En Grecia, los suicidios han aumentado el último año un 40%. Antes de la austeridad que ha arrojado a la pobreza e incertidumbre a millones de personas, Grecia era el país europeo con menor índice de suicidios: 2,8 por cada 10.000 habitantes. Hoy, ese porcentaje se ha doblado y es el más alto de Europa. Deudas que no se pueden pagar, falta de trabajo, temor a perderlo, pobreza… están en el origen de tan brutal aumento. La austeridad mata. En Barcelona, bajo el paraguas de la austeridad, se ha dado un caso muy significativo. Una mujer de 65 años acude a urgencias de un hospital comarcal a las cinco de la madrugada.

Desempleo, por Goodash

Le diagnostican derrame cerebral. La envían a otro hospital con más medios. Pruebas y diagnóstico más preciso: la han de operar ya. Pero el quirófano está cerrado por la austeridad impuesta para ahorrar por el gobierno autónomo catalán. Envían a la mujer a un tercer hospital. Pero los quirófanos están cerrados por la tarde por la misma austeridad presupuestaria. Operarán a la mañana siguiente. Pero por la mañana no disponen de medios suficientes y envían a la mujer con derrame cerebral a un cuarto hospital donde por fin la operan a las once y media de la noche.

Cuarenta y tres horas después de haber acudido a urgencias. La mujer muere. Los recortes presupuestarios para reducir el déficit, la austeridad, tal como ha denunciado la Federación de Defensa de la Sanidad Pública de España, significan supresión de pruebas diagnósticas o largas esperas para las mismas (analíticas, radiológicas, de laboratorio…), así como escandalosas demoras para ser intervenidos quirúrgicamente los pacientes que lo necesitan; cierre de quirófanos, cierre de plantas hospitalarias, reducción de camas, reducción de personal sanitario… Un grave deterioro de la asistencia sanitaria pública. Del derecho a la salud. Cambiemos de escenario. En una ciudad española hay en la calle una larga cola de hombres y mujeres esperando. Hacen cola ante la sede de una organización asistencial que les dará un paquete con comida para una semana. No son habituales indigentes urbanos ni personas sin techo, tampoco drogadictos ni alcohólicos. Solo personas que han perdido su trabajo.

Es la cola de la pobreza. En otras muchas ciudades españolas y europeas, esas colas del hambre han crecido el último año. Son consecuencias reales de la austeridad a toda costa para reducir los déficits de cuentas públicas. Como también lo es que en Europa se consolide la existencia de 116 millones de pobres; un escandaloso índice del 23%. O que haya más de 22 millones de parados y esa cifra no se reduzca ni un ápice. La austeridad implacable en la Unión Europea, por ejemplo, supone que en España más de un millón seiscientas mil personas no reciban prestación por desempleo, subsidio ni ayuda alguna: llevan mucho tiempo sin trabajo y ya no tienen derecho a nada. O que aumenten los nuevos pobres, como los denominan Cruz Roja y Cáritas.

Personas que no son de familias desestructuradas ni sufren alcoholismo o drogadicción. Personas que han perdido el trabajo, su medio de vida. No pueden alimentarse adecuadamente ni mantener la casa caliente en invierno, tampoco comprar ropa de abrigo ni pagar el alquiler o el recibo de la luz… Nuevos pobres. Según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza genera mala salud y muchas más posibilidades de enfermedad y muerte. Y hablando de los crímenes de inducción a la pobreza, enfermedad y muerte, los Nobel de economía Stiglitz y Akerlof repiten una y otra vez que no saldremos de la crisis si sus causantes no están en la cárcel.

Denuncian que los responsables del desastre económico y social ni siquiera han sido investigados por sus tropelías. Los responsables de la crisis y de imponer austeridad caiga quien caiga son responsables de delitos. Porque perjudican gravemente a millones de personas, violando sus derechos. Por crímenes económicos contra la humanidad. En los países desarrollados, en los emergentes y en los empobrecidos. Porque han consagrado como intocable que el beneficio económico (su beneficio) está por encima de todo. Y todo vale para lograr ese beneficio. Igual que hacían Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Bonanno, Meyer Lansky o Albert Anastasia. De la misma calaña.

Es tiempo de empezar a pedir responsabilidad penal a los responsables de la crisis, a sus cómplices y a quienes impiden salir de la misma imponiendo destructoras políticas de austeridad. Porque esa austeridad supone violaciones de derechos. Y las violaciones masivas de derechos humanos son crímenes.

La semana pasada hemos tratado del reto de alimentar a siete mil millones de personas. El incremento de la población mundial va a un ritmo creciente: en 1802 éramos mil millones; en 1927, 2 mil millones; en 1961, 3 mil millones; en 1974, 4 mil millones; en 1987, 5 mil millones; en 1999, 6 mil millones, y finalmente en 2011, 7 mil millones. En 2025, si no ocurre el calentamiento abrupto, seremos 8 mil millones, en el 2050, 9 mil millones, y en el año 2070, 10 mil millones. Hay biólogos como Lynn Margulis y Enzo Tiezzi que ven en esta aceleración una señal del fin de la especie, a semejanza de las bacterias cuando se colocan en un recipiente cerrado (capsula Petri). Presintiendo el fin de los nutrientes se multiplican exponencialmente y entonces, súbitamente, todas mueren. ¿Sería la última floración del melocotón antes de morir?

Independientemente de esta amenazadora cuestión, tenemos un desafío estimulante: ¿cómo gobernar 7 mil millones de personas? Es el tema de la gobernanza global, es decir, un centro multipolar con la función de coordinar democráticamente la coexistencia de los seres humanos en la misma patria y Casa Común. Esta configuración es una exigencia de la globalización, pues ésta implica el entretejido de todos con todo de dentro de un mismo y único espacio vital. Antes o después va a surgir una gobernanza global, pues es una urgencia inaplazable para afrontar los problemas globales y garantizar la sostenibilidad de la Tierra.

(Arte: Sue Coe)

La idea en sí no es nueva. Como pensamiento estaba ya presente en Erasmo y en Kant, pero adquirió sus primeros contornos reales con la Liga de las Naciones tras la Primera Guerra mundial, y definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial con la ONU. Ésta no funciona por causa del veto antidemocrático de algunos países que hacen inviable cualquier iniciativa global contraria a sus intereses. Organismos como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (GATT), de la Salud, del Trabajo, de las Tarifas y la UNESCO expresan la presencia de cierta gobernanza global.

En la actualidad, el agravamiento de problemas sistémicos como el calentamiento global, la escasez de agua potable, la mala distribución de los alimentos, la crisis económico-financiera y las guerras están pidiendo una gobernanza global.

La Comisión sobre Gobernanza Global de la ONU la define como «la suma de las distintas maneras como los individuos e instituciones administran sus asuntos comunes y resuelven intereses diversos de forma cooperativa. Incluye no solo relaciones intergubernamentales sino también organizaciones no gubernamentales, movimientos de ciudadanos, corporaciones multinacionales y el mercado de capitales global» (véase el sitio respectivo de la ONU por internet).

