Mientras permanezcan en las prisiones del Imperio, los Cinco estarán siempre en la agenda de los pueblos. Es bueno recordarlo ahora, cuando al evocarse los 12 años de la detención de René, Fernando, Ramón, Antonio y Gerardo, se celebrará en el mundo la V Jornada Internacional de Solidaridad con esta causa emblemática para la humanidad y para la justicia. Han pasado doce años, en efecto, desde que los cinco héroes cubanos fueron intervenidos por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y sometidos a diversos procedimientos penales y judiciales que aún no han concluido.

Héctor Llaitul: "Lo que no nos gusta es el inmovilismo, la falta de conciencia. Buscamos el fin de los procesamientos por ley antiterrorista, y dos huelguistas han salido libres desde el inicio de la huelga. Los jueces y el poder político se sienten presionados. Si no pasara nada, el poder no se enteraría de nada… Pueden tener mil presos en el país, y nada. Pero con la huelga de hambre, hay un efecto nacional e internacional . Estamos logrando algo, en el juicio esperamos tener más logros. Se van a desvirtuar las acusaciones. Va a quedar claro que sólo hay montajes, y la gente va a salir mejor parada, vamos a lograr libertad al máximo. Cuántas libertades logremos, dependerá de nuestra fuerza. Pero no vamos más todos a la prisión."

Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. Ellos están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades.

Ante la huelga de hambre de los presos políticos mapuche iniciada el 12 de julio en las cárceles de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu, la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) vuelve a hacer un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional -al igual que en diciembre de 2009-, para romper con la indiferencia y el silencio de las autoridades del Estado y gobierno chileno, ante las legítimas demandas de JUSTICIA de los presos políticos mapuche. A más de un mes de iniciada esta huelga y considerando la gravedad que tiene esta acción para sus VIDAS, llamamos a la sociedad civil a apoyar sus demandas y solicitar junto a ellos...

La huelga de hambre que mantienen 31 presos políticos mapuches en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia, exigiendo entre otros puntos la no aplicación de la ley N° 18.314 (o Ley Antiterrorista), que coarta las garantías constitucionales referidas al debido proceso y a la presunción de inocencia, nos lleva a preguntarnos si efectivamente Chile es la patria de todos o si hay algunos ciudadanos nacidos en este país que son tratados como indeseables, a los que hay que tolerar pero que ojalá no existieran.

María Lourdes Afiuni es una jueza venezolana presa desde hace ocho meses, por haber decidido que un procesado fuese enjuiciado en libertad. La activista Ligia Bolívar dijo a IPS que el caso es emblemático porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "transmitió al Poder Judicial un mensaje muy claro en dos sentidos: el poder de condenar a una persona por cadena de radio y televisión, y que nadie se atreva a conceder el juicio en libertad a una jueza presa por haber hecho lo mismo". El banquero Eligio Cedeño llevaba dos años y 10 meses en prisión preventiva por cargos de corrupción cuando Afiuni le otorgó la libertad condicional, basada en que el código penal fija un límite de 24 meses para la reclusión sin sentencia.

La visión que cultivan los poderes mediáticos es que ellos se limitan a “reflejar” la realidad. En realidad, salvo contadas excepciones, lo que ocurre es exactamente lo contrario: se informa o se desinforma en función de la perspectiva política por la que cada medio ha tomado partido, y ella tiene sólo dos posibles registros: o se está por la conservación o se propone la superación del orden social existente. En asuntos como éste la “imparcialidad” es imposible. Un ejemplo luminoso de lo que decimos lo proporciona el escandaloso silencio de la “prensa seria” de las Américas ante la huelga de hambre que, desde hace más de 15 días, mantienen 31 Mapuches en diversas cárceles de Chile por luchar para recuperar la tierra de sus ancestros.

En Chile continúa vigente la ley 18.314, ley antiterrorista de Pinochet aplicada hoy principalmente contra los mapuches, pero también contra todo aquél que cuestione el sistema vigente. Es una herramienta de persecución y represión en manos del Estado, ocupada a discreción contra quien alce la voz. El número de prisioneros políticos mapuche aumenta. Aunque no existen listados oficiales, diversas organizaciones señalan que existen 57 prisioneros. 106 mapuches se encuentran encarcelados, condenados o procesados por razones políticas -57 prisioneros (dos mujeres), 12 ex prisioneros cumpliendo condena en libertad vigilada, y 37 casos de procesados con medidas cautelares, como arresto domiciliario, firma periódica, reclusión nocturna o arraigo-.

El Informe Final del Grupo de Trabajo para el Estudio de Guantánamo no es un desastre total pero sus equivocadas interpretaciones y omisiones son profundamente inquietantes e indican que sigue siendo considerablemente difícil cerrar Guantánamo, mucho más de lo que debería haber sido. Esto representa una muy triste noticia para los que allí continúan, se les considere o no importantes, que siguen aún esperando, después de casi ocho años y medio, que se les aplique por fin algo parecido a la justicia.

Expertos legales y activistas por los derechos civiles critican al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por haber mantenido las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, y eligieron a Omar Khadr como su estandarte. Khadr es un canadiense detenido en Afganistán en junio de 2002, cuando contaba apenas 15 años de edad. Se encuentra encarcelado desde entonces y será el primero en ser juzgado por las comisiones militares en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde que Obama asumió el cargo en enero de 2009.