Isla Plata y la matráfula privatizadora de Vimavi S.A (Versión 2.0)

Introducción

Tal como si fuera una novela policíaca, como aquella escrita por Gabriel García Márquez en el año 1981, llamada “Crónica de una muerte anunciada”, Isla Plata ubicada frente a Playa Flamingo en Santa Cruz de Guanacaste se convierte ahora en nuestro Santiago Nasar del Siglo XXI.  Tantas similitudes posee esta historia que les contaré con el escrito anteriormente mencionado, que podría caer en el pecado de atreverme a sustituir nombres, pero como ya lo dice la palabra del Señor “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Jaque mate.

Protagonistas

Virginia del Carmen Vindas Soto, representante legal de la empresa Inversiones Vimavi del Pacífico S.A, madrastra del actual Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, y directamente interesada en la concesión; Max Solera, representante legal de la misma empresa;  Concejo Municipal de Santa Cruz; Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); Departamento de Protección y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Santa Cruz.

Acción central: concesión de un territorio inalienable como lo es Isla Plata, otorgada por el Concejo Municipal de Santa Cruz en el Acuerdo Municipal N 17-2008, artículo 7, inciso 1 del 22 de abril de 2008.  La misma posee 8 hectáreas declaradas patrimonio natural y protegidas por la Ley de Zona Marítimo Terrestre. La concesión requiere de la ratificación de la Asamblea Legislativa por las cuestiones antes señaladas, trámite que nunca se ha dado.

PRIMERA: LA MANO PELUDA TOCA A LA PUERTA ¡NO LE ABRAS!

Los viscosos intentos de privatización se asoman desde aquella cálida tarde del 3 de octubre de 1994, cuando Inversiones Vimavi S.A interesada en realizar un proyecto turístico en la isla entrega el formulario de solicitud de concesión al Concejo Municipal de Santa Cruz.  En algún plano existencial del año 1996, Max Solera, representante legal de la empresa, se presentó a una audiencia ante el ente municipal y declara que ya se había iniciado posesión en dicha isla, con inversión incluida. En palabras simples, más de diez años antes de que el Concejo Municipal le otorgara la isla en concesión, Inversiones Vimavi S.A ya se había posesionado de la misma. En 1997, cuando el ejecutivo municipal informa a Solera sobre una orden de demolición y desalojo de isla Plata, el sujeto mencionado interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Pero como algo tiene de cierto ese dicho de que  “por la boca muere el pez” para mala suerte del señor Solera la Comisión de Zona Marítimo-Terrestre del Concejo Municipal recomienda pasar inmediatamente la denuncia penal al Ministerio Público de Santa Cruz, por delito de infracción a la Ley de ZMT. En los siguientes meses, la historia se pone más pasional, algo parecido a Destilando Amor, la novela que pasaban a las 6.  Bajo ese contexto, en septiembre del mismo año se acordó por unanimidad del Concejo que los representantes de la empresa Vimavi iniciaran con los trámites ante la Asamblea Legislativa, esto con motivo de obtener la concesión. En noviembre de 2001, Max empuja ante el susodicho Concejo la solicitud de la empresa Ecoplan S.A, para que tramite el plan regulador de la Isla. Y por fin en abril de 2002, se autoriza a Vimavi del Pacífico S.A (de la cual es representante legal y legítima interesada la señora Virginia del Carmen Vindas, madrastra de Carlos Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia) para que proceda a confeccionar el plan regulador, pero como si fueran el mismísimo Pilatos resucitado, los miembros del Concejo declaran que los gastos van a correr por cuenta de los interesados. ¿Ahora quién podrá defendernos? Tal vez el MINAE.

SEGUNDA: SACROSANTO PLAN REGULADOR QUE ESTÁS EN LOS CIELOS

En el año 2004 el MINAE recomendó archivar cualquier proceso de concesión sobre Isla Plata debido a la importancia ecológica de la misma.  Esto obviamente no fue escuchado.  No obstante, como todos ya sabemos, el capitalismo salvaje no se detiene cuando un sistema político como el nuestro lo ampara como a niño recién nacido, así pues, este personaje trata de encontrar las formas más sutiles para inmiscuirse por cualquier agujero,  y ¡qué mejor agujero que el Derecho! ese instrumento político por excelencia. Resulta y acontece que en Costa Rica para optar por una concesión en una isla (como la de nuestra historia) debe estar aprobado el plan regulador costero del  territorio en el que se encuentra. Estos deben confeccionarse entre el ICT, el INVU y las Municipalidades. El ICT solo ha elaborado planes reguladores parciales y el amojonamiento también ha sido parcial en algunas partes de islas con aptitud turística. Para variar, estos planes no responden a un proceso de planificación integral y la consulta a la población local no ha llevado un proceso democrático. Ahora se preguntarán ¿Qué relación tiene toda esta plática jurídica con el hilo secuencial de esta historia tan exquisitamente declamada? Modestia aparte, la siguiente: nuestro Plan Regulador Costero Santa Cruz del año 2006 forma parte de ese jovial grupo, por lo cual el mismo valida la concesión. ¡Bingo! Lo lograste una vez más neoliberalismo (A pesar de que el Estado de la Nación cataloga a este plan regulador como una amenaza para todo el ecosistema de la isla).

TERCERA: ME HUELE A CHORIZO, TAL VEZ SEAN LOS TACOS

Ya ungidos por el Plan Regulador de 2006, en el segundo semestre de 2007 la Comisión de Zona Marítimo-Terrestre del Concejo tribal, digo, del Concejo Municipal, recomendó “aprobar positivamente (sic) la solicitud de la sociedad Vimavi del Pacífico S.A., de que se apruebe la concesión  de Isla Plata por parte del Concejo Municipal de Santa Cruz, para continuar con los trámites ante la Asamblea Legislativa”. Paralelamente, el jefe del Departamento de Protección y Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Santa Cruz ratifica que Isla Plata es parte de la Zona Marítimo-Terrestre, y que cualquier concesión debe ser otorgada por la Asamblea Legislativa. Ese dictamen fue acogido y aprobado por unanimidad en la citada sesión del 22 de abril de 2008. En otras palabras, nuestro Santiago Nasar fue capturado y asesinado por los Hermanos Pedro y Pablo Vicario.

Conclusión:

Ciertos diputados, así como muchos líderes y organizaciones comunales han sido voceros en este proceso de denuncia, sin embargo, la concesión fue crónica de una muerte anunciada. Desde el año 1994 la estirpe privatizadora de la empresa Inversiones Vimavi S.A y la estelar actuación del Concejo Municipal de Santa Cruz han permitido que esta joya natural de todas y todos los costarricenses penda de un hilo una y otra vez. De mi parte es hora de librar la verdadera lucha, espero que de la suya también. ¡Aún podemos salvar nuestra isla!

Esteban Andrés Chaves Martínez es estudiante de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica

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