Esta globalización se da también a nivel cibernético, por medio de las redes globales, una especie de gobernanza sin gobierno. El terrorismo ha provocado una gobernanza de seguridad en los países amenazados. Hay una gobernanza global perversa que podemos llamar de gobernanza del poder corporativo mundial hecha por los grandes consorcios económico-financieros que se articulan de forma concéntrica hasta llegar a un pequeño grupo que controla cerca del 80% del proceso económico. Esto ha sido demostrado por el Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica (ETH) que rivaliza en calidad con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y ha sido divulgado entre nosotros por el economista de la PUC-SP Ladislau Dowbor. Esta gobernanza no se da mucho a conocer, pero a partir de la economía influye fuertemente en la política mundial.

Estos son los contenidos básicos de una gobernanza global sana: paz y seguridad, evitando el uso de la violencia resolutiva; combate contra el hambre y la pobreza de millones de personas; educación accesible a todos para que sean actores de la historia; salud como derecho humano fundamental; vivienda mínimamente decente; derechos humanos personales, sociales, culturales y de género; derechos de la Madre Tierra y de la naturaleza, conservada para nosotros y para las generaciones futuras.

Para garantizar estos mínimos, comunes a todos los humanos y también a la comunidad de vida, necesitamos relativizar la figura de los estados nacionales cuya tendencia será ir desapareciendo en nombre de la unificación de la especie humana sobre el planeta Tierra.

Igual que hay una sola Tierra, una sola Humanidad y un solo destino común, debe surgir también una sola gobernanza, una y compleja, que se haga cargo de esta nueva realidad planetaria y permita la continuidad de la civilización humana.

Leonardo Boff es teólogo y filósofo

Defensoría de los Habitantes y Ministerio de Trabajo no tienen registro de denuncias por discriminación laboral a personas con VIH.

Organismos internacionales estiman que número de personas con el virus en Costa Rica podría ascender los 10.000 casos.

En el “país más feliz del mundo”, no se registran denuncias por discriminación laboral por parte de las personas con VIH o sida. El Ministerio de Trabajo no sabe del tema, la Defensoría de los Habitantes no ha recibido ni una sola notificación, a los Tribunales han llegado contados casos. Deberíamos sentirnos orgullosos, ¿o no? 

Si se analiza el panorama epidemiológico de Costa Rica se puede encontrar un hecho preocupante de primera entrada: los datos que brinda el Ministerio de Salud son muy distintos a los emitidos por organismos internacionales especializados en el tema. 

Según el Ministerio, en el país entre el 2002 y el 2009 se registraron 2093 casos de VIH y 1720 casos de sida, un número muy inferior al aportado por ONUSIDA (organismo de las Naciones Unidas dedicado al tema), que para el 2010 estimó que el número puede ascender a los 9,800 casos (el dato podría oscilar entre 7,500 y 13,000 personas). 

“No hay datos estadísticos confiables que demuestren el comportamiento epidemiológico del VIH y no estamos hablando solamente de las formas de infección, sino estamos hablando también de áreas como la laboral, porque la situación del VIH es multifactorial y multidimensional. Por esta misma situación es que existen subregistros”, opina Mario Rojas, funcionario de la organización no gubernamental (ONG) Hogar de la Esperanza, que trabaja con personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en alto riesgo social.

Si no hay datos sobre cuántas personas conviven con el virus mucho menor es la posibilidad de saber cuál es su situación laboral. En toda violación a la ley o a derechos fundamentales la cantidad de denuncias que se presentan es menor a la cantidad de infracciones que se cometen y el caso de la situación laboral de las personas con VIH no es para nada una excepción.

Así lo refleja un estudio del Programa Global de VIH/SIDA del Banco Mundial del 2006 donde indica que en el país se practican acciones prohibidas por ley como pedir prueba para detectar el virus antes de una contratación; preguntas relacionadas con el estado serológico respecto al VIH/SIDA y/o el “modo de vida” en los formularios o durante la entrevista de reclutamiento; así como despido o cambio(s) en las condiciones de empleo, entre otras. Un hecho curioso es que en todos estos casos el informe reza que “a pesar de que se observó que existía evidencia no se hizo referencia a ningún caso en específico” (Ver gráfico “Hallazgos y evidencias provenientes de la encuesta sobre discriminación”).

Y ese parece ser el patrón en el país: se sabe que estas cosas ocurren, pero no hay registro de ellas. ¿Por qué no se denuncia la discriminación laboral hacia personas con VIH?

Voces en silencio

Tanto Carlos Valerio de la Defensoría de los Habitantes como Hommer Montero de la Asociación de Personas que Viven con VIH/sida (Asovih/sida) concuerdan en que las principales razones por las que una persona que convive con el virus puede sufrir discriminación laboral (que puede llegar al punto del despido) radican en el desconocimiento del tema; en el temor de que se produzcan infecciones; o en la posibilidad de que los problemas de salud reduzcan el rendimiento del empleado con VIH.

Generalmente estos despidos se disfrazan con motivos ajenos al virus. Tal fue el caso de Edgar, una persona con VIH que recibe ayuda del Hogar de la Esperanza (el nombre real del sujeto no será mencionado por cuestiones de confidencialidad), quien fue despedido de DEMASA (Derivados de Maiz Alimenticios), poco después de que el médico de la empresa alertara sobre su situación.  

“A mí me la cuadraron bonito”, dice Edgar. “En esos días empezó ente comillas un recorte de personal, donde habían casi 500 personas solo echaron como a tres(…), entre ellas me fui yo”.

Eso se dio en 1997, sin embargo, no significa que los casos ya no se den. En 2009 una persona con VIH debió recurrir a la Sala Constitucional, pues en el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) estaban pidiendo la prueba del VIH, entre otras, como requisito para solicitar empleo. La Sala falló a favor del recurrente en la resolución 1874-10. La sentencia  ordena al Director General del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), “no hacer pruebas de VIH para detección del Sida a los aspirantes a puestos laborales de esa Institución, aunque sean voluntarias”. Este fue un caso muy sonado el cual tiende a ser citado por las personas que luchan por estos derechos.

El principal amparo de estos trabajadores es el artículo 10 de la Ley General sobre el VIH/sida (7771) de 1998, que dice que “Ningún patrono, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones médicas a los trabajadores sobre la portación del VIH para obtener un puesto laboral o conservarlo. El empleado no estará obligado a informar a su patrono ni compañeros de trabajo acerca de su estado de infección por el VIH”. Además el artículo 8 de la misma ley establece que la confidencialidad es un derecho fundamental de estas personas.  

Sin embargo, pocos son quienes se atreven a presentar denuncias. En primer lugar, el demandante debe comprobar que fue despedido por su condición, pero como se mencionó, generalmente las razones para darlos de baja se encubren, lo cual, según  Carlos Valerio, es casi imposible de demostrar. Sumado esto se presenta el riesgo a ser expuesto públicamente y perder la confidencialidad, lo que puede provocar discriminación.

Muchas firmas, pocos actos  

Por tradición los gobiernos costarricenses se han esmerado en participar de los acuerdos internacionales que se gestan en materia de Derechos Humanos, entre ellos los que contemplan la situación de las personas con VIH. De la misma forma, se han implementado en la legislación nacional ciertos estatutos para velar por la defensa de las personas con esta condición como lo es la Ley 7771. La pregunta es ¿qué tanto pasa el Estado estas disposiciones del papel a la vida real? (Ver recuado “Derechos Humanos de Colección”).

