Glenn Beck Loves to Hate (The New Press).  To listen to Timothy MacBain’s latest Tomcast audio interview in which Piven discusses Glenn Beck’s bizarre fascination with her click here, or download it to your iPod here.