Contrario a lo que se podría esperar de un país que se declara a la vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, en Costa Rica los registros de la situación de estas personas son casi nulos, de ahí que la atención integral para ellos camine por un trillo espinoso. En un informe efectuado por el Ministerio de Salud y el ONUSIDA en el 2009, se propuso que el Sistema de Vigilancia del VIH (SINVIH) proporcionara “información oportuna y actualizada” de manera que para el 2010 las clínicas públicas y laboratorios que efectúan tamizaje actualizaran directamente el registro.

A pesar de esta propuesta, a la fecha los distintos representantes de las organizaciones pro calidad de vida de las personas con VIH reiteran uno tras otro que en el país existe un subregistro de estos casos. El enfoque del tratamiento y prevención del VIH del Ministerio de Salud se orienta a la detección de estos casos en mujeres embarazadas y en sus hijos, cuando según Manuel Abarca del CIPAC (Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos) el porcentaje mayoritario de personas con esta condición (73%) es representado por los hombres entre los 20 y 45 años, edad de mayor rendimiento laboral. 

En el país más feliz del mundo (según el informe de felicidad realizado por la organización británica The New Foundation), las personas con VIH no pueden acceder a un seguro de vida del Instituto Nacional de Seguros, son recurrentemente despedidos de sus empleos por supuestos “recortes de personal” y no pueden forman parte del Ministerio de Seguridad Pública, sólo por mencionar algunos ejemplos de la discriminación a la que se enfrentan.

Lo más lamentables es que la violación a los derechos laborales de las personas con VIH no se limita al sector privado sino que las mismas instituciones del Estado que promulga las leyes son también las que las incumplen. 

En Costa Rica se colecciona reconocimientos de defensa de la Paz, de los Derechos Humanos y también de la felicidad. Pero en el país más feliz del mundo para las personas con VIH las sonrisas no son tan accesibles, los trabajos dignos tampoco.

18 de agosto, calurosa mañana en San Pedro de Montes de Oca, San José. Entrevista a los gestores de una propuesta radical en radio y salud mental. Luis Quiros, de Revista Amauta conversa con Adrian Solís y Andres Dinartes del programa radial podemos volar. Las preguntas de rigor dieron paso a las verdaderas cuestiones que involucran hacer un programa de radio en un hospital psiquiátrico . Una charla fuera de la normalidad queda registrada y en ella se camina entre la producción radial, los obstáculos institucionales la psiquiatría y su enfoque, la psicología y sus múltiples escuelas, la sociedad y el aislamiento, la salud mental.

Estamos a las puertas de una nueva recesión mundial y el sistema de liberalización de mercado sufre severos cuestionamientos. Todo el esquema de política económica que puso en funcionamiento el neoliberalismo está mostrando sus graves falencias visibles en las economías europeas y la norteamericana. Pese a este evidente fracaso en nuestro país el neoliberalismo goza de un inmenso aparato de resonancia que intenta hacer verosímiles sus planteamientos.

El semanario El Financiero parte del Grupo Nación destaca por hacer eco de estas ideas. La edición del 1 al 7 de agosto de 2011 se concentra en la crisis dela Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cual se le dedica la portada, el artículo principal, el editorial y una parte de la nota del editor. Traigo a colación este número porque aporta un excelente ejemplo acerca de cómo el razonamiento liberalizante exculpa a los responsables de la problemática social, para endilgarla a los que la padecen. Me explico.

(Imagen: Mikel Jaso / Público)

Cualquiera que haya seguido –aunque fuese sumariamente- las noticias que se generaron luego de que el lío financiero dela CCSS se destapara, coincidirá conmigo en que estamos ante un problema que tiene dos vertientes: por un lado una ineficiente administración del la entidad no solo por su ineptitud en el cobro de las cuotas que corresponden a los patronos, sino por su iniciativa de crecimiento – bajo la administración de Doryan- que preveía un descalabro a corto plazo; además, a esto hay que agregar negativa del Estado de pagar lo que debe a la entidad. En los dos casos hay implicados directos a los que se les puede preguntar por su accionar, tanto dentro de la institución como en otras dependencias del Estado encargadas de financiarla. Y ese es el camino que han seguido los diferentes medios para informar sobre este caso, así lo han hecho el Semanario Universidad o el mismísimo periódico La Nación.

Sin embargo, dando un giro sorpresivo del enfoque de la noticia el periodista Gerardo Ruiz en el artículo principal de la edición citada de El Financiero decide desechar estas dos vertientes de la noticia y se enfoca en quela CCSS requiere una “cirugía legal”. Un tema típico del neoliberalismo: la ley que permite un crecimiento desmedido del Estado y limita la competitividad. Para enfocar el problema de lo que el periodista llama “leyes tóxicas” utiliza como fuentes –entre otros- a los cuatro últimos expresidentes ejecutivos de la CCSS así como una serie de datos dispuestos para un solo fin: demostrar que el centro de la temática es el “gasto inflexible” y que solo mediante una “reforma legal se podría soltar”. Puesto así parece que no hay ningún problema de desatención del Estado, ni de cobro a morosos, el problema son las leyes ¿Cuáles leyes? Nada más y nada menos que la de creación dela CCSS, las de incentivos profesionales y las sentencias dela Sala Cuarta que obligan ala CCSS a cumplir el derecho humano a la salud. Perdón ¿dije derecho humano? Disculpen, debí decir: las sentencias dela Sala Cuarta que obligan ala CCSS a gastar exorbitantes sumas de dinero en gente que se va a morir de todas maneras en poco tiempo. Dejaré por fuera de esta discusión la argumentación sobre las leyes de incentivos profesionales, quisiera concentrarme más bien en lo que el artículo resalta del papel dela Sala Cuarta en el “desfinanciamiento” de la CCSS.

La posición de Ruiz la podemos resumir así: la CCSS está amarrada a una estructura de gasto que contempla demasiadas “garantías” y “derechos”, eso no le permite operar de manera competitiva. Llama la atención en la lectura del artículo, que esta posición no coincide con la mayoría de los entrevistados, excepto con algunos como Álvaro Salas (expresidente ejecutivo de la entidad) de quien cita una frase reveladora: “La seguridad social es darle a todos algo y no todo a unos pocos. Como país, debemos armar un debate en torno a temas sensibles como si la Caja debe adquirir tratamientos de hasta $200. 000 para una persona que tiene cáncer y no va a sobrevivir más de 5 meses”.

Nótese la línea de argumentación del artículo de Ruiz en lo tocante a este punto: la Sala Cuarta obliga a que se hagan tratamientos caros, eso hace que la CCSS incurra en un gastos excesivos, allí entra la cita de Salas: los pacientes con cáncer son los culpables de ese gasto, por lo tanto el debate sobre los “temas sensibles” no es sobre el manejo administrativo de la CCSS, lo central acá es si vamos a seguir pensando que un paciente con cáncer tiene derechos humanos o vamos a pensar competitivamente para aprovechar esa plata y no “desfinanciar” la institución. La salud entonces no es un tema de derechos humanos sino una discusión sobre optimización de recursos, lo confirma la definición de Mario Bermudez en la presentación del semanario: “La salud es un bien inapreciable…” del cual paradójicamente estamos discutiendo su precio para la sociedad. Está claro: la salud es un bien, el hecho de que sea inapreciable no impide que se compra y se venda como las sillas, las casas y los zapatos. Se puede utilizar esta definición de salud para decir que quien puede comprarla obtiene el derecho a ella, quien no, pues no.

Por fortuna no todo está perdido, y el optimismo resalta en el editorial de El Financiero con una frase que se nos está haciendo sospechosamente común desde que se vino abajo la economía estadounidense en 2008: “toda crisis debe verse como una oportunidad.” ¿Oportunidad de qué según el editorial? De intervenir la institución, eliminar odiosas “convenciones colectivas” y “leyes inaceptables” que limitan la competitividad. La CCSS debe verse como un baluarte de lo que el semanario llama “solidaridad instrumentada”, no solidaridad a secas, sino como instrumento de crecimiento económico.

No existe en esta edición de El Financiero -salvo marginales referencias- el tema de la morosidad en el sector privado, la negligencia del Estado en el no pago de la deuda, o las deficiencias en la administración de la CCSS. Todos esos temas retroceden ante la posibilidad de ver esta “crisis como una oportunidad” de eliminar convenciones colectivas y hacer más competitivas las instituciones. Un antídoto anticrisis fantástico: como cada crisis es una oportunidad de perfeccionar los mecanismos de competitividad pues ¡que vivan las crisis!

De prevalecer esta visión en la política nacional –que bien sabemos que ciertos actores  la promueven como el Movimiento Libertario, Liberación Nacional, los Hospitales Privados, etc- las consecuencias se pueden ver claramente: 1) se exculpa por su accionar a los presidentes ejecutivos y a los encargados estatales y privados de gestionar y financiar la CCSS, porque en realidad ellos estaban atados a “leyes tóxicas”, no podían hacer nada; 2) se inculpa a los que padecen el orden social: los pacientes con cáncer u otros padecimientos de tratamiento costoso que se han creído la historia de que tienen derechos humanos y los reclaman a la Sala Cuarta que a su vez demanda su cumplimiento a la institución y así “desfinancian” la CCSS; y 3) se crea una institución más competitiva que atiende únicamente a quienes pueden financiarse directamente el “bien” de la salud. ¡Muerta la Caja, que viva la “solidaridad instrumentada”!

La crítica a este discurso deja claro que el futuro dela CCSS es un problema político: una disputa entre quienes quieren una institución que otorgue “solidaridad instrumentada” y quienes anteponen los derechos humanos como criterio central de la vida social. Entre quienes buscan el olvido de las responsabilidades en el desmantelamiento de las instituciones públicas y quienes buscan en la memoria los responsables de este desastre social llamado neoliberalismo.

Los distritos del cantón de Barva en Heredia lograron un precedente en la lucha que realizan vecinos organizados en distintas comunidades del país, para que las municipalidades reglamenten adecuadamente la instalación de torres y antenas de las empresas de telefonía celular, que se han venido colocando con permisos y sin permisos, según denuncias.

Tras la presión de ciudadanos que se oponen a que les coloquen antenas celulares cerca de sus casas o escuelas, el Concejo Municipal de Barva recibió un pliego con decenas de firmas, y acordó realizar una consulta popular  y no dar permisos para torres hasta que no se emita un reglamento.

Antena celular a baja altura, cerca de casas de habitación en Zapote. (Foto: Katya Alvarado / Semanario Universidad)

Esto, después que el pasado 5 de agosto amas de casa y otros vecinos de San Pablo de Heredia se lanzaron a la calle para impedir la descarga de una torre que una constructora iba a instalar a 50 metros de la escuela.

La inquietud ha llegado a diversas comunidades del país, al propalarse informaciones sobre los riesgos para la salud que traería la exposición prolongada a las señales de radiofrecuencia de los sistemas celulares. “Son mitos”, afirman autoridades de salud, aunque reconocen que las investigaciones no dan aún para sacar conclusiones definitivas (ver recuadro “Puros mitos”).

Un amago de disturbio ocurrió la semana pasada en el residencial Roma Oeste en Rohrmoser, Pavas, por una torre que se está montando junto a casas en la zona de aproximación al aeropuerto. Vecinos del residencial -de clase media- estacionaron sus vehículos para obstaculizar los trabajos y la policía llegó a moverlos.

Los vecinos contrataron a un abogado, Roberto Zamora, para iniciar un proceso contencioso administrativo impugnando la legalidad del permiso concedido por la Municipalidad de San José a la construcción. Según el abogado, el permiso no cumple con varios requisitos de la normativa atinente y el plan de desarrollo urbano.

Mariella Argüello dijo que mediante recursos han logrado detener  desde hace más de un año una torre que les pretenden poner en el vecindario en San Pablo de Barva de Heredia. Pero dijo que en algunos distritos ya han instalado torres, pues las empresas negocian con los dueños de los lotes con la condición de que no digan  nada, y cuando el vecindario se da cuenta ya está la torre levantada, incluso en algunos casos sin permisos.

Detalló que están pidiendo a la municipalidad que en el reglamento se exija un retiro de 200 metros a la redonda, lejos de las viviendas, escuelas y centros de recreación. “En Europa se exige hasta una distancia de 1 kilómetro; aquí no somos ciudadanos de cuarta categoría, como para que nos quieran poner antenas sobre el techo. En España a Telefónica no se lo permiten y aquí sí”, protestó.

Grupos de diversas comunidades afectadas formaron el movimiento Más Urba (MOV+URBA) y se reúnen semanalmente en el hotel Del Lago, en La Sabana. Entre las acciones contemplan una movilización para el 15 de setiembre, anunció una de sus integrantes, la empresaria Claudia Gavosto.

Informó tener conocimiento de movimientos opositores en lugares como Barrio México, Escazú, San Francisco de Dos Ríos, Guadalupe, Purral, Paso Ancho, Santa Ana, Barva, San Carlos, Cóbano de Puntarenas, San  Carlos, y Gandoca y Manzanillo en Limón, las cuales están estableciendo comunicación.

La abogada Violeta Arias relató que la asociación de desarrollo comunal de Paso Ancho Norte presentó un recurso de amparo con 70 firmas, que fue aceptado para su trámite por la Sala IV el pasado 22 de julio, según los criterios del derecho de información, derecho al ambiente sano, y derecho al debido proceso. Al menos en Barrio México y Pavas también han sido presentados recursos, acotó.

Explicó que en Paso Ancho Norte todo está listo para construir una torre en un lote esquinero a 300 metros al norte de la iglesia católica, pero la comunidad no está de acuerdo, porque está con un retiro de apenas tres metros de la propiedad vecina,  y frente a un condominio de cientos de apartamentos.

En su opinión, el Estado debía haber tomado las previsiones del caso a través del Ministerio de Salud conforme al “principio precautorio”, porque en este momento no existen estudios que digan que las torres no van a hacer a daño.

Hans Kurz, miembro de un grupo de vecinos de Vista Linda de Escazú que lucha contra la anunciada instalación de una torre junto a sus casas, relató que tras audiencias en la Municipalidad, la semana pasada les dijeron que no autorizarán permisos mientras la municipalidad no adopte un reglamento. Sin embargo, no están confiados porque “las presiones son enormes”.

Carmen Arce, síndica y miembro de la comisión de telecomunicaciones de la Municipalidad, expuso que en Tibás están trabajando en un reglamento, y quieren hacerlo con el menor impacto posible, porque hay preocupación de la gente.

Johanna Cruz, concejala del distrito central Santa Ana, dijo que al frente del residencial Las Cabañas les quieren poner una torre y lo que más les preocupa es que se devalúe la propiedad.

“Las torres son horrorosas. En Santa Ana hasta donde se pueda no vamos a permitir que haya una torre por cada empresa (telefónica), sino que vamos a exigir que estén juntas”, aseveró.

Según el arquitecto Mauricio Ordóñez, es irresponsable afirmar que las emisiones de radiofrecuencias en antenas celulares no provocan efectos en la salud. La opinión de la comunidad científica está dividida, y cuando se tiene un grupo de científicos que dicen sí y otro que dicen no, se aplica el principio precautorio. Decir que no pasa nada es irresponsable. ¿Cómo saben? Puede ser que las enfermedades que hemos estado sufriendo, como el insomnio y otros males, se deban a eso, señaló.

Recordó que las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -que aplica el Ministerio de Salud- se basan nada más en los efectos térmicos. Pero las ondas electromagnéticas inciden en los cuerpos, y mientras algunos dicen que se detienen en la piel, otros dicen que llegan más adentro, cuestionó Ordóñez, quien se ha interesado en ahondar sobre el tema.

Recordó que muchos países no acataron o han abandonado las normas recomendadas por la OMS para la potencia de las señales, y han adoptado unas más estrictas, es el caso de Suiza, Rusia y Este Europeo, Bélgica, Luxemburgo,  y Austria-Salzburgo, donde la telefonía celular funciona sin problemas.

El descontento con las normas  de la OMS va creciendo y un ejemplo es la Resolución de la Comisión de Medio Ambiente sobre Salud y Campos Electromagnéticos que aprobó el pleno del Parlamento Europeo en abril del 2009, con normativa más exigente, agregó.

Comisión

Walther Herrera, funcionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y miembro de la Comisión de Infraestructura, comentó que ha habido preocupación de la población sobre el tema, porque se ha estado enviando información no oficial a los medios de comunicación, diciendo que la radiación de las antenas  en las torres es perjudicial para la salud y que estas afean el paisaje, y la gente se alarma con razón.

Explicó que la norma adoptada es la recomendada por la OMS, que toma como referencia los niveles de radiación establecidos por el Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP, sigla en inglés). Las radiaciones que se están permitiendo son 50 veces menores que el límite que ellos determinaron, de manera que se está considerando el principio precautorio, afirmó.

En el documento de buenas prácticas se recomienda que las antenas  tengan un mínimo de 30 metros , pero quien define el tamaño de la torre es la empresa operadora, que es la responsable de dar el servicio de calidad, y dependiendo del terreno pone las torres y determina cuál  es la altura más adecuada, puntualizó.

La  SUTEL abrió una línea de consulta gratuita para los usuarios y las municipalidades (888 SUTEL), para que las personas consulten las dudas que tengan.

Se formó una comisión interinstitucional de la SUTEL y tres ministerios para colaborar con las municipalidades en los trámites de permisos para infraestructuras en telecomunicaciones.  Dado que las municipalidades no tenían ninguna normativa, se estableció por medio de la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) una propuesta de reglamento, para que cada ayuntamiento tuviera un instrumento en que pudiera respaldarse para dar los permisos, añadió Herrera.

Ya 46 de las 81 municipalidades han adoptado el reglamento, así como 6 de 8 distritos municipales que hay en el país, aseguró Herrera.

“Puros mitos”

La ingeniera María Cordero es la encargada del tema de las radiaciones ionizantes y no ionizantes en la Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio de Salud (MS), y por eso  se le preguntó con base en qué les están asegurando a las comunidades preocupadas, que no hay peligro con la normativa adoptada para las emisiones de las antenas celulares.

Dijo que como país miembro de la OMS, el MS tomó las recomendaciones de esa organización y las hizo obligatorias, mediante un decreto ejecutivo firmado en febrero del 2011, donde se toman los parámetros permisibles adoptados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes.

Mencionó que en mayo de este año salió un informe de la OMS, en el que los campos electromagnéticos emitidos por el teléfono celular los categorizan en un nivel 2B y dicen que posiblemente tengan algún efecto para la salud. Hay que tomar en cuenta que las investigaciones se han hecho en animales, no en humanos.

Pero las radiobases se están excluyendo, porque manejan magnitudes muy bajas. Entonces no es trascendente la emisión de campo electromagnético en una torre, a diferencia del teléfono celular, donde la señal es más potente y además lo tenemos cerca, sostiene Cordero.

Sin embargo, en la comunidad científica hay divergencia de opiniones. ¿No habría que seguir el principio precautorio?

-Por supuesto, el principio precautorio, pero ahora con esta presentación de estos expertos, hay uno que es investigador, el Dr. Sabbatini, quien definitivamente dice que hay muchos estudios, pero ninguno ha llegado a una conclusión. Lo que dice da pie a pensar que lo que el viceministerio de Salud ha hecho (aplicar la norma de la OMS) es basándose en conclusiones totalmente científicas.

No obstante, esos estudios se refieren únicamente al efecto térmico de las ondas.

-No, se toma en cuenta que ya demostrado está que el efecto térmico es el que hace más daño, no el campo electromagnético.

Usted dice que la potencia de emisión de las antenas es muy baja, pero ¿qué hay con el tipo de onda, como las ondas pulsantes que se trasmiten en las frecuencias del celular, y de las cuales se dice que podrían tener efectos perjudiciales en las células, las del cerebro, por ejemplo?

-Puros mitos. Sabemos que el cerebro es muy eléctrico y los campos electromagnéticos están muy cerca del cerebro. Pero la OMS dice que no hay ninguna conclusión de que esos campos tengan ningún efecto en el cerebro, o sea que no está demostrado que dé  dolor de cabeza, o mareos y tantas cosas de que hablan las personas.

Pero tampoco está demostrado que no provoquen daño

-Bueno en eso está la OMS investigando. En el momento que dé una conclusión que los campos electromagnéticos del teléfono celular sean dañinos para la salud, y que lo cambien de categoría, en ese momento creo que todas las autoridades del mundo tenemos que tomar decisiones, porque creo que nadie en este momento esté levantando la mano para dejar de usar el teléfono celular, sabiendo que es una herramienta que es parte del trabajo de las personas. Entonces no nos podemos aventurar; claro, hay gente que anda dando mala información.

¿Como cuál?

-Que da cáncer, que provoca leucemia en niños, que trae trastornos como dolor de cabeza, insomnio, mareos, todos esos mitos.

¿Son mitos o es que no hay estudios concluyentes sobre los efectos?

-Sí se han estudiado. Es más, estos expertos dicen que hace 60 años se están haciendo estudios, no es de ahora. Ahora tenemos celulares; en Costa Rica desde hace 15 años. ¿Cuánto tiempo está trabajando el ICE en Costa Rica? Hace 15 años.

Pero no se han estudiado los efectos…

-No, en Costa Rica no se hacen investigaciones, pero a nivel mundial hay una cantidad de países que han hecho investigación.

“Antenas seguras”

Las radiaciones de las antenas celulares son tan bajas que no hay que temer efectos en la salud. Y en cuanto a la exposición a la radiación de los propios teléfonos celulares a largo plazo, aún no se pueden hacer conclusiones definitivas, dijo a UNIVERSIDAD el brasileño Renato Marcos Sabbatini.

Biofísico, sociólogo, profesor universitario e investigador en temas de salud y emisiones electromagnéticas, Sabbatini impartió una charla a funcionarios municipales la semana pasada invitado por la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM). Estuvo acompañado del también brasileño  Adorbal Bonturi, director de MMF, una fundación de las casas fabricantes de celulares.

¿En su criterio, la norma que se está aplicando en Costa Rica para las emisiones de antenas celulares es segura para la salud de las personas?

-Cosa Rica está entre el medio centenar de países que adoptan un estándar internacional de la OMS, que ha sido extensamente investigado por  el ICNIRP, y que son los campos electromagnéticos que utilizan los teléfonos. Ese nivel de seguridad ha sido determinado por experimentos científicos con animales (ratones), y para proporcionar un nivel más seguro lo rebajaron 50 veces. Un nivel de 200 vatios lo rebajaron a 4, que es un nivel muy bajo y no hay ninguna acción biológica. Pero además las torres celulares operan a niveles aun más bajos, normalmente entre 1.000 y 200 veces por debajo de ese nivel que ya es 50 veces menor.

Pero entendemos que ese estudio solo mide los efectos térmicos (calor) de esas emisiones.

-Es verdad. Es el efecto de calentamiento como resultado de la incidencia de microondas, que son los tipos de ondas de la mayoría de las emisiones.

Pero no es el único efecto posible; puede haber efectos de otro tipo.

-Hay varios trabajos que han estudiado si existirían otros efectos llamados no térmicos. Ellos existen, pero parecen ser insignificantes. Son de muy baja intensidad. Probablemente no tienen fuerza suficiente para romper moléculas o causar muerte celular, etc.

¿No es cierto que son estudios que consideran la potencia o intensidad de las emisiones, y no el tipo de onda, como las ondas pulsantes, que se transportan en estas frecuencias y que, al parecer, según algunos científicos, pueden tener efectos biológicos y sobre lo que no hay aún suficiente investigación?

-La mayoría de los trabajos utilizan simulaciones de estaciones de GSM o CDMA, que son las dos que se utilizan hoy día. Entonces ya se simula la pulsación de frecuencia que esas tecnologías utilizan. Los científicos se han preocupado mucho de utilizar no solamente la intensidad y la  potencia de emisión que sea compatible con el nivel con que el cuerpo siente la emisión de la radiobase o de los teléfonos, sino también el patrón de emisión.

Pero hay divergencias en la comunidad científica sobre los efectos de las emisiones, y los países han adoptado regulaciones para lugares sensibles como escuelas y hospitales, y europeos, por ejemplo, exigen emisiones más bajas…

-La OMS no ve nada especial en escuelas y hospitales, porque las radiaciones son muy bajas. Entonces es poco probable la posibilidad de causar efectos en personas mayores de edad, niños o bebés, pero se puede tomar precauciones. Esas precauciones consisten en preservar una distancia mínima entre las torres y las escuelas. En hospitales no hay necesidad. En estos la precaución es no utilizar los teléfonos en la unidad de terapia intensiva, o en los centros quirúrgicos, porque hay varios aparatos que utilizan comunicación inalámbrica y podrían sufrir una interferencia y ocasionar una mala función que ponga en peligro la vida de un paciente. Es  un efecto indirecto. Pero la mayoría de los fabricantes han notado ese efecto y entonces se organizan para poner a los aparatos blindajes especiales y filtros de frecuencia electromagnética.

Esas investigaciones que menciona y por las que dice que no hay  que temer efectos dañinos en la salud ¿se han hecho con suficiente espacio de tiempo como para llegar conclusiones definitivas?

-No, tiene que pasar el tiempo. Nosotros tenemos datos, pero como el celular es un fenómeno relativamente reciente, unos 15 años en nuestros países, lo que pasa es que no tenemos información suficiente sobre el largo plazo de exposición. Hay varios estudios que están siendo hechos en países desarrollados como el Reino Unido, EE.UU. y en Europa, para seguir por 25 años o más.  Empezaron en 2009 y creo que va a pasar mucho tiempo antes que tengamos una conclusión definitiva. Pero se puede adelantar que como no hay mecanismos biofísicos plausibles que sean fáciles de acreditar es muy poco probable que se prueben esos efectos.

¿Ante la duda no habría que tener una actitud precautoria?

-En cuanto a eso, lo que se puede hacer es seguir el principio de precaución. A nivel individual utilizar el manos libres, audífonos, no hablar tanto por celular, no darlo a los niños pequeños. Son medidas de precaución que no hacen mal a nadie, y creo que como en otras esferas de la vida son necesarias. Eso para los teléfonos, pero para la estación radiobase, repito, el campo que ellas emiten a distancia segura es tan bajo, que no hay cómo penetrar siquiera en el cuerpo humano; para en la ropa.

The real reason Big Macs are cheaper than more nutritious alternatives? Government subsidies

The easiest way to explain Gallup’s discovery that millions of Americans are eating fewer fruits and vegetables than they ate last year is to simply crack a snarky joke about Whole Foods really being “Whole Paycheck.” Rooted in the old limousine liberal iconography, the quip conjures the notion that only Birkenstock-wearing trust-funders can afford to eat right in tough times.

It seems a tidy explanation for a disturbing trend, implying that healthy food is inherently more expensive, and thus can only be for wealthy Endive Elitists when the economy falters. But if the talking point’s carefully crafted mix of faux populism and oversimplification seems a bit facile — if the glib explanation seems almost too perfectly sculpted for your local right-wing radio blowhard — that’s because it dishonestly omits the most important part of the story. The part about how healthy food could easily be more affordable for everyone right now, if not for those ultimate elitists: agribusiness CEOs, their lobbyists and the politicians they own.

As with most issues in this new Gilded Age, the tale of the American diet is a story of the worst form of corporatism — the kind whereby the government uses public monies to protect private profit.

In this chapter of that larger tragicomedy, lawmakers whose campaigns are underwritten by agribusinesses have used billions of taxpayer dollars to subsidize those agribusinesses’ specific commodities (corn, soybeans, wheat, etc.) that are the key ingredients of unhealthy food. Not surprisingly, the subsidies have manufactured a price inequality that helps junk food undersell nutritious-but-unsubsidized foodstuffs like fruits and vegetables. The end result is that recession-battered consumers are increasingly forced by economic circumstance to “choose” the lower-priced junk food that their taxes support.

Corn — which is processed into the junk-food staple corn syrup and which feeds the livestock that produce meat — exemplifies the scheme.

“Over the past decade, the federal government has poured more than $50 billion into the corn industry, keeping prices for the crop … artificially low,” reports Time magazine. “That’s why McDonald’s can sell you a Big Mac, fries and a Coke for around $5 — a bargain.”

Yes, it is a bargain, but one created by deliberate government policy that serves the corn industry titans, not by any genetic advantage that makes corn derivatives automatically more affordable for the budget-strapped commoner.

The aggregate effect of such market manipulation across the agriculture industry, notes Time, is “that a dollar [can] buy 1,200 calories of potato chips or 875 calories of soda but just 250 calories of vegetables or 170 calories of fresh fruit.”

So while it may be amusing to use Americans’ worsening recession-era diet as another excuse to promote cultural stereotypes, the nutrition crisis costing us billions in unnecessary healthcare costs is more about public policy and powerful special interests than it is about epicurean snobs and affluent tastes. Indeed, this is a problem not of individual proclivities or of agricultural biology that supposedly makes nutrition naturally unaffordable — it is a problem of rigged economics and corrupt policymaking.

Solving the crisis, then, requires everything from recalibrating our subsidies to halting the low-income school lunch program’s support for the pizza and French fry lobby (yes, they have a powerful lobby). It requires, in other words, a new level of maturity, a better appreciation for the nuanced politics of food and a commitment to changing those politics for the future.

Impossible? Hardly. A country that can engineer the seemingly unattainable economics of a $5 McDonald’s feast certainly has the capacity to produce a healthy meal for the same price. It’s just a matter of will — or won’t.

Hoy mi hija mayor se despertó a las 2 de la mañana sangrando por la nariz, y por supuesto todas las alarmas de padres se activaron. Inmediatamente salimos corriendo al Hospital Calderón Guardia, el mismo hospital donde nació.

Al llegar a emergencias nos topamos con que efectivamente había un buen número de emergencias esperando, la imagen era la misma que ha caracterizado a la Caja Costarricense del Seguro Social: Un hospital de tonos tristes, personal corriendo entre gente de pocos recursos y equipo médico bastante utilizado. La recepcionista pidió los papeles del seguro de la niña, y nos dimos cuenta de que con el susto, habíamos salido de la casa sin ellos. Sin embargo, todos los niños que estén en suelo costarricense tienen derecho a ser atendidos automáticamente, así que nos dejaron pasar a uno de los consultorios para una valoración rápida. El doctor estaba ocupado pero se tomó un par de minutos para atendernos, nos dijo que por ser una niña debíamos recurrir al centro especializado: el Hospital Nacional de Niños, a cinco minutos de distancia.

(Imagen: t r u t h o u t)

Cuando llegamos al Hospital de Niños encontramos más emergencias haciendo fila, más pacientes de bajos recursos en un hospital de bajos recursos. Pero en este hospital las emergencias eran bebés o niños pequeños. Me pregunté cuántos hospitales estarían recibiendo emergencias esta madrugada en todo el país, cuánta gente estaría siendo atendida y cuántos seres queridos estarían siendo salvados esta noche, cuántas madres y cuántos padres estarían depositando sus hijos en manos de estos doctores en todo el país, y cuántas de estas familias habrían salido como yo, de madrugada, asustados, sin papeles y sin dinero.

De nuevo al ver a estas familias, me pregunté a dónde irían si la CCSS dejara de funcionar. Recordé las visitas a clínicas privadas por emergencias parecidas, donde por una consulta rápida y un par de sueros he pagado más de cien mil colones. ¿Podrían, podríamos disponer de cien mil colones en caso de una pequeña hemorragia nasal? ¿Podríamos pagar por una verdadera emergencia? Recordé que una operación y una noche en la Clínica Católica me salió en más de un millón de colones, lo que la convierte en la habitación más cara de mi vida. ¿Podríamos los costarricenses disponer de un millón de colones en el banco, en caso de una operación de emergencia? ¿Cuánto costaría una semana de tratamiento y rehabilitación en una clínica privada?

Durante los últimos años, los gobiernos del PLN han estado boicoteando las instituciones estatales para permitir la entrada de transnacionales privadas. Lo han hecho con el Instituto Costarricense de Electricidad, SETENA, y ahora es el turno de la seguridad social, ya que a partir de enero de 2011 entró a regir la parte del Tratado de Libre Comercio con EEUU sobre las aseguradoras privadas. Recientemente vivimos una crisis de salud por el descalabro económico de la CCSS.

El informe para la Organización Panamericana de la Salud responsabiliza de esta crisis a la mala administración de los últimos años, pero esta mala administración fue planificada y orquestada magistralmente por Eduardo Doryan, que durante la administración de Oscar Arias trabajó como Presidente de la CCSS, y que, como premio por cumplir su misión de boicot contra la salud costarricense, fue nombrado presidente ejecutivo del ICE, obviamente para que continuara con esta labor que sabe cumplir también: presidir el boicot contra las instituciones públicas. El escándalo de la crisis de la CCSS fue tal, que Doryan tuvo que renunciar a la presidencia del ICE días después de presentar su informe sobre sus labores como presidente de la CCSS.

La seguridad social de Costa Rica está en alto riesgo, pero no es casualidad, ni es culpa de sus empleados. Es culpa y responsabilidad de sus administradores. Del gobierno que juró defenderla, que juró defendernos.

Hoy mi hija fue atendida, se le practicaron varios exámenes de sangre, de presión y otros, fue valorada y diagnosticada en un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la misma manera en que nació, y al salir del hospital, yo había tenido que desembolsar exactamente la misma cantidad de dinero que pagué el día que vino al mundo: CERO COLONES, ya que mes a mes se me rebaja una cuota casi imperceptible, que cubre todos los gastos médicos que he necesitado para mí y mi familia.

Hoy miles de niños y adultos fueron atendidos de la misma manera. Hoy se salvaron miles de vidas, hoy por la mañana regresamos a casa muchísimos costarricenses a reencontrarnos con nuestros seres queridos, sabiendo que anoche no nos preocupó ni por un segundo el no tener dinero para atender nuestras emergencias. Y no dejo de preguntarme ¿será así siempre? ¿y si la CCSS desaparece?

Es por esto que creo que ni la renuncia de Eduardo Doryan ni los acuerdos entre sindicatos y la CCSS deben ser considerados una victoria. Es hora de sentar un precedente. Doryan, Arias y sus secuaces deben ser responsabilizados penalmente por sus mezquinas acciones, y así como a ellos no les pesa el puño para firmar la condena de millones de costarricenses, a nosotros no debe pesarnos el puño para extirpar el cáncer de nuestra sociedad.

Primer segmento:
Datos, manipulación mediática, en fin un completo desmadre de datos que tratamos de comprender.
Intermedio musical: Banda: Arcade Fire| Canción: Ready to Start | Disco: The Suburbs| País: Canada| Web



Segundo segmento:
Análisis y conclusiones: ¿Estaremos los trabajadores destruyendo la caja? ¿Nos estaremos enfocando en los verdaderos culpables?
Intermedio musical: Banda: Harm| Canción: Demon| Disco: Demonic Alliance| País: Noruega| Web

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*El lenguaje utilizado en esta sección puede contener un vocabulario ofensivo para algunas personas

Artículos relevantes:

Un análisis hecho por la Defensoría de los Habitantes revela que los patronos le deben a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerca de ¢142.211 millones.

1 dia le costo a la caja 400 millones de colones

A la caja le cuesta 170 millones por dia.

Comentario y linea general de La Nación para con la huelga:
“El reclamo principal de la huelga es el reconocimiento de las incapacidades en el cálculo de aguinaldo, salario escolar y prestaciones, un beneficio que no tienen la mayoría de trabajadores del país.”

Amenazas Laborales:
Fiscalía investigará anomalías en incapacidades de la CCSS

En los últimos dos años, la CCSS pagó ¢84.200 millones por las incapacidades de sus funcionarios, quienes cuando se incapacitan reciben su salario completo, sin ningún rebajo, contrario a la mayoría de trabajadores del país.

La huelga NO tenia como principal fin el pago de la deuda del estado o la empresa privada, lo principal eran las incapacidades:
Viendo las prioridades en el acta de levantamiento de la huelga se nota

Participan en esta charla:

Carlos Rodriguez		Eric French		Adriana Naranjo
Invitado:
Francisco Guerrero

Caja tendría superávit de ¢30.000 millones si el Estado pagara anualmente sus cuotas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no estaría en crisis y tendría un superávit cercano a los ¢30.000 millones cada año, si el Estado y otros actores cumplieran anualmente con sus obligaciones, según un informe de la Dirección Actuarial de la institución, realizado en 2009.

El informe “Valoración actuarial del seguro de salud 2009”, elaboró proyecciones hasta el año 2014, en las que se llegó a la conclusión de que si se recibieran todos los dineros que por ley le tocan a la CCSS, la institución tendría un superávit cercano a los ¢30.000 millones anuales hasta el 2012, y alcanzaría los ¢48.000 millones en el 2014.

Crisis anunciada

El matemático actuarial, Rodrigo Arias López, quien trabajó en la Dirección Actuarial de la CCSS, aseguró que estos superávits se producirían considerando solo el pago anual de las cuotas por parte del Estado, sin incluir sus deudas anteriores y el pago de intereses por estas.

En sus conclusiones, el documento del 2009 señala: “El sistema financiero del Seguro de Salud requiere el cumplimiento en el pago de las obligaciones de cada uno de los sectores contributivos y en especial el financiamiento oportuno en el Programa de Asegurados por el Estado”.

Para Rodrigo Arias, es claro que la actual crisis de la CCSS no es un asunto de gastos, como lo señala el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino un problema de ingresos relacionado principalmente con el incumplimiento gubernamental de sus obligaciones.

Arias criticó el hecho de que las autoridades de la Caja salieran a reconocer que la institución tiene una crisis hasta que les fue señalado por la OPS en un “borrador de informe”, cuando él como actuario envió un informe a la Junta Directiva de la entidad en el 2005, proyectando la crisis que hoy se vive.

Sin embargo, las advertencias de Arias fueron obviadas por la Junta Directiva, entonces presidida por Alberto Sáenz, y más bien se inició en su contra un proceso de persecución que incluyó la confiscación de su computadora y una prohibición de referirse en público a la situación financiera de la institución, la cual tuvo que ser revocada por la Sala Constitucional.

“Al ver lo que pasa hoy con la CCSS me da tristeza por el estado de destrucción en que tienen a la institución, pero, por otro lado, me alienta saber que estaba en lo correcto, y que lo que invirtió la Caja en mi formación como actuario, lo pude retribuir con un análisis adecuado de lo que iba a suceder”, expresó.

En su informe titulado “Cobertura, Costos y Financiamiento del Seguro de Salud”, Arias realizó un detallado estudio sobre los aportes de patronos y asalariados, pensionados, trabajadores independientes y del Estado.

Dicho documento deja claro que, salvo el caso de los aportes de los asalariados que siempre son superavitarios, los demás sectores presentaban déficits en relación con los montos que destina la CCSS en su atención.

El rubro más deficitario es el de los aportes del Estado, que no solo incumple con los dineros para cubrir a las personas que no pueden pagar el seguro, sino que además evadía el pago de las cuotas obrero-patronales de sus empleados.

Lo anterior significa entonces, según explicó Arias, que con el superávit de las cuotas de los asalariados, se ha venido cubriendo en los últimos años los déficits dejados por los demás sectores, de los cuales la deuda estatal es el hoyo más grande y ya se llegó al punto en que no se pudo cubrir más.

Arias hizo una serie de recomendaciones en las que se incluía una reforma a la estructura de las cuotas de cada sector, de manera tal que se redujeran los porcentajes de los aportes, pero se compensara con la recaudación por medio de impuestos como el de ventas.

Cubriendo corruptos

Para Rodrigo Arias, el informe de la OPS lejos de ser algo para destacar, lo que hace es de alguna manera “cubrir a los políticos corruptos”, pues en su criterio enfoca mal las verdaderas causas de la crisis en la seguridad social.

“La OPS vino a proteger a los verdaderos culpables, al decir que la crisis viene de dos años para acá, cuando todos sabemos que el Estado viene incumpliendo constantemente desde la década de los 70; y también viene a decirnos que la crisis se debe a que han contratado trabajadores adicionales, como si no supieran la inmensidad de necesidades de la población”, criticó Arias.

El actuario aseguró que Costa Rica aún está muy por debajo del promedio de médicos por habitante, que tienen países desarrollados como Noruega, Suecia y Holanda; y además, se manifestó molesto porque el informe señale que parte de la culpa la tiene también la Sala Constitucional, al atender los reclamos de la gente sobre algunos medicamentos.

Durante la conferencia de prensa para presentar el informe de OPS, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Ileana Balmaceda, aseguró que las distintas resoluciones judiciales en el tema de medicamentos han creado un desbalance, ya que el 25% del presupuesto en este rubro se gasta en 1000 pacientes con cinco patologías diferentes.

“Ahora la OPS nos dice que la crisis es culpa de la Sala, por considerar la salud como un derecho. El problema no es ese. La posición de la OPS lo que hace es salvar a los corruptos al enfocarse en los gastos, pero respecto a los ingresos dice que “no se puede hacer nada”, lamentó.

Arias criticó también el hecho de que el análisis de OPS se realizó en un periodo de dos meses y sin la participación de un actuario, que les permitiera analizar con detalle la situación financiera de la entidad.

“Eso de que la Junta Directiva de la CCSS salga dos horas después de recibir el informe a anunciar los resultados a la prensa, sin analizar lo que dice, es pura politiquería”, comentó.

La presidenta de la CCSS, Ileana Balmaceda, anunció -tras este informe- que la entidad “atacará los disparadores del gasto”, para volver a estabilizar las finanzas de la institución en el año 2015.

Arias advirtió que estas políticas de reducción de gasto son solo parte de los lineamientos de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que desde hace décadas han pretendido reducir el seguro social a la prestación de servicios básicos, para dar así más “espacio” a la expansión de la medicina privada.

¿El gobierno ya pagó su deuda?

El actuario matemático Rodrigo Arias, criticó la forma en que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla pretendió “ayudar” a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con el pago de ¢85.000 millones.

La presidenta Chinchilla aseguró que este dinero es un “adelanto” de lo que debía pagar en los próximos años el Gobierno, según el convenio firmado por la administración anterior en el año 2007.

Arias López recordó que la deuda que se está pagando con ese convenio fue “calculada a conveniencia” del Gobierno, reduciendo en casi ¢150.000 millones la deuda y sin reconocer a la CCSS los intereses correspondientes.

En el documento del convenio de pago, se establece que el Gobierno pagaría ¢8.000 millones a la CCSS cada año, a partir del 2011 y hasta el 2020, por lo que con estos ¢85.000 millones el Gobierno estaría “cancelando” su deuda.

“Lo peor es que teniendo la Caja problemas de liquidez, vengan y le paguen ahora con deuda que no se sabe si se va a tener que vender con descuento, por las condiciones actuales del mercado de valores. O sea, que tras de que a la Caja le recortaron el monto adeudado, ahora corre el riesgo de recibir mucho menos de lo debido”, apuntó López.